Notas desde Lenovo

El discurso con motivo de 28 de julio del presidente Alan García aludió brevemente al 5 de junio («los trágicos sucesos de Bagua sobre los que ya hice una reflexión autocrítica») y en adelante sólo reiteró la idea de que hay intereses extranjeros contra el Perú y que el diálogo se dará con «plazos establecidos», sin medidas de fuerza y sin condiciones ilegales.

Desde la semana pasada cuando se produjo el cambio de gabinete, García reiteraba que el resto de su gestión contemplaría la ‘inclusión social’, pero la frase sigue siendo aún un cliché encarnado en el número de líneas de telefonía celular existentes en el país -y que repite constantemente (22 millones 800 mil)-. Sobre inclusión social no hubo contenido en el mensaje presidencial.

Aidesep, la organización amazónica que lideró las protestas de 2008 y de este año solicitando la derogatoria de decretos legislativos -y que hoy afronta dificultades internas- ha reaccionado rápidamente ante el mensaje de García e indica que el jefe de Estado perdió la oportunidad de reconciliación con los peruanos.

El Arzobispo Juan Luis Cipriani coincidió con la tesis de Alan García, acerca de las amenazas ‘externas’ que afronta el Perú y, durante la homilía en el Te Deum inició la agenda protocolar del 28 de julio, sembrando miedo al referirse a la violencia de Sendero Luminoso en años pasados y la falta de agradecimiento a quienes lucharon contra el grupo terrorista.

Opinión de Santiago Pedraglio en CNR: «García persiste con una mirada unilateral de los conflictos sociales»

Nube de tags del discurso en Utero.pe

La transcripción del discurso ofrecida por el diario El Comercio

Antes de desearles felices fiestas a los seguidores de este blog, dejo un texto para quien quiera recordar la autocrítica de AGP sobre Bagua:

Palacio de Gobierno, 17 de Junio de 2009

Compatriotas, peruanas y peruanos en todos los hogares del Perú:

Después de los trágicos hechos que hemos vivido en las semanas pasadas, he querido reflexionar unos días antes de dirigirme al país para restablecer con él la calma y la serenidad.

Quiero en primer lugar señalar, que el objetivo de los Decretos que aprobamos hace un año sobre la Selva, era proteger a la Amazonía, a nuestra Amazonía, porque la tala ilegal y el contrabando de la madera, porque la siembra ilegal de la coca y el narcotráfico y la minería informal que envenena los ríos con mercurio, han destruido ya más de 10 millones de hectáreas y además está la depredación y el contrabando de las especies animales de la Amazonía.

Queríamos poner orden y eso era también una exigencia de los sectores ecologistas y progresistas del Congreso norteamericano en la negociación para lograr el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; reconozco sin embargo que entonces no se conversó con los jefes de las comunidades nativas en las que hay 300 mil peruanos, porque los 12 millones de hectáreas que tienen asignadas en propiedad esas comunidades y además los 15 millones de hectáreas de Santuarios Naturales quedaban totalmente consagradas y protegidas por los Decretos Legislativos, además después el Parlamento por mayoría modificó 17 de 33 artículos en el decreto fundamental dándole así fuerza de Ley.

Pero lamentablemente esos buenos propósitos fueron desfigurados, caricaturizados, no se comprendieron adecuadamente y agitadores, violentistas y politiqueros convencieron a muchos nativos de buena fe, que la Ley iba a quitarles el agua y la tierra, lo cual no era cierto; todo eso llevó a actos de violencia y bloqueos de carreteras y allí criminales ocultos detrás de los nativos emboscaron a la Policía y esa acción culminó con la dolorosa muerte de 24 policías y de 10 nativos; de ello se han aprovechado los enemigos del Perú para repartir por el mundo noticias falsas, políticos de otros países competidores del Perú buscaban destruir la excelente imagen de nuestra Patria que crece y reduce la pobreza y además buscaban disminuir el optimismo de los peruanos para imponernos sus ideas extranjeras.

En esta situación llega el momento de hacer un balance, de reconocer la sucesión de errores y exageraciones que hemos vivido todos de alguna o de otra manera; es verdad que el Decreto Legislativo original no fue informado o consultado con los jefes de las comunidades nativas porque se consideró, repito, que no se afectaba en nada las tierras de propiedad de esas comunidades, también es verdad que en el ambiente de pasiones y malas informaciones se volvió casi imposible razonar, dialogar o informar especialmente en las últimas semanas y lo peor, lo peor es que en la voluntad de hacer cumplir y respetar la Ley abriendo las carreteras y recuperando las estaciones de bombeo del Oleoducto Peruano, no se calculó que detrás de los nativos se ocultaría gente criminal y cruel dispuesta a matar policías y a empujar a la Policía a matar a muchos nativos, todo eso es verdad, lo asumimos, pero también es verdad que los jefes nativos creyeron en los agitadores y demagogos, en vez de revisar por ellos mismos los decretos y que sólo escuchaban en las radios de la zona, mensajes sobre cientos de muertos inexistentes y llamados a incendiar la pradera y muchos políticos utilizaban este tema para su propio beneficio.

Es una suma de errores y exageraciones de la que sale perdiendo nuestra patria, el Perú, ¿Qué hacer?

Ahora el Primer Ministro que es un hombre creyente, honesto, leal a sus principios, que no tiene temor a decir la verdad, ha tomado la decisión de volver al inicio, al comienzo de las cosas, proponer la derogatoria de los decretos y de la Ley y comenzar un nuevo diálogo con el cual se pueda aprobar nuevas normas para proteger la Amazonía y yo lo respaldo, porque es mejor una rectificación valerosa que una torpe obstinación por ver quien gana y sé que el Parlamento así lo comprenderá y yo se lo pido públicamente.

Importa poco quien gane, lo que importa es que gane el Perú, yo sé que con tiempo y paciencia las cosas se comprenderán mejor, vale la pena esperar.

Yo le pido ahora al país calma, serenidad y confianza, esa confianza y optimismo que tenía hasta hace dos semanas, se la pido; ¿saben algo queridos compatriotas? Hoy hay cosas mucho más grandes en juego, primero, salvar al Perú de la crisis mundial y hacer que afecte lo menos posible a los peruanos y a los más pobres y en segundo lugar, continuar el trabajo de construir carreteras, puertos, hospitales, agua potable, electrificación y otras obras sociales que le dan empleo a muchos peruanos.

Que un conflicto por doloroso que haya sido no nos distraiga, ni nos divida, ni nos haga olvidar esos grandes objetivos, salvar nuestra patria de la crisis y aumentar los servicios sociales para el pueblo.

Yo sé que crecer trae tensiones, aprendo que querer modernizar muy rápidamente trae conflictos, no tengamos temor de eso si el país avanza, pero evitemos la muerte y el dolor que son irremediables y si ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos.

El Perú es una democracia al servicio del ser humano y de su libertad, toda discrepancia o reclamo es bienvenida siempre que no se llegue a la violencia que casi siempre conduce a la muerte.

Compatriotas, esa es la voz de reconciliación y de paz que ahora requerimos y que debemos afirmar por encima de los errores, de las venganzas, de los rencores y los aprovechamientos políticos.

En esta hora en que la comunidad mundial vive el terror de una gran crisis económica, le repito que los peruanos unidos todo lo podremos, la voz de la unión es la voz del triunfo de nuestra patria.

Muchas gracias por haberme escuchado y que Dios los bendiga en todos sus hogares.

Muchas gracias.

Otra de las secuelas más obvias de la violencia en la Curva del Diablo y horas después en Bagua capital, se expresa en los miles de afiches que Felipe Bazán, padre del mayor de la PNP Felipe Bazán Soles -desaparecido hasta hoy- ha colocado en muros, locales públicos y terminales de transporte de Jaén, Bagua capital, Bagua Grande, Chiriaco y comunidades intermedias antes de Imacita.

El señor Bazán ofrece recompensa, incluye varios teléfonos, ofrece trato directo con los familiares, pero aún no hay respuesta.

Aquí algunas imágenes adicionales:

Un equipo de cuatro personas de Amnistía Internacional (AI) terminó ayer una misión que estuvo en el Perú durante dos semanas investigando los hechos del 5 de junio, tanto en Amazonas como en Lima. Susan Lee -británica, directora del programa regional para América- y Nuria García -española, investigadora para Perú-, concedieron su última entrevista a este blog antes de tomar sus vuelos de retorno.

-¿La delegación llegó al Perú por invitación de alguna organización de la Amazonía o por iniciativa institucional de AI?
Susan Lee: Fue iniciativa nuestra. Llevamos un año siguiendo la situación en Bagua con bastante preocupación. Incluso nos habíamos dirigido al primer ministro antes de los sucesos del 5 de junio para expresarle nuestra preocupación por lo que estaba pasando y pedir tomara medidas de prevención de un desenlace violento, como efectivamente se dio. En Londres recibimos nucha información desde el inicio de la operación de desalojo del bloqueo de la Curva del Diablo y en los días subsiguientes también. Para AI es muy importante verificar directamente los hechos y hablar con las personas afectadas, con las autoridades, la iglesia y con las autoridades nacionales para recibir sus explicaciones de lo que ha pasado y las medidas que están tomando. También para expresar nuestra preocupación en cuanto a violación de derechos humanos o de garantías.

¿Hace cuánto no llegaba una misión extraordinaria de AI al Perú?
Nuria García: Normalmente venimos una vez al año…

– Me refiero a una misión extraordinaria, como la que han cumplido ahora fuera del cronograma regular.

Nuria García: Esta vez adelantamos la visita regular que hacemos al Perú.
Susan Lee: ¿La última misión excepcional para ver graves hechos como estos?, no me acuerdo en los últimos años. Por lo menos en cinco años no hemos tenido que tomar una decisión de hacer una visita extraordinaria al Perú como ésta.

¿Cuánta receptividad han tenido entre los funcionarios públicos con quienes se han reunido, les han dicho qué medidas están tomando?
Susan Lee: Por una parte es muy claro que el gobierno reconoce que hubo fallas, inclusive antes del 5 de junio en el tratamiento de la situación. Por otra parte, hay cierto reconocimiento de que hubo un ‘antes de Bagua’ y ‘después de Bagua’. Eso es lo que nos han dicho. Ahora, ¿qué significa este ‘después de Bagua’ en términos de cómo cambiaría a política del gobierno acerca de garantizar una consulta debida a los pueblos indígenas en los aspectos que les puedan afectar sus derechos?, eso nos queda menos claro. Únicamente sobre la marcha de este proceso de diálogo veremos si efectivamente lo están tratando en serio y actuando con buena fe. Vamos a seguir muy de cerca la situación de Bagua, llevamos información para compartir con los miembros de AI en el mundo. Lo ocurrido tuvo un impacto muy fuerte para la opinión pública internacional y hay mucha ansiedad de hacerle un seguimiento de cerca. Por lo tanto, con la información recabada vamos a realizar nuestros informes y mantener una presión sobre el Estado para que cumpla con sus obligaciones. La prueba va a ser los resultados de estos procesos.

¿Con qué representantes del Estado han podido reunirse?
Susan Lee: Con el canciller García Belaunde, con funcionarios de PCM –pero no con el primer ministro–, Defensoría del Pueblo, funcionarios de Indepa, de la Fiscalía de la Nación y con la comisión de Pueblos Indígenas del Congreso. No hemos realizado todas las reuniones oficiales que quisimos, pero vamos a venir otra vez.

Nuria García: La única otra autoridad no disponible -además del premier- fue el presidente, con quien también habíamos solicitado reunirnos.

-¿Cuál es la preocupación o acción urgente para AI en el corto plazo?
Nuria García: La necesidad de una investigación independiente e imparcial -para restablecer la confianza y que se esclarezcan las responsabilidades de lo que sucedió- y la necesidad de un proceso de consulta en línea con las obligaciones del Estado de acuerdo al Convenio 169.

Susan Lee: Yo añadiría una: revisar la situación de dirigentes indígenas que tienen procesos penales con cargos y acusaciones muy graves. Hemos revisado bien los expedientes, también hemos conversado con los abogados defensores de estas personas y luego con las autoridades para asegurarles que los cargos no tienen sustento, en particular para las personas que presenciaron las declaraciones de Pizango en el momento (en que invocó a la insurgencia), pero sobre todo porque se retractó públicamente de lo dicho. Hemos avisado al Ministerio Público y a otras autoridades que son casos que vamos a asumir. O se retractan las acusaciones que los diferentes procuradores de los ministerios presentaron en su contra o debe haber una revisión para resolver estos casos.

¿Han recibido denuncias de desaparición?
Nuria García: La gente habla de desapariciones pero la única información concreta son cuatro nombres, no presentados por los familiares sino por otros dirigentes de comunidades que indican que no habrían regresado. No hemos podido corroborar esa información. Los casos fueron presentados en Imacita pero se referían a otras comunidades.

¿Qué sensación les queda luego del recojo de información en la selva norte, cómo han percibido a la población, a las autoridades?
Susan Lee: Yo he estado en Lima, pero Nuria y otra compañera estuvieron en Bagua, comentaron que en la zona hay un clima de zozobra, inquietud y desconfianza muy fuertes acerca de lo que viene después y la forma en que se están manejando los sucesos del 5 de junio. A la vez hay una esperanza -quizás desmedida- en las organizaciones internacionales de asegurar que haya justicia y salga la verdad de lo que pasó. Nos quedamos con la expectativa de la gente de que de nuestra parte podamos hacer algo, pero se nota mucho temor a la vez.

¿Cuán complicada y viable es esa investigación independiente que se espera?
Susan Lee: Si hubiera conformación de una comisión independiente e imparcial, que sea vista como tal, puede ser que tenga sus dificultades pero tendrá más posibilidades de esclarecer los hechos que las instancias gubernamentales. Estas reconocen que hay mucha dificultad en realizar las investigaciones por la misma falta de confianza de las personas. Entonces, sería una posibilidad mucho más real y seria y es absolutamente esencial que se busque la forma de crear la confianza -o recuperarla si existía, no sé si la hubo antes-. El Estado tiene una obligación muy fuerte ahora, una responsabilidad porque no se dio la consulta previa debida. Entonces, tiene que asumir esa responsabilidad. La desconfianza parte de ese momento, mucho antes también, lo que ha pasado en el último año es que (los nativos) fueron desconocidos, no oídos, intentaron imponer políticas sin consulta.
Ahora el gobierno tiene que adoptar las medidas para asegurar que se puede crear la confianza, sino inevitablemente fracasará. La investigación debe esclarecer no solo los hechos en cuanto a los heridos y violaciones de los derechos humanos, sino la responsabilidad política: ¿Quién dio la orden (del desalojo), en qué consistía y cómo se implementó? ¿Por qué se decidió la operación?
Si hay algo positivo, es que los pueblos tienen conciencia de que tienen que ser consultados. Sorprende cómo manejan el Convenio 169 de la OIT, para muchos es poco conocido, pero los pueblos indíigenas de América Latina sí lo conocen, no es una garantía pero sí una herramienta para conseguir respeto de las autoridades. Quizá los gobiernos no se dieron cuenta qué estaban firmando cuando lo ratificaron.

Estudiante para ser profesor de danzas y mototaxista, Atilano Altamirano (21) fue uno de los baleados sin motivo en Bagua capital el 5 de junio. No participó de las protestas. El disparo al pie cayó cuando circulaba por una calle durante el ataque de la policía en la ciudad. El domingo volvió a Bagua y agradeció la red de solidaridad que ayudó a decenas de heridos y sus familiares que no tenían cómo costear medicamentos, alimentación y hospedaje en Chiclayo.

Ese día, «estaba trabajando normal en el parque, había harta gente, ya había policía pero yo seguía trabajando, y comenzaron a balear. Una pareja de pasajeros subieron y los dejé como a cinco cuadras, cuando bajé para darles vuelto sentí como una aguja y luego ya no podía pararme. Comenzó a temblar mi pie. Sé que me llevaron en ambulancia».

«Me asusté cuando me dijeron que los clavos que tenían que ponerme costaban 4 mil o 5 mil soles. Llamé a mi mamá, ‘tendremos que vender la casa’, dijo. No sabía qué hacer, yo dije: que me corten la pierna, mejor», recuerda Atilano, mientras espera la salida del bus de vuelta a casa.

Su madre conversa agradecida con Yolanda Díaz, una de las responsables de coordinar la ayuda solidaria que proporcionaron chiclayanos, chotanos y paisanos de Bagua para atender a los afectados del 5 de junio que fueron derivados a hospitales de Chiclayo. «Ustedes han sido nuestra familia», le dice mientras se le llenan los ojos de agua.

¿Quién responde por lo ocurrido?
Díaz informa que el joven trabajador debe regresar al hospital para un chequeo a inicios de agosto.

«Dentro ha quedado como hueco, si no se recuperan los tejidos, tendrán que hacerme injerto», refiere Atilano.

Aunque hace muchos años no vive con su padre, contó que ahora sí se ha interesado por él. «Ya que no me ha ayudado antes, quizá ahora. Pero si me apoya o no, queda en su conciencia».

«Acá -en Chiclayo- me he sentido bien protegido, me voy contento porque hemos hecho un grupo bien bonito con los familiares (de los heridos)», añadió.

Utero.pe retomó ayer la secuela de los hechos del 5 de junio en Bagua, citando -entre otros elementos- un reportaje de Alonso Gamarra sobre heridos inocentes y la triste búsqueda del mayor desaparecido de la policía.

En un recorrido que hice entre Chiclayo, Bagua capital, Bagua Grande, Imacita y Jaén -entre el domingo y ayer-, los afiches que ofrecen recompensa por el cuerpo del mayor Bazán se encuentran en cada esquina, en cada terminal de autos o buses. Han sido colocados por iniciativa de su padre. En los días siguientes incluiré más información sobre la situación post 5 de junio en la selva norte.

Esta mañana los abogados defensores de Santiago Manuin, sus familiares y representantes de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Aprodeh hicieron intensas gestiones para que el hospital Las Mercedes de Chiclayo reevaluara la condición del líder amazónico, pues una vez dado de alta sería detenido. La junta reconsideró y dijo que en una semana volverán a evaluarlo. Es decir: ¿en una semana Manuin irá al penal de Chachapoyas? A continuación, las palabras de su hijo Juan Carlos, quien describe la situación de salud de su padre, y el llamado de CEAS a proteger la vida de uno de los dirigentes más queridos de la selva norte.

Denuncio al Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo, el haber dado el alta a mi señor padre pese a su grave estado de salud. Al parecer, los médicos Jorge Cachay Montaño y Cesar Vela Saavedra, sin mayor conocimiento del caso han tomado esta decisión apresurada que pone en riesgo su salud y su vida.

Mi padre es diabético, tiene hilostomía (no defeca naturalmente), herida infectada en la espalda que está expuesta y herida en el abdomen en proceso de cicatrización, quien además ha sido recientemente operado y necesita de otras operaciones más para su total restablecimiento.

Pese a ello, se la ha dado un alta ilegal y denuncio públicamente al director del hospital y a los médicos que suscriben el alta por exponer la vida de mi padre quien requiere estar en un lugar adecuado, higiénico, aséptico por la infección que tiene.

Es por ello que el día de hoy, he solicitado al juez que dadas estas condiciones y la desconfianza que me genera este hospital, mi padre sea trasladado a una clínica local.

Además tengo conocimiento que el juez ha solicitado información médica, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. A nosotros como familiares también nos han negado información, vulnerando el derecho a informarnos sobre la situación de salud de mi padre.

Exijo a las autoridades: al Presidente de la República, al Ministro de Salud y a la Defensoría del Pueblo que velen por la salud y la vida de mi padre. Pido a la Conferencia Episcopal Peruana que interceda para que esta situación sea superada.

Mi padre es una persona que siempre ha luchado por la paz y por su comunidad y no puede ser que ahora se le maltrate y se ponga en riesgo su vida. Por lo que responsabilizo a estos médicos y al director del Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo Dr. Javier Serrano

Juan Carlos Manuin Rosales

Comunicado de CEAS

Es necesaria una acción urgente nacional e internacional para evitar que se ponga en peligro la vida e integridad del hermano indígena awajún Santiago Manuin.

Esta mañana la junta de médicos del Hospital Las Mercedes de Chiclayo revocó la orden de alta médica de Santiago Manuin por un lapso de siete días.

Ello no garantiza la recuperación de Santiago, es necesario que el señor juez de Bagua ordene su traslado a una clínica local de Chiclayo para continuar con el proceso operatorio pendiente y de recuperación.

Es urgente que el Estado, responsable de la condición de salud del dirigente Santiago Manuin, considere que el señor Manun es diabético, aún sufre un cuadro infeccioso, y aún está pendiente una operación delicada para recuperar sus funciones básicas de digestión, lo que impide el alta médica y su traslado a la cárcel de Chachapoyas como se pretende.

La nota que dio la alerta esta mañana por Paola Ugaz

Las declaraciones de Yehude Simon a mediados de junio asegurando que todo el Gobierno gestionaría que se levante la orden de detención contra Manuim.

La alerta de la semana pasada en este blog

Los asesinatos recientes en Lima de conocidos homosexuales del mundo del espectáculo o la moda podrían por fin dejar de ser tratados con tono sórdido y sensacionalista mañana, cuando se realice una vigilia contra los crímenes de odio, organizada por la comunidad LGBT (lésbico-gay-bi-transexual) peruana en la cuadra 5 del jirón de la Unión, plazuela de la Iglesia de la Merced.

Una interesante nota sobre esta racha de asesinatos por el Morsa.

Un texto de Paul Alonso sobre cómo la crónica roja deja ver sectores y expresiones antes evitados o despreciados por los tomadores de decisiones o la ‘cultura dominante’.

En las redes sociales está circulando el término ‘terremoto’ para dar cuenta del sismo de esta madrugada en el sur del Perú, quizá causará intimidación. Si bien fue de 5.8 en la escala de Richter, el Instituto Geofísico del Perú indica una intensidad de II y III en Puno y Arequipa y de II en Cusco. Para comparar con el peor de los últimos años, el de Pisco hace un par de años tuvo VII y VIII de intensidad.

Para quienes quieren navegar por la interesante web del Instituto Geofísico, aquí la ruta y una fuente estadounidense oficial que presenta los sismos más recientes (Earthquake Hazard Program).

Hace unos minutos juramentó el tercer gabinete del gobierno de Alan García y es momento para revisar la densidad de la presencia aprista en el Poder Ejecutivo y qué significa que ingresen dirigentes como Javier Velásquez Quesquén y Aurelio Pastor a cargos tan cruciales como la Presidencia del Consejo de Ministros y Justicia (en particular por los casos de corrupción conocidos en los petroaudios).

Los dos ministros cercanos a AGP que han permanecido desde el 2006 son el canciller García Belaunde (amigo del presidente aunque no militante del partido) y José Antonio Chang, quien sí es parte del APRA.

Los dejo con un gráfico en el que intento presentar la densidad de la presencia del Apra en los tres gabinetes en lo que va del segundo período de Alan García. Es posible que encuentren algunas imprecisiones debido a que se han producido algunos cambios en momentos intermedios, es decir, salidas intempestivas que no coincidieron con cambios grupales de ministros, como el ocurrido en octubre del año pasado.

La risa y los aplausos cuando García dijo que esperaba que este equipo lo acompañara hasta el final de esta administración, sólo se pueden entender como una mala señal para el escenario pre-electoral.

El presidente indicó que las prioridades de este gabinete serán ‘orden e inclusión’, pero no es notorio quiénes podrían ser los ministros que gestionen o hayan gestionado previamente teniendo ese criterio en mente.
Ya varios blogs están llamando la atención al hecho de que dos operadores tan duros del Apra -como Velásquez Quesquén y Pastor- reciban tanto peso y poder a partir de hoy. Para recordar sólo un punto, está la contraproducente labor del ex presidente del Congreso acerca de los decretos legislativos cuestionados por las poblaciones de la Amazonía.
No he podido verificar si la nueva ministra de Trabajo tiene afinidad con el Apra, al parecer no. Actualización de las 21:51 hrs: Una fuente mejor informada me indica que Manuela García fue propuesta por el secretario del presidente, Luis Nava.

Por otro lado, pese a que El Comercio indica que Adolfo de Córdova ha tenido trayectoria técnica, es un militante del Apra con un cargo en Mollendo (Arequipa), hay declaraciones suyas recientes aquí. Además es suegro de Ricardo Pinedo, colaborador muy cercano de Alan García y ex asistente personal en la campaña 2006.

Nueva crónica del español Alejandro Fernández -ex director de Fe y Alegría de Honduras- desde El Progreso, vía Pablo Espinoza. Presenta la imagen de un país enredado entre dos personajes cuestionables, representativos de la historia política latinoamericana. Como indicamos previamente, Roberto Micheletti logró su pequeño poder como diputado y propietario de tierras en El Progreso.

9 de julio
Honduras es hoy un país paralizado, con todas las miradas puestas en San José de Costa Rica, a la espera de un resultado favorable que permita a la ciudadanía regresar a una cierta normalidad, sin la tensión política de las últimas semanas. Hace 22 años Oscar Arias fue el principal artífice de los acuerdos de Esquipulas, que dieron inicio a un largo proceso que llevaría a la solución de los conflictos armados en Centroamérica. Aparentemente, esta vez el envite parece más sencillo para un mediador con estas credenciales. Pero no es descartable que salga trasquilado, como le sucedió a Insulza hace días, al toparse con una falta de motivación evidente para atenerse a razones democráticas.

Las razones de la clase política hondureña son otras; lo de ellos es la gramática parda, no las constituciones. Sentar a dos caudillos políticos de la oligarquía bipartidista más antigua de América frente a frente no es moco de pavo.

En horas de la mañana se celebra un homenaje en recuerdo de Isy Obed, el joven muerto el pasado domingo, cuando un numeroso grupo de pobladores esperaban el eventual aterrizaje de Zelaya. Miles de personas se desplazaron hoy al lugar donde este muchacho fue abatido, presumiblemente por las balas de algún francotirador verde olivo. Su padre, David Murillo, no pudo asistir a este homenaje, pues fue detenido por elementos policiales cuando salía del Comité de Familiares de Desaparecidos, COFADEH, y remitido a los juzgados de Juticalpa. Contra Murillo pesaba una vieja orden de captura a raíz de su defensa de un bosque olanchano en el año 2003, que fue reactivada precisamente hoy. ¿A alguien le quedaba alguna duda sobre la catadura moral de este gobierno interino? Pero las infamias de este jueves 9 de julio no terminaron aquí.

La involución de tintes ideológicos continúa lenta pero inexorable. Hoy salieron del país 85 pedagogos cubanos que estaban en Honduras en una misión que ya dura algunos años, en tareas de alfabetización de adultos. Hay que decir que las misiones cubanas llegaron aquí tras el huracán Mitch y han convivido con tres gobiernos. No son por tanto una consecuencia de las simpatías de Zelaya por el castrismo, pero al nuevo canciller Flores Bermúdez le ha parecido imprescindible dejar claro quiénes son los enemigos de Honduras

La televisión nos retransmite la llegada de Mel Zelaya a San José, con su característico sombrero vaquero, acompañado de su equipo negociador, encabezado por Patricia Rodas. Esta última, hija de un célebre caudillo liberal, es para muchos observadores la responsable de la deriva del presidente hacia el chavismo. Su padre, Modesto Rodas Alvarado, sufrió exilio en otro golpe militar y murió cuando se perfilaba como presidente, en 1979. Patricia fue en su juventud militante marxista y colaboró con la revolución sandinista en los años 80. Estuvo vinculada a la izquierda clandestina hondureña hasta que a mediados de los 90, acompañada de otros compañeros de viaje, se incorporó al partido de su padre tratando de provocar un vuelco ideológico desde dentro. Inopinadamente, este grupito encontró su gran oportunidad en una alianza preelectoral sellada con Mel Zelaya, quien lejos de veleidades subversivas fue educado para dirigir una hacienda ganadera en las tierras de Olancho. El viejo José Manuel, su padre, fue señalado como uno de los responsables directos de la Masacre de los Horcones, en 1975. En la hacienda propiedad de los Zelaya fueron asesinadas 14 personas, entre campesinos y sacerdotes, que luchaban por acceso a la tierra.

Esta extraña alianza entre el vástago del ganadero y la hija del caudillo ha dado lugar a lo que un analista con gran sentido del humor bautizó como la patastera ideológica de este gobierno. Patastera es en Honduras la planta trepadora que produce patastes, con unas ramas que se enredan una sobre la otra sin que uno sepa bien de donde vienen ni a donde van. Algo así le ocurrió a este grupo de camaradas que con Patricia Rodas a la cabeza, han hecho gala de un izquierdismo de cafetín, que en nada ha mejorado la vida de las grandes mayorías.

A media tarde llegan otra vez noticias de Costa Rica. Micheletti, tras reunirse con Arias, dejó allí su comisión negociadora y se volvió para Honduras, prometiéndole al premio Nobel que regresará cuando sea necesario. No parece, así de primeras, un síntoma muy bueno. Por de pronto, no se verán las caras los dos protagonistas nominales de esta crisis. Mientras tanto ambas comisiones están ya sentadas en una misma mesa, negociando en nombre de dos políticos desacreditados el destino de todos los hondureños.

Tirsa Flores, del movimiento de jueces por la democracia, que el año anterior participó en la huelga de hambre en apoyo a los fiscales del ministerio público, explica en los micrófonos de Radio Progreso que hay dos cosas que son innegociables en San José. Una es el retorno al orden constitucional, que implica el regreso de Zelaya a casa presidencial. Nos guste más, o menos, él fue escogido por la ciudadanía y su mandato fue abruptamente interrumpido por un golpe militar. La otra es la impunidad. ¿Pero quién se encargará de implementar justicia contra los usurpadores del poder Ejecutivo, cuando la propia Corte Suprema y el Congreso son parte del aparato golpista? La crisis política hondureña ha devenido en un laberinto al que de momento no se le ve salida. La primera jornada de este esfuerzo diplomático termina en tablas.

Entretanto, se acrecienta el temor entre buena parte de la sociedad civil de que esta crisis se cierre en falso ¿Servirá este atentado contra la democracia para impulsar un movimiento propositivo que modifique el futuro de Honduras? ¿Pagará el pueblo otra vez los platos rotos? No hay que perder la esperanza de que la ciudadanía salga fortalecida de este trance, pero será necesaria una larga travesía que no concluirá con las negociaciones de Costa Rica.

Onur Bakiner es un estudiante de doctorado en Ciencia Política -especialista en el Perú y Chile- que tuvo una rápida reacción analítica luego de los hechos del 5 de junio en Bagua. Traduje su texto originalmente escrito en inglés el 17 de junio. Es muy valiosa su mirada sobre quiénes tienen derecho a tener derechos en el Perú. No se pierdan los últimos seis párrafos.

La política como manejo de crisis: violencia en la Amazonía peruana
Original en /
Questionpolitics, 17 de junio 2009 en Qpolitics

‘Vulnerabilidad’ alude a la falta de defensas contra ataques o amenazas. En un sentido político, la vulnerabilidad se contrapone a los mecanismos de protección –física, social y económica- proporcionados por el Estado. La exclusión de la violencia como medio para la resolución de conflictos, el sistema de derechos humanos fundamentales acompañado de libertades civiles y políticas, y la creación de un sistema de protección social sirven para proteger a los ciudadanos y comunidades de conflictos letales, intrusiones arbitrarias de funcionarios en la vida individual y social, shocks impredecibles en los mercados y similares.

La vulnerabilidad no es una susceptibilidad previa o no-política a la violencia o la pérdida material; sino que los criterios de inclusión/exclusión, diferenciación social y estratificación, orden y conflicto, están determinados a través de mecanismos políticos que generan, legitiman y reproducen las relaciones de poder en toda sociedad. La exclusión del status político-legal, es decir, ciudadanía por ejemplo, ha llevado a la vulnerabilidad más preocupante de los tiempos modernos –lo que Hannah Arendt llama “el derecho de tener derechos”. La lectura de Arendt sobre la época de entreguerras como precursora del Holocausto demuestra que revocar el derecho a participar en una comunidad política (derechos ciudadanos) anula hasta la más elemental defensa de los derechos humanos universales e inalienables (derechos del hombre).

Mientras que la inclusion politico-legal en una comunidad política es indispensable para superar las vulnerabilidades, la pura ciudadanía no es de ninguna manera suficiente cuando los individuos y comunidades carecen de acceso significativo a sus derechos –legalmente reconocidos- y a la participación política en los mecanismos de resolución de conflicto. La población Amazónica del Perú enfrenta hoy precisamente tal pluralidad de vulnerabilidades en las cuales los hechos históricos como pérdidas socioeconómicas, falta de acceso efectivo a los procesos politicos nacionales y exclusión racista, combinados con un nuevo tipo de indefensión originada en el mercado debido a la extracción de recursos naturales por compañías estatales o multinacionales –una tendencia creciente no sólo en el Perú sino en toda la Amazonía Occidental. (enlace a un estudio topográfico de los proyectos de petróleo y gas en esta amplia zona)

Pero esta novel constelación de conflictos data de 2004, cuando el entonces presidente Alejandro Toledo decidió abrir la propiedad de nativos de la Amazonía peruana a la exploración y explotación de petróleo/gas y a actividades madereras. El gobierno siguiente de Alan García adoptó una postura más agresiva para implementar políticas neoliberales, las cuales encontraron resistencia de las poblaciones nativas de la selva. El proceso de 57 días de bloqueos de carreteras y paros, acompañado por la renuencia del gobierno de iniciar un diálogo formal, condujo a violentos enfrentamientos del 5 y 6 de junio en Bagua, con ciclos de ataques y contrataques entre la Policía Nacional y nativos armados, que dejaron un balance general de al menos 22 policías y muchos nativos muertos, cientos más heridos y denuncias de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad.

Los hechos reales de violencia aún están en fuerte debate, pues la version oficial no calza con evidencias testimoniales y documentación fotográfica recogida tanto por grupos nativos como por ONG nacionales e internacionales y la prensa. (Para una excelente compilación de versiones alternativas de los incidentes, un blog en castellano) En respuesta, el gobierno derogó las leyes para calmar la tensión.
Como anota el comentarista Mirko Lauer, el último incidente de violencia da cuenta del fracaso de una estrategia de manejo de conflictos que el estado peruano ha suscrito por largo tiempo: ignorar las demandas populares a menos que los medios nacionales e internacionales presten atención, y si lo hacen (lo cual casi siempre requiere espectáculos sensacionalistas de violencia e interrupción de la actividad económica) ‘satisfacer’ las demandas en extensos procesos de negociación y concesión.
En realidad, no hay explicación que justifique por qué el Estado optó por no iniciar el diálogo con la población amazónica durante dos meses –dicho sea de paso, consultar a las poblaciones indígenas sobre el uso de sus tierras no es un mero requisito práctico, sino un derecho salvaguardo por acuerdos internacionales ratificados por el Estado Peruano. Al parecer, el gobierno esperaba terminar la protesta social con la acción de la policía, pero los nativos probaron estar mejor organizados y armados que lo que se suponía –lo cual explica el alto número de bajas en la policía. Pese a que la violencia merece una condena absoluta moral y legal, desde una perspectiva política, sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué el Estado no fue capaz de resolver el conflicto durante dos meses (si no muchos años) antes del violento giro de los acontecimientos?

El discurso antes, durante y después de la violencia de Bagua aporta más luz a la naturaleza de la exclusión sufrida por las comunidades nativas. El discurso clásico racista pinta a estas personas como ‘salvajes’ que no valoran el desarrollo económico, predispuestos a la violencia y con un discurso no patriota de propiedad a expensas del resto del Perú.

Mientras la pata de la ‘exclusión histórica’ de la vulnerabilidad se constituye mediante el racismo, los nativos enfrentan una segunda forma de exclusión, una cuyos orígenes se encuentran en las doctrinas de seguridad nacional de la Guerra Fría y cuya forma contemporánea fue determinada por las tendencias post 11/9: los manifestantes constituyen una amenaza a la seguridad nacional. La criminalización de la protesta social va de la mano con la deslegitimación de los nativos como agentes de intereses extranjeros subversivos –no sorprende, Venezuela y Bolivia son los objetos privilegiados de demonización. Los nativos son salvajes enemigos de la tecnología, sin embargo, usan las más avanzadas tecnologías de la comunicación para humillar al Perú ante la comunidad internacional; son culturas prehispánicas remotas, auto-aisladas, sin embargo, colaboran con Chávez y Morales en una conspiración internacional; tienen un modo primitivo de entender el desarrollo económico, pero poseen la capacidad de obstruir la actividad económica en la nación latinoamericana con más rápido crecimiento en los últimos 15 años. La simultánea adopción de miedos muy antiguos y el discurso moderno de seguridad nacional busca lograr una exclusión discursiva hegemonizando todo el universo ideológico de significados disponibles al público nacional.

La exclusion require de mucho más que herramientas de discurso, por supuesto. Las leyes, pese a su capacidad de resolver conflictos en otros espacios, han servido como un arma de vulnerabilidad contra vastos sectores de la población peruana. La criminalización de la protesta social se logró a través de normas que sancionaban el terrorismo y la sedición. La política económica de la exclusión es asimismo la consecuencia de cambios legales: la Constitución de 1993, preparada y ratificada durante el primer año de la dictadura de Fujimori, eliminó la inalienabilidad del suelo peruano. Los Tratados de Libre Comercio entre el Perú y otros estados (principalmente con EEUU) generaron presiones para la aprobación de normas y regulaciones que facilitaran la comercialización de la tierra, aunque el Estado peruano no ha podido liberalizar su régimen de tierras, especialmente por la resistencia de las comuidades amazónicas y sus aliados nacionales e internacionales. La administración García no logró aprobar dos leyes de liberalización en 2008, lo cual condujo a los actuales (y nuevamente fallidos) intentos de aprobar una legislación similar. (Para un análisis legal de la crisis en curso sobre las tierras de la Amazonía, ver el estudio de IDL en castellano)

El subsecuente punto muerto de la política puede entenderse como dos paradojas simultáneas:
(1) Los intereses particulares de una elite local, criolla, económico/política, combinados con los intereses de las multinacionales, son presentados como los intereses universales de toda la sociedad peruana. La seguridad nacional y el desarrollismo económico, dos pilares de la normativa legal nacional y del discurso de los medios, disimulan el crudo móvil de lucro desprovisto de responsabilidad social, el borrado de fronteras regionales o nacionales, y las limitaciones redistributivas del crecimiento económico neoliberal.

(2) La ausencia de legalidad, o de un control policial transparente, en vastas áreas de la selva peruana, genera un nuevo régimen de soberanía en la cual la política es entendida como una serie de técnicas de manejo de crisis en vez de un orden legal territorial orientado hacia la justicia, libertad y seguridad (protección). El Estado encuentra legitimación pero sin invocar su fuente tradicional de legitimidad. Asegurar la actividad económica a un costo socialmente aceptable es el examen para asegurar el consentimiento popular. Mientras el continuo crecimiento económico parezca respaldar este modelo de política-al-estilo-de-manejo-de-crisis, el “costo social” en Bagua –en la forma de innumerables muertos, desaparecidos y heridos– definitivamente desafiará al gobierno actual, y acaso también al modelo de legitimación como tal.

El modelo neoliberal de la política-como-manejo-de-crisis en efecto no excluye la violencia como una anormalidad, aberración o externalidad en una sociedad política; la violencia es internalizada como un costo social. Mientras que la exclusión discriminatoria sociohistórica niegue todo acceso significativo al reclamo político, la protesta social en la periferia de la nación no tiene, efectivamente, otra vía que las demostraciones sensacionalistas y escandalosas de violencia, hasta que los disturbios pongan en riesgo la actividad económica y la imagen del gobierno al punto que los imperativos del manejo de crisis requieran una instancia temporal y limitada de diálogo entre quienes protestan y el gobierno. Entonces, ¡no habrá violencia hasta la siguiente ola de violencia!

Para concluir, creo que la defensa de los derechos de las personas deben descartar la violencia como vía política y debe enfocarse en crear redes entre actors locales, nacionales y transnacionales para asegurar el acceso a soluciones/reparaciones judiciales nacionales e internacionales. Temo que la representación de los nativos como luchadores por la libertad con un espíritu de ‘fiera independencia’, por benevolente que sea, reproduce estereotipos raciales, impide apreciar la complejidad de la protesta social, facilita la criminalización de demandas legítimas y provoca la muerte de inocentes –tanto civiles como de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las tierras indígenas, hay un marco normativo emergente: varias normas y regulaciones nacionales, como el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos (2008), el Convenio de la OIT (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), el Artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinan sin duda que hay un proceso de creación de normas que establecerá el ‘consentimiento informado’ de los pueblos indígenas como precondición de la actividad económica en (tierra) territorio indígena. La protección medioambiental, otro campo legal emergente, ya ha generado un gran caso judicial, pues los representantes del pueblo Ashuar han acusado ante una corte estadounidense a la empresa Occidental Petroleum –con base en California- por violar estándares industriales y por contaminación de aguas. Las noticias más recientes disponibles en línea muestran que el litigio está en proceso de apelación luego de una inicial desestimación.
En países como el Perú, donde un cierto porcentaje de la población carece de documento de identidad, los activistas y políticos deben concentrarse en la inclusión, es decir, promover el ‘derecho a tener derechos’ y en acceso significativo a mecanismos legales para detener la violencia, lograr justicia y resolver conflictos.