Comisionada Maricarmen Gómez revisa informe final que no firmó.

Tras leer el informe final de la Comisión Bagua, las 43 observaciones de Jesús Manacés y la hermana Maricarmen Gómez, y la apostilla del padre Ricardo Alvarez Lobo, la conclusión es que el documento es un instrumento a favor del Ejecutivo, no plural, que refuerza la versión oficial de lo ocurrido y contiene gran cantidad de imprecisiones de fondo y forma.

Al momento Mirko Lauer y Carlos Meléndez han comentado que el documento se convierte en un elemento para que continúe la disputa electoral, especialmente porque alienta la pugna entre el Apra y los nacionalistas que han sido acusados de soliviantar a los nativos el año pasado.

Sin embargo, tal punto de vista evita evaluar un asunto de fondo: la actuación del Gobierno y el oficialismo ante los hechos pendientes luego de la tragedia en Bagua del 5 de junio. Este informe final y las declaraciones de ayer del presidente Alan García son una pésima noticia acerca del rumbo del Estado peruano en su vínculo con las organizaciones amazónicas y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Lo más grave del informe final es reiterar la idea de que los policías no iniciaron el ataque la mañana del 5 de junio y que los nativos -que tomaron la carretera Fernando Belaunde exigiendo la derogatoria de decretos- fueron manipulados por intereses ‘subalternos’ de ronderos, el Sutep, congresistas nacionalistas, actores internacionales y por religiosos.

En una entrevista con la religiosa Gómez Calleja, reclamó que testimonios clave recogidos por la Comisión no hubieran sido tenidos en cuenta para la versión final, como por ejemplo el de Lucio Roca, quien ayudó a cargar el primer muerto del 5 de junio, por un disparo de la PNP.

El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.

Por ejemplo, indican que un par de comunicadores belgas de Catapa incitaron a los manifestantes a tomar medidas radicales en la Estación 6 (antes del 5 de junio) pero no sustentan dicha afirmación en un testimonio, grabación o documento (p. 42).

El documento es exhaustivo en recoger ciertas declaraciones pero, por ejemplo, no consigna las palabras del presidente García cuando hizo la distinción de peruanos de segunda categoría en alusión a la población que rechazaba los decretos legislativos.

El señalamiento a la supuesta responsabilidad del Sutep en la radicalización de la protesta en la selva tampoco es demostrado, el documento sólo indica que una gran cantidad de manifestantes de la Curva del Diablo eran profesores.

En la parte de recomendaciones, el informe rescata una propuesta que el ministro Aurelio Pastor difunde reiteradamente: la creación de casas de la justicia (p. 85).

Quizá uno de los pocos párrafos destacables por su precisión figura en la página 81, e indica que pese a que la PNP cumplió el operativo de acuerdo a lo establecido, hubo deficiencias como equipamiento limitado, falta de eequipos de comunicación, fiscales a destiempo,
menor número de efectivos que los necesarios, descoordinaciones de horario, falta de conocimiento sobre la forma de ser y combatitividad de los indígenas cuando defienden su tierra, entre otros.

Sobre las firmas
El informe final fue suscrito por Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, quienes actuaron como la voz del Gobierno o del oficialismo en la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Bagua. El sacerdote dominico Ricardo Alvarez Lobo lo firmó también, pero agregó un documento adicional -bastante acertado- con señalamientos directos sobre las responsabilidades de altos funcionarios del Ejecutivo.

Por otro lado, los medios informaron desde el 29 los motivos para negarse a firmar por parte del coordinador de la Comisión Especial, Jesús Manacés, y de la hermana Gómez Calleja.

Otro miembro de la Comisión, el decano del CAL, Walter Gutiérrez, dijo el 23 de diciembre que renunció al grupo de trabajo el 9 de noviembre, aunque fuentes de la CEI indican que no hay un documento al respecto. En una nota de prensa indicó que ni desestima ni avala el informe final. Por tanto, de siete miembros de la Comisión, sólo tres lo respaldan en su totalidad, los más afines al Gobierno.

Más señales del Gobierno
Un documento elaborado por una comisión formada por resolución ministerial y sobre un asunto tan sensible, tuvo que haber cuidado al máximo la redacción de fondo y forma, pero éste no es el caso. Para mí, una señal más de la poca seriedad y agresividad con la que el Gobierno encara los asuntos pendientes con los ciudadanos de la selva está en los errores obvios a lo largo del informe final.

Por ejemplo, se refieren a un grupo ‘piromashco’ que no existe (sino mashcopiro), al grupo esheja (que debe ser ese’eja p. 9), nativos en asilamiento voluntario (en vez de aislamiento p. 37), la comunidad de Yamakaya (que es Yamakayat), indígenas kichuas y achuas (que debe ser achuar p. 65), la vase del Ejército (p. 61).

Uno de los peores párrafos por la forma tan sesgada en que se refieren a los indígenas aparece en la página 39, en las referencias al 13 de mayo 2009.

Los tres documentos:
Informe final, apostilla de sacerdote Alvarez Lobo y 43 observaciones de Manacés y Gómez Calleja

Parte de una entrevista realizada a hermana Maricarmen Gómez por el programa DosxDos en Radio San Borja.

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