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Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. “Tiene que quitárselo!”, le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. “Qué indignante”, comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, “es el colmo”, dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. “Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso”, comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

“La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes”, afirmó Boulangé.

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Corrección y actualización de las 17:30 del sábado.

A partir de un segundo contacto telefónico con Huallpaisla, a hora y media de Saramurillo, corrijo y agrego información: la base donde ocurrió el derrame pertenece a Petroperú y aún no encuentran la rotura del tubo. También la fuente indica que el petróleo llegó a 300 metros del río pero que, como están en temporada de crecida, están sólo a un metro de que el río llegue al nivel de inundación, y a eso se debió su declaración de la mañana.

Las autoridades de Huallpaisla, el presidente comunal Emerson Paniqui Arias y el teniente gobernador Eladio Avila Mori, y los de otras comunidades realizan ahora gestiones ante el juez de Saramurillo debido al derrame que ocurrió el miércoles 28 a las 3 pm. en la estación 1 de Petroperú.

La siguiente es la nota que publiqué esta mañana:

Desde el miércoles 28, operarios trabajan en Saramurillo (Loreto) retirando petróleo derramado sobre el río Marañón por Pluspetrol  Petroperú. Es la enésima vez. “Día y noche trabajan, quieren desaparecerlo: nuestros niños no pueden beber agua, es el tiempo en que el río está creciendo y está matando las plantas”, me dijo esta mañana vía telefónica Aquilino Canaquire, quien opera un locutorio a una hora y media -en pequepeque- de Saramurillo.

Canaquire indicó que algunas autoridades comunales han ido esta mañana a la zona del derrame, donde hay una base de Pluspetrol Petroperú, tendrán más información cuando ellos retornen. El lugar queda a 21 horas de Nauta en embarcación por río, en dirección a Yurimaguas. Otra fuente en la zona indicó que el derrame ha implicado dos turnos de trabajadores operando.

Espero ampliar luego la información.

Aquí una nota sobre un derrame anterior en el 2010

Ilustración de Markus Ronjam del 22 de noviembre 2011 (tomada de su FB).

Físicamente, Lima está a 861 kilómetros de Cajamarca, pero las tensiones que produce el proyecto minero Conga y la decisión del presidente Ollanta Humala de declarar el estado de emergencia desde hoy, revelan que  la distancia entre la capital y el departamento es muy superior a esos 861 kilómetros.

Una comitiva gubernamental encabezada por el primer ministro Salomón Lerner participó la mañana del domingo de una especie de ‘parada militar’ en la plaza de armas de Cajamarca y hacia el mediodía inició una reunión con autoridades y líderes locales y representantes de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.

Cuando ya habían acordado conformar dos mesas de trabajo (una sobre el proyecto Conga y otra sobre desarrollo en Cajamarca) hacia las 7 pm., los representantes del gobierno quisieron incluir en el acta el fin del paro regional. Los representantes cajamarquinos pidieron 24 horas para consultar con sus bases pero el gobierno no aceptó.

El viceministro de orden interno, Alberto Otárola -entrevistado por Nicolás Lúcar la noche del domingo- declaró que los representantes del gobierno se retiraron y que ya el presidente constitucional informaría las medidas para garantizar el orden interno. Y agregó: “y la moral está bien alta”, en una alusión innecesariamente confrontacional que anticipaba el anuncio del estado de emergencia por 60 días.

En el momento en que el diálogo se trabó, hubo también otros cuestionamientos por parte de los cajamarquinos hacia el Ejecutivo y que recuerdan el error del ministro Carlos Herrera cuando volvió a Lima en una nave de Yanacocha. Pese a que una nota de prensa de la PCM negó haber condicionado la firma del acta al levantamiento del paro, una declaración del premier muestra que cuando les pidieron tiempo para consultar el tema, ellos se negaron a concederlo (cfr. en el segundo 26).

Resultó paradójico que cuando faltaban pocos minutos para el inicio del estado de emergencia, que -entre otros- prohíbe el derecho de reunión, el ministro Lerner dijera que iban a esperar que los dirigentes consultaran a sus bases acerca del paro.

Líderes de opinión, incluidos asesores externos de Yanacocha como Sandro Venturo, y ciudadanos desacreditaron dicho pedido de tiempo para consultar con ‘las bases’, cuestionando la representatividad de los interlocutores del gobierno en la reunión realizada en el salón consistorial de la Municipalidad de Cajamarca. Es sabido que en organizaciones no capitalinas, sean andinas, amazónicas e incluso de colonos (mestizos) sus representantes sólo pueden tomar decisión acerca de lo previamente discutido, en caso contrario, ven como una mala práctica que el dirigente adopte una posición sin consultar.

La situación en Cajamarca es percibida con un lente distinto según la posición de cada quién. En los últimos días los comerciantes locales han aparecido más en los medios de comunicación quejándose de los perjuicios del paro, especialmente en la TV y radios capitalinas, y de otro lado están las organizaciones y ciudadanos que se sienten intimidados en el estado de emergencia debido a la gran cantidad de efectivos de la policía y del Ejército que han llegado en los últimos días al departamento.

Recordemos que efectivos de la Dinoes por lo regular resguardan (prestando servicio privado así como otros vigilan supermercados en sus días de franco) las instalaciones de Yanacocha, pagados por la empresa minera. Es difícil asumir que habrá neutralidad por parte de efectivos de la Dinoes cuando llegan a Cajamarca ahora una operación dispuesta por el Gobierno, no cuando están remunerados en sus descansos por la minera.

Un detalle sobre los medios de comunicación

Acerca del lente con el cual estos asuntos se ven y cómo se convierten en noticia, es interesante saber que el encargado de comunicaciones de Yanacocha, Roberto del Águila, pidió a Víctor Urquiaga, integrante de una empresa de monitoreo y asesoría de prensa, que le ayude a redactar los titulares de los diarios Expreso y Correo la noche del martes, poco antes de que el presidente Humala y el gerente de Yanacocha, Carlos Santa Cruz, anunciaran la suspensión del proyecto Conga.

Aquí el contenido del mensaje:

From: “Roberto Del Aguila” <Roberto.Delaguila@Newmont.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 19:32:38 -0500
To: <vurquiaga@corporacionpro.com>
Subject: Necesito titulares

Necesito que me ayudes para hacer los titulares para Expreso y Correo sobre el tema adjunto.

A las 8 pm sale Carlos anunciando esto.

rda

Al día siguiente, la volada y titular de primera plana de Expreso fueron:

Ante actos de violencia de “frentes de defensa” regionales, ultras e izquierda caviar

Conga en suspenso

Por su lado, el diario Correo tituló así:

Otra vez triunfa la irracionalidad

Se “chupan” con Conga

Yanacocha tira la esponja a pedido de timorato gobierno

El derecho de los cajamarquinos de proteger sus recursos y vivir en un entorno sano (cosa que perdieron en la provincia de Cajamarca desde que llegó Yanacocha en la década de los 90)  se ha estado presentado por lo general en los medios de forma sesgada hacia uno de los dos extremos. En uno acusan a los cajamarquinos de ser unos ‘pobres manipulados’ por extremistas que no quieren el desarrollo y quieren quedarse pobres. En el otro, están quienes hartos por las malas prácticas de la empresa minera, no confían en ella y se sienten traicionados porque el presidente Humala (al pasar de la preferencia por el agua a ‘el agua y el oro’ a la vez).

Estos dos discursos extremistas no conducen a ningún lugar y lo sabe el ministro Lerner, quien esta noche, al ser preguntado por Aldo Mariátegui en Canal 2 por qué dejaron entrar a la reunión a Wilfredo Santos, si él había estado preso por emerretista y no fue elegido por nadie, el premier respondió que no había que fijarse en su pasado. Sin embargo, la versión del extremismo estuvo esta misma noche en voz del viceministro del interior Otárola cuando declaró en el programa Punto Final, también en Frecuencia Latina.

La radio Ollantay fue una de las pocas emisoras regionales que durante el domingo por la mañana, cuando en Lima ningún medio informaba en vivo lo que ocurría, cubrió en vivo el izado de la bandera y las palabras de Lerner en la plaza de armas. El conductor de la emisora dijo que los cajamarquinos no cayeron en las provocaciones, cuando les impidieron el acceso en la plaza -y sí permitieron el ingreso de personas vinculadas a Yanacocha- y cuando no dejaron entrar a la mesa de diálogo a representantes que figuraban en las listas elaboradas por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Regional para ese fin.

Si buscan información desde el lugar, de personas que hacen un esfuerzo por no sesgarse hacia una u otra posición, sino indicar qué ocurre (y qué no) les recomiendo seguir en Twitter a @jaimeherreracaj @alanele y @gisellaore Un tuitero con un poco de ají en sus opiniones pero verifica lo que dice es @jsudaka el enviado de @larepublica_pe

Otros datos de Yanacocha-Newmont-Odebrecht:

La semana pasada circuló esta oferta de trabajo para un ingeniero que sea director regional -basado en Cajamarca– de los proyectos de Newmont en Sudamérica. En los términos de referencia mencionaban -en el aviso de hace unos días ya no disponible– algunas de las empresas que Newmont subcontrata o subcontrataría para Conga. Entre ellas, Fluor, una subsidiaria de Odebrecht. En el aviso actualmente disponible, la línea con los nombres de las empresas ya no figura.

La semana pasada las páginas de Facebook de Utero.pe y de ‘Mi mina corrupta‘ (de Celendín) y el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ aludieron al vínculo comercial entre Newmont-Yanacocha en el proyecto Conga con la constructora brasileña Odebrecht y vale la pena estar alerta a ese vínculo. Fluor, en joint venture con Odebrecht ganó el proyecto de ingeniería y construcción del proyecto Conga. Ya hemos mencionado en La República y en este blog acerca de la posibilidad de que el asesor presidencial Luis Favre, militante del PT de Brasil, sea quien vela -desde su posición privilegiada en Palacio de Gobierno- por intereses de compañías brasileñas.

Actualización de las 15:13 del lunes 5 de diciembre: Olvidé recordar que el funcionario de Yanacocha César Humberto Cabrera es un antiguo conocido de Luis Favre.

Incluyo además la respuesta de Roberto del Aguila, aludido en este post , quien explica su comunicación con Urquiaga acerca de los titulares para Correo y Expreso y me aconseja cómo hacer periodismo. Gracias. Desconozco si Urquiaga le respondió o no porque no he visto más correspondencia ajena.

El diario La Primera publica hoy un interesante texto de Claudia Cisneros acerca de la discusión de fondo pendiente sobre la responsabilidad de la revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA).

Actualización de las 23:52 del lunes 5: Finalmente, el diario Correo replicó en su conocido estilo luego de conocer la carta de Roberto del Aguila.

Intenté ilustrar mi recuerdo de los mineros de Cata Acarí.

No suelo escribir opinión pura en este blog, pero lo haré excepcionalmente. A fines de los años 80 e inicios de los 90 empezó a ser común que subieran personas a los micros y buses para pedir un apoyo. Podían ser niños, mujeres u hombres adultos. Quizá entre las historias más masivas y conmovedoras de este tipo estaban los trabajadores despedidos de la mina Cata Acarí, en Arequipa, quienes pedían colaboraciones para la olla común que tenían en Lima, alojados por un tiempo en alguna parte de la facultad de Medicina de San Fernando. Eran hombres que nada más tenían mirada de trabajo y mucho pesar a la vez. Eran años muy complicados.

Ahora, luego de varias semanas en rutas de transporte que no solía usar, veo que los vehículos siguen siendo un espacio frecuente de ‘redistribución de ingresos’. Supuestamente, el Estado debe redistribuir, mediante programas sociales o mediante la creación de trabajo hoy denominado ‘decente’ -en oposición al trabajo de sobrevivencia-, pero los usuarios del transporte siguen aportando  parte de sus recursos a equilibrar o solventar los gastos de una gran cantidad de peruanos que suben diariamente a combis y buses.

No voy a describir aquí la variedad de motivos y presentaciones con las que las personas, jóvenes y adultos, piden un apoyo al subir a un vehículo. Lo que me interesa decir es que si vivimos en un país con crecimiento durante tantos años, los inadecuadamente empleados o quienes tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza no están solo fuera de Lima. Han pasado 20 años de las escenas de los mineros de Cata Acarí y de las mujeres migrantes o desplazadas por la violencia que vendían frunas y se mantienen situaciones similares, aunque en un contexto macroeconómico que indicaría lo contrario: que todos tienen un lugar en la economía. Pues no lo tienen, o el que tienen es de subordinación y escasez. INEI entregó un informe recientemente sobre mercado laboral y daba cifras a este respecto. Una de las caras de esos datos es la aún persistente costumbre de la búsqueda de caridad en el transporte, como en los peores tiempos de la crisis económica.