Dejar la histeria* Un comentario al libro de Lurgio Gavilán

El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

Supe del trabajo de Lurgio, en octubre de este año, gracias a alguien que había leído borradores de sus textos corregidos en 2006 y que vio -en el muro de FB de un amigo- el anuncio de la presentación de su libro en México. Ello me llevó a contactarlo, vía Facebook también, para entrevistarlo mediante una videollamada.

A los pocos días, publiqué una nota en el diario El País, en la que daba cuenta de su historia, una historia que sale a la luz en un país donde, dije, hay dificultades para abordar el período de la violencia en el Perú en el espacio público, pues el tema del conflicto armado interno de inmediato genera bandos,  controversias y, en muchos casos, mentiras para atacar a un sector o a individuos con quienes no se está de acuerdo.  Este tipo de debate sobre la memoria, especialmente en Lima, es literalmente un espacio de competencia, en el que un grupo o algunos líderes de opinión -unos con más voz y poder político que otros- atacan a los que ven como enemigos.

Militares en retiro, fujimoristas y simpatizantes fujimoristas, políticos que se autodenominan de centro o independientes o que solo quieren el ‘avance’ o ‘desarrollo’ del Perú, empresarios (como el ex ministro Oscar Valdes), periodistas, expertos, etc. han identificado entre sus enemigos a los ex miembros de la Comisión de la Verdad y a todos quienes citen el informe final de la CVR. También son ‘enemigos’ los organismos, activistas y abogados de derechos humanos, las ONG, los artistas, periodistas, intelectuales y familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos por las fuerzas del orden. Los llaman defensores de terroristas, o terroristas, o terrucos, o comunistas o caviares, o extremistas, o ultras o rojos. Les atribuyen también un odio o falta de respeto hacia las fuerzas armadas, dado que nunca se preocupan por los derechos humanos de ellos, de los que salvaron al Perú de Sendero Luminoso. (¿Quién defiende los derechos humanos de los policías, de los soldados?, suelen preguntar en medio de gritos o de llanto o en conversaciones en el taxi o en una esquina). Les achacan que solo les importan los derechos humanos de los terroristas (y esto también lo menciona Carlos Iván Degregori en su texto introductorio del libro). Señalan que se le hace un favor a SL al usar el término conflicto armado interno, porque se les reconoce como ‘combatientes’ como si hubiera habido aquí una guerra. Sostienen que solo hubo terrorismo y del otro lado pacificación, lucha contra el terrorismo.

Todo esto es visible en sus comentarios en los medios, en el Congreso, en iniciativas de ley, pero también ha sido visible en hechos en las calles, como cuando un grupo de personas –¿o vándalos? – echó pintura naranja en el memorial llamado ‘Ojo que llora’, a pocos metros de aquí en Jesús María. Un memorial, dicho sea de paso, cerrado para el ciudadano de a pie, e incluso difícil de visitar si uno no realiza un trámite.

Las personas e instituciones a quienes ataca ese primer grupo -en el debate político, en los medios o en eventos públicos- estos activistas, abogados, académicos, intelectuales, ex miembros de la CVR, etc. se defienden, usualmente recordando los delitos cometidos por las fuerzas del orden desde 1980 o cometidos también por miembros del gobierno de Alberto Fujimori. Intentan que quienes trabajaron para el Estado reconozcan que hubo violadores de los derechos humanos y que no cumplieron con la función del Estado de proteger a la persona. Recuerdan también que los grupos terroristas cometieron la mayor cantidad de muertes en los años del conflicto armado interno. Suelen recibir no solo insultos, sino también amenazas; a veces han sufrido seguimiento, reglaje, etcétera, por parte de las fuerzas de seguridad. En pocos casos tienen una experiencia saludable en su relación con las fuerzas del orden o quienes la representan. Vivimos ya al menos una década en esa dinámica de polarización, de tensión, de maniqueísmo, de reduccionismo (si se quiere, de histeria) a dos partes enemigas. Este año, se ha agregado un actor nuevo entre comillas, Movadef, que también lleva al extremismo el enfoque de los asuntos relativos a la violencia pasada y a la actual.

Este escenario de polarización existía desde la década de los años 80 pero se refuerza, ahonda o agrava luego de la producción del informe final de la CVR. En aquel tiempo, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde y las FFAA criticaban los informes de Amnistía Internacional sobre violación a los derechos humanos en el Perú; por otro lado, las FFAA trataron de manera intimidante a personas como Pilar Coll cuando fue secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una vez planteado esto, puedo entonces decir uno de los motivos por los cuales es tan valioso este libro del antropólogo Lurgio Gavilán: porque lleva la cuestión, el asunto, el tema a otro lugar, a otro punto de vista, un enfoque que destierra el reduccionismo, el facilismo y la simpleza de los polos, de  los dos puntos de vista enfrentados. (Son dos puntos de vista enfrentados o tres, también enfrentados, si incluimos o no la actual prédica de Movadef).

Si recordamos cómo han informado los medios de Lima acerca del libro ‘Memorias de un soldado desconocido’, no hubo ningún ataque, desde ningún ángulo al autor, tampoco se dio ese reduccionismo que he descrito previamente, de los polos enfrentados, solo hemos leído o visto el relato de una vida excepcional durante un período tan complejo en el Perú.  Y el relato de esas experiencias de Gavilán, expresa de forma muy clara la complejidad de lo vivido durante el período de violencia, como destaca Eduardo Dargent en su columna de este domingo en Diario 16 acerca del libro.

Casi todos los comentarios acerca de la historia de Lurgio Gavilán, coinciden en que su libro debería leerse en las escuelas. Dargent aludió a la posibilidad de que quede en el olvido, pero hay muchos modos de evitarlo. Por ejemplo, el documentalista Fernando Vílchez, peruano que ganó un premio por un corto que presentó en el festival de cine de Berlín, está interesado en realizar un documental sobre esta historia.

El texto de Gavilán es valioso además, porque revela experiencias transformadoras, sea en instituciones o por pequeños actos y decisiones de personajes clave. El oficial del Ejército que le perdonó la vida cuando era un niño senderista, la religiosa que vio en él otro futuro posible, la tutora que le sugirió escribir. He pensado mucho en la función de la escritura, en castellano, para un peruano que aprendió a escribir tarde en su segunda lengua. También pienso en el valor del silencio, el estudio y la meditación, para procesar lo vivido, momentos que retrata al contar sus años en el convento franciscano.  Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos. El rescate de las dimensiones que componen lo humano es también esencial es este texto, no es solamente un buen texto de antropología y de memoria de la violencia.

También es importante tener en cuenta que este libro surge en un momento delicado. Hoy las comisiones e Constitución y de Justicia han aprobado el proyecto de ley de negacionismo. 2012 ha sido un año con varios casos de censura a trabajos artísticos que aludían al tiempo de la violencia en el Perú, incluso un documentalista Andrés Mego ha retirado de internet un video sobre la vida del ex senderista Julio Yovera, sobreviviente de la matanza en El Frontón, un documental que no critica los hechos de terror, pero tampoco los promueve, ni aprueba. Y la persecución legalista no es la mejor forma de lidiar con Movadef. Si queremos enfrentar las ideologías extremistas que justifican la violencia, tenemos que conocer quiénes son esos peruanos y sus ideas, justamente para encararlos en el plano de las ideas y no dejar al criterio policial la aplicación de una norma que deja demasiado espacio a la interpretación y subjetividad.

Lurgio Gavilán sostiene en su libro que no quiere hacer juicios de valor ni política partidaria acerca de lo que hicieron Sendero Luminoso y el Ejército, sin embargo su punto de vista no es neutral ni aséptico. Es político porque contiene una posición y una visión acerca del Perú, de los vulnerados, los discriminados, los despreciados y desconocidos por el Estado, tratados así desde antes de que surgiera Sendero Luminoso. Testimonia su paso por tres espacios clave, desde donde intentó cambiar lo que consideraba injusto, impropio o en desorden. Una palabra importante en el libro acerca de lo que ocurre en el Perú, es ‘huklla’, que en quechua significa ‘ser unidos’, estar unidos. Gavilán se pregunta por qué solo cuando juega la selección el Perú se siente así… y no en otros momentos. Esta visión de un Perú fracturado está en la esencia del libro. Esa forma de ver el país, creo, tiene resonancia o es similar a la obra de una artista plástica, Eliana Otta, curadora de una exposición llamada ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’: un cartel impreso en offset, un afiche grande, que comparto aquí con ustedes para cerrar esta presentación.

(*) El título alude a la histeria debido a dos menciones recientes a ese término. Una de Juan Carlos Ubillús, quien en la presentación del libro ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’ dijo de algunos artistas plásticos que sus trabajos tenían un componente de histeria al aludir a los problemas de la democracia en el Perú. El lunes último, el antropólogo Javier Torres también afirmó que los medios de comunicación limeños son histéricos.

Nota: este texto fue leído el 12 de diciembre de 2012 durante la presentación del libro ‘Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia’, en la que comentaron además Makena Ulfe, Ramón Pajuelo y el propio autor en la sede del IEP.

 

Cinco próximas audiencias de juicios por crímenes 1980-2000

Un lector pidió que informe las fechas de próximas audiencias públicas de los juicios por violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Aquí están:

– Martes 11/09     9 am caso desapariciones Sótanos SIE en la sala de audiencias de la Base Naval del Callao.

10 am caso Cabitos (desapariciones y muertes 1983) en Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)
– Miércoles 12/09 12 m. caso Pucará en la sala de audiencias del penal Castro Castro (San Juan de Lurigancho)

12.30 caso Chuschi en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)

– Jueves 13/09      De 10 am a 5 pm. caso Accomarca (muertes por causa del Ejército, 1985) en el penal Castro Castro.

 

El pasado violento no terminó: vive en audiencias judiciales

Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. «Tiene que quitárselo!», le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. «Qué indignante», comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, «es el colmo», dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. «Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso», comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

«La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes», afirmó Boulangé.

 

Versión oficial dará Perú hoy sobre Bagua en Ginebra

Programación del informe del Perú hoy y mañana.

El Gobierno tendrá que explicar hoy y mañana en Ginebra qué ocurrió en Bagua el 5 de junio y qué ha hecho para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Expresará públicamente ante el Comité de eliminación de discriminación racial de Naciones Unidas (CERD) que: «el Perú es suscriptor de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos o ambientales en general y de los derechos indígenas en particular. El más importante de ellos, el Convenio N.º 169 de la OIT». ¿En serio? Y si es el más importante por qué no consultó los decretos legislativos el año pasado? Ratificar convenios no es igual a cumplir.

El informe del Perú está en línea y es un ejemplo más de que -en papel o en PDF- el país puede parecer respetuoso de los derechos indígenas porque ha aprobado ciertos dispositivos, pero no transparenta su no aplicación. Para muestra, sostiene que «la 11.ª política del Acuerdo Nacional constata que en el país aún subsisten diversas expresiones de discriminación e inequidad social y resalta el compromiso del Estado y de las distintas fuerzas políticas por dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades».

Los mensajes de AGP del 28 de julio y de la primera semana de junio, y ahora el de Aurelio Pastor, no sólo no promueven ni defienden la igualdad de oportunidades sino que atacan a quienes pretendieron defender su derecho a la consulta. El ministro de Justicia defenderá al Estado peruano explicando que ‘intereses económicos’ azuzaron a la población nativa en su contra.

El caso de las minas Dorato y Afrodita en la frontera con Ecuador es muy claro acerca de cómo el Estado toma parte por las empresas y no por los derechos de las comunidades del Cenepa al entregar concesiones mineras en una zona no permitida para operaciones extranjeras. Ver una buena entrega al respecto en la revista Poder.

El premier no declaró en este tiempo sobre las cuatro mesas técnicas que han estado trabajando como parte del Grupo de Coordinación del Desarrollo de la selva, pero ayer domingo Perú.21 divulgó que Velásquez Quesquén mencionó el compromiso firmado por su antecesor, incluida la formación de una comisión que investigue los hechos del 5 de junio.

Si bien el informe escrito que presenta el Perú ante el CERD de Naciones Unidas fue redactado en enero de este año, antes de que se produjeran los hechos de Bagua, no alude a la gran cantidad de disputas entre comunidades indígenas y comunidades nativas que intentan defender sus recursos o, simplemente, que se respeten las normas en el trato con entidades estatales y empresas extranjeras.

En la página 24, dice el informe: » es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental. En este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha implementado acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos».
Insisto: ¿de qué sirven las normas si los ministerios no las respetan ni las hacen cumplir?

Entre las preguntas enviadas por el Comité de Naciones Unidas al Estado peruano -y que Pastor deberá responder- hay algunas interesantes como, por ejemplo, qué ha hecho para concretar los compromisos con la población Achuar afectada por la contaminación de sus aguas debido a la explotación petrolera. Asimismo, cuestiona el destino de numerosos proyectos de ley -citados en el informe enviado por el Gobierno- que permanecen en dicha condición por años, entre ellos, uno para traducir a las lenguas oficiales las normas aprobadas.

Acerca de los hechos del 5 de junio en Bagua, el Comité solicitó al Perú «información sobre las causas profundas y consecuencias del hecho desde el punto de vista del Estado parte y su progresión en los días posteriores [al 8 de junio en que el Perú envió una memoria]. Asimismo, atentamente solicita información sobre las medidas que el Estado Parte ha adoptado y/o piensa adoptar para, conjuntamente con los pueblos indígenas, superar esa situación y evitar que se vuelva a dar en un futuro».

Y una sorpresa más: pese a que los principales representantes del actual Gobierno desprestigian el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su presentación a Naciones Unidas sí citaron datos e información procedente de dicho documento (ver la página 26). El CERD solicita información sobre qué reparaciones ha entregado el Perú a las víctimas indígenas de los 20 años de violencia.

A continuación, el informe completo de enero enviado por el Perú y luego las importantes preguntas planteadas por la ONU al Perú el 20 de junio.

Ver este documento en Scribd

Ver este documento en Scribd

Si quieren ver la procedencia de los documentos, aquí el enlace al sitio del CERD de Naciones Unidas.

Actualización de las 10 am:

Aquí la nota de prensa enviada por el Ministerio de Justicia sobre lo dicho por Pastor en Ginebra esta mañana:

Desde Ginebra, el Perú informará los avances en temas de la lucha contra la discriminación racial
Gobierno peruano garantiza el diálogo con comunidades nativas
+ Ministro de Justicia lamentó ataque narcoterrorista en Huanta.

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, reafirmó hoy desde Ginebra, Suiza, que el Gobierno peruano garantiza el funcionamiento de las mesas de trabajo que se formalizaron a través de dispositivos legales, como parte del proceso de diálogo asumido por el Gobierno con las comunidades nativas.

“Con las mesas de trabajo se busca un espacio de conversación y de comunicación para todo el tratamiento de la problemática de las comunidades nativas y de las inversiones en esa zona”, detalló.

El ministro Pastor reafirmó el respeto a los derechos de las comunidades nativas de la amazonía ratificando la labor emprendida por el Gobierno para la lucha contra la discriminación racial.

De otro lado, Pastor Valdivieso lamentó los hechos de sangre suscitados en San José de Secce, Huanta, Ayacucho, donde perecieron tres efectivos de la Policía Nacional y dos mujeres civiles abatidos en una emboscada narcoterrorista este fin de semana.

“Lamento mucho los hechos de este fin de semana. Creo que radicalismo vuelve a cobrar víctimas inocentes. Este lamentable suceso debe permitirnos hacer una reflexión mayor del tipo de país que nosotros queremos construir. Esperemos que esto no se repita y que la justicia actúe inmediatamente como corresponde”, señaló en entrevista a un medio de comunicación radial.

Comunidades nativas: prioridad en política social

Respecto a la posición que asumirá el Perú ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CRED) de Naciones Unidas (ONU), el ministro Pastor refirió que el país informará acerca de los avances que se expusieron en enero de este año sobre el respeto a los derechos de las comunidades nativas y las acciones realizadas como parte de las políticas sociales destinadas a este grupo de la población.

En aplicación de esas actividades se logró reducir la tasa de la pobreza y analfabetismo en el ámbito rural; también se brindó especial énfasis a ofrecer servicios de calidad en el tema de salud, así como a generar las condiciones para el desarrollo de capacidades que permitan a los pobladores de las comunidades amazónicas a mejorar sus condiciones de vida.

“Empezaremos esta rueda de sesiones presentando un informe que debió presentarse en el año 98. Tenemos un retraso de más de 10 años con respecto a este tema y esto nos obliga a hacer un resumen de lo que todo este tiempo el país ha avanzado en materia de lucha contra la discriminación racial. Vamos a empezar haciendo una síntesis sobre el informe que fue presentado a comienzos de este año en el avance de la legislación, reglamentos, normas, entre otros casos”, explicó.

El titular de Justicia agregó que mediante estas reuniones se demostrará ante el CRED que en el Perú en los últimos años ha habido una legislación y una práctica importante de desarrollo en favor de la lucha contra la discriminación racial, que además viene acompañada de políticas de Estado que han permitido focalizar la inversión social es grupos como las comunidades nativas.

Finalmente, consultado sobre los avances en las investigaciones de los sucesos ocurridos en Bagua, Pastor Valdivieso afirmó que el Ministerio de Justicia, como parte del Poder Ejecutivo, actúa en este caso a través de sus procuradores. “No podemos hacer más que acatar las resoluciones que se dictan. De esta manera se garantiza el respeto a la autonomía de los poderes”, concluyó.

Y la nota sobre lo mismo en Andina

 

Malas noticias sobre víctimas de la violencia

En junio el Registro Único de Víctimas que realiza el Consejo de Reparaciones (CR) se quedará sin fondos: durante dos años recibió de la PCM menos presupuesto que el requerido y prescindirá de 40 contratados para que el dinero alcance: ha inscrito a más de 36 mil víctimas de la violencia en 14 meses de trabajo pero aún faltan miles de expedientes por evaluar.
La entidad pública funciona con un equipo técnico remunerado y un grupo de consejeros que trabajan ad honorem, liderados por Sofía Macher.
La lista oficial de víctimas de la violencia es la herramienta para que el Estado dé las reparaciones que corresponden por ley, pero el Gobierno no respaldó con recursos a la entidad y la ha dejado extinguirse. Ya se ha dicho antes que ocurrió lo mismo con la Oficina Anticorrupción el año pasado.
Cuando fue premier Jorge del Castillo, los consejeros del CR lograron con cierta dificultad plantearle los problemas del trabajo sin presupuesto, sin embargo, con la llegada del nuevo primer ministro el diálogo ha sido menor.
Con el actual Gobierno, el debate político en los medios es predominantemente desfavorable a lo que se parezca o suene a derechos humanos y la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, especulo, el ministro Yehude Simon debe querer huir de los estereotipos que intentan desprestigiarlo por sus posiciones radicales hace un par de décadas. En ese panorama, las víctimas de la violencia de 1980-2000 están atrapadas por una tensión política entre quienes intentan que se cumpla la Ley 28592 (con poco peso político) y los tomadores de decisiones vinculados al Gobierno que atacan a los que antes y ahora defienden los derechos humanos.
Hasta el momento ni los organismos de derechos humanos ni la Defensoría del Pueblo se han manifestado sobre el posible cierre del registro de víctimas, pese a que están al tanto desde la semana pasada.

Es probable que este clima de opinión desfavorable y la falta de voluntad política clara hacia las reparaciones individuales conduzca a la partida de dos personajes sobresalientes del Consejo de Reparaciones: Sofía Macher y Pilar Coll.
Macher ha sido designada vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Islas Salomon, entidad que presidirá el arzobispo sudafricano en retiro Desmond Tutu, según anunció la semana pasada el primer ministro Derek Sikua. Dicho país sufrió disturbios civiles entre 1998 y 2003.
La designación de Macher en dicha responsabilidad internacional es importante, pero queda la pregunta de qué harán los diversos actores políticos con el Registro Único de Víctimas de la Violencia.

 

Aprodeh pide distinguir entre reparaciones y programas sociales

La ONG de derechos humanos Aprodeh difundió ayer una nota de prensa que no ha tenido rebote en los tres principales diarios, por ello la consignamos. Cabe anotar que el viernes último se formó la comisión que debe decidir los montos de las reparaciones económicas para las víctimas de muerte, desaparición forzada, violencia y violación sexual y discapacidad debido a la violencia entre 1980 y 2000. Dicha Comisión Técnica Multisectorial debió haber sido instalada en el 2006, según indicaba el reglamento de la Ley N° 28592.
Aunque este asunto sea tildado de ‘caviar’ por un sector, hay miles de víctimas de la violencia -civiles, militares, policías- que por ley deben recibir una reparación.
A continuación el planteamiento de Aprodeh:

Reparaciones deben ser integrales y no confundirse con programas sociales

Ante el reciente anuncio del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel encargada de las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno, CMAN, Jesús Aliaga, de reparar hasta el 2011 a dos mil comunidades, y que hasta el momento serían setecientas las comunidades que han recibido fondos y han sido reparadas, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), expresa lo siguiente:

Esperamos que el gobierno tenga la voluntad política para asignar el fondo necesario que permita cubrir la demanda anunciada, considerando que las unidades ejecutoras son gobiernos distritales y provinciales que tienen muy poca capacidad de ejecución. Para las mil trescientas comunidades que serían reparadas al 2011, el gobierno debe disponer de por lo menos un presupuesto adicional de 100 millones de soles, solo para reparaciones colectivas.

Asimismo, las reparaciones deben entenderse y ejecutarse como tales, y no convertirse en proyectos o programas sociales como se está pretendiendo hacer ahora con las reparaciones colectivas. Mientras no se ponga mayor énfasis en el sentido reparador que deben tener las obras que se ejecuten, la población las va a seguir considerando como un programa social, confundiendo su real esencia.

Ante el anuncio del inicio de reparaciones en salud y educación este año, es necesario que la CMAN logre tener una coordinación suficiente con todos los gobiernos regionales para que puedan incluir dentro de sus presupuestos los fondos necesarios para las reparaciones en educación y salud, y una vez más esto no se confunda con los programas de alfabetización por parte del gobierno.

Demandamos que se hagan efectivas las reparaciones económicas como lo vienen reclamando las organizaciones de afectados, y que se incorpore este rubro en el presupuesto que se va a presentar para el próximo año, ya que el Registro de Víctimas proyecta un aproximado de 27,000 víctimas que recibirían reparaciones económicas.

La reparación debe ser integral, tal como demanda el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en sus recomendaciones. Es necesario que todas las políticas de reparación que se apliquen hoy y en el futuro tengan ese enfoque, de lo contrario se convierten en proyectos aislados en donde la población puede ser manipulada y mal informada.