política de seguridad


El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

Supe del trabajo de Lurgio, en octubre de este año, gracias a alguien que había leído borradores de sus textos corregidos en 2006 y que vio -en el muro de FB de un amigo- el anuncio de la presentación de su libro en México. Ello me llevó a contactarlo, vía Facebook también, para entrevistarlo mediante una videollamada.

A los pocos días, publiqué una nota en el diario El País, en la que daba cuenta de su historia, una historia que sale a la luz en un país donde, dije, hay dificultades para abordar el período de la violencia en el Perú en el espacio público, pues el tema del conflicto armado interno de inmediato genera bandos,  controversias y, en muchos casos, mentiras para atacar a un sector o a individuos con quienes no se está de acuerdo.  Este tipo de debate sobre la memoria, especialmente en Lima, es literalmente un espacio de competencia, en el que un grupo o algunos líderes de opinión -unos con más voz y poder político que otros- atacan a los que ven como enemigos.

Militares en retiro, fujimoristas y simpatizantes fujimoristas, políticos que se autodenominan de centro o independientes o que solo quieren el ‘avance’ o ‘desarrollo’ del Perú, empresarios (como el ex ministro Oscar Valdes), periodistas, expertos, etc. han identificado entre sus enemigos a los ex miembros de la Comisión de la Verdad y a todos quienes citen el informe final de la CVR. También son ‘enemigos’ los organismos, activistas y abogados de derechos humanos, las ONG, los artistas, periodistas, intelectuales y familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos por las fuerzas del orden. Los llaman defensores de terroristas, o terroristas, o terrucos, o comunistas o caviares, o extremistas, o ultras o rojos. Les atribuyen también un odio o falta de respeto hacia las fuerzas armadas, dado que nunca se preocupan por los derechos humanos de ellos, de los que salvaron al Perú de Sendero Luminoso. (¿Quién defiende los derechos humanos de los policías, de los soldados?, suelen preguntar en medio de gritos o de llanto o en conversaciones en el taxi o en una esquina). Les achacan que solo les importan los derechos humanos de los terroristas (y esto también lo menciona Carlos Iván Degregori en su texto introductorio del libro). Señalan que se le hace un favor a SL al usar el término conflicto armado interno, porque se les reconoce como ‘combatientes’ como si hubiera habido aquí una guerra. Sostienen que solo hubo terrorismo y del otro lado pacificación, lucha contra el terrorismo.

Todo esto es visible en sus comentarios en los medios, en el Congreso, en iniciativas de ley, pero también ha sido visible en hechos en las calles, como cuando un grupo de personas –¿o vándalos? – echó pintura naranja en el memorial llamado ‘Ojo que llora’, a pocos metros de aquí en Jesús María. Un memorial, dicho sea de paso, cerrado para el ciudadano de a pie, e incluso difícil de visitar si uno no realiza un trámite.

Las personas e instituciones a quienes ataca ese primer grupo -en el debate político, en los medios o en eventos públicos- estos activistas, abogados, académicos, intelectuales, ex miembros de la CVR, etc. se defienden, usualmente recordando los delitos cometidos por las fuerzas del orden desde 1980 o cometidos también por miembros del gobierno de Alberto Fujimori. Intentan que quienes trabajaron para el Estado reconozcan que hubo violadores de los derechos humanos y que no cumplieron con la función del Estado de proteger a la persona. Recuerdan también que los grupos terroristas cometieron la mayor cantidad de muertes en los años del conflicto armado interno. Suelen recibir no solo insultos, sino también amenazas; a veces han sufrido seguimiento, reglaje, etcétera, por parte de las fuerzas de seguridad. En pocos casos tienen una experiencia saludable en su relación con las fuerzas del orden o quienes la representan. Vivimos ya al menos una década en esa dinámica de polarización, de tensión, de maniqueísmo, de reduccionismo (si se quiere, de histeria) a dos partes enemigas. Este año, se ha agregado un actor nuevo entre comillas, Movadef, que también lleva al extremismo el enfoque de los asuntos relativos a la violencia pasada y a la actual.

Este escenario de polarización existía desde la década de los años 80 pero se refuerza, ahonda o agrava luego de la producción del informe final de la CVR. En aquel tiempo, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde y las FFAA criticaban los informes de Amnistía Internacional sobre violación a los derechos humanos en el Perú; por otro lado, las FFAA trataron de manera intimidante a personas como Pilar Coll cuando fue secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una vez planteado esto, puedo entonces decir uno de los motivos por los cuales es tan valioso este libro del antropólogo Lurgio Gavilán: porque lleva la cuestión, el asunto, el tema a otro lugar, a otro punto de vista, un enfoque que destierra el reduccionismo, el facilismo y la simpleza de los polos, de  los dos puntos de vista enfrentados. (Son dos puntos de vista enfrentados o tres, también enfrentados, si incluimos o no la actual prédica de Movadef).

577890_539098792786760_1955942066_nSi recordamos cómo han informado los medios de Lima acerca del libro ‘Memorias de un soldado desconocido’, no hubo ningún ataque, desde ningún ángulo al autor, tampoco se dio ese reduccionismo que he descrito previamente, de los polos enfrentados, solo hemos leído o visto el relato de una vida excepcional durante un período tan complejo en el Perú.  Y el relato de esas experiencias de Gavilán, expresa de forma muy clara la complejidad de lo vivido durante el período de violencia, como destaca Eduardo Dargent en su columna de este domingo en Diario 16 acerca del libro.

Casi todos los comentarios acerca de la historia de Lurgio Gavilán, coinciden en que su libro debería leerse en las escuelas. Dargent aludió a la posibilidad de que quede en el olvido, pero hay muchos modos de evitarlo. Por ejemplo, el documentalista Fernando Vílchez, peruano que ganó un premio por un corto que presentó en el festival de cine de Berlín, está interesado en realizar un documental sobre esta historia.

El texto de Gavilán es valioso además, porque revela experiencias transformadoras, sea en instituciones o por pequeños actos y decisiones de personajes clave. El oficial del Ejército que le perdonó la vida cuando era un niño senderista, la religiosa que vio en él otro futuro posible, la tutora que le sugirió escribir. He pensado mucho en la función de la escritura, en castellano, para un peruano que aprendió a escribir tarde en su segunda lengua. También pienso en el valor del silencio, el estudio y la meditación, para procesar lo vivido, momentos que retrata al contar sus años en el convento franciscano.  Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos. El rescate de las dimensiones que componen lo humano es también esencial es este texto, no es solamente un buen texto de antropología y de memoria de la violencia.

También es importante tener en cuenta que este libro surge en un momento delicado. Hoy las comisiones e Constitución y de Justicia han aprobado el proyecto de ley de negacionismo. 2012 ha sido un año con varios casos de censura a trabajos artísticos que aludían al tiempo de la violencia en el Perú, incluso un documentalista Andrés Mego ha retirado de internet un video sobre la vida del ex senderista Julio Yovera, sobreviviente de la matanza en El Frontón, un documental que no critica los hechos de terror, pero tampoco los promueve, ni aprueba. Y la persecución legalista no es la mejor forma de lidiar con Movadef. Si queremos enfrentar las ideologías extremistas que justifican la violencia, tenemos que conocer quiénes son esos peruanos y sus ideas, justamente para encararlos en el plano de las ideas y no dejar al criterio policial la aplicación de una norma que deja demasiado espacio a la interpretación y subjetividad.

Lurgio Gavilán sostiene en su libro que no quiere hacer juicios de valor ni política partidaria acerca de lo que hicieron Sendero Luminoso y el Ejército, sin embargo su punto de vista no es neutral ni aséptico. Es político porque contiene una posición y una visión acerca del Perú, de los vulnerados, los discriminados, los despreciados y desconocidos por el Estado, tratados así desde antes de que surgiera Sendero Luminoso. Testimonia su paso por tres espacios clave, desde donde intentó cambiar lo que consideraba injusto, impropio o en desorden. Una palabra importante en el libro acerca de lo que ocurre en el Perú, es ‘huklla’, que en quechua significa ‘ser unidos’, estar unidos. Gavilán se pregunta por qué solo cuando juega la selección el Perú se siente así… y no en otros momentos. Esta visión de un Perú fracturado está en la esencia del libro. Esa forma de ver el país, creo, tiene resonancia o es similar a la obra de una artista plástica, Eliana Otta, curadora de una exposición llamada ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’: un cartel impreso en offset, un afiche grande, que comparto aquí con ustedes para cerrar esta presentación.

2012elianaotta

(*) El título alude a la histeria debido a dos menciones recientes a ese término. Una de Juan Carlos Ubillús, quien en la presentación del libro ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’ dijo de algunos artistas plásticos que sus trabajos tenían un componente de histeria al aludir a los problemas de la democracia en el Perú. El lunes último, el antropólogo Javier Torres también afirmó que los medios de comunicación limeños son histéricos.

Nota: este texto fue leído el 12 de diciembre de 2012 durante la presentación del libro ‘Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia’, en la que comentaron además Makena Ulfe, Ramón Pajuelo y el propio autor en la sede del IEP.

Un lector pidió que informe las fechas de próximas audiencias públicas de los juicios por violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Aquí están:

Martes 11/09     9 am caso desapariciones Sótanos SIE en la sala de audiencias de la Base Naval del Callao.

10 am caso Cabitos (desapariciones y muertes 1983) en Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)
– Miércoles 12/09 12 m. caso Pucará en la sala de audiencias del penal Castro Castro (San Juan de Lurigancho)

12.30 caso Chuschi en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)

– Jueves 13/09      De 10 am a 5 pm. caso Accomarca (muertes por causa del Ejército, 1985) en el penal Castro Castro.

Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. «Tiene que quitárselo!», le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. «Qué indignante», comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, «es el colmo», dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. «Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso», comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

«La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes», afirmó Boulangé.

Tarde lluviosa en la laguna Perol, adonde llegaron alrededor de 4000 personas por la visita de los facilitadores del diálogo el 18 de julio. (Fotos: J. Fowks)

«¡Lagunas naturales y no artificiales!», «El agua no se vende, el agua se defiende», «Éste es el pueblo que lucha por la vida», escucho en los videos cuando se cumplen tres semanas del encuentro de miles de cajamarquinos con los facilitadores del diálogo por el conflicto del proyecto minero Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en tres de las lagunas que desaparecerían con las operaciones del proyecto minero Conga. Sin embargo, no hay aún novedades por parte del Ejecutivo para suspender el estado de emergencia en Cajamarca y continúa la violencia injustificada en las calles de Celendín.

En Lima, desde que el conflicto en Cajamarca llegó a las primeras planas -noviembre 2011- ha habido insistencia en responsabilizar de las movilizaciones al presidente regional Gregorio Santos y al ex dirigente Wilfredo Saavedra, que ocupó un cargo en el Frente de Defensa de Cajamarca. A ambos los han denominado azuzadores de la violencia ‘antiminera’; algunos incluyen también al activista y político Marco Arana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cajamarquinos es claro que -por su historia política- no basta con uno o dos políticos para gestar una causa. La tradición e institución de las rondas -desde la década de los años 80- obliga a tomar acuerdos y respetar la institucionalidad, que también se expresa en otras redes y organizaciones más pequeñas (como por ejemplo, beneficiarios de programas sociales, dirigencias de centros poblados, etcétera). Es también necesario decir que en el área de influencia del proyecto Conga, la mayoría de la población es rural y pobre, pero con organizaciones.

Cabalgata hacia la laguna Perol, algunos atravesaron con dificultad los bofedales (pantanos), otros bordearon la trocha luego de bajar de las colinas.

También los medios capitalinos insisten en que algún rezago del terrorismo (el radicalismo) mueve las protestas en Cajamarca, sin embargo, todos los que lideran la posición de ‘Conga no va’ (Saavedra no lidera) han contrarrestado los intentos de Movadef, que trató de colarse a algunas movilizaciones. Y, recordando el pasado de 1980 al 2000, Sendero Luminoso no pudo actuar en Cajamarca porque las rondas los combatieron y les ganaron.

El gabinete que dirige el primer ministro Juan Jiménez Mayor ha anunciado que evaluará si anulan el estado de emergencia siempre y cuando haya gestos de paz y retorno a la normalidad, por parte del presidente regional de Cajamarca. Sin embargo, la Policía Nacional no da esos gestos de normalidad, en particular en Celendín donde la semana pasada nuevamente agredieron fuertemente a jóvenes (y un menor de edad). En Celendín se originó la posición contraria al proyecto minero Conga. ¿Cómo puede entonces el gobierno exigir lo que sus fuerzas del orden incumplen?

Por otro lado, una nota del diario La República reveló el sábado que el Ministerio Público no es capaz de encontrar a los responsables de las cinco muertes por los tiroteos del 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca. Hay videos, tanto de la PNP como de ciudadanos, y también documentos donde queda la huella de las órdenes de la PNP y el Mininter que deben servir para llegar a los responsables. Entonces: ¿son estos los mensajes y los gestos para restablecer el diálogo en Cajamarca?

En la segunda laguna esperaban unas 500 personas a mediodía. (Foto: J. Fowks)

Han pasado tres semanas de esas tres visitas a las lagunas en riesgo por el proyecto minero. Una sola imagen que describa qué ocurrió, tendría que decir que cerca de cuatro mil peruanos, predominantemente rurales, llegados la mayoría por sus propios medios y teniendo que superar los controles de seguridad de la policía y de la seguridad privada de Conga, quisieron hacerle ver a los enviados, urbanos, el peligro de su modo de vida, o simplemente de su vida: por ejemplo, una mujer denunció que la empresa minera ha entrado a su casa a sacarla a ella y su hija con violencia, que ha matado sus animales, y que no le hacen caso porque no tiene un celular o una cámara para grabar y probar lo que dice.

A continuación, dos videos de algunas formas como los ciudadanos cajamarquinos llegaron a Perol, la tercera laguna visitada por Cabrejos y Garatea.

Más fotos del 18 y 19 de julio en las lagunas y en el centro de Celendín

Actualización de las 2:57 am.

El video ‘Estimado Roque’ del autodenominado ‘Colectivo nadie nos paga’ ha empezado a circular la noche del domingo:

<p><a href=»http://vimeo.com/47427158″>Estimado Roque</a> from <a href=»http://vimeo.com/user12935451″>Colectivo Nadienospaga</a> on <a href=»http://vimeo.com»>Vimeo</a>.</p>

Mientras algunos celendinos veían el mensaje presidencial en una pantalla gigante de la Plaza de Armas de la provincia, el estudiante y periodista Jorge J. Chávez tomaba fotos y buscaba algunas reacciones, en ese momento fue detenido, pateado y llevado a la comisaría. Celendín sigue bajo estado de emergencia, Jorge estaba a una cuadra de su casa sin DNI. Ahora lo conducen a Cajamarca y es posible que lo lleven a Chiclayo, como han hecho con todos los detenidos a los que asocian al conflicto en Cajamarca.

Chávez creó el blog Mi Mina Corrupta hace un año y es el sitio en internet que más información ha producido y difundido sobre el conflicto en Cajamarca en torno al proyecto minero Conga, y allí ha dado a conocer gran cantidad de documentos técnicos que consigue navegando inteligente y persistentemente en páginas web públicas.

Debido a que Chávez ha registrado en foto y video los enfrentamientos del 3 de julio y anteriores en Celendín, era constantemente señalado por efectivos de la policía y del Ejército, pero hoy encontraron un pretexto para su detención.

Organizaciones diversas de Celendín reunidas en la denominada Plataforma Institucional Celendina (PIC) han sido las que más se han pronunciado contra el proyecto de las empresas Yanacocha, Newmont y Buenaventura.

La página de Facebook de Voto Vigilante ha difundido información obtenida por el político y activista cajamarquino Marco Arana:

«Policías en Celendín argumentan que detuvieron a Jorge Chávez por no portar su DNI. La hermana del bloguero lo llevó, pero no lo liberaron. El periodista fue detenido cuando grababa en video a policías que apagaban televisores en Plaza de Armas cuando los ciudadanos de Celendín veían el mensaje presidencial de Ollanta Humala. Fiscal apellidado Pinillos dispuso detención y traslado (sin cargos ni acceso a abogados) de Chávez a la ciudad de Chiclayo (Lambayeque)».

Esta detención ocurre cuando el ‘gabinete del diálogo’ lleva cinco días en ejercicio y mientras el jefe de Estado reiteraba en su mensaje por 28 de julio que abordarían los conflictos sociales mediante la prevención y el diálogo. Vale la pena averiguar quiénes siguen a cargo de las FFAA y la Policía Nacional en Cajamarca mientras sigue el estado de emergencia allí.

Para que en Lima se entienda la situación en la que se encuentra Celendín, a continuación, una entrevista de hace una semana al sacerdote Antonio Sáenz Blanco, quien refiere que el pueblo está «descabezado» debido a que hace meses no hay autoridad civil, están sin alcalde ni gobernador. Así, las acciones de la policía y de los efectivos del Ejército no están sujetas a alguna autoridad que pueda velar por los excesos y abusos. Sáenz es el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Actualización de las 22:58 del sábado 28: Jorge Chávez fue puesto en libertad en Cajamarca esta noche.

Ilustración de Markus Ronjam del 22 de noviembre 2011 (tomada de su FB).

Físicamente, Lima está a 861 kilómetros de Cajamarca, pero las tensiones que produce el proyecto minero Conga y la decisión del presidente Ollanta Humala de declarar el estado de emergencia desde hoy, revelan que  la distancia entre la capital y el departamento es muy superior a esos 861 kilómetros.

Una comitiva gubernamental encabezada por el primer ministro Salomón Lerner participó la mañana del domingo de una especie de ‘parada militar’ en la plaza de armas de Cajamarca y hacia el mediodía inició una reunión con autoridades y líderes locales y representantes de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.

Cuando ya habían acordado conformar dos mesas de trabajo (una sobre el proyecto Conga y otra sobre desarrollo en Cajamarca) hacia las 7 pm., los representantes del gobierno quisieron incluir en el acta el fin del paro regional. Los representantes cajamarquinos pidieron 24 horas para consultar con sus bases pero el gobierno no aceptó.

El viceministro de orden interno, Alberto Otárola -entrevistado por Nicolás Lúcar la noche del domingo- declaró que los representantes del gobierno se retiraron y que ya el presidente constitucional informaría las medidas para garantizar el orden interno. Y agregó: «y la moral está bien alta», en una alusión innecesariamente confrontacional que anticipaba el anuncio del estado de emergencia por 60 días.

En el momento en que el diálogo se trabó, hubo también otros cuestionamientos por parte de los cajamarquinos hacia el Ejecutivo y que recuerdan el error del ministro Carlos Herrera cuando volvió a Lima en una nave de Yanacocha. Pese a que una nota de prensa de la PCM negó haber condicionado la firma del acta al levantamiento del paro, una declaración del premier muestra que cuando les pidieron tiempo para consultar el tema, ellos se negaron a concederlo (cfr. en el segundo 26).

Resultó paradójico que cuando faltaban pocos minutos para el inicio del estado de emergencia, que -entre otros- prohíbe el derecho de reunión, el ministro Lerner dijera que iban a esperar que los dirigentes consultaran a sus bases acerca del paro.

Líderes de opinión, incluidos asesores externos de Yanacocha como Sandro Venturo, y ciudadanos desacreditaron dicho pedido de tiempo para consultar con ‘las bases’, cuestionando la representatividad de los interlocutores del gobierno en la reunión realizada en el salón consistorial de la Municipalidad de Cajamarca. Es sabido que en organizaciones no capitalinas, sean andinas, amazónicas e incluso de colonos (mestizos) sus representantes sólo pueden tomar decisión acerca de lo previamente discutido, en caso contrario, ven como una mala práctica que el dirigente adopte una posición sin consultar.

La situación en Cajamarca es percibida con un lente distinto según la posición de cada quién. En los últimos días los comerciantes locales han aparecido más en los medios de comunicación quejándose de los perjuicios del paro, especialmente en la TV y radios capitalinas, y de otro lado están las organizaciones y ciudadanos que se sienten intimidados en el estado de emergencia debido a la gran cantidad de efectivos de la policía y del Ejército que han llegado en los últimos días al departamento.

Recordemos que efectivos de la Dinoes por lo regular resguardan (prestando servicio privado así como otros vigilan supermercados en sus días de franco) las instalaciones de Yanacocha, pagados por la empresa minera. Es difícil asumir que habrá neutralidad por parte de efectivos de la Dinoes cuando llegan a Cajamarca ahora una operación dispuesta por el Gobierno, no cuando están remunerados en sus descansos por la minera.

Un detalle sobre los medios de comunicación

Acerca del lente con el cual estos asuntos se ven y cómo se convierten en noticia, es interesante saber que el encargado de comunicaciones de Yanacocha, Roberto del Águila, pidió a Víctor Urquiaga, integrante de una empresa de monitoreo y asesoría de prensa, que le ayude a redactar los titulares de los diarios Expreso y Correo la noche del martes, poco antes de que el presidente Humala y el gerente de Yanacocha, Carlos Santa Cruz, anunciaran la suspensión del proyecto Conga.

Aquí el contenido del mensaje:

From: «Roberto Del Aguila» <Roberto.Delaguila@Newmont.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 19:32:38 -0500
To: <vurquiaga@corporacionpro.com>
Subject: Necesito titulares

Necesito que me ayudes para hacer los titulares para Expreso y Correo sobre el tema adjunto.

A las 8 pm sale Carlos anunciando esto.

rda

Al día siguiente, la volada y titular de primera plana de Expreso fueron:

Ante actos de violencia de «frentes de defensa» regionales, ultras e izquierda caviar

Conga en suspenso

Por su lado, el diario Correo tituló así:

Otra vez triunfa la irracionalidad

Se «chupan» con Conga

Yanacocha tira la esponja a pedido de timorato gobierno

El derecho de los cajamarquinos de proteger sus recursos y vivir en un entorno sano (cosa que perdieron en la provincia de Cajamarca desde que llegó Yanacocha en la década de los 90)  se ha estado presentado por lo general en los medios de forma sesgada hacia uno de los dos extremos. En uno acusan a los cajamarquinos de ser unos ‘pobres manipulados’ por extremistas que no quieren el desarrollo y quieren quedarse pobres. En el otro, están quienes hartos por las malas prácticas de la empresa minera, no confían en ella y se sienten traicionados porque el presidente Humala (al pasar de la preferencia por el agua a ‘el agua y el oro’ a la vez).

Estos dos discursos extremistas no conducen a ningún lugar y lo sabe el ministro Lerner, quien esta noche, al ser preguntado por Aldo Mariátegui en Canal 2 por qué dejaron entrar a la reunión a Wilfredo Santos, si él había estado preso por emerretista y no fue elegido por nadie, el premier respondió que no había que fijarse en su pasado. Sin embargo, la versión del extremismo estuvo esta misma noche en voz del viceministro del interior Otárola cuando declaró en el programa Punto Final, también en Frecuencia Latina.

La radio Ollantay fue una de las pocas emisoras regionales que durante el domingo por la mañana, cuando en Lima ningún medio informaba en vivo lo que ocurría, cubrió en vivo el izado de la bandera y las palabras de Lerner en la plaza de armas. El conductor de la emisora dijo que los cajamarquinos no cayeron en las provocaciones, cuando les impidieron el acceso en la plaza -y sí permitieron el ingreso de personas vinculadas a Yanacocha- y cuando no dejaron entrar a la mesa de diálogo a representantes que figuraban en las listas elaboradas por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Regional para ese fin.

Si buscan información desde el lugar, de personas que hacen un esfuerzo por no sesgarse hacia una u otra posición, sino indicar qué ocurre (y qué no) les recomiendo seguir en Twitter a @jaimeherreracaj @alanele y @gisellaore Un tuitero con un poco de ají en sus opiniones pero verifica lo que dice es @jsudaka el enviado de @larepublica_pe

Otros datos de Yanacocha-Newmont-Odebrecht:

La semana pasada circuló esta oferta de trabajo para un ingeniero que sea director regional -basado en Cajamarca– de los proyectos de Newmont en Sudamérica. En los términos de referencia mencionaban -en el aviso de hace unos días ya no disponible– algunas de las empresas que Newmont subcontrata o subcontrataría para Conga. Entre ellas, Fluor, una subsidiaria de Odebrecht. En el aviso actualmente disponible, la línea con los nombres de las empresas ya no figura.

La semana pasada las páginas de Facebook de Utero.pe y de ‘Mi mina corrupta‘ (de Celendín) y el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ aludieron al vínculo comercial entre Newmont-Yanacocha en el proyecto Conga con la constructora brasileña Odebrecht y vale la pena estar alerta a ese vínculo. Fluor, en joint venture con Odebrecht ganó el proyecto de ingeniería y construcción del proyecto Conga. Ya hemos mencionado en La República y en este blog acerca de la posibilidad de que el asesor presidencial Luis Favre, militante del PT de Brasil, sea quien vela -desde su posición privilegiada en Palacio de Gobierno- por intereses de compañías brasileñas.

Actualización de las 15:13 del lunes 5 de diciembre: Olvidé recordar que el funcionario de Yanacocha César Humberto Cabrera es un antiguo conocido de Luis Favre.

Incluyo además la respuesta de Roberto del Aguila, aludido en este post , quien explica su comunicación con Urquiaga acerca de los titulares para Correo y Expreso y me aconseja cómo hacer periodismo. Gracias. Desconozco si Urquiaga le respondió o no porque no he visto más correspondencia ajena.

El diario La Primera publica hoy un interesante texto de Claudia Cisneros acerca de la discusión de fondo pendiente sobre la responsabilidad de la revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA).

Actualización de las 23:52 del lunes 5: Finalmente, el diario Correo replicó en su conocido estilo luego de conocer la carta de Roberto del Aguila.

Presidente García a su salida del Te Deum por Fiestas Patrias. Foto: Andina-Piero Vargas

Llama la atención del mensaje del presidente Alan García su afán por querer parecer la cabeza de un Gobierno eficaz y que sanciona lo ilegal y la corrupción. Ni eficaz, ni sancionador. Desde el inicio de este gobierno, Doe Run solicitó prórrogas para cumplir su programa de adecuación medio ambiental (PAMA) y el MEM aceptó todas las veces, sin chistar y con el entonces premier Jorge del Castillo. El anuncio de hoy, de cancelar la licencia a la empresa minera de capital estadounidense, no tiene sentido ya: hace dos años, quizá.

El mandatario dijo que éste es un “estado draconiano” y puso como ejemplo la multa reciente a la empresa minera Caudalosa, debido al último derrame de relaves en Huancavelica. Sin embargo, Caudalosa –como Volcan, Buenaventura, Pluspetrol y tantas otras– se resisten a pagar las sanciones que impone el regulador Osinergmin. No contamos aún con un Estado suficiente para  fiscalizar ni para hacer que se cumplan las pocas sanciones que dispone.

Y ello nos lleva de inmediato a la noción de corrupción: García Pérez indica que casos como Petroaudios o Cofopri  surgen debido a que cinco o diez  empleados del Estado se corrompen y son –según él– casos aislados. Yerra nuevamente: algunos de los empleados del Estado involucrados son en ambos casos del más alto nivel de jerarquía del partido oficial, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca en el primero en relación a proyectos de construcción e infraestructura, no sólo hidrocarburos; Omar Quesada en el segundo. Y no son situaciones aisladas, son lamentablemente, modos de operar que se repiten en diversos puntos del Perú. Lo ocurrido con Cofopri en Chilca ocurrió de forma similar en Talara, Colán, Moquegua, Trujillo, Cusco, etcétera (de acuerdo a denuncias recibidas en IDL-Reporteros y publicaciones del diario Correo).

En un programa de TV, Rosa María Palacios nos preguntaba hoy a tres entrevistados “¿por qué si el presidente García tiene tantos resultados, su aprobación es baja? ¿Tiene mala comunicación?” El gobierno tiene un aparato de comunicación oficial fuerte, y a él se suman los medios masivos que comparten su visión de cómo gestionar el país (esto merecería otro post). Su problema no es la presencia en medios. Su problema es que puede exhibir una cierta cantidad de equipos comprados y obras de infraestructura, en curso o concluidas, pero algunas no funcionan y otras pueden tener apariencia de legalidad pero sufren de lo siguiente:

– concursos o licitaciones previamente arreglados y,

– falta de transparencia con la población o comunidad que será afectada por la intervención de una empresa y a la vez el Gobierno en una abierta opción preferencial o coaligación con la empresa que permite acelerar trámites o modificar normas ya existentes para facilitar las obras y proyectos (ejemplos:  Collique, hidroeléctrica de Inambari, hidroeléctrica de Paquitzapango, el ex proyecto Majaz a cargo de Zijin, Dorato-Afrodita en el Cenepa, etcétera).

En síntesis: hay gran lenidad, ni eficacia, ni democratización, ni nave que camina: el Gobierno conduce un Estado sin posibilidad de fiscalizar, sancionar y regular: el Gobierno tiene entre sus personajes clave madejas de corrupción. Vale la pena recordar también las denuncias contra el hoy presidente del Congreso, César Zumaeta, y su afinidad con un traficante de terrenos: hubo una norma legal que formalizó una gran cantidad de propiedades obtenidas mediante invasión.

El presidente García ha dicho también que continuará “con obras y con la democratización social de nuestra patria”. Su concepto de democratización social parece incluir los millones de teléfonos celulares, la luz, la reducción del analfabetismo, la entrega de un millón de buzos, y así. Sin embargo, hay una agenda pendiente luego de los hechos del 5 de junio de 2009 en Bagua: una agenda sobre la democracia en un país de varias culturas, etnias e idiomas. No hubo en el mensaje ni una sola mención a ese ámbito: el de las decisiones de gestión pública en entornos donde el uso y la función del territorio son sensibles y donde las nociones de desarrollo son distintas a las del capitalino. [O donde quizá no son distintas, pero hay que preguntar primero]. Recordamos entonces, la no promulgación de la ley de consulta previa (aplicación del Convenio 169 de la OIT), la cantidad de conflictos sociales embalsados (más de la mitad son medioambientales y confrontan a la industria extractiva con comunidades), las dificultades que enfrenta la Policía Nacional al chocar con ciudadanos como ellos debido a que el Gobierno no negoció a tiempo ni supo ofrecer salidas. Están aún pendientes de aprobar nuevos decretos legislativos dada la derogatoria de los que condujeron a la crisis en la Amazonía en el 2009. Sólo se ha avanzado con la Ley Forestal debido a los plazos del TLC con Estados Unidos.

La carrera magisterial es posiblemente el único punto que realmente constituye un logro sin falacias. La creación del Ministerio de Cultura es simplemente un ‘check’ en la lista de lavandería, basta ver la ilustración de Piero Quijano en la revista Somos del 24 de julio.

La mención al terrorismo en el mensaje también merecería otro texto aparte, pero ya ha habido algunos columnistas que se han referido al clima de miedo que intentan generar voceros del Gobierno y de los diversos fujimorismos  desde la liberación de la estadounidense Lori Berenson. El lunes 26, García Pérez se refirió al terrorismo en una actividad pública con el ministro del Interior y el jefe de la PNP: hoy lo hizo gritando en el hemiciclo, buscando aplausos.

Así las cosas, el presidente García se dirigió en el mensaje especialmente a los incluidos, a los integrados, a los que hablan de la misma manera. Lamentablemente, ha estereotipado al resto como ‘antisistema’ o como traidor o como pagado por países extranjeros o enemigo del desarrollo. El presidente quizá considera que esa posición dura y que desprecia al que piensa distinto le da altura de estadista. Algún día, quizá en alguna muy futura entrevista de político en retiro, corregirá. Ya no es joven para decir que los errores eran de juventud (como suelen disculparlo sus correligionarios por el período 1985-1990).

P.S. Los invito a ver el programa de Rosa María Palacios este jueves 29 donde con dos jóvenes blogueros, Laura Arroyo y José Alejandro Godoy, compartimos algunas ideas luego del mensaje de AGP.

Actualizado el 30 de julio a las 2:36 am.

Incluyo un par de segmentos de esa intervención en el programa Prensa Libre:

Momento del enfrentamiento el 5 de junio de 2009. (Foto cortesía Radio La Voz)

Hemos recordado constantemente lo ocurrido el 5 de junio del 2009 pero ahora más. Mientras en la selva norte realizan vigilias y esperan al sábado para expresar respeto y condolencia por las 31 víctimas de Bagua, algunos capitalinos verificamos que casi nada ha cambiado en un año. Esta es la primera de dos entregas para comparar la posición del Gobierno durante la crisis del año pasado y la posición actual acerca de la gestión de los recursos naturales y la relación con actores sociales indígenas y nativos.
El único logro parcial, la aprobación en el Congreso de la Ley de Consulta Previa, requiere aún la promulgación por parte del Ejecutivo y luego la elaboración del reglamento para que la norma pueda aplicarse. Es por ello que -como sostiene el abogado Manuel Pulgar Vidal- Perupetro querrá ‘correr’ con el roadshow de lotes petroleros pendientes, para ‘colocarlos’ antes de que se pueda ejecutar la consulta.
A continuación, la transcripción de la primera parte de la conferencia de prensa que dio parte del gabinete ministerial el 11 de junio del 2009 a la prensa extranjera acreditada en el Perú. Estuvieron presentes el primer ministro, Yehude Simon; el ministro de Ambiente, Antonio Brack Egg; la ministra de Justicia, Rosario Fernández; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el ministro de Agricultura, Carlos Leyton. La cita fue en la Presidencia del Consejo de Ministros, en Miraflores. En las próximas horas colocaré el resto.
Es un día importante para nuestro país y para quienes quisiéramos que los derechos sean iguales para todos, siempre.
(Gracias a quienes vuelven a este blog hoy, pese a que ha estado desactualizado varios meses).

Premier Yehude Simon:
Me molesta muchísimo, y nos molesta a todos los que somos parte del Gabinete que se hable de genocidio… Ustedes viven en el país, hacen el seguimiento y saben perfectamente que en esta desgracia que atendemos por los policías, por la labor de los policías y en el lado de los nativos, ha habido 55 días de espera, ha habido diálogo constante con unos y con otros, y se llegó a extremos de toma de carreteras, de toma de estaciones de petróleo y peligro del gas, que ponían en peligro la propia economía del país y que ponían en peligro la vida de la gente de San Martín, de Iquitos y de Ucayali.

Yo no sé qué pasaría en sus países si sucede una cosa así, pero les puedo asegurar que en nuestro país, en el Perú -por lo menos este Gabinete y el presidente García- no cayeron en la provocación de quienes querían que se actúe en lo inmediato sin considerar que sí se podían producir muertes, y esperamos y agotamos todos los esfuerzos para que se entienda que el gobierno sí tiene particular interés en ir resolviendo los problemas de los nativos, no solamente en función de los decretos, sino en función de ver la Amazonía a corto, mediano y largo plazo.

Ha habido una serie de organizaciones y una serie de prensa que hablan de 300, de 200 muertos, de fosas comunes, en función a un deseo de desinformarlos a ustedes y con una serie de afirmaciones absolutamente falsas y que ha producido que en nuestros e-mails reboten constantemente pedidos de gente de Europa, de muy buena voluntad, no tengo ninguna duda, yo sí creo que en Europa y en Estados Unidos hay gente que, sorprendida por las noticias, inmediatamente pedían que se suspenda el estado de emergencia y el asesinato y genocidio de nativos. Entonces, evidentemente yo digo algo está fallando, no se está informando como se debe informar. Eso en principio. Yo les rogaría poderlos llevar incluso a ustedes, si es posible les ponemos el avión de la PCM o de la Presidencia de la República, o de los helicópteros que ustedes necesitan, para poder llevarlos a todos los lugares donde se produjeron estos hechos, y para ver si encontramos cadáveres, o fosas comunes o desaparecidos.

De acuerdo, si hubiera más muertos, la iglesia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo nos dirían donde están esos más muertos. Nosotros no negamos la verdad. Hasta la fecha hemos informado tal y conforme Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la propia iglesia nos ha informado. Entonces, por tanto, es un pecado hablar de un gobierno genocida. En lo personal, por historia y por formación, jamás formaría parte de un gobierno genocida.

Yo creo que el gobierno del presidente García está haciendo todos los esfuerzos para poder llevar a buen pie (sic) este problema, que pudo comenzar, y lo reconocemos, con una absoluta falta de información, producto de los congresistas que representan a esas comunidades, de tal o cual organización, del partido democrático. O nosotros, los funcionarios, no supimos entender que en función a las diversas etnias no hubo una comunicación cómo debía ser, y dejamos todo en manos de los propios nativos, de sus propios dirigentes, teniendo fe de que se hablaba con la verdad, y sin entender los niveles de politización que también existen en estos dirigentes. Se ha dicho hasta la saciedad que esta ley no le quita el agua a los nativos, y sin embargo durante meses y meses se le decía a los nativos que se le iba a quitar el agua. Se ha dicho que ellos tienen su propiedad y se reconoce su propiedad, y se les dijo durante meses y meses que se les iba a quitar sus tierras.

Para un nativo amazónico, incluso para un campesino, decirle que le van a quitar las tierras es como decirle le vamos a quitar la vida. Entonces, qué interés había en engañar tanto a estos hermanos diciéndole que le van a quitar la tierra y el agua, yo lo digo con todas sus letras, creo que hay un interés, y todavía persiste un interés en golpear la democracia en el Perú y presentar la imagen de un presidente que ganando democráticamente las elecciones tenía interés en mancharse las manos de sangre. Y no vieron que el interés del gobierno es el desarrollo del Perú, es tratar que estos hermanos nativos tengan las mismas ventajas que tenemos nosotros los que vivimos en las grandes ciudades. Es decir, una educación bilingüe, salud, territorialidad, títulos de propiedad, que es lo que estamos trabajando.

Eso entonces en primer lugar, y creo que era lo más importante que tenía que decirles porque es evidente que ustedes son gente seria, que busca la verdad, creemos en efecto que buscan la verdad, y nos tienen que ayudar a esa verdad, no nuestra verdad ni la verdad de los otros, sino a la verdad. Estamos a disposición de poder escucharlos, y lo reitero: si ustedes están a la disposición y quieren ir a los lugares donde supuestamente hay matanzas de nativos, donde hay fosas comunes, donde hay cadáveres aventados al río, como se dijo en algún medio de Europa, que encontraban cadáveres varados en el río Marañón y cuando fueron no encontraron nada. O cuando el sacerdote dijo que había una fosa común y fue la Fiscalía, fueron todos a ver, y no había nada. Entonces entendimos que había un deseo de desinformación y que rebotaba con mucha fuerza en países tan sensibles como los países europeos. Yo conozco Europa. Sé que si en Europa se tala un árbol, la gente sufre por la tala de un árbol, bueno téngalo ustedes por seguro que en el caso nuestro, talar un árbol, matar un animal y, peor aún, asesinar a una persona, tiene las mismas repercusiones para nosotros como la tiene para ustedes. No sé si alguna ministra o pasamos directamente a las preguntas.

Lucien Chauvin, periodista de la revista Time:

Ministro, siguiendo a lo que usted acaba de decir, puede explicar, el pasado jueves o viernes, quién dio la orden de despejar la carretera y el oleoducto, y las razones por las que han decidido hacerlo el viernes pasado y no los 54 días anteriores.

Yehude Simon:

Correcto. Primero, ¿por qué no los 54 días anteriores? Porque sabíamos que había todo un movimiento y teníamos la fe de que en la mesa de diálogo íbamos a resolver los problemas. Está grabado, yo le decía al señor Pizango y a los hermanos nativos que nos digan cuáles son los artículos de las leyes que los afectaban, y estaba la disposición, porque lo había conversado con el presidente, de anular todos estos artículos que les afecten a ellos.

Ellos nos pidieron una mesa con técnicos, le pusimos los técnicos, y fuimos conversando hasta que instalamos la mesa, día lunes y día martes. El día martes, instalada la mesa, comenzaban a discutir los decretos, la dirigencia de Aidesep nos pidió suspender el debate hasta cinco días después, o sea hasta el día lunes, dialogamos lunes y martes, suspendimos ese martes hasta el siguiente lunes, y el día siguiente, el miércoles, apareció el señor Pizango, perdón, el día jueves el señor Pizango envió una carta al Congreso de la República diciendo que no iban a discutir los decretos y que no aceptaba que se discutan en la mesa de diálogo. Era un primer rompimiento a un compromiso que él había firmado. Pero ahí no queda todo. Lo siguiente es que participa en la Cumbre de los Pueblos, en Puno, y ahí hay un mensaje bastante duro de revolución y de solventar (sic) los pueblos contra los decretos e ir en marcha hacia Lima. Eso por un lado, 52 días esperando sucede eso.

Pero además a esto se suma otra cosa que me parecía peligrosa, la población de San Martín, la población de Yurimaguas y de Ucayali comenzaban a tener problemas, primero energéticos, energéticos, de alimentos, la estación 5 y 6, que era de Petroperú, que había dejado de bombear petróleo y que tenía pérdidas bárbaras, económicas para el país, se veía amenazada ahora con la toma del gasoducto, en la zona de Cusco, e incluso se estaba perforando, se estaba llegando a la válvula, que podía poner en peligro toda la energía ya no solamente para San Martín e Iquitos, sino para todo el país. Entonces el gobierno decidió tomar lo que dice la Constitución, poner orden, la toma de carreteras no es una protesta pacífica, es lo primero que hay que defender, la toma de carreteras es una posición violenta porque impide el pasaje de pasajeros, de alimentos.

Yo no sé cuánto podría soportar un país europeo una toma de carreteras, esa es la pregunta que me hago. La toma de estaciones de petróleo, todo eso había que preguntar. No lo digo por ustedes, lo digo por la gente que reclama que no ataquen a los indígenas. Entonces la decisión fue tomada y se dio la orden de diálogo a la policía. Fíjense, esas zonas estaban en emergencia y el Ejército no hizo ninguna medida de fuerza. Porque la orden era solamente cuiden los lugares estratégicos y las riquezas estratégicas del país. Por eso es que en 55 días no hubo nada. La orden fue diálogo e invitar a los hermanos nativos a que se retiren de la carretera. Uno.

Dos: que el Gobierno Regional de San Martín, que había hecho un buen trabajo, nos trajo a los apus de esa región y nos dijeron que ellos iban a presentar la inconstitucionalidad de los decretos, siguiendo lo que ordena la Constitución, de manera pacífica y, en efecto, el mismo presidente, tanto de San Martín como de Ucayali, se encargaron de buscar firmas y dieron todas las garantías de ir al Tribunal Constitucional y reclamar por la inconstitucionalidad, y nos trajo a los apus awajún de San Martín, y con ellos llegamos a acuerdos interesantes. Entonces, ya otra gente estaba bloqueando la carretera de Tarapoto con Yurimaguas. Eso fue.

Los policías no hicieron uso de sus armas. Los policías, en el caso de los primeros fallecidos, la policía fue a la parte de arriba, fueron en dos bloques, en un momento uno de ellos se separó, fueron rodeados y asesinados. Allí es donde se produce el enfrentamiento y ahí mueren cuatro o cinco policías y mueren tres civiles o cuatro civiles. En la estación 6, donde se produce la masacre de nueve policías, el comandante tenía un diálogo constante con la comunidad, no llegó nunca el Ejército. Estaban en diálogo, les decían que se tranquilicen y que no hagan daño a los de la estación, y sin embargo hubo una diferencia ahí y los asesinaron. Cuando llegó el Ejército nadie sabía que habían asesinado a los policías, se habló con el jefe de las comunidades y les dijeron que se iban a retirar pero que esperen algunas horas, le dijeron al Ejército. A nosotros nos llegó la información de que el Ejército decía se van a retirar pero dame algunas horas porque eran miles. Y después, cuando ingresa el Ejército, en efecto no había nadie, se habían retirado, pero habían asesinado a los policías, degollados.

Ahora, nosotros no estamos diciendo, es otra cosa que quiero aclarar y me parece que es importante, el gobierno en ningún momento le ha dicho a ellos salvajes. Esto quiero que quede claro. Lo que el gobierno ha condenado es el salvajismo del crimen, que es diferente a decir que son salvajes. Es otra cosa que queremos levantar como gabinete, nosotros reconocemos a los hermanos nativos y sabemos que ellos tienen su propia etnia, su propia cultura, y ellos tienen que entender que nosotros también tenemos nuestra propia cultura, y que somos peruanos todos. Y lo que buscamos como peruanos todos es que ellos se puedan desarrollar. Entonces, ahí a su pregunta expresa, hubo una respuesta frente a la toma de carreteras y la violencia empezó de otro lado.

Lucien Chauvin (Time);

La decisión fue del gabinete, del presidente, de la ministra Cabanillas… ¿Quién ordenó que la policía entre el día 5 a despejar la carretera?

Premier Yehude Simon:

Evidentemente es una decisión del gabinete. No sé si algún ministro quiere intervenir sobre el punto… Esta no es una decisión personal. Aquí el jefe del gabinete asume su responsabilidad, pero es una decisión de todo el Gabinete, en la medida en que todos somos responsables, y la decisión es desalojar sin disparar, desalojar con diálogo, y tomar las medidas de protección, si esto fuera necesario. Yo no sé cuántos gobiernos podrían actuar así, pero nosotros por eso es que estamos lamentando la muerte de tantos policías que originalmente actuaron por el diálogo y buscar una mejor manera para poder terminar con este problema. ¿Alguna otra pregunta?

Robert Kozak (Dow Jones):

Algunos análisis han dicho que ustedes han hecho varios errores. Primero han dejado de negociar con la gente cuando la carretera estaba bloqueada. La pregunta es por qué no fueron más rápido a remover a esa gente. Segunda cosa, dicen que después ustedes fueron bien blandos en las negociaciones, hasta el último momento que se pusieron bien intransigentes diciendo que hay que defender la constitucionalidad de esto, y ahora tenemos este resultado, y después ahora están al lado de ser un poco blando ahorita, en el Congreso, ustedes saben, ha suspendido… entonces si fue ilegal el bloqueo de la carretera, por qué no ustedes entraron en acción más temprano, primero, y segundo… yo no diría que podría despejar la carretera con la policía sin orden de disparar, si fuera claramente un acción militar, como en este caso. Y el ministro del Ambiente dijo también el otro día en Canal N que fue, que habían estado recibiendo dinero de grupos de Europa y utilizando este dinero para actos subversivos, y quisiera saber de qué actos subversivos estaba hablando, y cuál fue el rol de algunos otros gobiernos, como Bolivia y Venezuela…

Premier:
Pucha, que me ha hecho todas las preguntas… El ministro Brack va a responder. Primero lo que me concierne a mí. Primero nosotros no hemos dicho que sean terroristas los nativos. Es lo primero que quiero decirles: en ningún momento hemos tildado de terroristas a los nativos. Lo que hemos dicho es que hay aprovechamiento de grupos para… en la bondad, ingenuidad y en la propia cultura de los nativos, aprovecharse de ellos. Nosotros reconocemos la pureza del mundo nativo, pero en esa pureza hay gente que aprovechando ha hecho actos de violencia, aprovechándose de ellos, engañando a ellos, lo que ha producido las muertes. Yo quiero separar a los nativos de cualquier adjetivo que alguna gente pretende tildar al gobierno como que le ha dicho terroristas y bárbaros. Eso no ha sido así. Lo reitero como jefe de gabinete. Segundo, ni halcones ni palomas. Hemos mantenido un equilibrio. Los halcones querían que el primer día saquemos al Ejército y a la Policía, y yo les puedo asegurar que no hubieran muerto 20 personas, hubieran muerto cientos, porque los nativos no entienden nuestra concepción de las cosas, así como nosotros no entendemos de ellos su concepción. Somos culturas diferentes.
Teníamos, yo asumo, déjenlo al presidente tranquilo y al gabinete tranquilo, yo asumo porque fui el que inicié este deseo de diálogo, contra de repente la posición de otros, entonces el responsable soy yo, del diálogo y de la paciencia, conversamos durante 55 días en la esperanza de que eso termine bien, en la fe de que esta gente actuaba de buena fe, sin calcular que otros, ahí hubo torpeza de mi parte, no hubo malicia, que otros estaban buscando golpear la democracia y golpear al presidente García, que finalmente esa es la puntería, y se esperó el tiempo prudencial, y cuando se decide poner orden es porque lo reitero, y quiero subrayarlo, porque en ese momento ya corre peligro la economía del país y corre peligro la falta de alimentos a las poblaciones, antes no se había llegado a esos extremos, pero conforme pasaron los días se llegaron a extremos de amenazar a la población, y muchas autoridades temerosas asumían la defensa de los nativos, sin siquiera haber leído los decretos, porque eso es lo más grave. Yo les digo con toda la franqueza del mundo, muy poca gente conoce el sentido de los decretos, recién comienzan a darse cuenta de que los decretos que ellos dicen que es nocivo es una protección al medio ambiente, por ejemplo. Es una protección al medio ambiente, ya el ministro Brack lo va a decir. Y cuando el ministro Brack, no voy a hablar en nombre de él, pero él ya lo va a decir, el ministro Brack nunca ha dicho que los nativos son subversivos.

Robert Kozak (Dow Jones):
No, dijo que había dinero llegando de Europa que fue utilizado para actos subversivos.

Premier:
En todo caso él lo contestará. Pero nosotros no hemos echado ninguna responsabilidad ni al gobierno de Venezuela, ni al gobierno de Ecuador, ni al gobierno de Bolivia. Rechazo el que alguien haya dicho que Morales o el presidente Correa tienen responsabilidad, no lo hemos dicho. Lo que sí nos ha llamado la atención, y lo he dicho ayer, es que en la Cumbre de los Pueblos el presidente Evo, a quienes nosotros respetamos por ser un presidente democráticamente elegido en su país, haya enviado una carta a gente que estaba radicalizada diciéndole que hay que hacer la revolución. Reconocemos lo que él decida, el sentido de la naturaleza y de la tierra para los aymara y para los hermanos nativos, porque nosotros también tenemos inmenso amor a la tierra, pero sí nos pareció un despropósito en un ambiente tan radical hablar de revolución en un país que no es el suyo. Entonces, él puede haber tenido la buena intención, y de repente sus palabras pueden haber sido malinterpretadas, y tenemos la carta, pero ciertamente a nadie le gustaría en Bolivia que el presidente García envíe una carta a Santa Cruz en una reunión y les diga nos parece muy bien el proceso de centralización y ustedes no dejen de pelear aunque eso le moleste al presidente Evo.

Nuestros presidentes de América Latina tienen que ser profundamente respetuosos de cada país. Nosotros respetamos al presidente Evo en Bolivia, porque los pueblos son diferentes a los presidentes, pero no permitimos y no aceptamos que por más buena voluntad que tenga el presidente Evo haya mandado esa carta, porque es una carta que provoca dificultades e incendia pasiones y puede incendiar praderas.

Kozak:
Cuáles fueron esos países que el presidente García ha mencionado que estaban celosos del Perú…

Premier:
Bueno, esa es una figura. Lo que ha dicho el presidente García y nosotros lo asumimos es que el Perú tiene la inmensa suerte de haber tenido mucha seriedad en el manejo de la economía y a pesar de las dificultades y de la crisis económica, Dios quiera que sea así, tenemos posibilidades todavía de crecer. Y que existen países celosos en el buen término de la palabra, no en el mal término, que quisieran estar en la misma situación. Yo tengo celos de China, señor, y tengo celos de China porque China va a crecer 7 u 8 por ciento, claro que estoy celoso de China. La idea es esa, todos los países tenemos cierto celos de países que están en mejores condiciones que las nuestras, pero no porque el presidente diga que como están celosos estén moviendo estos grupos. Está hecha la aclaración.

Ministro del Ambiente, Antonio Brack:
Respondiendo a su pregunta, yo he participado como ministro de reuniones de diálogo con indígenas. En julio del año pasado, en Madre de Dios, de ahí una segunda reunión en Madre de Dios, por el incendio de la infraestructura de la región, del Gobierno Regional, de ahí estuve en la mesa de diálogo del Datem del Marañón, en San Lorenzo, por encargo del presidente, con los apus, ahí conocí al señor Pizango, estuvimos dialogando con él y los apus por más de 10 horas, después no se llegó a nada. Y luego en reuniones en la PCM, en mi ministerio, cuando tenía el encargo de la PCM para continuar el diálogo, donde se comenzó por primera vez a sentar a la mesa a distintos representantes de los pueblos indígenas amazónicos: Conap, Aidesep, donde Aidesep se presentó y dijo no puedo participar porque yo nunca me sentaré con otros representantes, nosotros somos los únicos representantes, etc. Y en todas estas reuniones siempre hubo interferencia externa. Eso se lo puedo asegurar. En que se pateaba el tablero, se desconocía lo que se había acordado, etcétera.

Entonces, al final, y usted puede entrar, Apci lo ha publicado, los fondos que recibe, de dónde recibe Aidesep, eso es documento público, hasta se trató esto en el Congreso de la República, eso no es ningún secreto, quién financia, usted lo puede averiguar. Yo no considero a los nativos subversivos ni nada. Interferencia externa, y al final el tema se politizó en tal forma que ya no había forma técnica de resolverlo. Estaba absolutamente politizado. Como ustedes ven, les hemos entregado un CD con el mapa de las tierras indígenas. El Perú ha hecho un enorme esfuerzo a través de los años de titular tierras a los indígenas amazónicos. Y ahí se les ha entregado el mapa, lo pueden también ver allí, en que tienen cerca de 12 millones de hectáreas entregadas por el Estado peruano como sus tierras, de comunidades nativas que se llaman, hay reservas para indígenas no contactados, en Madre de Dios, en otras partes, hay reservas comunales, cinco, que suman más de 2 millones de hectáreas que por ley son manejadas por las comunidades y el Estado en servicio de áreas protegidas, etc.

Segundo, se afirma continuamente que no se ha implementado el Convenio 169 de la OIT. Señores, el Ministerio de Energía y Minas, con el Decreto Supremo 012-2008, de proceso de participación ciudadana en las actividades de hidrocarburos que dice que es el reglamento para el ministerio de Energía y Minas de implementación del convenio 169 de la OIT, establece todo el proceso, cómo se hace la consulta, la participación con las comunidades locales, etc. Hasta han sacado folletos y librillos explicando quiénes deben participar, etc. Segundo, el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Parques Nacionales y similares establece también el procedimiento de consulta para establecer áreas protegidas cuando en los alrededores viven comunidades nativas. Que esto se pueda mejorar, perfeccionar, estamos de acuerdo, nunca hay nada perfecto en este mundo, pero no se puede decir que no se ha hecho ningún esfuerzo por implementarlo.

El otro punto importante es que los pueblos indígenas han sido agredidos en el pasado. Eso nadie lo duda, en la época del caucho, etc., y todo lo demás. Ha habido barbaridad y media. También ha habido descuido antes del año 1990, cuando no había ninguna ley ambiental en el Perú, en la extracción de petróleo del río Corrientes, etc. Pero hoy en día tenemos una legislación muy completa sobre el tema, en la cuestión de hidrocarburos, en la cuestión minera, en el asunto de áreas protegidas, en el reconocimiento de reservorios indígenas. De modo que aquí el tema es muy claro. Este movimiento contra los decretos legislativos se dice que el gobierno tiene una enorme terquedad en no ceder. Pero si se ha hecho 55 días de reuniones, etc., para ver qué es lo que les preocupa, qué se debe mejorar, y siempre se desconocía, no se decía, etcétera. Y cuando se preguntaba aquí está, hay que derogar la ley de recursos hídricos, que es otro reclamo, que fue discutida ocho años en el Congreso de la República, ocho años, nunca una ley tuvo tan larga discusión en el país, durante dos gobiernos, y al final se publica, y en esa ley hay ocho artículos referidos defendiendo el uso tradicional de las aguas, etc, de las comunidades nativas y campesinas. El artículo 64 de esa ley es lapidario, se le reconoce todos los usos tradicionales, pero se dice tú vas a tener que pagar ahora por el uso de tus ríos, de tus cochas, y te van a cobrar por navegar en los ríos, eso se ha visto en la televisión. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí hay un manipuleo político. Y ustedes perfectamente saben quiénes son.

Ministra de Justicia, Rosario Fernández:
Muy buenos días, creo que las preguntas en realidad están dirigidas legítimamente de seguro más al análisis de lo ocurrido, cuando a la fecha ya los hechos están definitivamente verificados y como autoridades lo que nos corresponde es reconstruir un espacio de diálogo y de concordia. Nosotros tenemos esa como principal obligación. Ustedes son mayoritariamente extranjeros, o representan a la prensa extranjera, y por eso quizá es necesario que les demos algún tipo de ejemplo de cómo vemos las cosas nosotros acá en el Perú. Y cuando digo en el Perú me refiero a todos los peruanos, a los 28 millones de peruanos, no solamente a los que viven en la costa, en la sierra ni solamente en la selva, todos, evidentemente incluidos los nativos.

Nosotros tenemos un dicho según el cual se señala que después de la guerra todos son generales. Eso significa que después de ocurridos los hechos siempre hay un análisis de escritorio, de yo hubiera hecho esto así, se hubiera hecho esto asá, o hubiese sido mejor así. El ejercicio de la autoridad implica la toma de decisiones en el momento, de acuerdo a las condiciones y las circunstancias que se presentan y lo que distingue a un gobierno democrático es básicamente es ese ejercicio de libre expresión, con respeto a la ley, con imperio de la ley y el orden, y en donde empiezan los derechos de los demás terminan los nuestros. Y eso es exactamente lo que sustenta en su momento la decisión de poner el orden necesario.

Lo que dijo el Premier hace unos momentos es absolutamente cierto. La protesta deja de ser pacífica cuando impide el ejercicio de los derechos de los demás. Cuando los demás dejan de poder pasar, transitar, vivir, comprar, vender, y realizar todas las actividades diarias para subsistir. Hoy día, en este momento, a pesar de las decisiones tomadas ayer en el Congreso, todavía estamos viendo que hay personas absolutamente interesadas en que esa situación de desorden se mantenga. Entonces, el análisis hacia atrás resulta insuficiente, con todo respeto y afecto, pero resulta insuficiente, porque eso pone de manifiesto que aun cuando se toman decisiones que legalmente significan el que los decretos legislativos 1090 y el 1064 no se van a aplicar, a pesar de eso hay un interés claro por subvertir el orden. Y cuando se habla de la palabra “subvertir” no se está hablando de terrorismo. Se está hablando de desorden. No debemos olvidar que el señor Pizango, a quien evidentemente a estas alturas no podemos reconocerle 100% la representación de los nativos, invitó a la sedición, y eso es subvertir el orden porque la Constitución no lo permite, me imagino que igual en otros países, como los que ustedes representan.

Creo que es muy importante que en este momento el esfuerzo mayor de las autoridades esté concentrado en reconstruir los caminos del diálogo. El Premier ha hecho prueba patente de que es un demócrata a carta cabal, que ha tenido la serenidad, no confundamos la serenidad que ha tenido durante 59 días, y no pensemos que eso es simplemente haber tenido debilidad, la debilidad no es igual a la serenidad, uno puede ser muy firme y muy sereno, y a la vez puede ser muy débil y no tener un norte, ese no es el caso nuestro. Serenamente se ha esperado 59 días para conversar, hablar, no solamente en este espacio, en el espacio del Poder Legislativo, donde los nativos representados por las personas de Aidesep han interactuado con los legisladores para producir normas consensuadas, normas que hoy día ya no están en aplicación. ¿Por qué? Porque a pesar de haberlas obtenido de manera negociada luego patearon el tablero. Y el Premier luego tuvo nuevamente la serenidad y la paciencia de volverlos a convocar y emitir dos normas más para que además no se pelearan entre ellos, que es otro tema que debe saberse.

No estamos hablando con una representación única que pueda significar una garantía absoluta de que lo que se diga, eso es. Hubo la necesidad de sacar dos normas, porque Aidesep no reconocía la representación de otros nativos, y los otros nativos desconocían la representación de Aidesep. Eso es lo que ha pasado durante 59 días y eso es lo que hemos tratado de resolver durante ese período. ¿Y luego qué paso? Volvieron a patear el tablero. Y lo importante es: ¿ellos lo hacían solos? La respuesta creo que es evidente, lo hemos visto el día de la última conferencia de prensa del señor Pizango, teniendo un grupo importante de congresistas detrás suyo, e inclusive dictándole lo que debía decir en el discurso, pero eso ya pasó. Ahora, para adelante nosotros tenemos que reconstruir los caminos del diálogo.

Hoy día tienen ustedes dos normas publicadas en el diario El Peruano. La primera, la orden de la suspensión de la aplicación del decreto legislativo 1090 y el 1064. Están suspendidos incluso sin plazo en su aplicación. No se aplica. Sin embargo, hoy día en la televisión he visto la entrevista a un nativo, según la cual ellos han dicho que no, ya no vale esta norma, porque la Comisión de Constitución en su momento dijo que era inconstitucional. Fíjense el manipuleo (sic) de la información. Y eso se lo tienen que haber explicado personas que conocen de este mecanismo y que han ido a la zona a decírselo, pero con propósito desinformador. Y la segunda norma que aparece publicada acá es la creación de la comisión. Ya se ha creado una comisión de carácter nacional, está dicho acá. Que es una comisión hecha sobre la base de reconocer, como dice la Constitución, la identidad y la pluralidad étnica y cultural, es una comisión integrada con 10 representantes de los nativos, los cinco presidentes regionales amazónicos, y cuatro representantes del Ejecutivo. ¿Y cuál es su objeto? ¿Acaso es resolver un tema de coyuntura solamente? No. Es formular un plan de desarrollo sostenible de la Amazonía, que es lo que nos debe interesar. Yo pregunto, ¿todo esto que se ha hecho y que está materialmente probado y publicado justifica que hoy se esté convocando nuevamente a que se mantenga el desorden, soliviantando a la población, desde varios puntos, incluido el Congreso de la República, que lamentablemente está exhibiendo escenas hoy en televisión? Me parece que eso no acompaña a la voluntad democrática y no acompaña a un propósito conciliador. Yo creo que por el contrario alimenta distancias que nosotros no queremos, y evidentemente lo que queremos es resolverlas y acortarlas. Gracias presidente.

Periodista italiana RAI:
Tengo dos preguntas, una, con el señor ministro: ya se han suspendido estos decretos, entonces no cree el gabinete que estas muertes resultan, no sabemos, todavía no saben supongo exactamente la investigación sobre el número, pero resultan todavía más dramáticas y entonces eran evitables, si se podía abrir efectivamente una ventana, un espacio de diálogo, ¿hay algún discurso de autocrítica o sencillamente solo defensa de lo hecho por el gobierno?

Y luego quiero preguntarle también por el spot muy polémico que se ha emitido. Yo entiendo la preocupación del gobierno respecto a la imagen que se ha difundido al extranjero, entonces ¿por qué se ha permitido emitir un spot que al cabo de tres días se quita? Evidentemente ahí no había acuerdo entre ministros, ¿de quién ha sido la responsabilidad? Muchas gracias.
Premier:

Van a intervenir tres ministros, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, o perdón futuro ministro del Interior, el ministro de transportes.
[Risas].

Rosario Fernández:
No es augurio para nada.

Premier Yehude Simon:
No es. Y yo quiero decirle que desde que decimos que asumimos, que yo asumo la responsabilidad, es una autocrítica. Desde que decimos que no hubo comunicación como hubiéramos querido con los nativos, es una autocrítica. Entonces ahora viene, ¿cuál es la autocrítica del otro lado? El gobierno no se cree ni sabio, ni todopoderoso, ni dueño de la verdad. Intentamos autocriticarnos y decir las cosas pero no nos quieren escuchar. Sí, yo asumo que no hubo comunicación con la población en los lugares en donde debió hacerse la comunicación. Confiamos en los interlocutores de ellos y ese fue nuestro más grave error. Debimos conversar con los apus en el lugar donde estaban los apus. De acuerdo, sí asumimos.

Lo del spot tiene un sentido. Había tanta, tanta desinformación, se hablaba de tantas fosas comunes, se engañaba tanto a la población, que Interior decidió elaborar un spot, siendo horroroso ciertamente, que afecta la sensibilidad de cualquier ser humanos, ciertamente, tuvo como objetivo hacer lo mismo que sucede cuando hay accidentes de tránsito, explicarle a los señores choferes y a la población que tienen que tener cuidado en el manejo, etc., ese fue el significado, que fue retirado en 72 horas posteriores, queríamos que la gente reaccione, que sepa lo que está pasando, lo reitero, aquí no hay, y es segunda vez que preguntan si hay decisiones personales. Aquí, para bien o para mal, las decisiones no son personales, para bien o para mal las decisiones son compartidas, podemos tener algunas diferencias al interior en el debate, pero las decisiones que toma el gobierno son bajo responsabilidad del gabinete y de todos. Enrique…

Ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo:
A la pregunta de la periodista de la RAI, cuando uno va a una negociación para buscar legítimamente y honestamente un acuerdo las dos partes, o las partes, tienen que tener la voluntad de ceder en algo. ¿Les parece a ustedes que ir a una negociación con el lema “derogatoria o nada” es una manera honesta y propositiva de llegar a un acuerdo dialogante? El gobierno tuvo más de 50 días de voluntad de diálogo probado, en esta misma sala el señor Pizango ha estado y ha firmado documentos que luego ha desconocido. Y lo más grave del asunto, y esta es la distinción que hay que hacer, es que el señor Pizango y algunos de sus dirigentes han engañado a su gente, les han dicho cosas que no son verdad. Yo les pido a ustedes que lean el Decreto Legislativo 1090, que seguramente ya lo leyeron y si no lo hicieron les pido que lo hagan, y ahí se van a encontrar ustedes con muchas sorpresas en relación a la información que se ha recibido. Hay un artículo expreso en el 1090 que señala claramente que las tierras de los nativos son intangibles y se respetan los tratados internacionales que tenemos. Y sin embargo, a pesar de estar expresamente puesto en el decreto legislativo, se les ha vendido la idea a los nativos que se iban a quedar sin tierras, que las tierras ya estaban vendidas, que se iban a quedar sin agua, entre otras mentiras más. Entonces, acá hay una responsabilidad también. Hablemos de autocrítica pero del otro lado. De quienes han llevado a los nativos, con interés políticos, para desinformarlos y llevarlos a esta situación tan extrema. De quienes no se han dado el trabajo de explicarles que esos dispositivos tenían incluso en el articulado expresamente escrito el resguardo de sus tierras, que es lo que más cuidan, y así debe ser, y el gobierno y todos en el país estamos de acuerdo con eso.

Y hay otros temas de fondo que también es necesario precisar, este dispositivo y los dispositivos en su conjunto lo que expresaban es el buen manejo del tema forestal. Y aquí hay un tema que hay que decirlo con todas sus letras, que en nuestra Amazonía tenemos todavía un problema de deforestación con un proceso de informalidad que en muchos casos lamentablemente está concatenada, está vinculada también a situaciones con comunidades nativas.

Un tema de fondo, entonces, es que tenemos que preservar nuestros bosques y no de las tierras de los nativos, que están absolutamente intangibles, no de los parques nacionales, que están absolutamente intangibles, sino en el resto de la Amazonía, que es una Amazonía de todos los peruanos, y donde están nuestros recursos energéticos, donde está nuestro petróleo, nuestro gas, y también nuestros recursos forestales. Entonces, a mí me parece que estos son elementos que hay que poner en la mesa. En la pregunta, probablemente sin una intención, está implícita todavía la idea de que pudimos dialogar para evitar las muertes, pero hemos dialogado, pero de un lado había la voluntad de poner un proceso de flexibilidad, que en el gobierno se produjo y en el Congreso también, porque se les dijo que había disposición para encontrar aquellos artículos de la ley que ellos consideraban lesivos a sus intereses y que les preocupaban. No estuvieron dispuestos sus dirigentes a negociar esos temas, no estuvieron dispuestos, y aquí en la PCM hay funcionarios que han estado en la negociación permanentemente y que les propusieron vamos a debatir esos temas, y no estuvieron dispuestos a dialogar. ¿Por qué? Porque estaban ganando tiempo, porque lo querían era que se produzcan los hechos lamentables que estamos comentando. Y ese es un tema que tiene que quedar muy claro. Y por supuesto hay una diferencia sustantiva entre los dirigentes que lamentablemente han hecho un mal uso de su capacidad dirigencial, y los nativos a quienes respetamos, y ahora vamos a tratar de dialogar directamente con ellos, para que sus intereses y preocupaciones sean consideradas.

Quiero mencionar otro elemento, lamentablemente ustedes son periodistas…

[Risas]

Ha habido también en estos días unas radios locales que han hecho mal uso de la libertad de expresión y de la libertad de prensa que en este país se respeta completamente, y precisamente porque se respeta yo tengo aquí textos de radios locales que en los días 5, 6, han estado azuzando a la población, desinformándola, y llevando a la situación violenta, por ejemplo toma de locales públicos, incendio de locales públicos, y hasta las situaciones de muerte que lamentamos. Entonces, esto forma parte también de un proceso con sectores minoritarios en el país, sectores políticos me refiero, que también están interesados en desestabilizar la democracia, y con el discurso supuestamente en favor de los nativos, lo que están es queriendo ganar espacios que no los ganan en la votación, pero los quieren ganar de esta manera.

Ministro de Agricultura, Carlos Leyton:
En respuesta a la pregunta de si no teníamos una voluntad autocrítica yo quisiera hacer un par de matices y decir que no solo miramos el hecho que ha sucedido ahora, pero recuerden ustedes cuando las poblaciones nativas pidieron la derogatoria de algunos decretos supremos como el 1081 y el 1083, estos ya habían sido derogados por la Ley General de Gestión de Recursos Hídricos. El 1081 y el 1083 fueron cuestionados también por los agricultores, y lo que hicimos fue sentarnos en una mesa de diálogo, como lo hicimos también con los nativos, y después de varias discusiones en el Congreso presentamos una propuesta de ley que modificó el 1081 y el 1083 y que permitió que por ese consenso se sacara la Ley de Gestión de Recursos Hídricos aprobada por el Congreso. Esto se hizo en el mes de febrero, a fines de febrero y a comienzos de marzo fue promulgada. El mecanismo era entonces reconociendo que estos decretos legislativos eran perfectibles los podíamos ir trabajando en una mesa de diálogo donde tuviésemos todos los argumentos para poder cambiar la situación.

Hoy día esta misma ley está vigente y los agricultores la están utilizando. Y la prueba de que estamos haciendo un trabajo participativo es que para la elaboración del reglamento ya hemos tenido 30 diálogos en diferentes áreas del país para ver cuáles son los aportes que tiene la población, en los usuarios tanto agrícolas, industriales, de servicio, y en lo comunal, y en la dirección de la Autoridad Nacional del Agua se ha incorporado a las comunidades nativas como parte de este directorio.

Quiere decir entonces que estamos trabajando en ese sentido y que no es que no hayamos tenido interés en hacer este tipo de modificaciones. Si bien es cierto los decretos fueron dados en otras circunstancias creo que lo que estamos haciendo trabajar en el sentido de ir incorporando y perfeccionándolos, pero existen las condiciones legales, formales para poder hacerlo. No se trata simple y llanamente de ponerle una pistola al Ejecutivo o al Legislativo para que las cosas salgan y después no tener alternativas. Si no tenemos alternativas necesarias podemos caer en un caos, como bien se ha mencionado.

Periodista Javier Otazu (presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, Apep):

Hay seis periodistas que han pedido la palabra. Si intervienen todos los ministros…

Ministro Yehude Simon:
Les parece si hacen las preguntas y respondemos al final.

Javier Otazu:

Mejor una por una, porque luego se olvidan las preguntas, sobre todo las incómodas.

Ministra Fernández:
O se olvidan de nuestras respuestas, que también pueden ser incómodas.

Javier Otazu:

Tiene el turno Paola, después Manuel y Jackie.

Paola Ugaz (Terra Magazine):

Hola, yo tenía dos preguntas. Una es: el número de muertos hasta el momento es más alto de lo que sucedió en desgracias como Tarata, Barrios Altos o La Cantuta, ¿qué se siente ver que se pasa de un país modelo en América Latina a un país sumido en una crisis política? ¿Cuán frágiles son las bases de este modelo o de este país modelo? Y la segunda pregunta es: mucha gente, muchos indígenas en Bagua o en San Martín relacionan los decretos, y no tienen por qué hacerlo, pero los relacionan con actuales hechos en incursiones de lotes petroleros en reservas amazónicas. Me refiero específicamente al caso de la empresa canadiense Talismán, que está invadiendo una zona protegida en San Martín. En esta zona es que… Bagua, Tarapoto… y que el Tribunal Constitucional les dio la razón. Entonces, actos como ese, o actos como de otra empresa canadiense, cerca de la Cordillera del Cóndor, como que sienten que otra vez, con ese histórico, les vuelven a invadir territorios y vuelven a hacer otra violación en las leyes del medio ambiente. ¿Cómo ustedes como gobierno pueden garantizar a los pobladores de estas zonas que no se va a repetir la historia de siempre en términos de cuidado ambiental? Muchas gracias.

Premier Yehude Simon:
La segunda parte de la pregunta la responderá el ministro del sector, la primera parte si comparamos con lo que sucedió con Tarata y Barrios Altos, estaríamos diciendo que el Ejército y la policía entró a matar gente inocente. [Susurra la ministra Fernández: “no es comparable”], No es comparable, evidentemente. Y lo hemos dicho: ni los nativos son terroristas ni subversivos, pero sí hay gente con mucha intencionalidad que llevó a los nativos por el camino que no era el correcto. Y la muerte de los policías significó que no son ningunos violadores de derechos humanos, al contrario, entregaron su vida, puede ser muy romántico, pero muy doloroso sus familiares, entregaron su vida justamente para no repetir hechos del pasado, porque todavía tenemos la marca del pasado. Quiero aclarar antes de que entre el ministro Brack, cuando el ministro dice lamentablemente ustedes son periodistas no se refiere a ustedes, nosotros respetamos a los periodistas, no es que lo esté interpretando pero la queja de Enrique Cornejo es que hay pésimos periodistas, que ni siquiera son periodistas, que utilizan el micro para soliviantar los ánimos de la población.

Paola Ugaz:
Mi pregunta era cómo se siente que afuera se conozca a Perú como el país modelo en América Latina en economía, estamos con el crecimiento más grande del 2008, a ahorita en un país sumido en una crisis política que todavía no acaba.

Premier Yehude Simon:

Es que nuestro país es un país que usted sabe múltiple, un país difícil, complejo, donde el gobernante hace los esfuerzos supremos para llevarlo a buen puerto y recuperar lo que significó nuestra historia, y todo, con las experiencias que hemos tenido, hemos tenido experiencias populistas, estatistas, etc., que no resultaron. Estamos tratando de hacer un trabajo de una economía de libre mercado, donde los inversionistas pueden venir porque sienten un país con reglas claras, pero, y ahí está el pero, hacemos los esfuerzos de una inclusión social que nunca se hizo.

Hace poco el presidente dio la ley por ejemplo de titulación para la gente más pobre, del levantamiento de una deuda impagable de un banco del Estado, y ha entregado tractores a una comunidad de Puno, se está haciendo carreteras, lo más revolucionario de este país, electrificación en zonas rurales donde la gente nunca vio la luz, [susurra Rosario Fernández: “telefonía, telefonía, seguro integral”] y muchísimo menos el agua, entonces lo que significa telefonía rural, o sea, claro, este es un país que va creciendo, que acepta la inversión privada, mete inversión pública, integra con la telefonía, con las carreteras, y los que no quieren que esto suceda dicen “gobierno ultra liberal que regala sus riquezas”. Y cuando el gobierno hace una medida que va a ayudar a los pobres dicen “gobierno que ya se volvió estatista o populista”.

Ese es, pues, el reto de los estadistas, o siguen el camino, a pesar de las críticas, aunque les tiren piedras, aunque insulten, porque finalmente es la historia la que va a decir quién es bueno y quién es malo. No se olviden que si nos hubiéramos reunido hace cuatro o cinco años atrás, estando aquí el señor Toledo con 5 o 6 por ciento de aceptación, y que abrió los mercados, etcétera, etcétera, hoy día se da el lujo de criticar al gobierno del presidente García porque está siguiendo y profundizando lo que él hizo en cuanto a inversión privada. La diferencia es que el presidente García no solamente permite que llegue la inversión privada, sino que pone sus ojos en los más pobres, cosa que le faltó al presidente Toledo.

Ministro del Ambiente, Antonio Brack:
Sobre su pregunta del petróleo, comunidades nativas, que se invaden terrenos, qué es de las leyes del ambiente. Esto hay que verlo desde un aspecto integral. Hay un reclamo de los nativos que dicen que el subsuelo también es de ellos. Hasta hay un proyecto de ley en el Congreso, que también dice que el espacio aéreo es de ellos sobre sus tierras tituladas. Por Constitución el subsuelo es de todos los peruanos y el Estado lo maneja distinto al que es dueño del suelo. Eso es claro. Si se quiere cambiar eso hay que reformular la Constitución. En primer lugar.

En segundo lugar, se invaden terrenos. Por desgracia, en áreas protegidas, donde no se puede sacar petróleo ni gases, en parques nacionales, santuarios nacionales, o santuarios históricos, que son como 10 millones de hectáreas, vedadas en la Amazonía, siguen otras áreas protegidas con medidas especiales, y también en el subsuelo de las comunidades nativas se puede explorar y extraer petróleo. Eso hay que hacerlo en forma limpia con responsabilidad económica y responsabilidad social. Esto cambia diametralmente con respecto al pasado, porque en el pasado no había leyes, etc. Y no e hacía. Y en esto, para el cambio del uso de la tierra, lo cual ahora ha sido suspendido por el Congreso, ya no es el ministerio de Agricultura el que dice este bosque lo talamos para hacer agricultura, sino lo tiene que hacer el Ministerio del Ambiente. Hay cambios, pero estos cambios ahora están suspendidos.

El otro asunto es cómo trabajar esto. Y ahí hay asuntos que tenemos que tener muy en cuenta. Yo les pido a ustedes, no sé cómo se puede hacer, vayan a visitar el lote de Camisea de Pluspetrol. Que tiene 148 mil hectáreas, donde se está extrayendo actualmente el gas que se está transportando a la costa, de 148 mil hectáreas donde se est{a extrayendo actualmente el gas que se lleva a la costa, y se han intervenido 80 hectáreas, nada más. Cuando se dice que el petróleo, el gas, talan los bosques, destruyen los bosques… con calma. Hoy día hay tecnologías y hay formas de hacerlo, y leyes que supervisan que esto se puede hacer bien.

Hasta hoy día en el lote de Camisea, de 12 hectáreas que se desforestan, todo se hace por helicóptero, no se construyen carreteras, y de 12 hectáreas se perforan hasta seis pozos dirigidos, para no intervenir más áreas, sean pozos que van dirigidos hacia las zonas donde se tiene que extraer el gas. Esto ha mejorado. Y todo el proceso tiene ISO 14001, que es un estándar ambiental internacional. Se pueden hacer las cosas bien. Se usa el ejemplo del río Corrientes, los achuar, etcétera donde se descubre un pozo en el año 74, se bombearon millones de barriles de petróleo a la costa, no había leyes ambientales, etc., y se hizo barbaridad y media. Eso hoy día se está cambiando, se está reinyectando las aguas de formación, de manera que eso lo supervisan Osinergmin, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. Ahí trabajamos juntos y queremos garantizar eso.

El otro punto es que tenemos que ver la seguridad energética del país. El Perú está importando ya 2.500 millones de dólares anuales en petróleo y si no exploramos y encontramos más yacimientos nuestra dependencia de importación va a crecer y eso va a perturbar nuestra economía. Nadie puede intervenir o decir que no podemos explotar. Que se haga forma limpia, respetando el ambiente, las leyes, que se haga con responsabilidad social. Respecto al canon minero o gasífero, hay un tema que tenemos que resolver a futuro, en eso somos conscientes en el Ejecutivo. El 50% de los impuestos que pagan las empresas al Estado va como canon a la zona donde se extrae el recurso, en este caso el gas. Tomemos el ejemplo del distrito de Echarate, en La Convención, en Cusco, donde están los yacimientos de Camisea. Este distrito recibe al año decenas de millones de canon minero. Pero no hay el puente todavía para que este distrito que recibe el canon haga partícipe de ese canon a las comunidades nativas que están en Camisea. Ellos no reciben ese canon, porque eso queda en ese distrito. Eso lo tenemos que resolver, porque es justo. Igual es el canon del petróleo, para los yacimientos de Corrientes, etc., en la región Loreto. La región Loreto, municipios, reciben el canon, pero a las comunidades no les llega la participación del canon. Ahí hay un tema que sabemos tenemos que resolver y lo estamos conversando cómo mejor hacerlo pero eso ya no depende del Ejecutivo, sino del Gobierno Regional y de los gobiernos municipales, porque el país está descentralizado en este momento. Es un tema que tenemos que resolver. Pero el Ministerio del Ambiente está dando normas. Han visto que ha salido la política nacional del ambiente, sobre todo el manejo ambiental, estamos haciendo el plan de acción ambiental, con los sectores, con las comunidades nativas, etc., y estamos implementando una serie de medidas para poder implementar esto.

Usted también ha mencionado como ejemplo la Cordillera del Cóndor. Ahí hay un problema grave que yo ayer lo expuse en el Consejo de Ministros que tenemos que tomar medidas. Porque hay una mina Afrodita y hay dineros informales, está en la cuenca alta del río Cenepa y va a afectar a las comunidades que están abajo, que son awajún, entonces allí tenemos que intervenir, estamos conversando de esto con el ministro de Energía y Minas.

Afiche de búsqueda de Bazán en plaza de armas de Bagua (Archivo Fowks).

Además de intentar llegar a la verdad de lo ocurrido, en paralelo hay que ir más allá de las carencias del Informe de la Comisión de Investigación de los Sucesos de Bagua. Las tareas son diversas y la mayoría están en el ámbito de la burocracia estatal.

Queda pendiente el que el derecho a la consulta establecido por el Convenio 169 se convierta en una norma (Ley con reglamento). La Defensoría del Pueblo ha elaborado una propuesta de ley que debe discutirse en dos comisiones del Congreso y luego recién pasará a ser evaluada por el pleno. ¿Cuánto tiempo tomará tal proceso?

Está pendiente la elaboración de los decretos legislativos que fueron derogados. Están pendientes en el Ministerio de Energía y Minas las gestiones y reclamos de diversas comunidades y organizaciones amazónicas por concesiones -dadas a empresas mineras y de hidrocarburos- que se superponen con la superficie de sus comunidades. Están pendientes por años decenas de gestiones tramitadas formalmente ante Ministerios con pedidos de ampliación de área de comunidades y reservas comunales y pedidos de titulación de sus propiedades comunales.

Hoy el Ministro del Interior, Octavio Salazar, y el director de la PNP, Miguel Hidalgo, presentaron fotografías de los supuestos responsables del asesinato del mayor Felipe Bazán, sin embargo, el padre del oficial no cree en dicha versión. Asistiremos por varios meses -o años- a este tipo de disputas sobre la verdad de lo ocurrido. Habrá también negativa a reconocer responsabilidad política, administrativa o penal por parte de los diversos actores involucrados, pero no olvidemos que hay una serie de decisiones que esperan, más allá de la aplicación de justicia luego de la tragedia del 5 de junio.

El abogado del detenido indica que su defendido no estuvo el 5 de junio en la Curva del Diablo.

Actualización del jueves 7 a las 7:30 am. La PNP indica que obtuvo en noviembre, por trabajo de inteligencia, el video del cual extrajo la imagen del mayor Bazán aún con vida. El mismo video también lo tuvo desde noviembre la Comisión Especial de Investigación de los Hechos de Bagua. ¿Por qué la PNP recién lo dio a conocer ayer?

Comisionada Maricarmen Gómez revisa informe final que no firmó.

Tras leer el informe final de la Comisión Bagua, las 43 observaciones de Jesús Manacés y la hermana Maricarmen Gómez, y la apostilla del padre Ricardo Alvarez Lobo, la conclusión es que el documento es un instrumento a favor del Ejecutivo, no plural, que refuerza la versión oficial de lo ocurrido y contiene gran cantidad de imprecisiones de fondo y forma.

Al momento Mirko Lauer y Carlos Meléndez han comentado que el documento se convierte en un elemento para que continúe la disputa electoral, especialmente porque alienta la pugna entre el Apra y los nacionalistas que han sido acusados de soliviantar a los nativos el año pasado.

Sin embargo, tal punto de vista evita evaluar un asunto de fondo: la actuación del Gobierno y el oficialismo ante los hechos pendientes luego de la tragedia en Bagua del 5 de junio. Este informe final y las declaraciones de ayer del presidente Alan García son una pésima noticia acerca del rumbo del Estado peruano en su vínculo con las organizaciones amazónicas y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Lo más grave del informe final es reiterar la idea de que los policías no iniciaron el ataque la mañana del 5 de junio y que los nativos -que tomaron la carretera Fernando Belaunde exigiendo la derogatoria de decretos- fueron manipulados por intereses ‘subalternos’ de ronderos, el Sutep, congresistas nacionalistas, actores internacionales y por religiosos.

En una entrevista con la religiosa Gómez Calleja, reclamó que testimonios clave recogidos por la Comisión no hubieran sido tenidos en cuenta para la versión final, como por ejemplo el de Lucio Roca, quien ayudó a cargar el primer muerto del 5 de junio, por un disparo de la PNP.

El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.

Por ejemplo, indican que un par de comunicadores belgas de Catapa incitaron a los manifestantes a tomar medidas radicales en la Estación 6 (antes del 5 de junio) pero no sustentan dicha afirmación en un testimonio, grabación o documento (p. 42).

El documento es exhaustivo en recoger ciertas declaraciones pero, por ejemplo, no consigna las palabras del presidente García cuando hizo la distinción de peruanos de segunda categoría en alusión a la población que rechazaba los decretos legislativos.

El señalamiento a la supuesta responsabilidad del Sutep en la radicalización de la protesta en la selva tampoco es demostrado, el documento sólo indica que una gran cantidad de manifestantes de la Curva del Diablo eran profesores.

En la parte de recomendaciones, el informe rescata una propuesta que el ministro Aurelio Pastor difunde reiteradamente: la creación de casas de la justicia (p. 85).

Quizá uno de los pocos párrafos destacables por su precisión figura en la página 81, e indica que pese a que la PNP cumplió el operativo de acuerdo a lo establecido, hubo deficiencias como equipamiento limitado, falta de eequipos de comunicación, fiscales a destiempo,
menor número de efectivos que los necesarios, descoordinaciones de horario, falta de conocimiento sobre la forma de ser y combatitividad de los indígenas cuando defienden su tierra, entre otros.

Sobre las firmas
El informe final fue suscrito por Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, quienes actuaron como la voz del Gobierno o del oficialismo en la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Bagua. El sacerdote dominico Ricardo Alvarez Lobo lo firmó también, pero agregó un documento adicional -bastante acertado- con señalamientos directos sobre las responsabilidades de altos funcionarios del Ejecutivo.

Por otro lado, los medios informaron desde el 29 los motivos para negarse a firmar por parte del coordinador de la Comisión Especial, Jesús Manacés, y de la hermana Gómez Calleja.

Otro miembro de la Comisión, el decano del CAL, Walter Gutiérrez, dijo el 23 de diciembre que renunció al grupo de trabajo el 9 de noviembre, aunque fuentes de la CEI indican que no hay un documento al respecto. En una nota de prensa indicó que ni desestima ni avala el informe final. Por tanto, de siete miembros de la Comisión, sólo tres lo respaldan en su totalidad, los más afines al Gobierno.

Más señales del Gobierno
Un documento elaborado por una comisión formada por resolución ministerial y sobre un asunto tan sensible, tuvo que haber cuidado al máximo la redacción de fondo y forma, pero éste no es el caso. Para mí, una señal más de la poca seriedad y agresividad con la que el Gobierno encara los asuntos pendientes con los ciudadanos de la selva está en los errores obvios a lo largo del informe final.

Por ejemplo, se refieren a un grupo ‘piromashco’ que no existe (sino mashcopiro), al grupo esheja (que debe ser ese’eja p. 9), nativos en asilamiento voluntario (en vez de aislamiento p. 37), la comunidad de Yamakaya (que es Yamakayat), indígenas kichuas y achuas (que debe ser achuar p. 65), la vase del Ejército (p. 61).

Uno de los peores párrafos por la forma tan sesgada en que se refieren a los indígenas aparece en la página 39, en las referencias al 13 de mayo 2009.

Los tres documentos:
Informe final, apostilla de sacerdote Alvarez Lobo y 43 observaciones de Manacés y Gómez Calleja

Parte de una entrevista realizada a hermana Maricarmen Gómez por el programa DosxDos en Radio San Borja.

infbagua3 from Jacqueline Fowks on Vimeo.

Padre de mayor Bazán no cree que nativo detenido asesinó a su hijo

En ‘El Crónico’s blog’ escuche un segmento de la transmisión de La Voz de Bagua de un momento crítico del enfrentamiento: es claro que no hubo incitación a la violencia en dicha radio.

Un texto de Rodrigo Quijano sobre la ruptura del denominado ‘Consenso de Lima’ luego del 5 de junio y Bagua

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