junio 2009


Al final del encuentro internacional ‘Luchas por el territorio: minería, amazonía y ecologismo popular’, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y otras organizaciones peruanas, como Democracia y Transformación Global de la UNMSM y Cooperacción, los académicos participantes firmaron un pronunciamiento acerca de la situación que enfrentamos los peruanos post 5 de junio.

Uno de los participantes peruanos -no académicos- fue Carlos Martínez, alcalde de San Ignacio (Cajamarca), adonde llegaron numerosos heridos y detenidos de la tragedia de Bagua. El alcalde dio un testimonio acerca de las propuestas de desarrollo de su localidad, cuya economía se basa en gran medida en la exportación de café orgánico. Lo menciono porque un gran sector de peruanos estima que la población de los departamentos de la selva no cree en el desarrollo ni tiene propuestas al respecto.

Los diálogos entre los representantes de las organizaciones de la Amazonía y los representantes del Gobierno -en el grupo recientemente creado-, recién están comenzando pero apena que ello ocurra en medio de la bulla sobre la ‘conspiración extranjera’.

Para quienes indican que las protestas, bloqueos y reclamos son producto de una conspiración internacional, seguro encontrarán aquí un argumento más para decir que ‘hay intereses extranjeros’ en las acciones para derrocar a la democracia. De todos modos adjunto el documento:

DECLARACIÓN DE LIMA
Grupo de Ecología Política, CLACSO
26 de junio de 2009

Nosotros, docentes e investigadores de distintos centros universitarios de América Latina, congregados en las sesiones del Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), expresamos nuestra más profunda solidaridad con los pueblos amazónicos del Perú, víctimas, una vez más, de la violencia abusiva del poder del Estado.
Expresamos nuestro apoyo a los legítimos reclamos de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, reconocidos inclusive por tratados internacionales, violados flagrantemente por los decretos legislativos emitidos por el Gobierno peruano, mediante los cuales pretendía disponer inconstitucionalmente de vastas extensiones de los territorios amazónicos, abriendo éste a todo tipo de intereses empresariales.
Hacemos público nuestro más enérgico repudio a la masacre perpetrada por el Gobierno del Perú en estas circunstancias, sumando una mancha más de sangre a la larga historia de abusos y atropellos hacia las poblaciones originarias. En particular, condenamos las declaraciones y actitudes racistas sucesivamente emitidas por el Presidente Alan García y diversos funcionarios de su gobierno, hacia estas poblaciones. Estas posiciones, emblemáticamente expresadas en su ‘teoría de perro del hortelano’, dan cuenta de inaceptables posturas racistas, que no sólo no condicen con la altura moral requerida por la investidura presidencial del Estado peruano, sino que constituyen una ofensa pública hacia todas las culturas que integran nuestra América Latina y a la conciencia moral de la humanidad en general.
Estas indignantes actitudes racistas no sólo han funcionado claramente como provocadoras y justificadoras de la masacre producida, sino que se han prolongado en los días sucesivos a través de la criminalización de las víctimas, la persecución de familias y comunidades enteras movilizadas en defensa de sus derechos, la virtual militarización de la zona de conflicto; en fin, del ocultamiento y la distorsión de los acontecimientos ocurridos, hecho posible también por la complicidad de diversos medios de comunicación.
Expresamos nuestro enérgico rechazo hacia las propuestas de reordenamiento económico y territorial que hoy se expresan a través de asimétricos Tratados de Libre Comercio, así como de incontables proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA (Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), llevados a cabo de manera unilateral, sin consulta alguna a las poblaciones afectadas. Todo parece indicar que, ante las resistencias cada vez mayores de las poblaciones (rurales y urbanas) y su legítima demanda de democratización de las decisiones, algunos gobiernos de la región están dispuestos a concretar acuerdos como el TLC a cualquier costo, trasponiendo así un peligroso umbral, una línea roja, que conduce de la inaceptable criminalización ya existente, a la consumación de un nuevo etnocidio.
Nuestro apoyo y solidaridad a los pueblos amazónicos implican también el reconocimiento a la legitimidad y racionalidad de sus demandas, a los intentos por denunciar las graves consecuencias socioambientales del modelo primario extractivo exportador drásticamente instalado no sólo en el Perú, sino también en toda la geografía regional. Lejos de constituir reclamos ‘particularistas’, las demandas de los pueblos amazónicos expresan una profunda conciencia de solidaridad y cuidado para con la sociedad entera y las futuras generaciones, y denuncian la sistemática destrucción de los medios de vida que generalmente han implicado los ‘modelos de desarrollo’ excluyentes impulsados desde los gobiernos. Lamentamos que se invoquen cínicamente los ‘intereses nacionales’ para encubrir, en realidad, la defensa de los intereses de grandes corporaciones transnacionales y de las potencias mundiales, principales beneficiarias y usufructuarias de la explotación extractiva de los bienes comunes de nuestros territorios.

Expresamos desde aquí nuestro respaldo al conjunto cada vez mayor de luchas rurales y urbanas que hoy recorren nuestro continente, en defensa de la vida, los territorios, la diversidad plena, la libre determinación y la autonomía consagradas en los acuerdos y legislaciones internacionales.

Miembros:
– Héctor Alimonda (Brasil-Argentina)
– Marcelo Langieri (Argentina)
– Horacio Machado Aráoz (Argentina)
– Maristella Svampa (Argentina)
– Catalina Toro Pérez (Colombia)
– Pablo Romero (Chile-Brasil)
– Germán Palacio (Colombia)
– Jorge Ventocilla (Panamá-Perú)
– José Luis Gutiérrez (Bolivia)
– Rodrigo Qoos (Brasil)
– Gloria Chicaiza (Ecuador)
– Ana Mariel Weinstock (Argentina)
– María Julieta Lamberti (Argentina-México)
– Gian Carlo Delgado Ramos (México)
– Armando Fernández (Cuba)

Actualizado a las 21:47 pm. con declaraciones de Anaya en Lima al finalizar su misión: ver enlaces al pie.

El abogado Marco Huaco comparte la siguiente información desde Bagua
La Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), organización indígena local afiliada a Aidesep, presentó ayer ante representantes de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, una solicitud de llamamiento urgente a fin de evitar daños inminentes e irreparables a la continuidad existencial de dichos pueblos ancestrales producidos por actividades mineras inconsultas en la Cordillera del Cóndor.

En sesión especial y privada, la solicitud fue expuesta por una comitiva de seis apus que llegaron desde el lejano distrito del Cenepa para dar encuentro al Relator Especial James Anaya en la ciudad de Bagua Grande, en el marco de su visita para investigar los luctuosos sucesos ocurridos del pasado viernes 5 de junio así como los factores que los causaron.

En su solicitud, los solicitantes afirman que “no obstante los llamados a la reconciliación oficiales y el anuncio de la derogatoria de dos de los nueve decretos legislativos impugnados por la protesta indígena, los gravísimos sucesos acaecidos en Bagua desafortunadamente han reafirmado una tendencia general de creciente distanciamiento y desconfianza entre los pueblos indígenas Awajún y Wampís y el Estado que podrían originar nuevos episodios de confrontación salvo que ambas partes implementen mecanismos de diálogo basados en la buena fe e inicien un auténtico y sistemático proceso de reconciliación”. Ello, toda vez que dicha derogatoria “aún no desactiva sustancialmente las causas de la conflictividad las cuales se encuentran en una prolongada historia de violación de derechos humanos integrales de los indígenas y en un desconocimiento institucionalizado de sus derechos colectivos”.

Asimismo, denuncian al Estado peruano por incumplir sus obligaciones de proteger los territorios indígenas, de violar sus derechos a participar de las decisiones que les afecten relativas al modelo de desarrollo promovido por el Estado, así como el derecho a ser consultados de manera previa en el otorgamiento de concesiones mineras cuya explotación contaminará irreversiblemente las cabeceras de cuenca de las que dependen las comunidades Awajún y Wampís para su vida material y espiritual.

Como se recordará, en 2007 el actual Gobierno desconoció unilateralmente un acuerdo logrado entre el INRENA y los pueblos Awajún y Wampís para categorizar el Parque Nacional Ichigkat Muja, recortándolo a la mitad de su extensión con la finalidad de concesionar el área libre a favor de empresas mineras que mantienen millonarios contratos con empresas canadienses, en violación del artículo 71 de la Constitución que prohíbe a extranjeros poseer minas dentro de 50 Km. de la frontera y a pesar de que el propio Ministerio de Agricultura reconoció que “cualquier actividad que se desarrolle va a alterar el régimen hídrico de la cuenca y afectar el caudal ecológico, poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad de recursos para las partes bajas de la Cordillera” donde habitan ancestralmente estos pueblos.

Algunos enlaces acerca de la misión de Anaya en el Perú:

Denuncian traslado irregular de presos a Chachapoyas cuando relator de la ONU llegaba a Bagua

Relator ONU pide comisión investigadora sobre violencia en la Amazonía del Perú

ONU propone conformación de comisión que investigue conflicto en Bagua

La nota emitida por el Centro de información de las Naciones Unidas en el Perú

yamamoto_009[1]El psicólogo social Jorge Yamamoto revela en esta entrevista las características deseables en los técnicos que apoyan el diálogo entre el Gobierno y los representantes de los pueblos amazónicos, dado que no es suficiente la comprensión ‘racional’ de la importancia de la interculturalidad. También sostiene que los periodistas debemos buscar qué intereses de empresas de inversión en energía hubo detrás de los decretos legislativos aprobados el año pasado, intereses que deben ser transparentados en las futuras negociaciones de las normas.
Yamamoto (43) es profesor de psicología transcultural en la Universidad Católica, fue parte de un estudio mundial sobre la felicidad y en el 2006 investigó sobre las concepciones nativas del desarrollo en el Perú y las nociones subjetivas de bienestar.

¿Las manifestaciones en solidaridad con las demandas de los pueblos de la Amazonía significan que se les reconoce prioridad en la decisión de la política de Estado?
El criterio de interculturalidad en las intervenciones para el desarrollo ya tiene más de una década como uno de los ejes que deben guiar cualquier intervención en la cooperación internacional y de las poblaciones beneficiarias. Hace más de siete años una agencia internacional me encargó hacer una evaluación de hasta qué punto se estaba cumpliendo este criterio en sus intervenciones para el desarrollo. Evaluamos las valoraciones y concepciones del desarrollo por parte de representantes de gobiernos, ONG y las poblaciones beneficiarias y sólo había convergencia (con el punto de interculturalidad) con aquellos agentes que estaban tradicionalmente comprometidos y trabajando durante décadas en el área y que no tenían compromiso ideológico ni político, sino la solvencia moral para ver con libertad la realidad de esas comunidades. Eran la minoría. En verdad, todos tenían claro que la interculturalidad era un criterio fundamental, el problema era que no todos tenían la capacidad y la solvencia para llevarlo a la práctica. Creo que va a ocurrir el mismo aspecto.
¿Es decir, hay una comprensión racional de la interculturalidad pero de allí a concretarse es el problema?

Sí, porque esa concreción no solamente es contra-intuitiva sino que va en contra de la forma natural como funciona la psicología humana. Los valores funcionan como principios generalizados de lo correcto, pero se ha encontrado evidencia que son culturalmente relativos. Si me permites explicarlo: hay una relación entre entorno, valores y comportamiento. En la Amazonía tenemos un entorno exuberante pero frágil, porque hay gran diversidad, pero si cazas y pescas en exceso y haces agricultura intensiva, el terreno se destruye. Esto ha llevado a que las comunidades amazónicas desarrollen una suerte de valores minimalistas, sólo consumen, cazan y pescan lo que van a consumir en el día. Hacen una horticultura mínima, no hay agricultura intensiva. Se levantan muy temprano a las 4 o 3 am. y a las 7 am. terminaron su labor en una cultura de, mas bien, disfrute. En contraste, tenemos la sierra, un terreno muy resiliente, muy resistente que requiere mucho trabajo para ser dominado, hay que convertir los cerros en andenes, etc. Eso en vez de generar un valor de minimalismo consumista genera valores de industriosidad, de una alta organización jerárquica, grandes culturas para conquistar el terreno y acumular para las épocas difíciles, cosa que no ocurre en la Amazonía. Entonces tenemos que emergen dos valores diferentes: el minimalismo consumista y el de la organización industriosa. ¿Qué ocurre en Pucallpa cuando se desencuentran la sierra con la Amazonía? El amazónico le dirá al andino ‘angurriento’ y el andino le dirá ‘holgazán’. El amazónico no puede salir de su forma de ver el mundo como angurriento, y viceversa. Así, nosotros tenemos valores acerca del aseo, de las relaciones interpersonales. Cuando vemos a un nativo, a una persona diferente, va a herir nuestra susceptibilidad axiológica (de valores) y vamos a verlo como intrínsecamentre malo y vamos a querer evangelizarlo.
Entonces…

Esa es la trampa: que el discurso abstracto de la interculturalidad y el respeto todo el mundo lo acepta, pero cuando vemos algo en contra de nuestros valores aparece un mecanismo afectivo que nos hace ver con desprecio lo distinto y nos motiva a hacer algún tipo de proselitismo. Ese es el problema crucial, en la práctica para un trabajo eficaz en la interculturalidad, se requieren interlocutores con capacidades de salirse de sus propios valores y tender puentes, competencia que es más bien escasa. Podemos tener una persona reconocida, inteligente, leída, pero no necesariamente con esa apertura intercultural. En un proyecto que hicimos hace unos años atrás generamos un perfil de cuáles serían las características que tengan estos interlocutores.
¿Esas personas existen?

Sí, son pocas pero existen.

¿Algunas de ellas están cerca del proceso de diálogo?
Por los medios de comunicación entiendo que algunas de ellas han sido convocadas. Pero luego viene el segundo problema: conociendo un poco de un lado y de otro las realidades, debe haber personas con estas competencias interculturales para que recojan información y generar alternativas para la mesa de diálogo, pero veo más importante y complicado que las comunidades amazónicas envíen a sus representantes para que entiendan los juegos de intereses del negocio de los hidrocarburos que se están cocinando en las esferas de las tomas de decisiones. En este momento, ése es el problema clave: que se encuentren cuáles son los oscuros intereses detrás de esto, para que la presión de la opinión pública impida que eso se interponga en la negociación. La opinión pública tiene la motivación de la interculturalidad, están convocando a los técnicos, hay un discurso sobre el territorio, la propiedad, pero ahora: comprendamos cuáles son los intereses de la otra parte, de la parte detrás.
Pero eso no lo han estado expresando transparentemente.

Allí en vez de antropólogos se necesita otro tipo de investigadores.

¿Como quiénes?
Periodistas que van a ver cuál sería la versión actual del petroaudio que está intermediando en esto. O concedamos que no hay intereses encontrados, entonces ¿cuál es la sobreposición de intereses encontrados? (intereses de las empresas e intereses de los pueblos de la Amazonía). Hace algunos años Alan García quiso estatizar la banca y aparecieron unos ciudadanos de cuarta categoría -dueños de bancos- que se apostaron en sus directorios y salieron a pelear y a amenazar al primero que se cruzara en la puerta. Es casi la misma cosa. El Banco de Crédito no tuvo esa misma actitud, al final hizo una movida y siguió funcionando. Finalmente, el ser humano reacciona de determinada manera cuando se le quiere quitar sus recursos.

¿Hace cuánto trabaja con población indígena de la selva, empezó con el estudio sobre la felicidad?
Sí, hace unos siete años. Pero hay personas que han pasado toda su vida estudiando sobre Amazonía.
Pero usted puede evaluar el aspecto social en general y además, a la vez, conoce los valores de la vida en la Amazonía.
En el estudio cruzamos (información de) los Andes con la Amazonía y con la costa. Muestra también la pituquería limeña, a petroleros, banqueros, se estudió mediante comparación. Quisiera mencionar que, en realidad, desde el 2006 había la percepción en Pacaya-Samiria y otras zonas acerca de la venta de tierras de la población amazónica, era un problema en toda la Amazonía. Recordemos que desde la época del caucho ha habido explotación del terrreno. En la conquista española no invadieron la selva porque no había oro: entraron los franciscanos y los jesuitas pero luego los sacaron. Yo expresaría cierta reserva acerca de si los empresarios perciben el otro punto de vista, quizá aún no están entendiendo el problema.

Un texto académico de Jorge Yamamoto sobre componentes émicos del bienestar

Aidesep difundió ayer un comunicado del cual los medios han destacado la invocación a desbloquear carreteras y el pedido al Gobierno de retirar las denuncias penales contra dirigentes nativos. En el texto siguiente conviene notar el pedido de que representantes de los pueblos awajún y wampis estén presentes en la comisión de diálogo que se instala hoy. En la reunión del primer ministro en San Ramón el lunes, la mayor presencia indígena fue de yaneshas, asháninkas y nomatsiguengas, pero pocos de los pueblos afectados en los hechos de Bagua el pasado 5 de junio.
A continuación, el comunicado de Aidesep, que también pide reivindicar la dignidad de los heridos y los deudos a causa de la tragedia del viernes 5.

COMUNICADO A LAS BASES DE AIDESEP Y A LA NACIÓN PERUANA

AIDESEP saluda la nueva actitud del ejecutivo y su proclamada voluntad política de resolver finalmente nuestras demandas. Saludamos el sacrificio y la firmeza de los comuneros y comuneras, comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía por el logro de estos reconocimientos.
AIDESEP acoge la decisión del Sr. Ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, al reconocer a AIDESEP como interlocutor válido de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía peruana en consideración a los artículos 6 del Convenio 169-OIT y 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, marcando así la pauta de lo que debiera ser la guía en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas en un Estado de Derecho. AIDESEP, en busca de una solución a los problemas nacionales suscitados por los decretos legislativos 1020, 1081, 1089, 994, 995, 1060, 1064 y 1090, confirma su presencia en las deliberaciones que se llevarán a cabo en el mencionado Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. En el curso de los próximos tres días AIDESEP designará y acreditará sus representantes de acuerdo con sus propios procedimientos de representación basados en su estructura descentralizada de nivel regional.
AIDESEP asume la necesidad de dar prioridad al tratamiento de las condiciones del debate, requisito necesario para abrir el diálogo en un ambiente de confianza mutua. Las propuestas que deberán debatirse en la primera sesión para llegar a acuerdos efectivos, en conformidad a lo anteriormente establecido, son esencialmente:
a. Derogatoria de los Decretos Legislativos 1090 y 1064, cuya inconstitucionalidad está ya en proceso de resolución, y dar prioridad al debate relativo al resto de los Decretos para analizar si afectan o no intereses indígenas y si, por tanto, debieron o no ser consultados para cumplir con las exigencias constitucionales.
b. Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en las regiones afectadas y cese de hostigamiento a la población comunitaria tanto por incursiones de efectivos del ejército a las comunidades como por vía de sobrevuelos a las comunidades.
c. Retiro por parte de los procuradores del Estado de las denuncias a los dirigentes regionales y nacionales cuyos procesos penales están viciados por presiones políticas y cuya resolución en jurisdicción internacional solo serviría para retrasar la solución de los problemas y para, una vez más, desprestigiar al país en estos foros. Un diálogo en el que buena parte de los dirigentes indígenas están injusta e irregularmente sometidos a procesos penales no es dable ni propicia la necesaria confianza al interior de nuestros pueblos.
d. Atención humanitaria, reivindicación de la dignidad y reparación a los heridos y deudos de todas las personas fallecidas en los hechos luctuosos del 5, 6 y 7 de Junio y atención al debido proceso de los detenidos, considerando lo que al respecto ordenan el Convenio 169-OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas así como otros textos del derecho internacional de los derechos humanos.
e. Clarificación de los hechos del día 5, 6 y 7 de Junio mediante la conformación de una Comisión de la Verdad de alta credibilidad que pueda recoger pruebas y testimonios de las causas y consecuencias de los hechos y reacciones provocadas por la intervención policial en Bagua Chica y que determine los responsables de tales acontecimientos.
f. Llamado a la retirada de las medidas de fuerza que pudieran haber sido asumidas por las bases de AIDESEP en aquellos puntos que puedan afectar el tránsito, los servicios públicos, el abastecimiento de la ciudadanía o el funcionamiento de estaciones de suministro y bombeo de combustibles.
g. Consideración de una participación especial de la representación de las organizaciones de los pueblos awajún y wampis en los debates iniciales como principales afectados por la violencia.
AIDESEP quiere dar un reconocimiento al valor de quienes han caído, han sido heridos o han sufrido detención por la defensa de sus derechos y de sus territorios o en cumplimiento de su deber de función. Nuestra condolencia y solidaridad con todas las familias de las víctimas de la decisión gubernamental. AIDESEP hace un llamado para que el recuerdo y el respeto por estos peruanos sacrificados de manera tan injusta constituya la guía que ilumine el proceso de un diálogo que siempre debió transcurrir por las vías de la interculturalidad entre sociedades diferentes pero mutuamente respetuosas y no sobre la base del desprecio, el insulto y la exclusión.
AIDESEP agradece la solidaridad del pueblo peruano a través de las organizaciones populares, indígenas y campesinas, de gremios y movimientos de estudiantes, de las instituciones de la iglesia, de las organizaciones de la sociedad civil y, en particular a los que se dedican a la defensa de los derechos humanos, de los muy nobles vecinos de Bagua y de otras ciudades involucradas en el conflicto y del periodismo responsable. Su solidaridad nos ha reconfortado en una lucha que es una lucha de todos: una lucha por la naturaleza, por la familia, por la salud y la alimentación, por los recursos del Perú y por la dignidad de la patria de todos los 28 millones de peruanos.

Lima, 16 de Junio del 2009.

Al menos tres diarios impresos recogen hoy algunos puntos del acta de entendimiento firmado ayer en San Ramón (Junín) entre el Ejecutivo y representantes de las poblaciones de la Amazonía, pero ninguno coloca todos los puntos. Aquí reproducimos el acta completa, gracias a la Coodinadora Nacional de Radio.

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El Vicariato Apostólico San Fracisco Javier de Jaén está difundiendo un comunicado desde ayer (día de Corpus Cristi) en el que expresa su esperanza en el proceso de diálogo y agradece las muestras de apoyo humanitario con los heridos y detenidos en los hechos del 5 de junio en Bagua. Dice así:

Ante los dolorosos hechos ocurridos en nuestro Vicariato, con la población nativa y la policía nacional, que son de todos conocidos, queremos compartir las siguientes reflexiones:

1.- La Selva ha sufrido y sufre una postergación de siglos por razones de la situación geográfica, el centralismo y las diferencias culturales. Esto ha hecho que los nativos de ella se hayan sentido relegados y como excluidos dentro de su propio país al que, por otra parte, han sabido defender en conflictos internacionales.

2.- Últimamente esta postergación se ha hecho más evidente por la aprobación de unos decretos leyes, sin previa consulta con las comunidades nativas que, según su entender, ponen en peligro sus territorios y su cultura.

3.- Lamentamos muy profundamente la muerte y los heridos de un número elevado, todavía por confirmar plenamente, tanto de nativos como de policías. Todos ellos son hermanos nuestros, y sus vidas un gran regalo de Dios.

4.- Un dato esperanzador es la cadena de ayuda humanitaria por parte de las poblaciones y autoridades de Bagua, Utcubamba, Jaén, San Ignacio, Bellavista, Imaza y Santa María de Nieva, además de las instituciones del Vicariato Apostólico San Francisco Javier y de otras varias nacionales de DD.HH. y de la sociedad civil. Todas ellas hicieron una excelente labor humanitaria a favor de los heridos y detenidos, con alimentos, medicinas, y asesoría legal, como verdaderos samaritanos.

5.- En estos momentos, vemos una luz de esperanza con la suspensión de los decretos denunciados, lo que permitirá entrar en un espacio de diálogo, sincero y sereno, que abra una puerta a la solución duradera del problema. Así mismo es una esperanza la formación de una comisión de diálogo en la que estarían presentes miembros del gobierno, de la Iglesia , de la Defensoría del Pueblo y de las Organizaciones nativas junto con personas notables de sus comunidades.

Esperamos igualmente que de este espacio salgan decisiones eficaces, con las que los peruanos encontremos cauces válidos para resolver los conflictos, sin tener que llegar a ninguna clase de violencia. Y pedimos a nuestro Padre Dios nos ayude con su Luz a encontrar la integración de todos en un Perú sin discriminaciones ni racismos, con la gran variedad y riqueza de culturas que tenemos, viviendo en paz en esta tierra que Él nos ha entregado para disfrutarla como hermanos.

Jaén, 14 de Junio del 2009. En la fiesta del Cuerpo de Cristo.
Santiago García de la Rasilla Domínguez S.J.
Obispo Vicario Apostólico

Aunque circulan en algunos blogs, la entrevista del jueves 11 a la ministra del Interior en La República y el análisis-crónica de Gustavo Gorriti del mismo día en Caretas, los incluyo para que más personas tengan acceso a ellos. Es necesario contrastar la versión recogida entre policías con las declaraciones de la titular del sector.

La policía como víctima (gracias a El Morsa, fuente Caretas 11/6/09)

El informe de inteligencia que me dan a mí no es muy detallado (Fuente: La República 11/6/09)

Alan García quiso restar credibilidad al texto de Gorriti indicando que así escriben los periodistas de escritorio, en tanto que Cabanillas expresó que no leía textos escritos con apasionamiento.

El periodista les respondió a ambos así (La foto al final de dicho enlace no tiene pierde)

P.S. Un pronunciamento del Instituto de Defensa Legal distribuido hoy plantea que la detención del abogado Carlos Rivera puede estar vinculada con la investigación en las fuentes policiales realizada por Gorriti, quien colabora con el área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), y las denuncias sobre presuntas desapariciones en Bagua realizadas por los abogados Ernesto de la Jara y Javier la Rosa de esa misma institución.
Rivera es uno de los abogados de la parte civil en los procesos contra el ex presidente Alberto Fujimori y también en juicios por violación a los derechos humanos cometidos durante el primer gobierno de Alan García (Pucará y El Frontón, entre otros).

Esta tarde la agencia Andina difundió la percepción de Confiep -uno de los dos principales gremios empresariales- sobre cómo debe
continuar el diálogo entre las organizaciones de la Amazonía y el Gobierno: la visión tiene al menos tres carencias.
– Los reclamos de la selva no se reducen a ‘ánimos exacerbados’.
– La Comisión formada por el gobierno para buscar el diálogo -de acuerdo a la norma publicada en El Peruano- no incluye a la Defensoría del Pueblo.
– Quien dialogaba hasta antes del 5 de junio con el Gobierno, Aidesep, representa 1350 comunidades nativas (56 federaciones) frente a 750 comunidades y 40 federaciones nucleadas en torno a Conap. Es decir, era el ‘verdadero’ representante o, al menos, la organización con mayor peso. Los apus (jefes) de las comunidades se organizan y se hacen representar en federaciones nativas (por cuencas u otras divisiones no necesariamente provinciales o distritales) y éstas eligen a sus representantes en Aidesep o Conap.

Sugiero que sus asesores les preparen una síntesis del panel de ayer en RPP pues la nota disponible en línea rescata poco de lo que aportaron el psicólogo Jorge Yamamoto, el abogado César Guzmán Barrón y el antropólogo Rommel Plasencia.
Aquí la intervención del psicólogo social, quien destacó que la población de la Amazonía es una de las que vive en mayor armonía con su entorno y tal es un factor a tener en cuenta en la discusión sobre tierra, territorialidad, cultura y costumbres.

A continuación, la nota de Andina con la posición de la entidad empresarial.

Confiep pide a comunidades amazónicas participar en diálogo y buscar solución por consenso

Lima, jun. 14 (ANDINA).- El presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, invocó a los representantes de las comunidades amazónicas aceptar el diálogo planteado por el Ejecutivo y buscar una solución a todas sus demandas a través de la concertación.

Asimismo, instó al Congreso a tomar “todas las medidas necesarias” para atender los reclamos de ese sector de compatriotas y, de ese modo, garantizar la paz social en el país.

“Es importante que las bancadas del Parlamento hayan llegado a un acuerdo y que las comunidades de la selva entiendan que se ha atendido uno de sus reclamos. Ahora pueden sentarse a dialogar con una vista a largo plazo”, manifestó.

En ese sentido, consideró importante continuar el diálogo con los “verdaderos” representantes de las comunidades, pues de esa forma se garantizará que los eventuales acuerdos a los que se arriben cuenten con el respaldo necesario para ejecutarse.

Además, saludó que con la suspensión de los dispositivos se haya conseguido en el Parlamento una válvula para aliviar la tensión social, mientras se buscan los consensos necesarios con las comunidades nativas de la Amazonía.

“Ahora considero que el Poder Ejecutivo tiene que iniciar un diálogo con las autoridades elegidas, como los gobiernos regionales y con los verdaderos representantes e las comunidades de indígenas”, declaró a la Agencia Andina.

El dirigente empresarial refirió que la participación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo en las conversaciones, le otorga garantía y equilibrio al proceso, por lo que expresó su confianza en que los indígenas se sentarán a dialogar.

Del mismo modo, invocó al Parlamento a adoptar todas las medidas necesarias para calmar los ánimos en las comunidades de la Amazonía.

“Saludamos que se haya podido dar un consenso en el Parlamento, por lo cual esperamos a que las comunidades entiendan que se han satisfecho sus aspiraciones e invocamos al Parlamento a que luego tome las medidas necesarias para completar los procedimientos de tal manera que se calmen los ánimos en la selva”, detalló.

En otro momento, Briceño refirió que el empresariado tiene que hacer una mejor labor de difusión de los beneficios de la empresa formal y sus compromisos con el medio ambiente.

“Eso es algo que nos falta, que debemos realizar y lo vamos hacer”, anotó.

Traducción del texto de The Economist publicado ayer (JFF)
Por siete semanas decenas de miles de nativos amazónicos bloquearon caminos y ríos en el oriente del Perú. Tomaron plantas hidroeléctricas y estaciones de bombeo de petróleo tratando de forzar la derogatoria de decretos que facilitaban la exploración, agricultura y actividad forestal comerciales en partes de la selva. Petroperú, la compañía estatal de petróleo, tuvo que cerrar un oleoducto que traslada 40,000 barriles diarios. Entre amenazas de racionamiento de energía en pueblos del oriente, el gobierno del presidente Alan García ordenó este mes a policías armados limpiar un tramo de la carretera y recuperar una estación de bombeo cerca de Bagua, en la selva norte del Perú.
En el subsecuente enfrentamiento en la Curva del Diablo el 5 de junio fueron asesinados al menos nueve manifestantes y once policías. Los nativos, armados con lanzas y machetes, fueron a capturar y matar una docena de policías que custodiaban la estación (nota de la traductora: en realidad un grupo de nativos estaba allí hace días reteniendo a los policías). Los dirigentes indican que al menos 40 nativos han sido asesinados y 60 más están desaparecidos, aunque estas cifras no están confirmadas.
Aunque no respaldan las violentas tácticas de Aidesep, muchos peruanos culpan a García de la violencia. El Comercio, el principal diario tradicional, hizo eco de las invocaciones de la oposición a la salida de Yehude Simon, primer ministro, y la ministra del Interior por meter la pata en la controversia. El gobierno es ampliamente condenado por no haber consultado correctamente unos 99 decretos que aprobó hace un año, usando poderes legislativos delegados por el Congreso. Tales decretos estaban ostensiblemente diseñados para acelerar la implementación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero el comercio tenía poco que ver con las nuevas reglas a las que se opone Aidesep.
Luego de una primera ola de protestas de Aidesep en agosto pasado, el Congreso peruano derogó dos decretos que habrían hecho más fácil que se vendieran las tierras de comunidades nativas y campesinas. Pero los líderes del Congreso no cumplieron con su promesa de revisar otros ocho decretos (nota de la traductora: en realidad la comisión parlamentaria sí los estudió y revisó y emitió su informe en diciembre, pero no pasó nada más), generando que se renovaran las protestas en abril. Estas normas incluyen medidas que permiten el desarrollo de tierras ‘improductivas’ en la selva. El reciente bloqueo del partido aprista de García en el intento de derogar una de las ocho normas, la ley forestal y de fauna, desató la violencia. Sin embargo, el 10 de junio el Congreso votó por suspender temporalmente dos de los decretos.
García argumenta que los nativos no deben bloquear las inversiones en petróleo y gas y espera que el país se convierta en exportador de petróleo, beneficiando a todos los peruanos. Aidesep considera que los decretos no tienen la menor consideración sobre los derechos de propiedad de los nativos. Perú tiene unas 70 millones de hectáreas (173 millones de acres) de bosque tropical —el más amplio espacio en la cuenca Amazónica aparte de Brasil. Un 70% de la selva ahora está concesionado u ofrecido a compañías de exploración de petróleo y gas, en gran medida por el gobierno de García. Compañías petroleras extranjeras, incluida la española Repsol, y docenas de otros emprendimientos más pequeños, operan muchas de estas concesiones.
Gran parte de esta tierra es reclamada ya sea como propiedad comunal por las poblaciones nativas o como propiedad privada. Un área fuertemente disputada es el Lote 67, una concesión en Loreto en la selva norte. Perenco, una compañía anglo-francesa, planea invertir más de $2 billion hasta el 2013 para extraer 100,000 barriles de crudo por día. Este lote se superpone con un area destinada a ser reserva de una de las poblaciones nativas aisladas (no contactadas) del mundo moderno.
AIDESEP critica que los gobiernos han sido lentos en otorgar y reconocer territorios nativos y entregar títulos de propiedad pero que rápidamente han concedido concesiones a compañías petroleras y forestales. Esto les ha generado desconfianza y resentimiento. Unos 330,000 habitantes, agrupados en unos 60 diferentes tribus nativas (nota de la traductora: ‘naciones’ dirían ellos mismo en vez de tribus) viven en la selva peruana (un 10% de la población total del país). Muchos no se han sumado a las protestas. La mayoría carecen de escuelas y puestos de salud apropados. Más de la mitad de la población de la selva norte es pobre, comparado con el promedio nacional de 36% (de pobres).
Perú ha sido testigo de muchos conflictos entre compañías extranjeras mineras y petroleras y población local, que se quejan del daño ambiental y/o la falta de beneficios tangibles de dichas inversiones. Los conflictos a menudo se resuelven sólo después de protestas, y muchas veces son sangrientas.
Aidesep indica que de acuerdo a la declaración de Naciones Unidas sobre población indigena, por la cual el Perú votó, sus grupos tienen el derecho de ejercer control sobre las tierras tradicionales y sus recursos. El problema para el Perú es que no hay un acuerdo sobre cómo aplicar tales derechos o cómo nivelarlos con los intereses del resto de la población. Por la fuerza no es la respuesta. En vez de vociferar, García debería ofrecer al Perú una consulta apropiada y un vigoroso debate sobre estos asuntos.

El texto original en inglés

Traducción de la nota de hoy publicada por The New York Times sobre la crisis en el Perú (JFF)

Por Simon Romero
Iquitos— Enfrentado a una crisis forjada a fuego lento, con docenas de muertes al sofocar protestas indígenas la semana pasada, el Congreso suspendió esta semana los decretos que produjeron las protestas debido a los planes para abrir a la inversión amplias zonas de la Amazonía peruana.
Altos funcionarios dijeron que esperaban que esto calmara los nervios y facilitara el camino para que los perforadores de pozos y madereros continuaran sus proyectos.
Pero al contrario, los grupos indígenas profundizan una larga lucha, revelando un movimiento cada vez mejor organizado que puede ser un encendedor para el presidente Alan García. El movimiento parece estar impulsado por una profunda resistencia popular a las políticas de Gobierno, que se enfocan en atraer la inversión extranjera, mientras partes de la Amazonía peruana han sido postergadas.

La creciente influencia del movimiento indígena se mostró el jueves en un paro general que llevó a miles de manifestantes a las calles de Iquitos, la más grande ciudad peruana en la Amazonía, y a ciudades y pueblos diversos en la selva. Las protestas contra el manejo de la violencia por parte de García, en la provincia de Bagua (norte) el pasado viernes, también se realizaron en regiones de la sierra como Puno, cerca de la frontera con Bolivia, y en Lima y Arequipa, en la costa del Pacífico.

“El gobierno empeoró la situación con su degradante imagen de nosotros como pandillas de salvajes en la selva”, dijo Wagner Musoline Acho, 24, un líder indígena awajún. “Creen que podemos ser engañados con una maniobra como suspender un par de decretos por unas semanas y luego reactivarlas, están equivocados.”

La amenaza urgente de los manifestantes —cortar el suministro de gas natural y petróleo a Lima— parece haber amainado, con manifestantes que en parte abandonaban la toma de instalaciones de petróleo en la selva. A medida que la ira crecía, los líderes nativos decían que fácilmente podían intentar cerrar las instalaciones de energía nuevamente para presionar a García.

Otra ola de protestas surge probablemente porque grupos nativos piden que los decretos sean derogados y no sólo suspendidos. Los decretos abrirían amplias áreas de la selva a la inversión y permitirían que las compañías eludan a los grupos indígenas para obtener autorizaciones de exploración petrolera, forestal y construción de represas hidroeléctricas.
En agosto pasado, un intento de detener las iniciales protestas nativas en la Amazonía fracasó en evitar que las retomaran con más fuerza en abril.

Las autoridades dicen que nueve civiles murieron en los enfrentamientos del pasado viernes en una remota carretera en Bagua. Pero testigos y familiares de los manifestantes desaparecidos sostienen que las autoridades están encubriendo los detalles del episodio, y que más nativos murieron. Veinticuatro policías fueron asesinados entre la carretera y una estación de petróleo.

Los representantes de los nativos afirman que al menos 25 civiles, y quizás más, pueden haber muerto, y algunos testigos dicen que las fuerzas de seguridad tiraron los cadáveres en un río cercano. Al menos tres nativos que quedaron heridos indican que recibieron disparos de oficiales de la policía mientras esperaban para conversar con las autoridades.

“El gobierno está tratando de lavarse la sangre de las manos escondiendo la verdad”, dijo Andrés Huaynacari Etsam, 21, un estudiante awajún aquí, quien indica que cinco familiares suyos fueron asesinados el 5 de junio y tres no son ubicados aún.

Altos funcionarios gubernamentales niegan tales denuncias. “Hay un juego de intereses políticos en el cual algunos están tratando de exagerar las pérdidas de vida a su favor,” dijo el ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaunde.

Sostuvo que el objetivo final de los manifestantes fue evitar que el Perú aplicara un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque uno de los decretos más polémicos que fue suspendido el jueves alinearía las normas peruanas de inversión en la selva con el acuerdo comercial.

“Pero”, García Belaunde insistió, “el acuerdo no está en peligro”.

Así, la respuesta inicial del gobierno a la violencia parece haber incrementado el resentimiento. Un aviso de TV del Ministerio del Interior contenía imágenes de los cuerpos de los oficiales de policía asesinados mientras estaban retenidos por los manifestantes. El comercial decía que los asesinatos era prueba de la “ferocidad y salvajismo” de los activistas indígenas, pero una protesta contra tal representación forzó al gobierno a retirar el aviso.

Las autoridades están esforzándose en entender un movimiento que está cristalizándose en la amazonía peruana entre unos 50 grupos indígenas. Ellos incluyen unas 300 mil personas, que representan sólo casi el 1 por ciento de la población peruana, pero que viven en lugares estratégicamente importantes y ricos en recursos, dispersos a lo largo de zonas de selva ocupando unos dos tercios del territorio peruano.

Hasta ahora las alianzas entre los indígenas de la sierra y los nativos de la amazonía han sido difíciles de lograr, eliminando, por ahora, el tipo de movimientos de protesta indígena amplios que ayudaron a sacar gobiernos en los vecinos Ecuador y Bolivia a inicios de la década.

En contraste con algunos esfuerzos previos para organizar grupos indígenas, los líderes de este nuevo movimiento son indígenas y no blancos o intelectuales mestizos urbanos. Están bien organizados y usan una red de emisoras radiales para intercambiar información en la selva. Luego de que uno de sus líderes más importantes, Alberto Pizango, logró que Nicaragua autorizara su asilo esta semana, otros rápidamente emergieron para articular las demandas.

“No ha habido nada comparable en todos mis años aquí en términos de incremento de conciencia política entre los grupos indígenas”, dijo el sacerdote Joaquín García, 70, quien llegó a Iquitos desde España hace 41 años y dirige el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, especializado en asuntos indígenas.

“Lo importante ahora”, mencionó, “es lo que ellos decidan hacer con el nuevo poder de negociación que tienen en sus manos”.

El texto original en inglés

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