El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

Supe del trabajo de Lurgio, en octubre de este año, gracias a alguien que había leído borradores de sus textos corregidos en 2006 y que vio -en el muro de FB de un amigo- el anuncio de la presentación de su libro en México. Ello me llevó a contactarlo, vía Facebook también, para entrevistarlo mediante una videollamada.

A los pocos días, publiqué una nota en el diario El País, en la que daba cuenta de su historia, una historia que sale a la luz en un país donde, dije, hay dificultades para abordar el período de la violencia en el Perú en el espacio público, pues el tema del conflicto armado interno de inmediato genera bandos,  controversias y, en muchos casos, mentiras para atacar a un sector o a individuos con quienes no se está de acuerdo.  Este tipo de debate sobre la memoria, especialmente en Lima, es literalmente un espacio de competencia, en el que un grupo o algunos líderes de opinión -unos con más voz y poder político que otros- atacan a los que ven como enemigos.

Militares en retiro, fujimoristas y simpatizantes fujimoristas, políticos que se autodenominan de centro o independientes o que solo quieren el ‘avance’ o ‘desarrollo’ del Perú, empresarios (como el ex ministro Oscar Valdes), periodistas, expertos, etc. han identificado entre sus enemigos a los ex miembros de la Comisión de la Verdad y a todos quienes citen el informe final de la CVR. También son ‘enemigos’ los organismos, activistas y abogados de derechos humanos, las ONG, los artistas, periodistas, intelectuales y familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos por las fuerzas del orden. Los llaman defensores de terroristas, o terroristas, o terrucos, o comunistas o caviares, o extremistas, o ultras o rojos. Les atribuyen también un odio o falta de respeto hacia las fuerzas armadas, dado que nunca se preocupan por los derechos humanos de ellos, de los que salvaron al Perú de Sendero Luminoso. (¿Quién defiende los derechos humanos de los policías, de los soldados?, suelen preguntar en medio de gritos o de llanto o en conversaciones en el taxi o en una esquina). Les achacan que solo les importan los derechos humanos de los terroristas (y esto también lo menciona Carlos Iván Degregori en su texto introductorio del libro). Señalan que se le hace un favor a SL al usar el término conflicto armado interno, porque se les reconoce como ‘combatientes’ como si hubiera habido aquí una guerra. Sostienen que solo hubo terrorismo y del otro lado pacificación, lucha contra el terrorismo.

Todo esto es visible en sus comentarios en los medios, en el Congreso, en iniciativas de ley, pero también ha sido visible en hechos en las calles, como cuando un grupo de personas –¿o vándalos? – echó pintura naranja en el memorial llamado ‘Ojo que llora’, a pocos metros de aquí en Jesús María. Un memorial, dicho sea de paso, cerrado para el ciudadano de a pie, e incluso difícil de visitar si uno no realiza un trámite.

Las personas e instituciones a quienes ataca ese primer grupo -en el debate político, en los medios o en eventos públicos- estos activistas, abogados, académicos, intelectuales, ex miembros de la CVR, etc. se defienden, usualmente recordando los delitos cometidos por las fuerzas del orden desde 1980 o cometidos también por miembros del gobierno de Alberto Fujimori. Intentan que quienes trabajaron para el Estado reconozcan que hubo violadores de los derechos humanos y que no cumplieron con la función del Estado de proteger a la persona. Recuerdan también que los grupos terroristas cometieron la mayor cantidad de muertes en los años del conflicto armado interno. Suelen recibir no solo insultos, sino también amenazas; a veces han sufrido seguimiento, reglaje, etcétera, por parte de las fuerzas de seguridad. En pocos casos tienen una experiencia saludable en su relación con las fuerzas del orden o quienes la representan. Vivimos ya al menos una década en esa dinámica de polarización, de tensión, de maniqueísmo, de reduccionismo (si se quiere, de histeria) a dos partes enemigas. Este año, se ha agregado un actor nuevo entre comillas, Movadef, que también lleva al extremismo el enfoque de los asuntos relativos a la violencia pasada y a la actual.

Este escenario de polarización existía desde la década de los años 80 pero se refuerza, ahonda o agrava luego de la producción del informe final de la CVR. En aquel tiempo, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde y las FFAA criticaban los informes de Amnistía Internacional sobre violación a los derechos humanos en el Perú; por otro lado, las FFAA trataron de manera intimidante a personas como Pilar Coll cuando fue secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una vez planteado esto, puedo entonces decir uno de los motivos por los cuales es tan valioso este libro del antropólogo Lurgio Gavilán: porque lleva la cuestión, el asunto, el tema a otro lugar, a otro punto de vista, un enfoque que destierra el reduccionismo, el facilismo y la simpleza de los polos, de  los dos puntos de vista enfrentados. (Son dos puntos de vista enfrentados o tres, también enfrentados, si incluimos o no la actual prédica de Movadef).

577890_539098792786760_1955942066_nSi recordamos cómo han informado los medios de Lima acerca del libro ‘Memorias de un soldado desconocido’, no hubo ningún ataque, desde ningún ángulo al autor, tampoco se dio ese reduccionismo que he descrito previamente, de los polos enfrentados, solo hemos leído o visto el relato de una vida excepcional durante un período tan complejo en el Perú.  Y el relato de esas experiencias de Gavilán, expresa de forma muy clara la complejidad de lo vivido durante el período de violencia, como destaca Eduardo Dargent en su columna de este domingo en Diario 16 acerca del libro.

Casi todos los comentarios acerca de la historia de Lurgio Gavilán, coinciden en que su libro debería leerse en las escuelas. Dargent aludió a la posibilidad de que quede en el olvido, pero hay muchos modos de evitarlo. Por ejemplo, el documentalista Fernando Vílchez, peruano que ganó un premio por un corto que presentó en el festival de cine de Berlín, está interesado en realizar un documental sobre esta historia.

El texto de Gavilán es valioso además, porque revela experiencias transformadoras, sea en instituciones o por pequeños actos y decisiones de personajes clave. El oficial del Ejército que le perdonó la vida cuando era un niño senderista, la religiosa que vio en él otro futuro posible, la tutora que le sugirió escribir. He pensado mucho en la función de la escritura, en castellano, para un peruano que aprendió a escribir tarde en su segunda lengua. También pienso en el valor del silencio, el estudio y la meditación, para procesar lo vivido, momentos que retrata al contar sus años en el convento franciscano.  Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos. El rescate de las dimensiones que componen lo humano es también esencial es este texto, no es solamente un buen texto de antropología y de memoria de la violencia.

También es importante tener en cuenta que este libro surge en un momento delicado. Hoy las comisiones e Constitución y de Justicia han aprobado el proyecto de ley de negacionismo. 2012 ha sido un año con varios casos de censura a trabajos artísticos que aludían al tiempo de la violencia en el Perú, incluso un documentalista Andrés Mego ha retirado de internet un video sobre la vida del ex senderista Julio Yovera, sobreviviente de la matanza en El Frontón, un documental que no critica los hechos de terror, pero tampoco los promueve, ni aprueba. Y la persecución legalista no es la mejor forma de lidiar con Movadef. Si queremos enfrentar las ideologías extremistas que justifican la violencia, tenemos que conocer quiénes son esos peruanos y sus ideas, justamente para encararlos en el plano de las ideas y no dejar al criterio policial la aplicación de una norma que deja demasiado espacio a la interpretación y subjetividad.

Lurgio Gavilán sostiene en su libro que no quiere hacer juicios de valor ni política partidaria acerca de lo que hicieron Sendero Luminoso y el Ejército, sin embargo su punto de vista no es neutral ni aséptico. Es político porque contiene una posición y una visión acerca del Perú, de los vulnerados, los discriminados, los despreciados y desconocidos por el Estado, tratados así desde antes de que surgiera Sendero Luminoso. Testimonia su paso por tres espacios clave, desde donde intentó cambiar lo que consideraba injusto, impropio o en desorden. Una palabra importante en el libro acerca de lo que ocurre en el Perú, es ‘huklla’, que en quechua significa ‘ser unidos’, estar unidos. Gavilán se pregunta por qué solo cuando juega la selección el Perú se siente así… y no en otros momentos. Esta visión de un Perú fracturado está en la esencia del libro. Esa forma de ver el país, creo, tiene resonancia o es similar a la obra de una artista plástica, Eliana Otta, curadora de una exposición llamada ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’: un cartel impreso en offset, un afiche grande, que comparto aquí con ustedes para cerrar esta presentación.

2012elianaotta

(*) El título alude a la histeria debido a dos menciones recientes a ese término. Una de Juan Carlos Ubillús, quien en la presentación del libro ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’ dijo de algunos artistas plásticos que sus trabajos tenían un componente de histeria al aludir a los problemas de la democracia en el Perú. El lunes último, el antropólogo Javier Torres también afirmó que los medios de comunicación limeños son histéricos.

Nota: este texto fue leído el 12 de diciembre de 2012 durante la presentación del libro ‘Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia’, en la que comentaron además Makena Ulfe, Ramón Pajuelo y el propio autor en la sede del IEP.

Anuncios

Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. “Tiene que quitárselo!”, le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. “Qué indignante”, comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, “es el colmo”, dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. “Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso”, comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

“La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes”, afirmó Boulangé.

Tarde lluviosa en la laguna Perol, adonde llegaron alrededor de 4000 personas por la visita de los facilitadores del diálogo el 18 de julio. (Fotos: J. Fowks)

“¡Lagunas naturales y no artificiales!”, “El agua no se vende, el agua se defiende”, “Éste es el pueblo que lucha por la vida”, escucho en los videos cuando se cumplen tres semanas del encuentro de miles de cajamarquinos con los facilitadores del diálogo por el conflicto del proyecto minero Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en tres de las lagunas que desaparecerían con las operaciones del proyecto minero Conga. Sin embargo, no hay aún novedades por parte del Ejecutivo para suspender el estado de emergencia en Cajamarca y continúa la violencia injustificada en las calles de Celendín.

En Lima, desde que el conflicto en Cajamarca llegó a las primeras planas -noviembre 2011- ha habido insistencia en responsabilizar de las movilizaciones al presidente regional Gregorio Santos y al ex dirigente Wilfredo Saavedra, que ocupó un cargo en el Frente de Defensa de Cajamarca. A ambos los han denominado azuzadores de la violencia ‘antiminera’; algunos incluyen también al activista y político Marco Arana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cajamarquinos es claro que -por su historia política- no basta con uno o dos políticos para gestar una causa. La tradición e institución de las rondas -desde la década de los años 80- obliga a tomar acuerdos y respetar la institucionalidad, que también se expresa en otras redes y organizaciones más pequeñas (como por ejemplo, beneficiarios de programas sociales, dirigencias de centros poblados, etcétera). Es también necesario decir que en el área de influencia del proyecto Conga, la mayoría de la población es rural y pobre, pero con organizaciones.

Cabalgata hacia la laguna Perol, algunos atravesaron con dificultad los bofedales (pantanos), otros bordearon la trocha luego de bajar de las colinas.

También los medios capitalinos insisten en que algún rezago del terrorismo (el radicalismo) mueve las protestas en Cajamarca, sin embargo, todos los que lideran la posición de ‘Conga no va’ (Saavedra no lidera) han contrarrestado los intentos de Movadef, que trató de colarse a algunas movilizaciones. Y, recordando el pasado de 1980 al 2000, Sendero Luminoso no pudo actuar en Cajamarca porque las rondas los combatieron y les ganaron.

El gabinete que dirige el primer ministro Juan Jiménez Mayor ha anunciado que evaluará si anulan el estado de emergencia siempre y cuando haya gestos de paz y retorno a la normalidad, por parte del presidente regional de Cajamarca. Sin embargo, la Policía Nacional no da esos gestos de normalidad, en particular en Celendín donde la semana pasada nuevamente agredieron fuertemente a jóvenes (y un menor de edad). En Celendín se originó la posición contraria al proyecto minero Conga. ¿Cómo puede entonces el gobierno exigir lo que sus fuerzas del orden incumplen?

Por otro lado, una nota del diario La República reveló el sábado que el Ministerio Público no es capaz de encontrar a los responsables de las cinco muertes por los tiroteos del 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca. Hay videos, tanto de la PNP como de ciudadanos, y también documentos donde queda la huella de las órdenes de la PNP y el Mininter que deben servir para llegar a los responsables. Entonces: ¿son estos los mensajes y los gestos para restablecer el diálogo en Cajamarca?

En la segunda laguna esperaban unas 500 personas a mediodía. (Foto: J. Fowks)

Han pasado tres semanas de esas tres visitas a las lagunas en riesgo por el proyecto minero. Una sola imagen que describa qué ocurrió, tendría que decir que cerca de cuatro mil peruanos, predominantemente rurales, llegados la mayoría por sus propios medios y teniendo que superar los controles de seguridad de la policía y de la seguridad privada de Conga, quisieron hacerle ver a los enviados, urbanos, el peligro de su modo de vida, o simplemente de su vida: por ejemplo, una mujer denunció que la empresa minera ha entrado a su casa a sacarla a ella y su hija con violencia, que ha matado sus animales, y que no le hacen caso porque no tiene un celular o una cámara para grabar y probar lo que dice.

A continuación, dos videos de algunas formas como los ciudadanos cajamarquinos llegaron a Perol, la tercera laguna visitada por Cabrejos y Garatea.

Más fotos del 18 y 19 de julio en las lagunas y en el centro de Celendín

Actualización de las 2:57 am.

El video ‘Estimado Roque’ del autodenominado ‘Colectivo nadie nos paga’ ha empezado a circular la noche del domingo:

<p><a href=”http://vimeo.com/47427158″>Estimado Roque</a> from <a href=”http://vimeo.com/user12935451″>Colectivo Nadienospaga</a> on <a href=”http://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

Corrección y actualización de las 17:30 del sábado.

A partir de un segundo contacto telefónico con Huallpaisla, a hora y media de Saramurillo, corrijo y agrego información: la base donde ocurrió el derrame pertenece a Petroperú y aún no encuentran la rotura del tubo. También la fuente indica que el petróleo llegó a 300 metros del río pero que, como están en temporada de crecida, están sólo a un metro de que el río llegue al nivel de inundación, y a eso se debió su declaración de la mañana.

Las autoridades de Huallpaisla, el presidente comunal Emerson Paniqui Arias y el teniente gobernador Eladio Avila Mori, y los de otras comunidades realizan ahora gestiones ante el juez de Saramurillo debido al derrame que ocurrió el miércoles 28 a las 3 pm. en la estación 1 de Petroperú.

La siguiente es la nota que publiqué esta mañana:

Desde el miércoles 28, operarios trabajan en Saramurillo (Loreto) retirando petróleo derramado sobre el río Marañón por Pluspetrol  Petroperú. Es la enésima vez. “Día y noche trabajan, quieren desaparecerlo: nuestros niños no pueden beber agua, es el tiempo en que el río está creciendo y está matando las plantas”, me dijo esta mañana vía telefónica Aquilino Canaquire, quien opera un locutorio a una hora y media -en pequepeque- de Saramurillo.

Canaquire indicó que algunas autoridades comunales han ido esta mañana a la zona del derrame, donde hay una base de Pluspetrol Petroperú, tendrán más información cuando ellos retornen. El lugar queda a 21 horas de Nauta en embarcación por río, en dirección a Yurimaguas. Otra fuente en la zona indicó que el derrame ha implicado dos turnos de trabajadores operando.

Espero ampliar luego la información.

Aquí una nota sobre un derrame anterior en el 2010

Ilustración de Markus Ronjam del 22 de noviembre 2011 (tomada de su FB).

Físicamente, Lima está a 861 kilómetros de Cajamarca, pero las tensiones que produce el proyecto minero Conga y la decisión del presidente Ollanta Humala de declarar el estado de emergencia desde hoy, revelan que  la distancia entre la capital y el departamento es muy superior a esos 861 kilómetros.

Una comitiva gubernamental encabezada por el primer ministro Salomón Lerner participó la mañana del domingo de una especie de ‘parada militar’ en la plaza de armas de Cajamarca y hacia el mediodía inició una reunión con autoridades y líderes locales y representantes de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.

Cuando ya habían acordado conformar dos mesas de trabajo (una sobre el proyecto Conga y otra sobre desarrollo en Cajamarca) hacia las 7 pm., los representantes del gobierno quisieron incluir en el acta el fin del paro regional. Los representantes cajamarquinos pidieron 24 horas para consultar con sus bases pero el gobierno no aceptó.

El viceministro de orden interno, Alberto Otárola -entrevistado por Nicolás Lúcar la noche del domingo- declaró que los representantes del gobierno se retiraron y que ya el presidente constitucional informaría las medidas para garantizar el orden interno. Y agregó: “y la moral está bien alta”, en una alusión innecesariamente confrontacional que anticipaba el anuncio del estado de emergencia por 60 días.

En el momento en que el diálogo se trabó, hubo también otros cuestionamientos por parte de los cajamarquinos hacia el Ejecutivo y que recuerdan el error del ministro Carlos Herrera cuando volvió a Lima en una nave de Yanacocha. Pese a que una nota de prensa de la PCM negó haber condicionado la firma del acta al levantamiento del paro, una declaración del premier muestra que cuando les pidieron tiempo para consultar el tema, ellos se negaron a concederlo (cfr. en el segundo 26).

Resultó paradójico que cuando faltaban pocos minutos para el inicio del estado de emergencia, que -entre otros- prohíbe el derecho de reunión, el ministro Lerner dijera que iban a esperar que los dirigentes consultaran a sus bases acerca del paro.

Líderes de opinión, incluidos asesores externos de Yanacocha como Sandro Venturo, y ciudadanos desacreditaron dicho pedido de tiempo para consultar con ‘las bases’, cuestionando la representatividad de los interlocutores del gobierno en la reunión realizada en el salón consistorial de la Municipalidad de Cajamarca. Es sabido que en organizaciones no capitalinas, sean andinas, amazónicas e incluso de colonos (mestizos) sus representantes sólo pueden tomar decisión acerca de lo previamente discutido, en caso contrario, ven como una mala práctica que el dirigente adopte una posición sin consultar.

La situación en Cajamarca es percibida con un lente distinto según la posición de cada quién. En los últimos días los comerciantes locales han aparecido más en los medios de comunicación quejándose de los perjuicios del paro, especialmente en la TV y radios capitalinas, y de otro lado están las organizaciones y ciudadanos que se sienten intimidados en el estado de emergencia debido a la gran cantidad de efectivos de la policía y del Ejército que han llegado en los últimos días al departamento.

Recordemos que efectivos de la Dinoes por lo regular resguardan (prestando servicio privado así como otros vigilan supermercados en sus días de franco) las instalaciones de Yanacocha, pagados por la empresa minera. Es difícil asumir que habrá neutralidad por parte de efectivos de la Dinoes cuando llegan a Cajamarca ahora una operación dispuesta por el Gobierno, no cuando están remunerados en sus descansos por la minera.

Un detalle sobre los medios de comunicación

Acerca del lente con el cual estos asuntos se ven y cómo se convierten en noticia, es interesante saber que el encargado de comunicaciones de Yanacocha, Roberto del Águila, pidió a Víctor Urquiaga, integrante de una empresa de monitoreo y asesoría de prensa, que le ayude a redactar los titulares de los diarios Expreso y Correo la noche del martes, poco antes de que el presidente Humala y el gerente de Yanacocha, Carlos Santa Cruz, anunciaran la suspensión del proyecto Conga.

Aquí el contenido del mensaje:

From: “Roberto Del Aguila” <Roberto.Delaguila@Newmont.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 19:32:38 -0500
To: <vurquiaga@corporacionpro.com>
Subject: Necesito titulares

Necesito que me ayudes para hacer los titulares para Expreso y Correo sobre el tema adjunto.

A las 8 pm sale Carlos anunciando esto.

rda

Al día siguiente, la volada y titular de primera plana de Expreso fueron:

Ante actos de violencia de “frentes de defensa” regionales, ultras e izquierda caviar

Conga en suspenso

Por su lado, el diario Correo tituló así:

Otra vez triunfa la irracionalidad

Se “chupan” con Conga

Yanacocha tira la esponja a pedido de timorato gobierno

El derecho de los cajamarquinos de proteger sus recursos y vivir en un entorno sano (cosa que perdieron en la provincia de Cajamarca desde que llegó Yanacocha en la década de los 90)  se ha estado presentado por lo general en los medios de forma sesgada hacia uno de los dos extremos. En uno acusan a los cajamarquinos de ser unos ‘pobres manipulados’ por extremistas que no quieren el desarrollo y quieren quedarse pobres. En el otro, están quienes hartos por las malas prácticas de la empresa minera, no confían en ella y se sienten traicionados porque el presidente Humala (al pasar de la preferencia por el agua a ‘el agua y el oro’ a la vez).

Estos dos discursos extremistas no conducen a ningún lugar y lo sabe el ministro Lerner, quien esta noche, al ser preguntado por Aldo Mariátegui en Canal 2 por qué dejaron entrar a la reunión a Wilfredo Santos, si él había estado preso por emerretista y no fue elegido por nadie, el premier respondió que no había que fijarse en su pasado. Sin embargo, la versión del extremismo estuvo esta misma noche en voz del viceministro del interior Otárola cuando declaró en el programa Punto Final, también en Frecuencia Latina.

La radio Ollantay fue una de las pocas emisoras regionales que durante el domingo por la mañana, cuando en Lima ningún medio informaba en vivo lo que ocurría, cubrió en vivo el izado de la bandera y las palabras de Lerner en la plaza de armas. El conductor de la emisora dijo que los cajamarquinos no cayeron en las provocaciones, cuando les impidieron el acceso en la plaza -y sí permitieron el ingreso de personas vinculadas a Yanacocha- y cuando no dejaron entrar a la mesa de diálogo a representantes que figuraban en las listas elaboradas por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Regional para ese fin.

Si buscan información desde el lugar, de personas que hacen un esfuerzo por no sesgarse hacia una u otra posición, sino indicar qué ocurre (y qué no) les recomiendo seguir en Twitter a @jaimeherreracaj @alanele y @gisellaore Un tuitero con un poco de ají en sus opiniones pero verifica lo que dice es @jsudaka el enviado de @larepublica_pe

Otros datos de Yanacocha-Newmont-Odebrecht:

La semana pasada circuló esta oferta de trabajo para un ingeniero que sea director regional -basado en Cajamarca– de los proyectos de Newmont en Sudamérica. En los términos de referencia mencionaban -en el aviso de hace unos días ya no disponible– algunas de las empresas que Newmont subcontrata o subcontrataría para Conga. Entre ellas, Fluor, una subsidiaria de Odebrecht. En el aviso actualmente disponible, la línea con los nombres de las empresas ya no figura.

La semana pasada las páginas de Facebook de Utero.pe y de ‘Mi mina corrupta‘ (de Celendín) y el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ aludieron al vínculo comercial entre Newmont-Yanacocha en el proyecto Conga con la constructora brasileña Odebrecht y vale la pena estar alerta a ese vínculo. Fluor, en joint venture con Odebrecht ganó el proyecto de ingeniería y construcción del proyecto Conga. Ya hemos mencionado en La República y en este blog acerca de la posibilidad de que el asesor presidencial Luis Favre, militante del PT de Brasil, sea quien vela -desde su posición privilegiada en Palacio de Gobierno- por intereses de compañías brasileñas.

Actualización de las 15:13 del lunes 5 de diciembre: Olvidé recordar que el funcionario de Yanacocha César Humberto Cabrera es un antiguo conocido de Luis Favre.

Incluyo además la respuesta de Roberto del Aguila, aludido en este post , quien explica su comunicación con Urquiaga acerca de los titulares para Correo y Expreso y me aconseja cómo hacer periodismo. Gracias. Desconozco si Urquiaga le respondió o no porque no he visto más correspondencia ajena.

El diario La Primera publica hoy un interesante texto de Claudia Cisneros acerca de la discusión de fondo pendiente sobre la responsabilidad de la revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA).

Actualización de las 23:52 del lunes 5: Finalmente, el diario Correo replicó en su conocido estilo luego de conocer la carta de Roberto del Aguila.

Con Roberto Bustamante (moderador) y Marco Sifuentes durante el coloquio 'Los medios que queremos'. (Foto: Ada Quintana)

A inicios de octubre intervine en el coloquio ‘Los medios que queremos’ organizado a propósito de los 100 años del nacimiento del teórico canadiense Marshall Mc Luhan. Reproduzco el texto que preparé: escribí más de lo que era posible decir en 20 minutos.

Una de las tesis más difundidas a la fecha es que hay una cantidad ilimitada de información a la que todos podemos acceder. En esta intervención revisaremos algunas circunstancias y datos para debatir ese lugar común, reconociendo la fragmentación de las noticias y las vías por las cuales nos enteramos de ellas. También plantearemos algunas ideas de qué tipo de medios cumplen con lo que los diferentes públicos esperan en una sociedad como la peruana y discutiremos si, en casos recientes de noticias de gran repercusión, los medios se comportaron como queremos.

Quisiera destacar  algunas noticias recientes en las que es posible notar cuánta diferencia, distancia o indiferencia hay en los medios capitalinos hacia algunos tipos de peruanos que protagonizan las noticias. Sirven para ver con claridad esas brechas en la pluralidad y la representación justa.

 Estos tipos de peruanos a quienes los medios tratan de forma distinta al representarlos en las noticias son los pobres urbanos de Lima, los pobres no urbanos del Perú, y eventualmente los niños, los homosexuales y mujeres. Las clases medias y altas urbanas de Lima suelen recibir un trato más decoroso, respetuoso. Podemos hacer más clasificaciones de los tipos de peruanos que representan y presentan los medios de forma injusta o poco respetuosa, pero el tiempo es limitado en esta mesa.

Un menor de la barra del Cienciano muerto por una bala de un policía cuando caminaba antes de un partido (algunos medios indican que tenía 19 años): la noticia apareció en agosto último en Frecuencia Latina, Peru21 y Ojo, pero no en el resto de medios capitalinos. La semana pasada hubo un asesinato de un ciudadano awajún en Cantash (Padre Abad, Ucayali) a manos de un colono armado que había invadido tierras. Sin embargo la situación de ‘tierra de nadie’ y las muertes en dichos escenarios parecen importar poco a los grandes medios limeños; pudimos abordar el asunto en la plataforma La Mula. Algo similar ocurre con las muertes y enfermedades de los Candoshi afectados por hepatitis B en la selva norte del país: no suficientemente visibles para los limeños y el ministerio de Salud que en Lima debe decidir medidas para afrontar este problema hace años. Tampoco hubo mucha atención en los medios capitalinos a religiosos que en el último año han enfrentado ya sea procesos administrativos o acusaciones fiscales debido a que apoyaron reivindicaciones de ciudadanos que se enfrentaban con grandes empresas que construían megaproyectos. Uno fue el caso reciente del obispo de Puerto Maldonado, quien respaldó a afectados por la construcción de la carretera Interoceánica. Otro fue un religioso inglés.

Casos más graves: la representación de los nativos que protestaban en Bagua en 2009. Este año, la desinformación sobre las demandas de Puno –contra la minería formal y la informal- que desatendidas por el gobierno y no cubiertas por los medios capitalinos llevaron a hechos violentos y extremos en junio último. De tal forma que la representación de quienes exigen respeto a sus derechos, o su agua, sus bienes o su vida, terminan apareciendo simplemente como ‘violentos’ porque les prestan atención solamente en el momento más extremo, cuando ya no saben a qué acudir para obtener alguna respuesta o solución. Y entonces el estereotipo de violentos se repite.

Una discusión similar hubo cuando asesinaron a Paola unos barristas de la U, al lanzarla de un bus en la Av. Javier Prado: hubo críticas por la gran atención de los medios a los problemas de inseguridad ciudadana a raíz de ese caso a diferencia de otros que no causan ningún revuelo ni reacción. Similar fue la cobertura del ataque a la hija del congresista Renzo Reggiardo: gran atención e incluso infracción del Código del Menor y del Adolescente (cuando el diario El Comercio publicó la foto de la niña en primera plana y Frecuencia Latina usó imágenes de ella sin mosaico).

¿Qué diría McLuhan si viera los medios limeños ahora, en la línea de ‘los medios son el mensaje? Quizá, que el ansia por el rating y la aceleración o la velocidad, los llevan a producir información poco precisa, con errores y que, peor, promueven representaciones injustas y poco respetuosas de los ciudadanos y los niños peruanos. En síntesis, por lo general vemos que a menor nivel socioeconómico, peor representación en los medios, especialmente si nos referimos a los noticiarios de señal abierta.

Otros casos recientes, lamentables, en ese mismo sentido fueron el reporte en vivo de un periodista de Buenos Días Perú sobre un cuerpo encontrado en el puente Atocongo. El reportero dijo que estaba tirado, “en un basural” y no era un basural. Hubo poco cuidado en la forma de aludir a la víctima de un asesinato. Luego, otra noticia de Panamericana y sobre la que intercambié ideas públicamente en Twitter con Augusto Thorndike, director de prensa de dicho canal: pregunté que necesidad había de mostrar semidesnudo, en cámara, a un joven ayacuchano que sufre de gigantismo y desviación de la columna. Thorndike respondió que si no lo traían a Lima, se moría. Insistí indicándole que no cuestionaba su traslado a Lima, sino la exposición del cuerpo (minuto 15’32”). Respondió diciendo que había “mala onda” en mi comentario, pero no mostró intención de revisar si estuvo bien o mal lo que presentaron.

Otros casos lamentables en setiembre, en los que los medios no tuvieron cuidado con la forma en que exhibían el nombre y o la identidad de niños víctimas de delitos fueron una menor cuyo padre intentó violarla en Chimbote, en ese caso quedó evidente la identidad. También ocurrió lo mismo con uno de los niños muertos por envenenamiento en Redondo, Cajamarca. Un canal mostró un video de un niño cuando tenía los síntomas de intoxicación –en primer plano–, incluso el reportero le preguntó cómo se sentía. Pocos segundos después, en off, la afirmación de que luego murió.

Los medios que informan de esa manera, no son los medios que quiero. Y parece ser que esta opinión es compartida por algunos otros televidentes según una encuesta encargada por Concortv a Ibope Time en 2009. El tipo de contenidos de la TV que rechazan en primer lugar: son los que tienen violencia (diapositiva 34). También rechazan el trato discriminatorio, las palabras groseras-insultos y escenas o frases en doble sentido.

Otra representación no apropiada y además, con poca cobertura informativa, fue la denuncia por acoso sexual de  una capitana de la PNP contra el director general de la institución, Raul Becerra. Pocos medios, entre ellos canal 5, le dieron cabida al tema al inicio. Sin embargo, no hubo seguimiento al caso: el viernes último Jaime de Althaus fue uno de los pocos periodistas que mencionó que estaría a punto de cometerse un abuso con un suspensión de la oficial, alegando un pretexto.

Brechas e ilusión de que ‘todos’ estamos conectados

Discreparé con Marco Sifuentes, quien en su columna del último domingo sostiene que el incremento del uso de teléfonos inteligentes va lento, pero seguro y es una tendencia irreversible. Afirma que ello permitirá un equilibrio en el acceso a internet que actualmente no existe, porque especialmente en la Amazonía, el acceso a internet es mínimo. Menciona cifras de una encuesta de Apoyo: Mientras que en Lima el 63% se conecta al menos una vez al mes (bordeando el 90% en sectores A/B), en las ciudades del Oriente sólo el 35% se conecta al menos una vez al mes y, de hecho, sólo el 9% tiene Internet en sus hogares.

Yo agregaré cifras de la encuesta de hogares de INEI, con datos que llegan hasta junio de este año: El 30,3% de los hogares de Lima Metropolitana contaban con servicio de internet, el 16,4% de los hogares del resto urbano y apenas el 0,7% de los hogares del área rural. Incluso, me preocupa más aún si usando sus dispositivos móviles, ciudadanos de regiones distintas a Lima suben su información a la red y en la capital no hay ningún eco ni preocupación, como suele ocurrir, por lo general.

Es verdad que para el alto porcentaje de población capitalina conectada a internet, los medios de comunicación han ido  ‘evolucionando’ en términos técnicos, tanto en transmisiones en vivo en línea como en el uso de las redes sociales, pero ¿de qué sirve si los contenidos no van a la par? Ello ocurre cuando quienes dirigen los medios continúan con esquemas o estereotipos de lo que es noticioso y lo que no. O cuando tienen una idea sobre qué es respeto a la imagen de ciertas personas pero que no se aplica para otro tipo de población para quienes no se consideran normas acerca de su identidad e imagen.

Esta semana en canal 5 juntaron a José Pablo Baráybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense; Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y a la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza, cada quien desde su ángulo reconoció que vivimos en una sociedad en la que la violencia aparece como un hecho más de cada día. Fue poco común que coincidieran en este aspecto y que pudieran dialogar alturadamente, sin ataques mutuos.

Creo que es importante, aunque parezca obvio, recordar que los medios producen contenidos y que detrás de ellos están siempre personas y organizaciones, con valores, ideologías, puntos de vista, intereses, estereotipos. Los medios no son entidades abstractas ni automáticas.

Volviendo a la máxima de Mc Luhan sobre ‘los medios son el mensaje’, en Lima hay un sentido común en algunos diarios digitales que aparentan no preocuparse con la calidad de contenido con tal de generar una gran cantidad de visitas. Por ejemplo, en el caso del diario El Comercio argumentan que el público demanda tales contenidos y que responden simplemente a lo que el público quiere. (“La cortísima falda de Jennifer Garner le jugó una mala pasada” puede ser uno de esos titulares que colocan y atraen el mayor número de visitas) Esto nos lleva a una discusión de hace más de once años, cuando por primera vez veíamos el alto rating de los programas de Laura Bozzo. Una tendencia similar ocurre en RPP, aunque con menor frecuencia, pues genera contenidos a partir de las etiquetas más populares o más solicitadas (SEO). En los meses anteriores una etiqueta muy aprovechada por los medios en general ha sido Ciro o Rosario Ponce. Es casi la sinrazón del huevo o la gallina: ¿cómo empezar: dar lo que el público pide, ofrecer lo que asegura visitas fáciles, colocar ‘hard news’ en lugares visibles y no sólo las soft news o infoentretenimiento? Otros diarios latinoamericanos de referencia, en sus ediciones en línea no aplican el razonamiento de atraer prioritariamente al público con infoentretenimiento: hay un filtro mayor a pesar de que también pretenden generar una gran cantidad de tráfico. Las hard news con buen reportaje o las opiniones y análisis tienen también una gran cantidad de visitas y están entre los contenidos con mayor cantidad de visitas o también los más compartidos.

¿Podríamos decir entonces que los medios periodísticos en internet generan demasiado contenido superficial? Sí, ocurre en Lima con por lo menos un par de medios de referencia en línea. Y con más medios en línea no considerados de referencia (como Terra y Peru.com).

Sin embargo, es posible encontrar también en línea otras iniciativas de periodismo de calidad, de periodismo en profundidad y de periodismo de investigación que aprovechan las características de la internet y las redes sociales: un bajo costo de publicación y la posibilidad de llegar a públicos diversos y amplios que procuran otro tipo de información que encuentran cada vez menos en los medios tradicionales.

En Lima mencionaré las iniciativas de La Mula e IDL-Reporteros. En Arequipa, el semanario El Buho (que antes era sólo impreso). En Colombia, de los medios ‘tradicionales’ entre comillas, la revista Semana. De los nuevos medios colombianos: La Silla Vacía. En Guatemala, Plaza Pública, una iniciativa de un periodista Martín Rodriguez que hizo un ‘joint venture’ con la universidad jesuita. En El Salvador, la publicación El Faro, de Carlos Dada quien ha obtenido este año el premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia.

El jurado dijo en esa ocasión: “Desde su aparición en 1998, El Faro ha mostrado cómo un medio digital puede superponerse a las barreras de costos y ofrecer un periodismo honesto y de alta calidad, en una región donde los parámetros del periodismo son bajos y muchos de los medios están altamente parcializados e incluso son corruptos”.

Dada también recibió un premio de periodismo de investigación este año por el reportaje ‘Así matamos a monseñor Romero’, el arzobispo Oscar Romero, asesinado por un escuadrón de la muerte en 1980.

Hay otro tipo de iniciativas informativas en la red, ligadas a la agenda de organizaciones no gubernamentales pero que también están haciendo periodismo especialmente en las regiones. Una de las que se ha hecho más visible es Noticias Ser, especialmente en momentos como en junio último, cuando los medios nacionales y capitalinos no prestaban atención a las demandas de Puno, entre la primera y la segunda vuelta electoral Y en algunos casos se trataba de demandas con dos años de antigüedad.

También mencionaré en Lima a Infos, del Instituto Prensa y Sociedad, que cubrió oportunamente en profundidad, los problemas del transporte en Lima, pocos días después de la muerte del fotógrafo Ivo Dutra.

Pensar en los medios que queremos básicamente implica pensar la sociedad que tenemos y la sociedad que queremos.

Otras referencias interesantes acerca de espacios de comunicación valientes y con contenido significativo fueron este año los blogueros árabes, incluso mencionados como posibles candidatos al Premio Nobel de la Paz. Es un momento en el que Al Jazeera ha ganado un reconocimiento global por su cobertura informativa en línea de las revoluciones árabes y del norte de Africa. Es un momento en el que los WikiLeaks, un espacio de generación de información en la red, plantearon nuevos retos al trabajo periodístico en los diarios más importantes del mundo.

Pero internet también es un mundo vulnerable a bloqueos, filtros, a eliminación de los contenidos. Y las redes sociales no son aún todo lo democratizadoras que quisiéramos en nuestro país. No tenemos cifras equivalentes de acceso a educación superior como en Túnez, donde hubo una revolución que usó las redes sociales y se gestó debido a información difundida por WikiLeaks.

El relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión y opinión, Frank La Rue ha mostrado que los espacios de gobierno de Internet cada vez reciben más presiones de los países más ricos que quieren tomar más decisiones sobre la administración de dominios y ha dejado de ser un espacio donde todos los interlocutores tienen peso equitativo. Recordemos que en recientes episodios sean de revoluciones y revueltas, los gobiernos (como en Egipto) bajaron todos los servidores para anular el servicio de internet. Recordemos que en Inglaterra, cuando ocurrieron los disturbios y saqueos de inicios de agosto, la empresa Blackberry anunció que colaboraría con la policía para identificar a los jóvenes que utilizaron su móvil para incitar a la violencia en las calles. Lo que intento decir es que ni las redes sociales son totalmente libres y democráticas, es un espacio donde el orden y el control está muchas veces en las corporaciones y los estados, que administran las redes, los servidores, los servicios, etcétera.

En el Perú estamos a medio camino entre la devoción a lo nuevo en las tecnologías para los medios, pero a la vez, vemos aún rezagos del pensamiento de las reparticiones y la encomienda, aquellas instituciones del virreinato que discriminaban a quienes ahora son llamados ‘pueblos originarios’.

USB proporcionado por Yanacocha, cuyo contenido no fue posible abrir, descansa sobre texto de hoy del diario Gestión.

El paro de hoy en Cajamarca, las declaraciones de ayer del premier Salomón Lerner y del funcionario de la PCM Víctor Caballero, y la postura de representantes de la minera Newmont y sus asesores externos de comunicación son un round más en el debate y tensión sobre la inversión de industrias extractivas en el Perú.

Hemos vuelto a escuchar a funcionarios de la minera calificando de “manipuladores, políticos y sin criterio técnico” a quienes cuestionan el proyecto Conga. Y, también, escuchamos a activistas y líderes con cargos de representación política que rechazan el proyecto debido a los impactos de la minería.

Cada parte, como siempre, se ubica en el extremo opuesto, y en días como éste, de paro en Cajamarca, la dinámica básica de las comunicaciones consiste en que un sector ataca al otro y viceversa.

El vocero de comunicaciones de Newmont, Roberto del Aguila, dijo esta mañana en una entrevista con este blog y La Mula, que la empresa acepta que el gobierno revise el estudio de impacto ambiental (EIA). “No queremos paralizar un día, queremos favorecer a Cajamarca; si hay que corregir algo, se corregirá”.

Un asesor legal de la minera, Luis Miguel Pigati, se refirió a otra cuestión si el gobierno determinaba que paralizaran operaciones mientras ocurriera la revisión del EIA: “¿qué hacemos con las siete mil personas que están trabajando ya?”. Sin embargo, el abogado aludió a trabajos de canaletas o pequeños movimientos de tierra.

Pigati informó que la operación Conga ha gestionado ya permisos para dos de cuatro reservorios (o cinco, añadió en un momento) y aún requiere tramitar otros dos, el de concesión de beneficio y el de plan de minado; pero no empieza aún la construcción de ninguno. El abogado se ofusca ante las críticas de quienes “ni siquiera han abierto el estudio de impacto ambiental”. Los reservorios deben servir para asegurar la provisión de agua en los meses de seca debido a que la operación se localiza en una cabecera de cuenca, es decir, en una zona alta que capta aguas de lluvia y en la que resultan afectados directa e indirectamente 31 comunidades.

Según Dow Jones, el pasado jueves, Yanacocha decidió suspender sus operaciones en Conga debido a las protestas locales. Entonces, ¿por qué dicen que no quieren paralizar?  De acuerdo a la misma información, el proyecto requiere una inversión de entre 4 mil millones a 4.8 mil millones de dólares, debe comenzar en 2015 y durante los primeros cinco años producirá de 580 mil a 680 mil onzas de oro y de 155 a 235 millones de onzas de cobre.

A nombre de Yanacocha-Newmont, los voceros indican que el proyecto Conga es conforme a ley, que han entregado todos los documentos, que su EIA ha sido hecho por prestigiosas compañías, que su ex funcionario de recursos humanos no fue quien aprobó el EIA al entrar a trabajar al Ministerio de Energía y Minas sino otra empleada. Pero, recordemos, cuánto papel y cuánto trámite aceptó el gobierno de Alan García, saltándose normas constitucionales y el sentido común, con el fin de promover la inversión en industrias extractivas. La empresa no ha comprendido aún que tiene una historia de pasivos ambientales y de prácticas irregulares de seguridad en Cajamarca y que es comprensible si no tiene credibilidad.

Cuando se les recordó del acuerdo secreto que firmaron con Sedacaj, la entidad responsable del agua en Cajamarca, respondieron que no era secreto, que cualquiera podía pedirlo (claro, siempre y cuando alguien supiera que existía tal convenio). Cuando se les recordó que han quitado agua a comuneros que tenían acceso al líquido y que ahora tienen que comprarla a precios caros y traerla en movilidad, respondieron que con cada parte han ido negociando sobre el tema. Del Águila incluso preguntó qué casos son aquellos. Me pareció un poco insultante la pregunta.

Por si alguien más no tuvo antes información sobre el problema de agua causado por Yanacocha en Cajamarca, aquí un texto de Servindi con varios datos puntuales. Un documental titulado ‘Una vida sin agua’ ha sido retirado de Vimeo, y mostraba casos sobre el mismo tema. Sin embargo, una nota en inglés acerca del autor del documental rescata el trabajo realizado con muestras de agua en la zona de operaciones de Yanacocha.

Síntesis 1: la historia reciente de Yanacocha-Newmont acerca de su relación con las comunidades, en cuando a seguridad y medio ambiente los coloca en la situación que enfrentan hoy: es decir, sus opositores tienen argumentos. Vale recordar que la empresa no reconoce totalmente su responsabilidad por las secuelas del derrame de mercurio en Choropampa o logró arreglos extrajudiciales no proporcionales a la dimensión de la afectación. En cuando a seguridad, un informe del año 2009 evidenció las prácticas ilegales e irregulares de personal de Forza y también de policías remunerados por la empresa, especialmente por lo ocurrido en Combayo. Cuando en 2010 solicité una entrevista para indagar qué prácticas de seguridad habían cambiado a raíz de esa evaluación y las recomendaciones, la empresa se negó a responder sobre el tema.

Síntesis 2: Hace minutos, el periodista Juan Carlos Tafur sostuvo que si fuera él el inversionista de Conga, preferiría dilatar el inicio de operaciones con tal de haber respondido todas las dudas y alcanzar todos los acuerdos necesarios. Eso sería lo más recomendable, pero como se trata de Newmont es raro que ocurra así. Si bien el gobierno actual de Ollanta Humala -con el premier-empresario Salomón Lerner y el ministro-empresario Caillaux- mantiene una posición pro empresarial, ha sido momento de los actores políticos cajamarquinos de presionar para presionar por más garantías o más fondos. Es lo que ha ocurrido en los últimos años en casi cada lugar a donde ha llegado la inversión extranjera con el discurso (anterior) del perro del hortelano y donde sólo la confrontación permitía a las comunidades obtener algo a cambio de su agua o sus territorios. Las leyes ni el Estado han asegurado hasta el momento, proporcionalidad y equidad en las negociaciones entre empresas y comunidades. Es aún un acertijo si la ley de consulta previa permitirá otro rumbo en adelante.

Aquí el blog del proyecto Conga

Aquí un pronunciamiento de una red de ONG que cuestionan aspectos técnicos del EIA.