Notas desde Lenovo

Hay más de 15 mil desaparecidos por la violencia entre los años 1980 y 2000 en el Perú y muy pocos de los familiares de ellos han recibido sus restos. Esta tarde unas 150 personas se reunieron en la Plaza San Martín a llamar la atención del Estado para que, entre otras obligaciones, devuelva los restos identificados por el Ministerio Público a los familiares que corresponden. Los paraguas significaban una protección contra el olvido y la impunidad, un ‘paraguas humanitario’.

Luego de la actividad, una delegación de la dirección de derechos humanos del Colegio de Abogados de Lima dejará un oficio al presidente Alan García pidiendo que el Perú suscriba la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, la cual reconoce como víctimas también a los familiares y exige que el Estado informe sobre el paradero de las personas y entregue los restos.

La doctora Carolina Loayza, representante del CAL, recordó que la Defensoría del Pueblo también ha emitido un informe recomendando al Gobierno que suscriba dicha Convención.

Hoy se cumplen seis años de la entrega al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y este domingo 30 se conmemora el Día Internacional del Desaparecido.

Mientras se realizaba la actividad del paraguas humanitario en la Plaza San Martín de Lima, los organizadores -el Equipo Peruano de Antropología Forense- recibieron una llamada desde Huanta, informando que acababa de realizarse el velatorio de los 92 restos de peruanos asesinados en Putis en 1984, los mismos que mañana serán enterrados en el camposanto de ese distrito de La Mar (Ayacucho).

Consultado por el blog, el abogado especialista en derechos humanos, Alejandro Silva, indicó que a seis años del IF-CVR puede considerarse un avance los procesos judiciales y condenas contra Alberto Fujimori, aunque la omisión por parte del Ministerio Público en devolver restos de personas desaparecidas a los familiares y el poco avance o parálisis de diligencias e investigaciones fiscales en Ayacucho constituyen un retroceso.
– Tengo una lectura pesimista del proceso, agregó.

De acuerdo a Silva, luego de las exhumaciones realizadas por el Ministerio Público hay restos que ya fueron utilizados como prueba para las investigaciones y mayor información no se obtendrá de ellos, por lo cual debe entregarlos a los parientes de las personas desaparecidas. «Están guardados en instalaciones del MP, deben ser entregados», añadió.

El experto explicó que los avances en el Perú son sólo más significativos que procesos similares en Guatemala y El Salvador.

También destacó, esta vez de forma positiva, el hecho de que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, se haya dirigido al ministro de Defensa para solicitar información referida en general a casos de violación a los derechos humanos.

Sin embargo, consultada el miércoles por este blog acerca de cuándo la Fiscalía presentará la denuncia formal del caso Putis ante el Poder Judicial, respondió que aún les falta información sobre los responsables. El propio Ministerio de Defensa ha informado ya a la Fiscalía el paradero del entonces jefe del comando político militar, general (r) Wilfredo Mori Orzo.

Una foto de Reuters en Alertnet

Durante la presentación de la segunda edición del notable libro ‘Chungui. Violencia y trazos de memoria’ escuchamos un grave diagnóstico sobre la inseguridad y postración en la que aún vive ese distrito de La Mar, Ayacucho: «Nadie quiere ir: ni la policía, ni las fuerzas armadas, ni salud», reveló con firmeza y pesar el alcalde Daniel Huamán.

Debido a la presencia de remanentes del narcoterrorismo en la zona -conocida también como Oreja de Perro-, la autoridad explicó que están gastando «en seguridad o defensa los recursos de la Municipalidad que deberían servir para el desarrollo. Los comuneros están yéndose para Andahuaylas, algunos se van para SL, otros abandonan los estudios y están como esclavos sirviendo en Ayacucho o Andahuaylas».

«A nivel de gobierno central, ninguna institución ni la prensa hablada, escrita, televisiva, nadie sabe cómo ha sucedido en Chungui. ¿Cuántos Putis, Accomarcas y Lucanamarcas habrá en Chungui? es una incógnita por descubrir sobre la violación de los derechos humanos», agregó Huamán.

El alcalde recordó que es el distrito más afectado por la violencia según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). «¿Nos preguntamos por qué ha habido tanta barbaridad? Quizá por la falta de vías de comunicación. En aquel tiempo los pobladores tenían que caminar tres días para llegar a una feria. Fue una zona estratégica de la que se apoderaron tanto Sendero Luminoso como las fuerzas armadas. Estamos haciendo las gestiones pero nos dicen que es imposible, nos dicen que no hay dinero o que falta población (para las obras)».

«Los jóvenes no tienen acceso a tecnología, no hay carreteras, no hay fluido eléctrico. Estamos en las tinieblas. ¿Por qué funciona la oficina de coordinación [de la alcaldía] en la ciudad de Huamanga? Debido a los sistemas como el SNIP y Seace [necesarios para gestionar obras]: en Chungui no hay banco, no hay servicios básicos, ni teléfono», precisó.

«Si hablamos de educación y salud es peor todavía. No sé cómo el Gobierno focaliza las reparaciones a las víctimas. El Gobierno dice que hay que atender las zonas más afectadas de extrema pobreza, pero no ocurre. Nos hemos convertido en un pequeño ministerio de educación. El año pasado la Municipalidad ha pagado los sueldos de 19 docentes de los tres niveles. Este año estamos pagando 15. En ese sentido demandamos y no nos hacen caso. No sé qué hacer. En salud, igual: los técnicos no quieren ir porque estamos lejos, no hay vías de acceso. Los puestos de salud no están implementados, no hay doctores, nada. A las madres gestantes las estamos evacuando como en la época del incaico con chacanas, organizamos comisiones para llevarlas. Hemos exigido equipamiento de ambulancias y medicamentos, pero hasta ahora no ocurre nada», relató el alcalde.

Huamán hizo alusión a un documental sobre Chungui del cual el IEP proyectó un adelanto. En un momento de la narración el corto se refirió al inicio de SL. «Justamente así inició. Estamos entrando a la segunda vuelta con la presencia de remanentes de SL porque no hay fuerzas del orden [en Chungui], nadie quiere ir, ni el Ejército ni la Policía Nacional. Felizmente estamos recién accediendo a justicia: hace dos años está funcionando la fiscalía y el juzgado».

«Durante la violencia se ha desorganizado nuestras comunidades, de seis mil que éramos, sólo dos mil hemos quedado, pero no todos están allí: hay algunos en Lima, en Ayacucho, en la selva. Constantemente han estado viniendo los remanentes de SL, recientemente han alarmado, el mismo cuento están diciendo, y las familias comenzaron a migrar a distintos sitios».

«El famoso camarada ‘Marco Antonio’ un día llegó, le dijimos que se identifique. Nosotros le hemos parado la guerra a ellos: desde marzo de este año día y noche estamos haciendo guardias. En vez de que nos preocupemos en el desarrollo de nuestra población y familia nos hemos convertido en pequeños policías nacionales o en Ejército: en patrulla, en servicio, en lista. A pesar de que hemos mandado informes al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior: esa es la cruda realidad del distrito de Chungui», describió.

«¿Qué futuro nos espera para el distrito de Chungui?», cuestionó por último la autoridad edil.

Edilberto Jiménez, antropólogo, periodista y retablista ayacuchano, autor del libro que va en su segunda edición, agradeció a muchas personas que colaboraron en la publicación: en particular al actual alcalde, quien lo acompañó en largas y duras caminatas -en 1996 y posteriores- para buscar a las personas que contaron sus historias, sus pérdidas y sus dolores, y que luego él convirtió en dibujos, relatos escritos y retablos.

Los testimonios recogidos por Jiménez y por Felipe Degregori en el distrito más golpeado por el conflicto armado interno sostienen que la violencia además produjo el fin de la organización de las personas. Luego de la violencia continúan diferentes rencillas, enfrentamientos. Lo único que une a los chunguinos es su fe en su patrona, la Virgen del Rosario.

Una de las fugas (cantos) de Chungui recogido en el 2000 por Jiménez dice así:
Vivo en pueblo lejano
Vivo en pueblo de Chungui
seguro por estar lejos
ni los periodistas llegan
ni los congresistas llegan
Dice también llora el río de Qachi
al encontrarse con el río de Chungui
así llora mi pueblo
cuando nadie se recuerda

Una nota sobre el mismo libro en La República

La columna de M. Tanaka sobre el trabajo de Jiménez

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y el Ministerio Público entregaron hoy a comuneros de Putis 92 ataúdes, 28 de los cuales estaban identificados con nombre y apellido. Pasaron 25 años para que la investigación fiscal avanzara, ahora falta que la Segunda Fiscalía Especializada de Ayacucho formalice la denuncia de este caso ante el Poder Judicial. No queda ninguna diligencia derivada de las exhumaciones del 2008.

Uno pensaría que este acto, de restitución de los restos a familiares que sufrieron por la pérdida violenta e injusta de sus parientes los consolaría o aliviaría, pero Putis está como hace 25 años: sin escuela y sin seguridad ante la violencia. San José de Secce -donde fue el ataque del narcoterrorismo hace dos semanas- queda a dos horas de allí. Cayramayo pertenece a Putis y los pobladores de dicho lugar piden que vuelvan a instalar la base militar que cerraron hace unos meses porque se sienten intranquilos y preocupados. «Es muy triste nuestra comunidad», comentó uno de los consultados por este blog.

El presidente de la Asociación de Afectados por la Violencia, Lorenzo Quispe, agradeció y felicitó a todos quienes permitieron que ahora puedan enterrar a sus seres queridos el 29 de agosto. Pero además pidió al presidente de la junta de fiscales, Javier Gonzales Torres, apoyo para que se realice una segunda exhumación en Putis. Por ejemplo, su padre sigue desaparecido. Según los sobrevivientes de la masacre de diciembre de 1984 -a manos de efectivos del Ejército- son unas 400 personas en total las muertas y desaparecidas en Putis. A la fecha, son 92 los restos recogidos en la fosa que queda detrás de la iglesia del centro poblado.

José Pablo Baráybar, director de EPAF, se sentía frustrado de que esta entrega de restos fuera como equivalente al tamaño de un alfiler. «Esto es como el 0,07% de avance de entrega de restos a sus familiares. No hay nada que celebrar», comentó.

Durante la actividad, realizada en el local del Ministerio Público de Ñahuinpuquio, a unos 20 minutos del centro de Huamanga, Baráybar explicó a los familiares y autoridades de Putis presentes -con detalle y proyectando fotos- el cuidado de los procedimientos aplicados para que los huesos y las ropas ‘hablen’ después de 25 años.

El forense mostró fotos de huesos despedazados que luego pegaron para poder reconocer dónde se produjeron los orificios de balas FAME (Fábrica de municiones del Ejército). En algunos casos, pedazos de bala se quedaban en los huesos. En otros casos, era posible verificar la trayectoria de los proyectiles con los huecos que dejaron los disparos en las ropas.

Baráybar también llamó la atención al hecho que casi la mitad (45%) de los 92 cuerpos hallados en esa exhumación de mayo 2008 correspondieran a personas que tenían desde menos de un año hasta 17 años. 39 de ellas murieron con lesiones de bala en hueso; a dos de las 92 les dispararon y acuchillaron.

Un integrante de EPAF tradujo dicha explicación en simultáneo al quechua, lo cual generó gran atención por parte de la audiencia durante la descripción del trabajo hecho con los restos hallados en la fosa.

Baráybar refirió que una gran dificultad para no haber podido identificar con nombre y apellido más restos era el paso del tiempo y, en segundo lugar, que muchas familias murieron completas y no había a quién tomarle una prueba para contrastar el ADN.

«La ciencia no puede hacer nada más para identificar a los demás: hoy hemos agotado todas las posibilidades», acotó.

Lorenzo Quispe invitó a que los acompañemos el 29 de agosto al entierro. En los últimos meses han estado construyendo un camposanto con sus recursos y con donaciones. La ONG Paz y Esperanza de Ayacucho -que asiste legalmente a los deudos de los muertos de Putis- está
convocando a una primera actividad de condolencia con dichos peruanos -en Huamanga- el próximo 27 de agosto. El entierro en Putis será el 29.

Otra actividad para que el Estado actúe a favor de los familiares de los 15,000 desaparecidos en el Perú se realizará este 28 en Lima.

Fuentes del Ministerio Público indican que en setiembre -en dos semanas- se les acaban los fondos recibidos por cooperación internacional para exhumaciones. No se ve a dónde han ido dichos fondos. No más de 200 restos han sido devueltos a sus familiares en los dos últimos años.

Los nombres de las personas asesinadas en Putis cuyos restos pudieron ser identificados son:
Ambrosia Solier Cusiche, Ernesto Limancca Solier, Agripina Curo Soto, Mendoza Curo, Mendoza Curo, Mendoza Curo, Leocadia Ccente Rmero, Potosino Ccente, Delfina Madueño Curo, Filomena Madueño Coronado, Guillermo Fernández Quispe, Felix Fernández Fernández, Juan Rosa Fernández Fernández, Celestina Cusiche Fernández, Anatolia Centeno Chávez, Ramón Condoray Quispe, Rita Condoray Quispe, Octavio Condoray Ccente, Saturna Condoray Huayllasco, Monja Huayllasco Huamán, Reynalda Condoray Huayllasco, Mauro Condoray Curo, Lucio Condoray Curo, Demesia Curo Soto, Justina Lunasco Quispe, Apolinaria Quispe Gamboa, Teodora Quispe Huayllasco.

Una columna de Juan de la Puente sobre el silencio de los medios ante este hecho

La fiscal Luz Marleny Rojas que la semana pasada denunció a miembros de la Policía Nacional por los muertos y heridos civiles en Bagua fue cambiada de sede. Lamentablemente, estos cambios de fiscales suelen entenderse como una interferencia en las investigaciones. Ojalá esta vez no signifique lo mismo. La fiscal Olga del Carmen Bobadilla ha sido designada en reemplazo de Rojas. Aquí la resolución del Ministerio Público.
Ambas fiscales son personajes clave en el esclarecimiento de los hechos del 5 de junio en la Curva del Diablo -carretera Fernando Belaúnde- y en Bagua. Como se recordará, el jueves pasado se realizó una audiencia con los cinco nativos detenidos en un penal de Chachapoyas, acusados de los homicidios de los policías.

La información sobre el cambio en las funcionarias apareció en la CNR y un par de tuiteros han reparado en ella: amazonasindigen y cyberjuan, pero no circuló en los medios limeños de referencia, excepto en La República.

Traducción de otra nota sobre Bagua en Opera Mundi.
El Perú vive aún las secuelas del enfrentamiento entre policías y nativos en la selva norte, ocurrido hace dos meses y que dejó 34 muertes en Bagua. Algunos heridos ya volvieron a casa, mientras otros permanecen en hospitales o reciben apoyo legal en procesos judiciales. En Chiclayo e Jaén la solidaridad de la población marca una nueva relación entre la población urbana y de origen andino con los nativos.

En Chiclayo, la población y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para donar cubrecamas, ropa, medicamentos y sangre. Según Yolanda Díaz, coordinadora de ayuda solidaria del Centro Esperanza, ONG, que trabaja en educación de niños y mujeres de la periferia chiclayana, el apoyo a las víctimas en esa ciudad fue sorprendente.

“Los familiares no querían dejar solos a sus heridos pero no tenían dinero para alimentos ni alojamiento. Con fondos de la Comisión Episcopal de Acción Social fue posible ayudarnos cuando se terminó la colaboración de los ciudadanos”, dijo Díaz a Opera Mundi.

La coordinadora reveló que la Junta de Usuarios (de riego) aceptó pagar los gastos totales de uno de los nativos heridos pese a que ni lo conocían. También comentó que el equipo médico del hospital Las Mercedes –donde llegó el mayor número de víctimas–, además de salvar vidas hizo una colecta para colaborar con la alimentación de los familiares de los heridos.

“Es un hospital con muchas carencias pero, en esos días, alquiló máquinas que no tenía para realizar cirugías y poder salvar las vidas», comentó Díaz.

Víctima de una bala perdida en el pie, Atilano Cárdenas (21), fue uno de los jóvenes perjudicados el 5 de junio, a pesar de que no participó de las manifestaciones. Recuerda que se asustó cuando le informaron el precio de los clavos que tenían que colocarle en el pie: más de mil dólares. “Mi madre dijo que tendríamos que vender la casa, pero luego recibí ayuda. Me he sentido muy protegido en Chiclayo y estoy agradecido”, dijo a Opera Mundi antes de embarcar el ómnibus de vuelta a Bagua hace un par de semanas.

La violencia en Bagua ocurrió luego de que nativos de la región amazónica exigían la derrogatoria de leyes aprobadas en 2008 y que amanazaban sus territorios. Treinta y cuatro personas murieron en los enfrentamientos entre nativos y policias. Luego de un debate en semanas posteriores, el Congreso peruano aprobó la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, por 82 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Un nuevo vínculo
El sacerdote Miguel Cuevas, ex profesor de ética en la Universidad del Pacífico (Lima) y director-fundador del seminario jesuita de Jaén, encabezó la primera caravana de 14 camiones, para llevar 600 nativos de vuelta a sus comunidades el 9 de junio. Él explicó que, por primera vez, los campesinos, chotanos y la población urbana de Jáen se identificó con las causas de las etnias awajún y wampis.

Cuevas explica que siempre hubo distancia entre los de origen andino y los pueblos de la selva, pero desde que comenzó el paro amazónico, las personas apoyaron a los awajún, decían que ambos luchaban por los mismos problemas, ya que Jaén es una provincia con conflictos entre la población y las empresas mineras.

«Las expresiones de apoyo ocurrieron desde que algunos awajún llegaron detenidos a Jaén desde Bagua, algunos de ellos muy maltratados. Luego vinieron a la parroquia de Jaén, donde los ciudadanos fueron voluntariamente para cocinar y donar alimentos», agregó el sacerdote.

Notas anteriores en Opera Mundi
– Congresso peruano derruba leis que geraram protestos indígenas
– Ataque policial a índios no Peru deixa ao menos 34 mortos

La segunda parte de la intervención del Perú en el Comité de Eliminación de la Discriminación de la ONU revela que aún no hay lecciones aprendidas ni reconocimiento de responsabilidades. A dos meses de la tragedia de Bagua, el ministro de Justicia pidió reparación por el daño hecho a la imagen del Perú que afectará las inversiones extranjeras. No mencionó si habrá reparación para los heridos por las fuerzas del orden que no intervinieron en las protestas de Bagua. No hubo tampoco señalamiento de responsabilidad política.

Diogenes Ampam, miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), awajún que participa en una de las cuatro mesas técnicas instaladas por el gobierno tras la derogatoria de dos decretos legislativos, desmintió afirmaciones del Gobierno sobre los awajún y los wampís a una audiencia que llenó el Vértice del Museo de la Nación al caer la tarde ayer.

«¿De dónde nos dicen que hemos estado armados? He conversado con los hermanos detenidos en Chachapoyas. Tenemos aún ocho inocentes detenidos. Les hicieron firmar una declaración, pusieron lo que ellos no han dicho, no tenían intérprete ni abogado. Les pregunté ‘tú has dicho esto?’ Y respondían que no. Los indígenas vinieron [a la carretera] con palo y lanza», explicó Ampam.

«No soy dirigente, soy del equipo técnico de Odecofroc en la mesa cuatro, quisiera precisar», aclaró durante la presentación del libro Anuario Indígena 2009, en una improvisada intervención pues anunciaron la llegada de Daisy Zapata, presidenta de Aidesep.

«Quiero comentarles que desde el 2008 la provincia de Condorcanqui e Imaza ha venido haciendo escuchar su voz. De 107 decretos legislativos, nueve eran lesivos a los derechos indígenas. Cuando vamos a sacar recursos de la tierra, se los pedimos, conversamos con ella. Con el pretexto del TLC violaron esto sin consulta, para la entrada de la minería», recordó el representante awajún.

«Los costeños dirán:´están locos los awajún que de la noche a la mañana toman carreteras’. Pero si van a ver los archivos de los ministerios, hay paquetes de planteamientos y oficios que los awajún hemos enviado desde el año pasado, exigiendo o sugiriendo mejoramientos en salud, en educación, en desarrollo sostenible», añadió.

«Desde el 9 de abril [que empezó el paro amazónico] hasta el 5 de junio, 57 días, awajún y wampis demostraron que no estaban aliados a la violencia. El 4 de junio estuve en el Congreso, ustedes ya conocen cómo fue la película [ese día Javier Velásquez Quesquén postergó nuevamente la votación por la derogatoria de los decretos], pero después del desayuno del día 5 a las 8 am [los manifestantes] iban a regresar. Muchas informaciones han llegado tergiversadas», sostuvo.

«En la madrugada, la policía ha cercado a los awajún [en la Curva del Diablo], pese a que habían conversado con los responsables directos de Dinoes. Nosotros sabemos con exactitud que si no había orden [de Lima], la policía no iba a intervenir», señaló.

Ampam también recordó que, el 2 de julio, el ex premier Yehude Simon aceptó que cesaría la persecución contra los dirigentes de las organizaciones amazónicas, pero tal cosa no ha ocurrido hasta ahora.

«El buen aprista en la ONU acaba de acusarnos que somos los responsables de las muertes de 34 personas: policías y civiles. Pero, hermanos -costeños, andinos y amazónicos- lleven este mensaje. Nos tildaron de que somos personas de segunda categoría -de segundo nivel-, que somos el perro del hortelano, que estamos haciendo conspiración internacional, que recibimos financiamiento de Evo Morales o de Chávez. Eso dicen los periódicos: eso es un invento del régimen actual».

El asesor de Odecofroc además hizo notar las acciones del Gobierno para partir la ya debilitada Aidesep, con el nombramiento de otra dirigencia. Reiteró que la presidenta es Zapata.

Por último, ya no dirigiéndose al publico, sino a un grupo de periodistas nos acercamos, informó que mañana hay una audiencia en Chachapoyas por los detenidos de Huancas. Un colega le preguntó sobre los desaparecidos. Ampam dijo que hay mujeres que podrían hablar de ello, «pero no se lo dirán a los periodistas limeñitos -ustedes disculparán, pero es así- que no dicen las versiones completas y cortan lo que las personas dicen».

Pueblos awajún y wampis demandan acción urgente del CERD de Naciones Unidas contra el Estado peruano, debido al racismo y discriminación y especialmente por la concesión minera otorgada sin previa consulta y en el Parque Nacional Ichigkat Muja, reserva de biodiversidad mundial.

La abogada Mar Pérez -de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- estuvo en la misma sala que el ministro Pastor y ofrece una visión complementaria e importante. Refiere que las exposiciones «se redujeron a una enumeración superficial de normas que supuestamente supondrían un avance en la materia. El ministro tuvo la intrepidez de mencionar el Plan Nacional de Derechos Humanos, abandonado y olvidado por este gobierno, como una de las políticas implementadas por el estado contra el racismo».
El texto completo en el blog de la CNDH

Aquí el video colgado por el Ministerio de Justicia y su silenciosa nota de prensa.

La siguiente es una traducción -editada y aumentada- de mi nota publicada hoy lunes en www.operamundi.net

Narcoterrorismo muestra poder de fuego en ataque a policía del Perú

Los analistas coinciden en la tesis de que la capacidad de fuego de los miembros remanentes del grupo armado Sendero Luminoso (SL), el narcotráfico y la ausencia del Estado explican el atentado contra la base de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) al norte de Huanta la madrugada del domingo 2.

Desde 2006, el grupo terrorista, que actúa en articulación con el narcotráfico ha atacado al Ejército y a la PNP en emboscadas en las carreteras y caminos del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), pero no lo había hecho directamente contra instalaciones de las fuerzas del orden. No hay números exactos pero se estima que SL tiene de 200 a 450 hombres (y mujeres).

Según fuentes policiales y parlamentarias, el ataque contra la Dinoes comenzó a las 11:30 del sábado (1) y duró casi una hora, en la plaza de San José de Secce, Santillana, a cinco horas de la ciudad de Ayacucho. Tres policías y dos mujeres civiles murieron por el tiroteo y las explosiones.

La zona del ataque está localizada en el VRAE, foco de las acciones del grupo de SL que nunca salió de su reducto de Vizcatán (Huanta) después de la captura en setiembre de 1992 del líder fundador del grupo, Abimael Guzmán. Autoridades y analistas han demostrado que el grupo está articulado e involucrado en el cultivo de coca y el transporte de droga hacia la costa peruana.

Para evitar las acciones de SL, el gobierno de Alan García comenzó en octubre pasado el Plan Excelencia, con el fin de sacar al grupo armado de Vizcatán. Por ello, envió más militares a la zona e instaló nuevas bases para la logística de las operaciones de patrullaje.

“Intentaron neutralizar los remanentes de SL con bases militares, pero el Estado está distante de la población, no interviene en lo social y califica a los habitantes del VRAE de ‘narcoterroristas’: así hay desconfianza», comentó a Opera Mundi el analista político Víctor Belleza, presidente colegiado del Grupo de Iniciativa Regional de Ayacucho, red de diversas ONG y organismos bilaterales que trabajan en dicho departamento.

El ingeniero agrónomo y analista afirmó además que el distanciamiento del Estado es una cuestión crítica, porque la información de inteligencia depende de la relación de confianza con los comités de autodefensa y los pobladores.

“El poder disuasivo de Sendero Luminoso es importante porque llegan a las comunidades con instalazas, lanzagranadas RPG y AKM, y los comités de autodefensa sólo tienen escopetas Máuser”, explica Belleza. “Si la población quisiera enfrentar a Sendero no podría», agregó.

El analista dijo además que, desde junio, cuando el Ejército cerró la base de Cayramayo, SL tuvo un mes libre para actuar en la zona de Huanta: «Antes los habían intentado cercar, pero quizá fue una equivocación abandonar esa base».

Al parecer, en meses anteriores 12 soldados de Cayramayo dejaron su base llevándose armas -se quejaron de malos tratos de sus superiores- y días después volvieron. Posteriormente, el instituto armado la cerró.

El abogado Ricardo Soberón, del centro de investigación Drogas y Derechos Humanos, advirtió en abril que si el gobierno no cambiaba la orientación de las acciones en el VRAE, cada tres meses ocurrirían nuevas emboscadas.

“Sin duda es una fuerza que tiene dominio de terreno e iniciativa de sorpresa. El ataque a la Dinoes revela un cambio cualitativo en la capacidad de combate del grupo: antes ya habían averiado helicópteros y tomado armamento de militares y policías”, sostuvo Soberón.

Según el experto en narcotráfico, la rutina, la desidia, la falta de iniciativa y la no coordinación de las operaciones entre el Ejército y la policía, explican la acción. “La zona atacada tiene redes de contrabando de insumos químicos para la producción de cocaína. No se puede contar sólo con el Ejército, se necesita a la policía también. Dos actividades distintas no pueden ser combatidas con una sola fuerza», añadió.

Actualización de Notasdesdelenovo:
Consultado Soberón acerca del poder real del grupo en la zona -¿o el poder se debe sólo a las armas?- explicó que la historia habla por los pobladores. «La memoria les permite saber de qué se trata cuando se dice ‘vienen los ‘tíos’. Hay un pacto social colectivo», refirió.

También destacó que durante el mensaje de 28 de julio, el presidente García no hizo ninguna mención al VRAE.

Cabe recordar que el enfoque del problema como puramente militar y policial no será suficiente. Los aspectos políticos y sociales aún no son abordados por el Gobierno fuera de una lista de lavandería de inversión en infraestructura por parte de diversos ministerios.

Consultado por Notadesdelenovo, el investigador Ricardo Caro enfatizó en que en décadas pasadas, San José de Secce era una zona controlada por grupos liderados por las senderistas Carlota Tello y Edith Lagos.

Diálogo sobre la estrategia en el VRAE, junio/Ayacucho, organizado por Praxis

No estamos como en 1983, ni el Sendero de antes es el de ahora, pero la historia a veces ayuda a mirar mejor lo que tenemos al frente. Aquí, un interesante documento desclasificado de la embajada de EEUU -de febrero 1983- menciona la ausencia del Estado, la labor de la policía y del Ejército, y el desempeño de los medios -entre otros factores- en la lucha contra SL luego de los asesinatos en Uchuraccay.

El ministro de Justicia declaró en Ginebra que los policías que llegaron el 5 de junio a desalojar la carretera -en la Curva del Diablo- «fueron recibidos con balas, con armas de fuego conseguidas tras haber asaltado un puesto policial. Eass armas fueron utilizadas para matar a los miembros de la policía». Su afirmación seguirá generando mayor distancia con la población amazónica. Hay pruebas y testimonios de que quienes iniciaron el ataque esa madrugada fueron los policías desde los helicópteros, con las bombas lacrimógenas.

Hay pruebas y testimonios también de que los generales que estuvieron todos esos días en la carretera Fernando Belaúnde sabían al caer el jueves 4 que los manifestantes habían aceptado desalojarla al día siguiente. Tenían que buscar movilidad y organizarse pues eran casi tres mil personas.

Es cierto que posteriormente -en una colina donde se vio al mayor Bazán- un grupo de manifestantes les quitaron las armas a los efectivos y con ellas dispararon en ese momento, luego de ver el enfrentamiento en la Curva del Diablo.

Pastor dijo también ante el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de Naciones Unidas que los nativos fueron instigados por personas extrañas y que tal cosa ha quedado demostrada. Agregó: «presiones externas a las propias organizaciones indígenas hicieron que Pizango abandonara la mesa de diálogo».

Otro aspecto preocupante de las declaraciones de Pastor es su posición acerca de la comisión para investigar los hechos del 5 de junio. «Vamos a investigar utilizando los mecanismos que la democracia nos obliga: tenemos un estado de Derecho donde hay poderes con automonía que tienen que respetarse. El poder Judicial tiene autonomía. El poder político no puede interferir en el Poder Judicial. Por tanto no entendemos a quienes piden a los políticos que interfieran con el poder Judicial, sería desconocer nuestro propio ordenamiento, nuestra propia Constitución».

«Ha habido una motivación sin duda, hemos identificado a algunos de los que han motivado estos hechos, hay una investigación en sede judicial y no vamos a interferir políticamente», señaló.

Ojalá ello no contradiga las declaraciones del ministro Velasquez Quesquén, quien aceptó que una comisión independiente se encargue de dicha pesquisa, sugerida por el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya.

El video con parte de la intervención de Pastor está disponible en la web del Ministerio de Justicia
Actualización de martes 11 am aquí el video

Ejecutivo no muestra interés en investigar hechos de Bagua: Carlos Navas se refiere a la demora del Ejecutivo en responder a la terna propuesta para la comisión.

El Gobierno tendrá que explicar hoy y mañana en Ginebra qué ocurrió en Bagua el 5 de junio y qué ha hecho para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Expresará públicamente ante el Comité de eliminación de discriminación racial de Naciones Unidas (CERD) que: «el Perú es suscriptor de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos o ambientales en general y de los derechos indígenas en particular. El más importante de ellos, el Convenio N.º 169 de la OIT». ¿En serio? Y si es el más importante por qué no consultó los decretos legislativos el año pasado? Ratificar convenios no es igual a cumplir.

El informe del Perú está en línea y es un ejemplo más de que -en papel o en PDF- el país puede parecer respetuoso de los derechos indígenas porque ha aprobado ciertos dispositivos, pero no transparenta su no aplicación. Para muestra, sostiene que «la 11.ª política del Acuerdo Nacional constata que en el país aún subsisten diversas expresiones de discriminación e inequidad social y resalta el compromiso del Estado y de las distintas fuerzas políticas por dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades».

Los mensajes de AGP del 28 de julio y de la primera semana de junio, y ahora el de Aurelio Pastor, no sólo no promueven ni defienden la igualdad de oportunidades sino que atacan a quienes pretendieron defender su derecho a la consulta. El ministro de Justicia defenderá al Estado peruano explicando que ‘intereses económicos’ azuzaron a la población nativa en su contra.

El caso de las minas Dorato y Afrodita en la frontera con Ecuador es muy claro acerca de cómo el Estado toma parte por las empresas y no por los derechos de las comunidades del Cenepa al entregar concesiones mineras en una zona no permitida para operaciones extranjeras. Ver una buena entrega al respecto en la revista Poder.

El premier no declaró en este tiempo sobre las cuatro mesas técnicas que han estado trabajando como parte del Grupo de Coordinación del Desarrollo de la selva, pero ayer domingo Perú.21 divulgó que Velásquez Quesquén mencionó el compromiso firmado por su antecesor, incluida la formación de una comisión que investigue los hechos del 5 de junio.

Si bien el informe escrito que presenta el Perú ante el CERD de Naciones Unidas fue redactado en enero de este año, antes de que se produjeran los hechos de Bagua, no alude a la gran cantidad de disputas entre comunidades indígenas y comunidades nativas que intentan defender sus recursos o, simplemente, que se respeten las normas en el trato con entidades estatales y empresas extranjeras.

En la página 24, dice el informe: » es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental. En este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha implementado acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos».
Insisto: ¿de qué sirven las normas si los ministerios no las respetan ni las hacen cumplir?

Entre las preguntas enviadas por el Comité de Naciones Unidas al Estado peruano -y que Pastor deberá responder- hay algunas interesantes como, por ejemplo, qué ha hecho para concretar los compromisos con la población Achuar afectada por la contaminación de sus aguas debido a la explotación petrolera. Asimismo, cuestiona el destino de numerosos proyectos de ley -citados en el informe enviado por el Gobierno- que permanecen en dicha condición por años, entre ellos, uno para traducir a las lenguas oficiales las normas aprobadas.

Acerca de los hechos del 5 de junio en Bagua, el Comité solicitó al Perú «información sobre las causas profundas y consecuencias del hecho desde el punto de vista del Estado parte y su progresión en los días posteriores [al 8 de junio en que el Perú envió una memoria]. Asimismo, atentamente solicita información sobre las medidas que el Estado Parte ha adoptado y/o piensa adoptar para, conjuntamente con los pueblos indígenas, superar esa situación y evitar que se vuelva a dar en un futuro».

Y una sorpresa más: pese a que los principales representantes del actual Gobierno desprestigian el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su presentación a Naciones Unidas sí citaron datos e información procedente de dicho documento (ver la página 26). El CERD solicita información sobre qué reparaciones ha entregado el Perú a las víctimas indígenas de los 20 años de violencia.

A continuación, el informe completo de enero enviado por el Perú y luego las importantes preguntas planteadas por la ONU al Perú el 20 de junio.

Si quieren ver la procedencia de los documentos, aquí el enlace al sitio del CERD de Naciones Unidas.

Actualización de las 10 am:

Aquí la nota de prensa enviada por el Ministerio de Justicia sobre lo dicho por Pastor en Ginebra esta mañana:

Desde Ginebra, el Perú informará los avances en temas de la lucha contra la discriminación racial
Gobierno peruano garantiza el diálogo con comunidades nativas
+ Ministro de Justicia lamentó ataque narcoterrorista en Huanta.

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, reafirmó hoy desde Ginebra, Suiza, que el Gobierno peruano garantiza el funcionamiento de las mesas de trabajo que se formalizaron a través de dispositivos legales, como parte del proceso de diálogo asumido por el Gobierno con las comunidades nativas.

“Con las mesas de trabajo se busca un espacio de conversación y de comunicación para todo el tratamiento de la problemática de las comunidades nativas y de las inversiones en esa zona”, detalló.

El ministro Pastor reafirmó el respeto a los derechos de las comunidades nativas de la amazonía ratificando la labor emprendida por el Gobierno para la lucha contra la discriminación racial.

De otro lado, Pastor Valdivieso lamentó los hechos de sangre suscitados en San José de Secce, Huanta, Ayacucho, donde perecieron tres efectivos de la Policía Nacional y dos mujeres civiles abatidos en una emboscada narcoterrorista este fin de semana.

“Lamento mucho los hechos de este fin de semana. Creo que radicalismo vuelve a cobrar víctimas inocentes. Este lamentable suceso debe permitirnos hacer una reflexión mayor del tipo de país que nosotros queremos construir. Esperemos que esto no se repita y que la justicia actúe inmediatamente como corresponde”, señaló en entrevista a un medio de comunicación radial.

Comunidades nativas: prioridad en política social

Respecto a la posición que asumirá el Perú ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CRED) de Naciones Unidas (ONU), el ministro Pastor refirió que el país informará acerca de los avances que se expusieron en enero de este año sobre el respeto a los derechos de las comunidades nativas y las acciones realizadas como parte de las políticas sociales destinadas a este grupo de la población.

En aplicación de esas actividades se logró reducir la tasa de la pobreza y analfabetismo en el ámbito rural; también se brindó especial énfasis a ofrecer servicios de calidad en el tema de salud, así como a generar las condiciones para el desarrollo de capacidades que permitan a los pobladores de las comunidades amazónicas a mejorar sus condiciones de vida.

“Empezaremos esta rueda de sesiones presentando un informe que debió presentarse en el año 98. Tenemos un retraso de más de 10 años con respecto a este tema y esto nos obliga a hacer un resumen de lo que todo este tiempo el país ha avanzado en materia de lucha contra la discriminación racial. Vamos a empezar haciendo una síntesis sobre el informe que fue presentado a comienzos de este año en el avance de la legislación, reglamentos, normas, entre otros casos”, explicó.

El titular de Justicia agregó que mediante estas reuniones se demostrará ante el CRED que en el Perú en los últimos años ha habido una legislación y una práctica importante de desarrollo en favor de la lucha contra la discriminación racial, que además viene acompañada de políticas de Estado que han permitido focalizar la inversión social es grupos como las comunidades nativas.

Finalmente, consultado sobre los avances en las investigaciones de los sucesos ocurridos en Bagua, Pastor Valdivieso afirmó que el Ministerio de Justicia, como parte del Poder Ejecutivo, actúa en este caso a través de sus procuradores. “No podemos hacer más que acatar las resoluciones que se dictan. De esta manera se garantiza el respeto a la autonomía de los poderes”, concluyó.

Y la nota sobre lo mismo en Andina