Notas desde Lenovo

«El gobierno tiene que sincerar y ya llegaremos a comprendernos», opinó el ex presidente del Consejo Aguaruna-Huambisa, Santiago Manuin, cuando le consultaron sobre las cuatro mesas de diálogo creadas para dar respuesta a los asuntos pendientes luego del enfrentamiento del 5 de junio en Bagua.

A la pregunta de cómo van a negociar con el Gobierno, respondió: «No llegaremos a ningún acuerdo si se cierra».

«Tengo que ser muy sincero: mientras no se presente un plan efectivo, si no hay mesa de diálogo, consulta y participación ciudadana, no vamos a dejar entrar a la empresa a nuestra zona: tienen que asesinar a 70 mil indígenas», afirmó.

Manuin reiteró, ante un público de más de 200 personas en Lima, la versión que recogió este blog el 19 de junio en Chiclayo: los manifestantes de la Curva del Diablo informaron el 4 de junio al general PNP Javier Uribe que, al día siguiente, a las 9 am. darían pase a los vehículos -impedidos de seguir ruta- y que ellos tardarían unos tres o cuatro días en retirarse mientras coordinaban movilidad para unas tres mil personas. «No hubo esa parte para comprendernos», lamentó.

También mencionó un diálogo similar del 30 de mayo en presencia del párroco de Utcubamba y el representante de la Defensoría del Pueblo.

Acerca de las actividades extractivas y las amenazas que representan cuando se realizan sin estudios de impacto ambiental evaluados por especialistas y sin consulta, refirió: «Los gobernantes no se van a afectar, pero nosotros sí porque vivimos allí: por eso hemos entrado a exigir por qué no nos consultaron».

«Yo mismo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado, tengo hijos y por eso defendemos nuestro territorio. [Además] Están los que han cumplido con esa orden [de desalojar la carretera] y han caído. Hay que encontrar al responsable de lo que ha pasado. El gobierno a nosotros no nos conoce a fondo cómo somos y sin conocernos envía a la policía al enfrentamiento», añadió.

«Ha habido dos grupos de salvajes: el que defendía su territorio y el que envió a cumplir esa orden», aseguró el líder awajún, ex premio Reina Sofía 1994 por su labor en defensa de los derechos humanos y la cercanía labor con su comunidad.

Manuin estuvo bastante serio durante su intervención, excepto en un par de momentos, cuando respondió con ironía un par de preguntas hechas sin buena intención. El audio está disponible en Reportaje al Perú.

«Hay que conocernos bastante a fondo para que esto no vuelva a pasar», agregó. Sus palabras son expresión de la expectativa de un gran sector, pero el Ejecutivo y los poderes económicos y fácticos aún no dan pasos en ese mismo sentido. Para sustentar esta idea de que la razón no ha estado del lado del Ejecutivo, están las cifras de la encuesta de Ipsos Apoyo de mediados de junio: un 84% de consultados estimó que el presidente manejó mal la crisis de Bagua y un 92% que los decretos legislativos debieron ser consultados.

Según Manuin, la población en la zona «está afectada: no asustada», aclaró durante el seminario ‘Políticas públicas, conflictos y derechos humanos’, organizado por el IDL.
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Cito las palabras del abogado Juan Carlos Manuin, hijo de Santiago, quien cuando su padre estaba aún con orden de detención -en el hospital Las Mercedes, ver foto- me dijo que los peruanos de la Amazonía han pasado mucho, mucho tiempo intentando comprender y aplicar las normas y la forma de vivir impuesta por el Estado peruano. Sin embargo, no ha habido reciprocidad en ese aspecto hacia ellos.
¿Hasta cuándo?

El líder awajún Santiago Manuin ha declarado hoy en los principales medios capitalinos sobre las reiteradas veces en que los diversos gobiernos han dispuesto del territorio awajún sin consultar a sus habitantes: una de ellas ocurrió el año pasado tras la concesión del Lote 116 a la petrolera Hocol. Aquí la historia, especialmente para quienes no nos informamos en ese momento.

La creación del Parque Nacional Ichigkat Muja fue parte de un acuerdo entre el Inrena y el Consejo Aguaruna Huambisa pero, en noviembre 2006, el Gobierno destinó más de 853 mil hectáreas de dicho parque al Lote 116 que entregó a la petrolera Hocol Colombia.

El manejo de esa zona ya había sorprendido hace una década a los awajún, pues comunidaes tituladas pasaron a ser parte del área reservada Santiago-Comainas que creó el gobierno de Alberto Fujimori en 1998, después de la guerra del Cenepa.

La empresa francesa Maurel & Prom vendió Hocol Colombia a Ecopetrol Colombia en marzo de este año, pero mantuvo el 100% del permiso para explorar el Lote 116, superpuesto al área reservada Santiago Comainas.

Luego que Manuin recordó que los ‘cogió en frío’ que les dijeran que ese territorio era de la Hocol, el párroco de Santa María de Nieva, Fermín Rodríguez Campoamor, comentó con este blog cómo ocurrió la reunión de ‘participación ciudadana’ de los representantes de Petro-Perú y Hocol el año pasado con los ciudadanos de Santa María de Nieva: sin opción a preguntas de la población.

El sacerdote español -que trabaja hace 16 años en la tierra del líder awajún baleado el 5 de junio- destacó que una empleada de Petro-Perú y un representante de CONAP -organización amazónica poco menos representativa que Aidesep- monopolizaron el micrófono y los representantes colombianos de la empresa se retiraron al poco tiempo de iniciada la reunión.

Rodríguez quedó tan sorprendido de las irregularidades de la reunión que envió una crónica de lo sucedido al presidente de la empresa Hocol en junio 2008.

Días después, 87 apus representantes de 55 comunidades de la cuenca del río Santiago se dirigieron por escrito al presidente García, el entonces primer ministro, el ministro de Energía y Minas y la presidenta del Congreso. Expresaron su «rotundo rechazo a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos lote 116 en la cuenca, por la empresa HOCOL, contrato firmado por la empresa Pluspetrol».

Además, solicitaron «al gobierno central, regional y local desarrollar diseñar programas y proyectos que no atenten al medio ambiente y a los recursos naturales».

El discurso, desde entonces, por parte de los awajún wampís, no ha cambiado. Exigen respeto a su derecho a ser consultados sobre acciones que los afectan y a evaluar -con especialistas independientes- los estudios de impacto ambiental que realicen las empresas que quieran operar en sus territorios.

A continuación, un texto escrito al día siguiente de la tragedia del 5 de junio por el párroco de Santa María de Nieva, con el fin de documentar el proceso que está ocurriendo en el Perú. Las cifras de muertos no corresponden -recordarán que había gran contradicción en los dígitos apenas ocurrió todo- pero interesa destacar la información sobre los nativos que estuvieron en la Curva del Diablo -sin armas- y la lógica que guiaba sus acciones. El texto es tomado de la hoja parroquial del 7 de junio en Santa María de Nieva.

Un texto académico enumera los lotes concedidos por el Gobierno peruano que se superponen con áreas nacionales protegidas (p. 5)

Mapa completo del Lote 116

Esta historia resumida en inglés por Inka Kola News

Después del único informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos del 5 de junio en Bagua, se conoció parcialmente el reporte de Inspectoría de la Policía y algunos aspectos de la investigación fiscal en Amazonas. Mañana la Comisión especial investigadora de los sucesos en Bagua -presidida por Pilar Mazzeti- viaja a la zona, y la comisión de investigación del Congreso -liderada por G. Lombardi- se organiza para su trabajo.

La semana pasada estuvo en Santa María de Nieva el premier, Javier Velásquez Quesquén, y a mediados de setiembre el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. hizo algunos anuncios en Bagua.

Velásquez Quesquén hizo caso a la sugerencia del obispo Santiago de la Rasilla -vicario apostólico de Jaén- de escuchar lo que los nativos querían expresar. No hubo anuncios por su parte, sí algo de retórica. A la fecha, sólo hay información de una de las cuatro instancias conformadas luego de la tragedia de Bagua: la de investigación de los hechos. No hay mayor intención por parte del Ejecutivo de indicar qué se avanza sobre el mecanismo de consulta del Convenio OIT 169, ni tampoco sobre el proceso que desarrollarán para generar nuevas normas en reemplazo de las derogadas.

Cuando se instaló la Comisión Especial de Investigación hubo críticas por parte de miembros de Aidesep -entre ellos, Carlos Navas- pues su labor quedaba supeditada al presupuesto que dispusiera el Ministerio de Agricultura. La comisión fue creada mediante una resolución ministerial, a diferencia de lo que les ofrecieron en la PCM. Además, les dieron un plazo de 90 días para elaborar su informe.

Ayer obispos de la Amazonía de varios países -reunidos en Manaos- difundieron un comunicado acerca de los derechos de los pueblos.

En el documento indican que en el imaginario colectivo prevalecen ideas equivocadas acerca de la Amazonía: como que el habitante nativo es un freno al desarrollo, o que sus riquezas son inagotables, o que la selva es la última frontera de la humanidad, o que se trata de un lugar estratégico para la solución de problemas económicos.

Por otro lado, la comisión parlamentaria de investigación está integrada por dos apristas, una fujimorista, un nacionalista, un miembro de Unidad Nacional, otro de Alianza Nacional y un upepista. En Alianza Nacional están los legisladores de Renovación, Solidaridad Nacional y Restauración Nacional. Como es de esperar: no se pondrán de acuerdo en un único informe. El secretario de la comisión es del Apra.