Carlincatura, captura de pantalla del diario La República, 2 de septiembre 2012.

Las muertes de civiles y policías del 5 de junio de 2009 en la Curva del Diablo y en la Estación 6 han dado lugar a cuatro procesos en Amazonas y uno en Lima y, la semana pasada, Mercedes Cabanillas fue eximida de responsabilidad penal en uno de ellos, cuando el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, ordenó archivar la investigación por presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro -de los 24 policías muertos- cuando era ministra del Interior. Sin embargo, en otro de los procesos Peláez debe determinar si es convocada como testigo.

Los cuatro procesos en Utcubamba son: por las muertes en la Curva del Diablo, que incluye a nativos procesados en agravio de la Policía y el Estado; el segundo por la muerte y desaparición del mayor Bazán; el tercero por la muerte de nativos y no nativos en la Curva del Diablo y Utcubamba; y el cuarto por la muerte de policías en la estación 6 de Petroperú, donde hay unos 50 nativos procesados.

La denuncia contra Cabanillas -ahora archivada por el Ministerio Publico (MP)- fue planteada en Lima por familiares de los policías muertos y heridos, y también incluyó a los generales Elías Muguruza, José Sánchez Farfán y Javier Uribe. El titular del MP debe decidir ahora si la ex ministra aprista actuará como testigo en el caso de la muerte de nativos y no nativos en la Curva del Diablo. El general Sánchez Farfán, quien fue director general de la PNP dos meses en 2009, ha declarado en una instructiva que recibió de ella la orden de la operación del 5 de junio para despejar la carretera. Como parte de los elementos que requiere el fiscal Peláez para tomar una decisión sobre la ex ministra, necesitará escuchar primero el audio del Consejo de Ministros del 3 de junio de 2009… pero la PCM aún no lo ha enviado.

El abogado del Instituto de Defensa Legal Juan José Quispe precisó a este blog que en el caso por la muerte del mayor PNP Felipe Bazán, a fines de agosto el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Utcubamba ha declarado el caso complejo “por la cantidad de pruebas por actuar” y ha solicitado tres meses más para diligencias adicionales. Entre ellas, ordena la detención del ciudadano Juan Ramón Cruz Cotrina, a quien en 2009 le tomaron una declaración sin abogado, en la que se autoinculpó de haber hecho seis disparos contra el mayor Bazán en la parte alta del cerro. Tiempo después, en otra declaración con abogado y ante un fiscal se retractó y le creyeron. Pese a ello, ahora le abren instrucción por la declaración inicial de 2009.

Quispe refiere que  la descripción de Cruz sobre los hechos no coincide con la última imagen conocida del policía: en la que aparece sin impactos de bala y bajando del cerro, rodeado por varios nativos.

Este proceso de los muertos en la Curva del Diablo es el que podría llegar primero a un juicio oral, aunque aún hay que esperar un dictamen que acusa o archiva el caso, explicó el abogado.

Para recordar cómo el gabinete que lideraba el entonces primer ministro Yehude Simon defendió a la ex titular del Interior, aquí la transcripción de la única rueda de prensa con medios extranjeros que concedieron en Lima varios ministros sobre los hechos en Bagua. Cabanillas fue una de las ministras ausentes.

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Mientras algunos celendinos veían el mensaje presidencial en una pantalla gigante de la Plaza de Armas de la provincia, el estudiante y periodista Jorge J. Chávez tomaba fotos y buscaba algunas reacciones, en ese momento fue detenido, pateado y llevado a la comisaría. Celendín sigue bajo estado de emergencia, Jorge estaba a una cuadra de su casa sin DNI. Ahora lo conducen a Cajamarca y es posible que lo lleven a Chiclayo, como han hecho con todos los detenidos a los que asocian al conflicto en Cajamarca.

Chávez creó el blog Mi Mina Corrupta hace un año y es el sitio en internet que más información ha producido y difundido sobre el conflicto en Cajamarca en torno al proyecto minero Conga, y allí ha dado a conocer gran cantidad de documentos técnicos que consigue navegando inteligente y persistentemente en páginas web públicas.

Debido a que Chávez ha registrado en foto y video los enfrentamientos del 3 de julio y anteriores en Celendín, era constantemente señalado por efectivos de la policía y del Ejército, pero hoy encontraron un pretexto para su detención.

Organizaciones diversas de Celendín reunidas en la denominada Plataforma Institucional Celendina (PIC) han sido las que más se han pronunciado contra el proyecto de las empresas Yanacocha, Newmont y Buenaventura.

La página de Facebook de Voto Vigilante ha difundido información obtenida por el político y activista cajamarquino Marco Arana:

“Policías en Celendín argumentan que detuvieron a Jorge Chávez por no portar su DNI. La hermana del bloguero lo llevó, pero no lo liberaron. El periodista fue detenido cuando grababa en video a policías que apagaban televisores en Plaza de Armas cuando los ciudadanos de Celendín veían el mensaje presidencial de Ollanta Humala. Fiscal apellidado Pinillos dispuso detención y traslado (sin cargos ni acceso a abogados) de Chávez a la ciudad de Chiclayo (Lambayeque)”.

Esta detención ocurre cuando el ‘gabinete del diálogo’ lleva cinco días en ejercicio y mientras el jefe de Estado reiteraba en su mensaje por 28 de julio que abordarían los conflictos sociales mediante la prevención y el diálogo. Vale la pena averiguar quiénes siguen a cargo de las FFAA y la Policía Nacional en Cajamarca mientras sigue el estado de emergencia allí.

Para que en Lima se entienda la situación en la que se encuentra Celendín, a continuación, una entrevista de hace una semana al sacerdote Antonio Sáenz Blanco, quien refiere que el pueblo está “descabezado” debido a que hace meses no hay autoridad civil, están sin alcalde ni gobernador. Así, las acciones de la policía y de los efectivos del Ejército no están sujetas a alguna autoridad que pueda velar por los excesos y abusos. Sáenz es el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Actualización de las 22:58 del sábado 28: Jorge Chávez fue puesto en libertad en Cajamarca esta noche.

El volante del Ejército que circula hoy, dado a conocer por el blog Celendín Libre.

La ciudad de Celendín, donde hubo cuatro muertos por disparos del Ejército el 3 de julio, vive aún en estado de emergencia, con presencia del Ejército y la Policía Nacional, sin alcalde ni gobernador: en ese marco, el Ejército ha convocado para mañana a una acción cívica en la que invitan a la plaza del Sombrero a corte de cabello, planificación familiar, entrega de víveres, entre otras actividades. Ninguna autoridad civil se ha acercado luego del enfrentamiento y del triste episodio de los policías forcejeando con ataúdes y deudos durante las caminatas en el día del entierro. ¿El nuevo gabinete estará al tanto de esta forma del Ejército de buscar el diálogo en Cajamarca?

Prometo un post con mayor información sobre Cajamarca, luego de haber estado allá hace exactamente una semana, pero por el momento esto es lo más urgente que requeriría atención.

La información ha sido difundida más temprano por el blog Celendín Libre.

Los celendinos viven atemorizados, especialmente quienes vieron morir a sus familiares y compañeros de clase en la plaza de armas, y en particular cuando ven pasar a los miembros del Ejército que siguen acantonados en el estadio. La semana pasada, los efectivos del Ejército salían usualmente en grupos de a tres, no a patrullar -labor que sigue haciendo la Policía Nacional- pero por necesidades específicas como búsqueda de comida, como se ve en la foto a continuación.

Jueves 18 de julio en una de las calles del centro de Celendín. Foto: J. Fowks

Un llamado a la sensatez para restablecer -de otra manera- el diálogo con una ciudad dolida por la impunidad.

Presidente García a su salida del Te Deum por Fiestas Patrias. Foto: Andina-Piero Vargas

Llama la atención del mensaje del presidente Alan García su afán por querer parecer la cabeza de un Gobierno eficaz y que sanciona lo ilegal y la corrupción. Ni eficaz, ni sancionador. Desde el inicio de este gobierno, Doe Run solicitó prórrogas para cumplir su programa de adecuación medio ambiental (PAMA) y el MEM aceptó todas las veces, sin chistar y con el entonces premier Jorge del Castillo. El anuncio de hoy, de cancelar la licencia a la empresa minera de capital estadounidense, no tiene sentido ya: hace dos años, quizá.

El mandatario dijo que éste es un “estado draconiano” y puso como ejemplo la multa reciente a la empresa minera Caudalosa, debido al último derrame de relaves en Huancavelica. Sin embargo, Caudalosa –como Volcan, Buenaventura, Pluspetrol y tantas otras– se resisten a pagar las sanciones que impone el regulador Osinergmin. No contamos aún con un Estado suficiente para  fiscalizar ni para hacer que se cumplan las pocas sanciones que dispone.

Y ello nos lleva de inmediato a la noción de corrupción: García Pérez indica que casos como Petroaudios o Cofopri  surgen debido a que cinco o diez  empleados del Estado se corrompen y son –según él– casos aislados. Yerra nuevamente: algunos de los empleados del Estado involucrados son en ambos casos del más alto nivel de jerarquía del partido oficial, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca en el primero en relación a proyectos de construcción e infraestructura, no sólo hidrocarburos; Omar Quesada en el segundo. Y no son situaciones aisladas, son lamentablemente, modos de operar que se repiten en diversos puntos del Perú. Lo ocurrido con Cofopri en Chilca ocurrió de forma similar en Talara, Colán, Moquegua, Trujillo, Cusco, etcétera (de acuerdo a denuncias recibidas en IDL-Reporteros y publicaciones del diario Correo).

En un programa de TV, Rosa María Palacios nos preguntaba hoy a tres entrevistados “¿por qué si el presidente García tiene tantos resultados, su aprobación es baja? ¿Tiene mala comunicación?” El gobierno tiene un aparato de comunicación oficial fuerte, y a él se suman los medios masivos que comparten su visión de cómo gestionar el país (esto merecería otro post). Su problema no es la presencia en medios. Su problema es que puede exhibir una cierta cantidad de equipos comprados y obras de infraestructura, en curso o concluidas, pero algunas no funcionan y otras pueden tener apariencia de legalidad pero sufren de lo siguiente:

– concursos o licitaciones previamente arreglados y,

– falta de transparencia con la población o comunidad que será afectada por la intervención de una empresa y a la vez el Gobierno en una abierta opción preferencial o coaligación con la empresa que permite acelerar trámites o modificar normas ya existentes para facilitar las obras y proyectos (ejemplos:  Collique, hidroeléctrica de Inambari, hidroeléctrica de Paquitzapango, el ex proyecto Majaz a cargo de Zijin, Dorato-Afrodita en el Cenepa, etcétera).

En síntesis: hay gran lenidad, ni eficacia, ni democratización, ni nave que camina: el Gobierno conduce un Estado sin posibilidad de fiscalizar, sancionar y regular: el Gobierno tiene entre sus personajes clave madejas de corrupción. Vale la pena recordar también las denuncias contra el hoy presidente del Congreso, César Zumaeta, y su afinidad con un traficante de terrenos: hubo una norma legal que formalizó una gran cantidad de propiedades obtenidas mediante invasión.

El presidente García ha dicho también que continuará “con obras y con la democratización social de nuestra patria”. Su concepto de democratización social parece incluir los millones de teléfonos celulares, la luz, la reducción del analfabetismo, la entrega de un millón de buzos, y así. Sin embargo, hay una agenda pendiente luego de los hechos del 5 de junio de 2009 en Bagua: una agenda sobre la democracia en un país de varias culturas, etnias e idiomas. No hubo en el mensaje ni una sola mención a ese ámbito: el de las decisiones de gestión pública en entornos donde el uso y la función del territorio son sensibles y donde las nociones de desarrollo son distintas a las del capitalino. [O donde quizá no son distintas, pero hay que preguntar primero]. Recordamos entonces, la no promulgación de la ley de consulta previa (aplicación del Convenio 169 de la OIT), la cantidad de conflictos sociales embalsados (más de la mitad son medioambientales y confrontan a la industria extractiva con comunidades), las dificultades que enfrenta la Policía Nacional al chocar con ciudadanos como ellos debido a que el Gobierno no negoció a tiempo ni supo ofrecer salidas. Están aún pendientes de aprobar nuevos decretos legislativos dada la derogatoria de los que condujeron a la crisis en la Amazonía en el 2009. Sólo se ha avanzado con la Ley Forestal debido a los plazos del TLC con Estados Unidos.

La carrera magisterial es posiblemente el único punto que realmente constituye un logro sin falacias. La creación del Ministerio de Cultura es simplemente un ‘check’ en la lista de lavandería, basta ver la ilustración de Piero Quijano en la revista Somos del 24 de julio.

La mención al terrorismo en el mensaje también merecería otro texto aparte, pero ya ha habido algunos columnistas que se han referido al clima de miedo que intentan generar voceros del Gobierno y de los diversos fujimorismos  desde la liberación de la estadounidense Lori Berenson. El lunes 26, García Pérez se refirió al terrorismo en una actividad pública con el ministro del Interior y el jefe de la PNP: hoy lo hizo gritando en el hemiciclo, buscando aplausos.

Así las cosas, el presidente García se dirigió en el mensaje especialmente a los incluidos, a los integrados, a los que hablan de la misma manera. Lamentablemente, ha estereotipado al resto como ‘antisistema’ o como traidor o como pagado por países extranjeros o enemigo del desarrollo. El presidente quizá considera que esa posición dura y que desprecia al que piensa distinto le da altura de estadista. Algún día, quizá en alguna muy futura entrevista de político en retiro, corregirá. Ya no es joven para decir que los errores eran de juventud (como suelen disculparlo sus correligionarios por el período 1985-1990).

P.S. Los invito a ver el programa de Rosa María Palacios este jueves 29 donde con dos jóvenes blogueros, Laura Arroyo y José Alejandro Godoy, compartimos algunas ideas luego del mensaje de AGP.

Actualizado el 30 de julio a las 2:36 am.

Incluyo un par de segmentos de esa intervención en el programa Prensa Libre:

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que entre SL como a inicios de los 80. (Dibujo de E. Jiménez)

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que no entre SL como en los años 80. (Dibujo de E. Jiménez)


Durante la presentación de la segunda edición del notable libro ‘Chungui. Violencia y trazos de memoria’ escuchamos un grave diagnóstico sobre la inseguridad y postración en la que aún vive ese distrito de La Mar, Ayacucho: “Nadie quiere ir: ni la policía, ni las fuerzas armadas, ni salud”, reveló con firmeza y pesar el alcalde Daniel Huamán.

Debido a la presencia de remanentes del narcoterrorismo en la zona -conocida también como Oreja de Perro-, la autoridad explicó que están gastando “en seguridad o defensa los recursos de la Municipalidad que deberían servir para el desarrollo. Los comuneros están yéndose para Andahuaylas, algunos se van para SL, otros abandonan los estudios y están como esclavos sirviendo en Ayacucho o Andahuaylas”.

“A nivel de gobierno central, ninguna institución ni la prensa hablada, escrita, televisiva, nadie sabe cómo ha sucedido en Chungui. ¿Cuántos Putis, Accomarcas y Lucanamarcas habrá en Chungui? es una incógnita por descubrir sobre la violación de los derechos humanos”, agregó Huamán.

El alcalde recordó que es el distrito más afectado por la violencia según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “¿Nos preguntamos por qué ha habido tanta barbaridad? Quizá por la falta de vías de comunicación. En aquel tiempo los pobladores tenían que caminar tres días para llegar a una feria. Fue una zona estratégica de la que se apoderaron tanto Sendero Luminoso como las fuerzas armadas. Estamos haciendo las gestiones pero nos dicen que es imposible, nos dicen que no hay dinero o que falta población (para las obras)”.

“Los jóvenes no tienen acceso a tecnología, no hay carreteras, no hay fluido eléctrico. Estamos en las tinieblas. ¿Por qué funciona la oficina de coordinación [de la alcaldía] en la ciudad de Huamanga? Debido a los sistemas como el SNIP y Seace [necesarios para gestionar obras]: en Chungui no hay banco, no hay servicios básicos, ni teléfono”, precisó.

“Si hablamos de educación y salud es peor todavía. No sé cómo el Gobierno focaliza las reparaciones a las víctimas. El Gobierno dice que hay que atender las zonas más afectadas de extrema pobreza, pero no ocurre. Nos hemos convertido en un pequeño ministerio de educación. El año pasado la Municipalidad ha pagado los sueldos de 19 docentes de los tres niveles. Este año estamos pagando 15. En ese sentido demandamos y no nos hacen caso. No sé qué hacer. En salud, igual: los técnicos no quieren ir porque estamos lejos, no hay vías de acceso. Los puestos de salud no están implementados, no hay doctores, nada. A las madres gestantes las estamos evacuando como en la época del incaico con chacanas, organizamos comisiones para llevarlas. Hemos exigido equipamiento de ambulancias y medicamentos, pero hasta ahora no ocurre nada”, relató el alcalde.

Huamán hizo alusión a un documental sobre Chungui del cual el IEP proyectó un adelanto. En un momento de la narración el corto se refirió al inicio de SL. “Justamente así inició. Estamos entrando a la segunda vuelta con la presencia de remanentes de SL porque no hay fuerzas del orden [en Chungui], nadie quiere ir, ni el Ejército ni la Policía Nacional. Felizmente estamos recién accediendo a justicia: hace dos años está funcionando la fiscalía y el juzgado”.

“Durante la violencia se ha desorganizado nuestras comunidades, de seis mil que éramos, sólo dos mil hemos quedado, pero no todos están allí: hay algunos en Lima, en Ayacucho, en la selva. Constantemente han estado viniendo los remanentes de SL, recientemente han alarmado, el mismo cuento están diciendo, y las familias comenzaron a migrar a distintos sitios”.

“El famoso camarada ‘Marco Antonio’ un día llegó, le dijimos que se identifique. Nosotros le hemos parado la guerra a ellos: desde marzo de este año día y noche estamos haciendo guardias. En vez de que nos preocupemos en el desarrollo de nuestra población y familia nos hemos convertido en pequeños policías nacionales o en Ejército: en patrulla, en servicio, en lista. A pesar de que hemos mandado informes al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior: esa es la cruda realidad del distrito de Chungui”, describió.

“¿Qué futuro nos espera para el distrito de Chungui?”, cuestionó por último la autoridad edil.

Edilberto Jiménez, antropólogo, periodista y retablista ayacuchano, autor del libro que va en su segunda edición, agradeció a muchas personas que colaboraron en la publicación: en particular al actual alcalde, quien lo acompañó en largas y duras caminatas -en 1996 y posteriores- para buscar a las personas que contaron sus historias, sus pérdidas y sus dolores, y que luego él convirtió en dibujos, relatos escritos y retablos.

Los testimonios recogidos por Jiménez y por Felipe Degregori en el distrito más golpeado por el conflicto armado interno sostienen que la violencia además produjo el fin de la organización de las personas. Luego de la violencia continúan diferentes rencillas, enfrentamientos. Lo único que une a los chunguinos es su fe en su patrona, la Virgen del Rosario.

Una de las fugas (cantos) de Chungui recogido en el 2000 por Jiménez dice así:
Vivo en pueblo lejano
Vivo en pueblo de Chungui
seguro por estar lejos
ni los periodistas llegan
ni los congresistas llegan
Dice también llora el río de Qachi
al encontrarse con el río de Chungui
así llora mi pueblo
cuando nadie se recuerda

Una nota sobre el mismo libro en La República

La columna de M. Tanaka sobre el trabajo de Jiménez

pastorginebra
El ministro de Justicia declaró en Ginebra que los policías que llegaron el 5 de junio a desalojar la carretera -en la Curva del Diablo- “fueron recibidos con balas, con armas de fuego conseguidas tras haber asaltado un puesto policial. Eass armas fueron utilizadas para matar a los miembros de la policía”. Su afirmación seguirá generando mayor distancia con la población amazónica. Hay pruebas y testimonios de que quienes iniciaron el ataque esa madrugada fueron los policías desde los helicópteros, con las bombas lacrimógenas.

Hay pruebas y testimonios también de que los generales que estuvieron todos esos días en la carretera Fernando Belaúnde sabían al caer el jueves 4 que los manifestantes habían aceptado desalojarla al día siguiente. Tenían que buscar movilidad y organizarse pues eran casi tres mil personas.

Es cierto que posteriormente -en una colina donde se vio al mayor Bazán- un grupo de manifestantes les quitaron las armas a los efectivos y con ellas dispararon en ese momento, luego de ver el enfrentamiento en la Curva del Diablo.

Pastor dijo también ante el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de Naciones Unidas que los nativos fueron instigados por personas extrañas y que tal cosa ha quedado demostrada. Agregó: “presiones externas a las propias organizaciones indígenas hicieron que Pizango abandonara la mesa de diálogo”.

Otro aspecto preocupante de las declaraciones de Pastor es su posición acerca de la comisión para investigar los hechos del 5 de junio. “Vamos a investigar utilizando los mecanismos que la democracia nos obliga: tenemos un estado de Derecho donde hay poderes con automonía que tienen que respetarse. El poder Judicial tiene autonomía. El poder político no puede interferir en el Poder Judicial. Por tanto no entendemos a quienes piden a los políticos que interfieran con el poder Judicial, sería desconocer nuestro propio ordenamiento, nuestra propia Constitución”.

“Ha habido una motivación sin duda, hemos identificado a algunos de los que han motivado estos hechos, hay una investigación en sede judicial y no vamos a interferir políticamente”, señaló.

Ojalá ello no contradiga las declaraciones del ministro Velasquez Quesquén, quien aceptó que una comisión independiente se encargue de dicha pesquisa, sugerida por el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya.

El video con parte de la intervención de Pastor está disponible en la web del Ministerio de Justicia
Actualización de martes 11 am aquí el video

Ejecutivo no muestra interés en investigar hechos de Bagua: Carlos Navas se refiere a la demora del Ejecutivo en responder a la terna propuesta para la comisión.

Aunque circulan en algunos blogs, la entrevista del jueves 11 a la ministra del Interior en La República y el análisis-crónica de Gustavo Gorriti del mismo día en Caretas, los incluyo para que más personas tengan acceso a ellos. Es necesario contrastar la versión recogida entre policías con las declaraciones de la titular del sector.

La policía como víctima (gracias a El Morsa, fuente Caretas 11/6/09)

El informe de inteligencia que me dan a mí no es muy detallado (Fuente: La República 11/6/09)

Alan García quiso restar credibilidad al texto de Gorriti indicando que así escriben los periodistas de escritorio, en tanto que Cabanillas expresó que no leía textos escritos con apasionamiento.

El periodista les respondió a ambos así (La foto al final de dicho enlace no tiene pierde)

P.S. Un pronunciamento del Instituto de Defensa Legal distribuido hoy plantea que la detención del abogado Carlos Rivera puede estar vinculada con la investigación en las fuentes policiales realizada por Gorriti, quien colabora con el área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), y las denuncias sobre presuntas desapariciones en Bagua realizadas por los abogados Ernesto de la Jara y Javier la Rosa de esa misma institución.
Rivera es uno de los abogados de la parte civil en los procesos contra el ex presidente Alberto Fujimori y también en juicios por violación a los derechos humanos cometidos durante el primer gobierno de Alan García (Pucará y El Frontón, entre otros).