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El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

Supe del trabajo de Lurgio, en octubre de este año, gracias a alguien que había leído borradores de sus textos corregidos en 2006 y que vio -en el muro de FB de un amigo- el anuncio de la presentación de su libro en México. Ello me llevó a contactarlo, vía Facebook también, para entrevistarlo mediante una videollamada.

A los pocos días, publiqué una nota en el diario El País, en la que daba cuenta de su historia, una historia que sale a la luz en un país donde, dije, hay dificultades para abordar el período de la violencia en el Perú en el espacio público, pues el tema del conflicto armado interno de inmediato genera bandos,  controversias y, en muchos casos, mentiras para atacar a un sector o a individuos con quienes no se está de acuerdo.  Este tipo de debate sobre la memoria, especialmente en Lima, es literalmente un espacio de competencia, en el que un grupo o algunos líderes de opinión -unos con más voz y poder político que otros- atacan a los que ven como enemigos.

Militares en retiro, fujimoristas y simpatizantes fujimoristas, políticos que se autodenominan de centro o independientes o que solo quieren el ‘avance’ o ‘desarrollo’ del Perú, empresarios (como el ex ministro Oscar Valdes), periodistas, expertos, etc. han identificado entre sus enemigos a los ex miembros de la Comisión de la Verdad y a todos quienes citen el informe final de la CVR. También son ‘enemigos’ los organismos, activistas y abogados de derechos humanos, las ONG, los artistas, periodistas, intelectuales y familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos por las fuerzas del orden. Los llaman defensores de terroristas, o terroristas, o terrucos, o comunistas o caviares, o extremistas, o ultras o rojos. Les atribuyen también un odio o falta de respeto hacia las fuerzas armadas, dado que nunca se preocupan por los derechos humanos de ellos, de los que salvaron al Perú de Sendero Luminoso. (¿Quién defiende los derechos humanos de los policías, de los soldados?, suelen preguntar en medio de gritos o de llanto o en conversaciones en el taxi o en una esquina). Les achacan que solo les importan los derechos humanos de los terroristas (y esto también lo menciona Carlos Iván Degregori en su texto introductorio del libro). Señalan que se le hace un favor a SL al usar el término conflicto armado interno, porque se les reconoce como ‘combatientes’ como si hubiera habido aquí una guerra. Sostienen que solo hubo terrorismo y del otro lado pacificación, lucha contra el terrorismo.

Todo esto es visible en sus comentarios en los medios, en el Congreso, en iniciativas de ley, pero también ha sido visible en hechos en las calles, como cuando un grupo de personas –¿o vándalos? – echó pintura naranja en el memorial llamado ‘Ojo que llora’, a pocos metros de aquí en Jesús María. Un memorial, dicho sea de paso, cerrado para el ciudadano de a pie, e incluso difícil de visitar si uno no realiza un trámite.

Las personas e instituciones a quienes ataca ese primer grupo -en el debate político, en los medios o en eventos públicos- estos activistas, abogados, académicos, intelectuales, ex miembros de la CVR, etc. se defienden, usualmente recordando los delitos cometidos por las fuerzas del orden desde 1980 o cometidos también por miembros del gobierno de Alberto Fujimori. Intentan que quienes trabajaron para el Estado reconozcan que hubo violadores de los derechos humanos y que no cumplieron con la función del Estado de proteger a la persona. Recuerdan también que los grupos terroristas cometieron la mayor cantidad de muertes en los años del conflicto armado interno. Suelen recibir no solo insultos, sino también amenazas; a veces han sufrido seguimiento, reglaje, etcétera, por parte de las fuerzas de seguridad. En pocos casos tienen una experiencia saludable en su relación con las fuerzas del orden o quienes la representan. Vivimos ya al menos una década en esa dinámica de polarización, de tensión, de maniqueísmo, de reduccionismo (si se quiere, de histeria) a dos partes enemigas. Este año, se ha agregado un actor nuevo entre comillas, Movadef, que también lleva al extremismo el enfoque de los asuntos relativos a la violencia pasada y a la actual.

Este escenario de polarización existía desde la década de los años 80 pero se refuerza, ahonda o agrava luego de la producción del informe final de la CVR. En aquel tiempo, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde y las FFAA criticaban los informes de Amnistía Internacional sobre violación a los derechos humanos en el Perú; por otro lado, las FFAA trataron de manera intimidante a personas como Pilar Coll cuando fue secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una vez planteado esto, puedo entonces decir uno de los motivos por los cuales es tan valioso este libro del antropólogo Lurgio Gavilán: porque lleva la cuestión, el asunto, el tema a otro lugar, a otro punto de vista, un enfoque que destierra el reduccionismo, el facilismo y la simpleza de los polos, de  los dos puntos de vista enfrentados. (Son dos puntos de vista enfrentados o tres, también enfrentados, si incluimos o no la actual prédica de Movadef).

577890_539098792786760_1955942066_nSi recordamos cómo han informado los medios de Lima acerca del libro ‘Memorias de un soldado desconocido’, no hubo ningún ataque, desde ningún ángulo al autor, tampoco se dio ese reduccionismo que he descrito previamente, de los polos enfrentados, solo hemos leído o visto el relato de una vida excepcional durante un período tan complejo en el Perú.  Y el relato de esas experiencias de Gavilán, expresa de forma muy clara la complejidad de lo vivido durante el período de violencia, como destaca Eduardo Dargent en su columna de este domingo en Diario 16 acerca del libro.

Casi todos los comentarios acerca de la historia de Lurgio Gavilán, coinciden en que su libro debería leerse en las escuelas. Dargent aludió a la posibilidad de que quede en el olvido, pero hay muchos modos de evitarlo. Por ejemplo, el documentalista Fernando Vílchez, peruano que ganó un premio por un corto que presentó en el festival de cine de Berlín, está interesado en realizar un documental sobre esta historia.

El texto de Gavilán es valioso además, porque revela experiencias transformadoras, sea en instituciones o por pequeños actos y decisiones de personajes clave. El oficial del Ejército que le perdonó la vida cuando era un niño senderista, la religiosa que vio en él otro futuro posible, la tutora que le sugirió escribir. He pensado mucho en la función de la escritura, en castellano, para un peruano que aprendió a escribir tarde en su segunda lengua. También pienso en el valor del silencio, el estudio y la meditación, para procesar lo vivido, momentos que retrata al contar sus años en el convento franciscano.  Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos. El rescate de las dimensiones que componen lo humano es también esencial es este texto, no es solamente un buen texto de antropología y de memoria de la violencia.

También es importante tener en cuenta que este libro surge en un momento delicado. Hoy las comisiones e Constitución y de Justicia han aprobado el proyecto de ley de negacionismo. 2012 ha sido un año con varios casos de censura a trabajos artísticos que aludían al tiempo de la violencia en el Perú, incluso un documentalista Andrés Mego ha retirado de internet un video sobre la vida del ex senderista Julio Yovera, sobreviviente de la matanza en El Frontón, un documental que no critica los hechos de terror, pero tampoco los promueve, ni aprueba. Y la persecución legalista no es la mejor forma de lidiar con Movadef. Si queremos enfrentar las ideologías extremistas que justifican la violencia, tenemos que conocer quiénes son esos peruanos y sus ideas, justamente para encararlos en el plano de las ideas y no dejar al criterio policial la aplicación de una norma que deja demasiado espacio a la interpretación y subjetividad.

Lurgio Gavilán sostiene en su libro que no quiere hacer juicios de valor ni política partidaria acerca de lo que hicieron Sendero Luminoso y el Ejército, sin embargo su punto de vista no es neutral ni aséptico. Es político porque contiene una posición y una visión acerca del Perú, de los vulnerados, los discriminados, los despreciados y desconocidos por el Estado, tratados así desde antes de que surgiera Sendero Luminoso. Testimonia su paso por tres espacios clave, desde donde intentó cambiar lo que consideraba injusto, impropio o en desorden. Una palabra importante en el libro acerca de lo que ocurre en el Perú, es ‘huklla’, que en quechua significa ‘ser unidos’, estar unidos. Gavilán se pregunta por qué solo cuando juega la selección el Perú se siente así… y no en otros momentos. Esta visión de un Perú fracturado está en la esencia del libro. Esa forma de ver el país, creo, tiene resonancia o es similar a la obra de una artista plástica, Eliana Otta, curadora de una exposición llamada ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’: un cartel impreso en offset, un afiche grande, que comparto aquí con ustedes para cerrar esta presentación.

2012elianaotta

(*) El título alude a la histeria debido a dos menciones recientes a ese término. Una de Juan Carlos Ubillús, quien en la presentación del libro ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’ dijo de algunos artistas plásticos que sus trabajos tenían un componente de histeria al aludir a los problemas de la democracia en el Perú. El lunes último, el antropólogo Javier Torres también afirmó que los medios de comunicación limeños son histéricos.

Nota: este texto fue leído el 12 de diciembre de 2012 durante la presentación del libro ‘Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia’, en la que comentaron además Makena Ulfe, Ramón Pajuelo y el propio autor en la sede del IEP.

Un lector pidió que informe las fechas de próximas audiencias públicas de los juicios por violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Aquí están:

Martes 11/09     9 am caso desapariciones Sótanos SIE en la sala de audiencias de la Base Naval del Callao.

10 am caso Cabitos (desapariciones y muertes 1983) en Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)
– Miércoles 12/09 12 m. caso Pucará en la sala de audiencias del penal Castro Castro (San Juan de Lurigancho)

12.30 caso Chuschi en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)

– Jueves 13/09      De 10 am a 5 pm. caso Accomarca (muertes por causa del Ejército, 1985) en el penal Castro Castro.

Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. «Tiene que quitárselo!», le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. «Qué indignante», comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, «es el colmo», dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. «Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso», comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

«La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes», afirmó Boulangé.

Tarde lluviosa en la laguna Perol, adonde llegaron alrededor de 4000 personas por la visita de los facilitadores del diálogo el 18 de julio. (Fotos: J. Fowks)

«¡Lagunas naturales y no artificiales!», «El agua no se vende, el agua se defiende», «Éste es el pueblo que lucha por la vida», escucho en los videos cuando se cumplen tres semanas del encuentro de miles de cajamarquinos con los facilitadores del diálogo por el conflicto del proyecto minero Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en tres de las lagunas que desaparecerían con las operaciones del proyecto minero Conga. Sin embargo, no hay aún novedades por parte del Ejecutivo para suspender el estado de emergencia en Cajamarca y continúa la violencia injustificada en las calles de Celendín.

En Lima, desde que el conflicto en Cajamarca llegó a las primeras planas -noviembre 2011- ha habido insistencia en responsabilizar de las movilizaciones al presidente regional Gregorio Santos y al ex dirigente Wilfredo Saavedra, que ocupó un cargo en el Frente de Defensa de Cajamarca. A ambos los han denominado azuzadores de la violencia ‘antiminera’; algunos incluyen también al activista y político Marco Arana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cajamarquinos es claro que -por su historia política- no basta con uno o dos políticos para gestar una causa. La tradición e institución de las rondas -desde la década de los años 80- obliga a tomar acuerdos y respetar la institucionalidad, que también se expresa en otras redes y organizaciones más pequeñas (como por ejemplo, beneficiarios de programas sociales, dirigencias de centros poblados, etcétera). Es también necesario decir que en el área de influencia del proyecto Conga, la mayoría de la población es rural y pobre, pero con organizaciones.

Cabalgata hacia la laguna Perol, algunos atravesaron con dificultad los bofedales (pantanos), otros bordearon la trocha luego de bajar de las colinas.

También los medios capitalinos insisten en que algún rezago del terrorismo (el radicalismo) mueve las protestas en Cajamarca, sin embargo, todos los que lideran la posición de ‘Conga no va’ (Saavedra no lidera) han contrarrestado los intentos de Movadef, que trató de colarse a algunas movilizaciones. Y, recordando el pasado de 1980 al 2000, Sendero Luminoso no pudo actuar en Cajamarca porque las rondas los combatieron y les ganaron.

El gabinete que dirige el primer ministro Juan Jiménez Mayor ha anunciado que evaluará si anulan el estado de emergencia siempre y cuando haya gestos de paz y retorno a la normalidad, por parte del presidente regional de Cajamarca. Sin embargo, la Policía Nacional no da esos gestos de normalidad, en particular en Celendín donde la semana pasada nuevamente agredieron fuertemente a jóvenes (y un menor de edad). En Celendín se originó la posición contraria al proyecto minero Conga. ¿Cómo puede entonces el gobierno exigir lo que sus fuerzas del orden incumplen?

Por otro lado, una nota del diario La República reveló el sábado que el Ministerio Público no es capaz de encontrar a los responsables de las cinco muertes por los tiroteos del 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca. Hay videos, tanto de la PNP como de ciudadanos, y también documentos donde queda la huella de las órdenes de la PNP y el Mininter que deben servir para llegar a los responsables. Entonces: ¿son estos los mensajes y los gestos para restablecer el diálogo en Cajamarca?

En la segunda laguna esperaban unas 500 personas a mediodía. (Foto: J. Fowks)

Han pasado tres semanas de esas tres visitas a las lagunas en riesgo por el proyecto minero. Una sola imagen que describa qué ocurrió, tendría que decir que cerca de cuatro mil peruanos, predominantemente rurales, llegados la mayoría por sus propios medios y teniendo que superar los controles de seguridad de la policía y de la seguridad privada de Conga, quisieron hacerle ver a los enviados, urbanos, el peligro de su modo de vida, o simplemente de su vida: por ejemplo, una mujer denunció que la empresa minera ha entrado a su casa a sacarla a ella y su hija con violencia, que ha matado sus animales, y que no le hacen caso porque no tiene un celular o una cámara para grabar y probar lo que dice.

A continuación, dos videos de algunas formas como los ciudadanos cajamarquinos llegaron a Perol, la tercera laguna visitada por Cabrejos y Garatea.

Más fotos del 18 y 19 de julio en las lagunas y en el centro de Celendín

Actualización de las 2:57 am.

El video ‘Estimado Roque’ del autodenominado ‘Colectivo nadie nos paga’ ha empezado a circular la noche del domingo:

<p><a href=»http://vimeo.com/47427158″>Estimado Roque</a> from <a href=»http://vimeo.com/user12935451″>Colectivo Nadienospaga</a> on <a href=»http://vimeo.com»>Vimeo</a>.</p>

El volante del Ejército que circula hoy, dado a conocer por el blog Celendín Libre.

La ciudad de Celendín, donde hubo cuatro muertos por disparos del Ejército el 3 de julio, vive aún en estado de emergencia, con presencia del Ejército y la Policía Nacional, sin alcalde ni gobernador: en ese marco, el Ejército ha convocado para mañana a una acción cívica en la que invitan a la plaza del Sombrero a corte de cabello, planificación familiar, entrega de víveres, entre otras actividades. Ninguna autoridad civil se ha acercado luego del enfrentamiento y del triste episodio de los policías forcejeando con ataúdes y deudos durante las caminatas en el día del entierro. ¿El nuevo gabinete estará al tanto de esta forma del Ejército de buscar el diálogo en Cajamarca?

Prometo un post con mayor información sobre Cajamarca, luego de haber estado allá hace exactamente una semana, pero por el momento esto es lo más urgente que requeriría atención.

La información ha sido difundida más temprano por el blog Celendín Libre.

Los celendinos viven atemorizados, especialmente quienes vieron morir a sus familiares y compañeros de clase en la plaza de armas, y en particular cuando ven pasar a los miembros del Ejército que siguen acantonados en el estadio. La semana pasada, los efectivos del Ejército salían usualmente en grupos de a tres, no a patrullar -labor que sigue haciendo la Policía Nacional- pero por necesidades específicas como búsqueda de comida, como se ve en la foto a continuación.

Jueves 18 de julio en una de las calles del centro de Celendín. Foto: J. Fowks

Un llamado a la sensatez para restablecer -de otra manera- el diálogo con una ciudad dolida por la impunidad.

Ilustración de Markus Ronjam del 22 de noviembre 2011 (tomada de su FB).

Físicamente, Lima está a 861 kilómetros de Cajamarca, pero las tensiones que produce el proyecto minero Conga y la decisión del presidente Ollanta Humala de declarar el estado de emergencia desde hoy, revelan que  la distancia entre la capital y el departamento es muy superior a esos 861 kilómetros.

Una comitiva gubernamental encabezada por el primer ministro Salomón Lerner participó la mañana del domingo de una especie de ‘parada militar’ en la plaza de armas de Cajamarca y hacia el mediodía inició una reunión con autoridades y líderes locales y representantes de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.

Cuando ya habían acordado conformar dos mesas de trabajo (una sobre el proyecto Conga y otra sobre desarrollo en Cajamarca) hacia las 7 pm., los representantes del gobierno quisieron incluir en el acta el fin del paro regional. Los representantes cajamarquinos pidieron 24 horas para consultar con sus bases pero el gobierno no aceptó.

El viceministro de orden interno, Alberto Otárola -entrevistado por Nicolás Lúcar la noche del domingo- declaró que los representantes del gobierno se retiraron y que ya el presidente constitucional informaría las medidas para garantizar el orden interno. Y agregó: «y la moral está bien alta», en una alusión innecesariamente confrontacional que anticipaba el anuncio del estado de emergencia por 60 días.

En el momento en que el diálogo se trabó, hubo también otros cuestionamientos por parte de los cajamarquinos hacia el Ejecutivo y que recuerdan el error del ministro Carlos Herrera cuando volvió a Lima en una nave de Yanacocha. Pese a que una nota de prensa de la PCM negó haber condicionado la firma del acta al levantamiento del paro, una declaración del premier muestra que cuando les pidieron tiempo para consultar el tema, ellos se negaron a concederlo (cfr. en el segundo 26).

Resultó paradójico que cuando faltaban pocos minutos para el inicio del estado de emergencia, que -entre otros- prohíbe el derecho de reunión, el ministro Lerner dijera que iban a esperar que los dirigentes consultaran a sus bases acerca del paro.

Líderes de opinión, incluidos asesores externos de Yanacocha como Sandro Venturo, y ciudadanos desacreditaron dicho pedido de tiempo para consultar con ‘las bases’, cuestionando la representatividad de los interlocutores del gobierno en la reunión realizada en el salón consistorial de la Municipalidad de Cajamarca. Es sabido que en organizaciones no capitalinas, sean andinas, amazónicas e incluso de colonos (mestizos) sus representantes sólo pueden tomar decisión acerca de lo previamente discutido, en caso contrario, ven como una mala práctica que el dirigente adopte una posición sin consultar.

La situación en Cajamarca es percibida con un lente distinto según la posición de cada quién. En los últimos días los comerciantes locales han aparecido más en los medios de comunicación quejándose de los perjuicios del paro, especialmente en la TV y radios capitalinas, y de otro lado están las organizaciones y ciudadanos que se sienten intimidados en el estado de emergencia debido a la gran cantidad de efectivos de la policía y del Ejército que han llegado en los últimos días al departamento.

Recordemos que efectivos de la Dinoes por lo regular resguardan (prestando servicio privado así como otros vigilan supermercados en sus días de franco) las instalaciones de Yanacocha, pagados por la empresa minera. Es difícil asumir que habrá neutralidad por parte de efectivos de la Dinoes cuando llegan a Cajamarca ahora una operación dispuesta por el Gobierno, no cuando están remunerados en sus descansos por la minera.

Un detalle sobre los medios de comunicación

Acerca del lente con el cual estos asuntos se ven y cómo se convierten en noticia, es interesante saber que el encargado de comunicaciones de Yanacocha, Roberto del Águila, pidió a Víctor Urquiaga, integrante de una empresa de monitoreo y asesoría de prensa, que le ayude a redactar los titulares de los diarios Expreso y Correo la noche del martes, poco antes de que el presidente Humala y el gerente de Yanacocha, Carlos Santa Cruz, anunciaran la suspensión del proyecto Conga.

Aquí el contenido del mensaje:

From: «Roberto Del Aguila» <Roberto.Delaguila@Newmont.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 19:32:38 -0500
To: <vurquiaga@corporacionpro.com>
Subject: Necesito titulares

Necesito que me ayudes para hacer los titulares para Expreso y Correo sobre el tema adjunto.

A las 8 pm sale Carlos anunciando esto.

rda

Al día siguiente, la volada y titular de primera plana de Expreso fueron:

Ante actos de violencia de «frentes de defensa» regionales, ultras e izquierda caviar

Conga en suspenso

Por su lado, el diario Correo tituló así:

Otra vez triunfa la irracionalidad

Se «chupan» con Conga

Yanacocha tira la esponja a pedido de timorato gobierno

El derecho de los cajamarquinos de proteger sus recursos y vivir en un entorno sano (cosa que perdieron en la provincia de Cajamarca desde que llegó Yanacocha en la década de los 90)  se ha estado presentado por lo general en los medios de forma sesgada hacia uno de los dos extremos. En uno acusan a los cajamarquinos de ser unos ‘pobres manipulados’ por extremistas que no quieren el desarrollo y quieren quedarse pobres. En el otro, están quienes hartos por las malas prácticas de la empresa minera, no confían en ella y se sienten traicionados porque el presidente Humala (al pasar de la preferencia por el agua a ‘el agua y el oro’ a la vez).

Estos dos discursos extremistas no conducen a ningún lugar y lo sabe el ministro Lerner, quien esta noche, al ser preguntado por Aldo Mariátegui en Canal 2 por qué dejaron entrar a la reunión a Wilfredo Santos, si él había estado preso por emerretista y no fue elegido por nadie, el premier respondió que no había que fijarse en su pasado. Sin embargo, la versión del extremismo estuvo esta misma noche en voz del viceministro del interior Otárola cuando declaró en el programa Punto Final, también en Frecuencia Latina.

La radio Ollantay fue una de las pocas emisoras regionales que durante el domingo por la mañana, cuando en Lima ningún medio informaba en vivo lo que ocurría, cubrió en vivo el izado de la bandera y las palabras de Lerner en la plaza de armas. El conductor de la emisora dijo que los cajamarquinos no cayeron en las provocaciones, cuando les impidieron el acceso en la plaza -y sí permitieron el ingreso de personas vinculadas a Yanacocha- y cuando no dejaron entrar a la mesa de diálogo a representantes que figuraban en las listas elaboradas por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Regional para ese fin.

Si buscan información desde el lugar, de personas que hacen un esfuerzo por no sesgarse hacia una u otra posición, sino indicar qué ocurre (y qué no) les recomiendo seguir en Twitter a @jaimeherreracaj @alanele y @gisellaore Un tuitero con un poco de ají en sus opiniones pero verifica lo que dice es @jsudaka el enviado de @larepublica_pe

Otros datos de Yanacocha-Newmont-Odebrecht:

La semana pasada circuló esta oferta de trabajo para un ingeniero que sea director regional -basado en Cajamarca– de los proyectos de Newmont en Sudamérica. En los términos de referencia mencionaban -en el aviso de hace unos días ya no disponible– algunas de las empresas que Newmont subcontrata o subcontrataría para Conga. Entre ellas, Fluor, una subsidiaria de Odebrecht. En el aviso actualmente disponible, la línea con los nombres de las empresas ya no figura.

La semana pasada las páginas de Facebook de Utero.pe y de ‘Mi mina corrupta‘ (de Celendín) y el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ aludieron al vínculo comercial entre Newmont-Yanacocha en el proyecto Conga con la constructora brasileña Odebrecht y vale la pena estar alerta a ese vínculo. Fluor, en joint venture con Odebrecht ganó el proyecto de ingeniería y construcción del proyecto Conga. Ya hemos mencionado en La República y en este blog acerca de la posibilidad de que el asesor presidencial Luis Favre, militante del PT de Brasil, sea quien vela -desde su posición privilegiada en Palacio de Gobierno- por intereses de compañías brasileñas.

Actualización de las 15:13 del lunes 5 de diciembre: Olvidé recordar que el funcionario de Yanacocha César Humberto Cabrera es un antiguo conocido de Luis Favre.

Incluyo además la respuesta de Roberto del Aguila, aludido en este post , quien explica su comunicación con Urquiaga acerca de los titulares para Correo y Expreso y me aconseja cómo hacer periodismo. Gracias. Desconozco si Urquiaga le respondió o no porque no he visto más correspondencia ajena.

El diario La Primera publica hoy un interesante texto de Claudia Cisneros acerca de la discusión de fondo pendiente sobre la responsabilidad de la revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA).

Actualización de las 23:52 del lunes 5: Finalmente, el diario Correo replicó en su conocido estilo luego de conocer la carta de Roberto del Aguila.

Presidente García a su salida del Te Deum por Fiestas Patrias. Foto: Andina-Piero Vargas

Llama la atención del mensaje del presidente Alan García su afán por querer parecer la cabeza de un Gobierno eficaz y que sanciona lo ilegal y la corrupción. Ni eficaz, ni sancionador. Desde el inicio de este gobierno, Doe Run solicitó prórrogas para cumplir su programa de adecuación medio ambiental (PAMA) y el MEM aceptó todas las veces, sin chistar y con el entonces premier Jorge del Castillo. El anuncio de hoy, de cancelar la licencia a la empresa minera de capital estadounidense, no tiene sentido ya: hace dos años, quizá.

El mandatario dijo que éste es un “estado draconiano” y puso como ejemplo la multa reciente a la empresa minera Caudalosa, debido al último derrame de relaves en Huancavelica. Sin embargo, Caudalosa –como Volcan, Buenaventura, Pluspetrol y tantas otras– se resisten a pagar las sanciones que impone el regulador Osinergmin. No contamos aún con un Estado suficiente para  fiscalizar ni para hacer que se cumplan las pocas sanciones que dispone.

Y ello nos lleva de inmediato a la noción de corrupción: García Pérez indica que casos como Petroaudios o Cofopri  surgen debido a que cinco o diez  empleados del Estado se corrompen y son –según él– casos aislados. Yerra nuevamente: algunos de los empleados del Estado involucrados son en ambos casos del más alto nivel de jerarquía del partido oficial, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca en el primero en relación a proyectos de construcción e infraestructura, no sólo hidrocarburos; Omar Quesada en el segundo. Y no son situaciones aisladas, son lamentablemente, modos de operar que se repiten en diversos puntos del Perú. Lo ocurrido con Cofopri en Chilca ocurrió de forma similar en Talara, Colán, Moquegua, Trujillo, Cusco, etcétera (de acuerdo a denuncias recibidas en IDL-Reporteros y publicaciones del diario Correo).

En un programa de TV, Rosa María Palacios nos preguntaba hoy a tres entrevistados “¿por qué si el presidente García tiene tantos resultados, su aprobación es baja? ¿Tiene mala comunicación?” El gobierno tiene un aparato de comunicación oficial fuerte, y a él se suman los medios masivos que comparten su visión de cómo gestionar el país (esto merecería otro post). Su problema no es la presencia en medios. Su problema es que puede exhibir una cierta cantidad de equipos comprados y obras de infraestructura, en curso o concluidas, pero algunas no funcionan y otras pueden tener apariencia de legalidad pero sufren de lo siguiente:

– concursos o licitaciones previamente arreglados y,

– falta de transparencia con la población o comunidad que será afectada por la intervención de una empresa y a la vez el Gobierno en una abierta opción preferencial o coaligación con la empresa que permite acelerar trámites o modificar normas ya existentes para facilitar las obras y proyectos (ejemplos:  Collique, hidroeléctrica de Inambari, hidroeléctrica de Paquitzapango, el ex proyecto Majaz a cargo de Zijin, Dorato-Afrodita en el Cenepa, etcétera).

En síntesis: hay gran lenidad, ni eficacia, ni democratización, ni nave que camina: el Gobierno conduce un Estado sin posibilidad de fiscalizar, sancionar y regular: el Gobierno tiene entre sus personajes clave madejas de corrupción. Vale la pena recordar también las denuncias contra el hoy presidente del Congreso, César Zumaeta, y su afinidad con un traficante de terrenos: hubo una norma legal que formalizó una gran cantidad de propiedades obtenidas mediante invasión.

El presidente García ha dicho también que continuará “con obras y con la democratización social de nuestra patria”. Su concepto de democratización social parece incluir los millones de teléfonos celulares, la luz, la reducción del analfabetismo, la entrega de un millón de buzos, y así. Sin embargo, hay una agenda pendiente luego de los hechos del 5 de junio de 2009 en Bagua: una agenda sobre la democracia en un país de varias culturas, etnias e idiomas. No hubo en el mensaje ni una sola mención a ese ámbito: el de las decisiones de gestión pública en entornos donde el uso y la función del territorio son sensibles y donde las nociones de desarrollo son distintas a las del capitalino. [O donde quizá no son distintas, pero hay que preguntar primero]. Recordamos entonces, la no promulgación de la ley de consulta previa (aplicación del Convenio 169 de la OIT), la cantidad de conflictos sociales embalsados (más de la mitad son medioambientales y confrontan a la industria extractiva con comunidades), las dificultades que enfrenta la Policía Nacional al chocar con ciudadanos como ellos debido a que el Gobierno no negoció a tiempo ni supo ofrecer salidas. Están aún pendientes de aprobar nuevos decretos legislativos dada la derogatoria de los que condujeron a la crisis en la Amazonía en el 2009. Sólo se ha avanzado con la Ley Forestal debido a los plazos del TLC con Estados Unidos.

La carrera magisterial es posiblemente el único punto que realmente constituye un logro sin falacias. La creación del Ministerio de Cultura es simplemente un ‘check’ en la lista de lavandería, basta ver la ilustración de Piero Quijano en la revista Somos del 24 de julio.

La mención al terrorismo en el mensaje también merecería otro texto aparte, pero ya ha habido algunos columnistas que se han referido al clima de miedo que intentan generar voceros del Gobierno y de los diversos fujimorismos  desde la liberación de la estadounidense Lori Berenson. El lunes 26, García Pérez se refirió al terrorismo en una actividad pública con el ministro del Interior y el jefe de la PNP: hoy lo hizo gritando en el hemiciclo, buscando aplausos.

Así las cosas, el presidente García se dirigió en el mensaje especialmente a los incluidos, a los integrados, a los que hablan de la misma manera. Lamentablemente, ha estereotipado al resto como ‘antisistema’ o como traidor o como pagado por países extranjeros o enemigo del desarrollo. El presidente quizá considera que esa posición dura y que desprecia al que piensa distinto le da altura de estadista. Algún día, quizá en alguna muy futura entrevista de político en retiro, corregirá. Ya no es joven para decir que los errores eran de juventud (como suelen disculparlo sus correligionarios por el período 1985-1990).

P.S. Los invito a ver el programa de Rosa María Palacios este jueves 29 donde con dos jóvenes blogueros, Laura Arroyo y José Alejandro Godoy, compartimos algunas ideas luego del mensaje de AGP.

Actualizado el 30 de julio a las 2:36 am.

Incluyo un par de segmentos de esa intervención en el programa Prensa Libre:

Comisionada Maricarmen Gómez revisa informe final que no firmó.

Tras leer el informe final de la Comisión Bagua, las 43 observaciones de Jesús Manacés y la hermana Maricarmen Gómez, y la apostilla del padre Ricardo Alvarez Lobo, la conclusión es que el documento es un instrumento a favor del Ejecutivo, no plural, que refuerza la versión oficial de lo ocurrido y contiene gran cantidad de imprecisiones de fondo y forma.

Al momento Mirko Lauer y Carlos Meléndez han comentado que el documento se convierte en un elemento para que continúe la disputa electoral, especialmente porque alienta la pugna entre el Apra y los nacionalistas que han sido acusados de soliviantar a los nativos el año pasado.

Sin embargo, tal punto de vista evita evaluar un asunto de fondo: la actuación del Gobierno y el oficialismo ante los hechos pendientes luego de la tragedia en Bagua del 5 de junio. Este informe final y las declaraciones de ayer del presidente Alan García son una pésima noticia acerca del rumbo del Estado peruano en su vínculo con las organizaciones amazónicas y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Lo más grave del informe final es reiterar la idea de que los policías no iniciaron el ataque la mañana del 5 de junio y que los nativos -que tomaron la carretera Fernando Belaunde exigiendo la derogatoria de decretos- fueron manipulados por intereses ‘subalternos’ de ronderos, el Sutep, congresistas nacionalistas, actores internacionales y por religiosos.

En una entrevista con la religiosa Gómez Calleja, reclamó que testimonios clave recogidos por la Comisión no hubieran sido tenidos en cuenta para la versión final, como por ejemplo el de Lucio Roca, quien ayudó a cargar el primer muerto del 5 de junio, por un disparo de la PNP.

El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.

Por ejemplo, indican que un par de comunicadores belgas de Catapa incitaron a los manifestantes a tomar medidas radicales en la Estación 6 (antes del 5 de junio) pero no sustentan dicha afirmación en un testimonio, grabación o documento (p. 42).

El documento es exhaustivo en recoger ciertas declaraciones pero, por ejemplo, no consigna las palabras del presidente García cuando hizo la distinción de peruanos de segunda categoría en alusión a la población que rechazaba los decretos legislativos.

El señalamiento a la supuesta responsabilidad del Sutep en la radicalización de la protesta en la selva tampoco es demostrado, el documento sólo indica que una gran cantidad de manifestantes de la Curva del Diablo eran profesores.

En la parte de recomendaciones, el informe rescata una propuesta que el ministro Aurelio Pastor difunde reiteradamente: la creación de casas de la justicia (p. 85).

Quizá uno de los pocos párrafos destacables por su precisión figura en la página 81, e indica que pese a que la PNP cumplió el operativo de acuerdo a lo establecido, hubo deficiencias como equipamiento limitado, falta de eequipos de comunicación, fiscales a destiempo,
menor número de efectivos que los necesarios, descoordinaciones de horario, falta de conocimiento sobre la forma de ser y combatitividad de los indígenas cuando defienden su tierra, entre otros.

Sobre las firmas
El informe final fue suscrito por Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, quienes actuaron como la voz del Gobierno o del oficialismo en la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Bagua. El sacerdote dominico Ricardo Alvarez Lobo lo firmó también, pero agregó un documento adicional -bastante acertado- con señalamientos directos sobre las responsabilidades de altos funcionarios del Ejecutivo.

Por otro lado, los medios informaron desde el 29 los motivos para negarse a firmar por parte del coordinador de la Comisión Especial, Jesús Manacés, y de la hermana Gómez Calleja.

Otro miembro de la Comisión, el decano del CAL, Walter Gutiérrez, dijo el 23 de diciembre que renunció al grupo de trabajo el 9 de noviembre, aunque fuentes de la CEI indican que no hay un documento al respecto. En una nota de prensa indicó que ni desestima ni avala el informe final. Por tanto, de siete miembros de la Comisión, sólo tres lo respaldan en su totalidad, los más afines al Gobierno.

Más señales del Gobierno
Un documento elaborado por una comisión formada por resolución ministerial y sobre un asunto tan sensible, tuvo que haber cuidado al máximo la redacción de fondo y forma, pero éste no es el caso. Para mí, una señal más de la poca seriedad y agresividad con la que el Gobierno encara los asuntos pendientes con los ciudadanos de la selva está en los errores obvios a lo largo del informe final.

Por ejemplo, se refieren a un grupo ‘piromashco’ que no existe (sino mashcopiro), al grupo esheja (que debe ser ese’eja p. 9), nativos en asilamiento voluntario (en vez de aislamiento p. 37), la comunidad de Yamakaya (que es Yamakayat), indígenas kichuas y achuas (que debe ser achuar p. 65), la vase del Ejército (p. 61).

Uno de los peores párrafos por la forma tan sesgada en que se refieren a los indígenas aparece en la página 39, en las referencias al 13 de mayo 2009.

Los tres documentos:
Informe final, apostilla de sacerdote Alvarez Lobo y 43 observaciones de Manacés y Gómez Calleja

Parte de una entrevista realizada a hermana Maricarmen Gómez por el programa DosxDos en Radio San Borja.

infbagua3 from Jacqueline Fowks on Vimeo.

Padre de mayor Bazán no cree que nativo detenido asesinó a su hijo

En ‘El Crónico’s blog’ escuche un segmento de la transmisión de La Voz de Bagua de un momento crítico del enfrentamiento: es claro que no hubo incitación a la violencia en dicha radio.

Un texto de Rodrigo Quijano sobre la ruptura del denominado ‘Consenso de Lima’ luego del 5 de junio y Bagua

La actividad fue convocada por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). (Foto: JFF)

La actividad fue convocada por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). (Fotos: JFF)


Hay más de 15 mil desaparecidos por la violencia entre los años 1980 y 2000 en el Perú y muy pocos de los familiares de ellos han recibido sus restos. Esta tarde unas 150 personas se reunieron en la Plaza San Martín a llamar la atención del Estado para que, entre otras obligaciones, devuelva los restos identificados por el Ministerio Público a los familiares que corresponden. Los paraguas significaban una protección contra el olvido y la impunidad, un ‘paraguas humanitario’.

Luego de la actividad, una delegación de la dirección de derechos humanos del Colegio de Abogados de Lima dejará un oficio al presidente Alan García pidiendo que el Perú suscriba la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, la cual reconoce como víctimas también a los familiares y exige que el Estado informe sobre el paradero de las personas y entregue los restos.

La doctora Carolina Loayza, representante del CAL, recordó que la Defensoría del Pueblo también ha emitido un informe recomendando al Gobierno que suscriba dicha Convención.

Hoy se cumplen seis años de la entrega al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y este domingo 30 se conmemora el Día Internacional del Desaparecido.

Mientras se realizaba la actividad del paraguas humanitario en la Plaza San Martín de Lima, los organizadores -el Equipo Peruano de Antropología Forense- recibieron una llamada desde Huanta, informando que acababa de realizarse el velatorio de los 92 restos de peruanos asesinados en Putis en 1984, los mismos que mañana serán enterrados en el camposanto de ese distrito de La Mar (Ayacucho).

Consultado por el blog, el abogado especialista en derechos humanos, Alejandro Silva, indicó que a seis años del IF-CVR puede considerarse un avance los procesos judiciales y condenas contra Alberto Fujimori, aunque la omisión por parte del Ministerio Público en devolver restos de personas desaparecidas a los familiares y el poco avance o parálisis de diligencias e investigaciones fiscales en Ayacucho constituyen un retroceso.
– Tengo una lectura pesimista del proceso, agregó.

De acuerdo a Silva, luego de las exhumaciones realizadas por el Ministerio Público hay restos que ya fueron utilizados como prueba para las investigaciones y mayor información no se obtendrá de ellos, por lo cual debe entregarlos a los parientes de las personas desaparecidas. «Están guardados en instalaciones del MP, deben ser entregados», añadió.

Estuvieron presentes, entre otros, familiares de desaparecidos de la Universidad La Cantuta.

Estuvieron presentes, entre otros, familiares de desaparecidos de la Universidad La Cantuta.


El experto explicó que los avances en el Perú son sólo más significativos que procesos similares en Guatemala y El Salvador.

También destacó, esta vez de forma positiva, el hecho de que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, se haya dirigido al ministro de Defensa para solicitar información referida en general a casos de violación a los derechos humanos.

Sin embargo, consultada el miércoles por este blog acerca de cuándo la Fiscalía presentará la denuncia formal del caso Putis ante el Poder Judicial, respondió que aún les falta información sobre los responsables. El propio Ministerio de Defensa ha informado ya a la Fiscalía el paradero del entonces jefe del comando político militar, general (r) Wilfredo Mori Orzo.

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Una foto de Reuters en Alertnet

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que entre SL como a inicios de los 80. (Dibujo de E. Jiménez)

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que no entre SL como en los años 80. (Dibujo de E. Jiménez)


Durante la presentación de la segunda edición del notable libro ‘Chungui. Violencia y trazos de memoria’ escuchamos un grave diagnóstico sobre la inseguridad y postración en la que aún vive ese distrito de La Mar, Ayacucho: «Nadie quiere ir: ni la policía, ni las fuerzas armadas, ni salud», reveló con firmeza y pesar el alcalde Daniel Huamán.

Debido a la presencia de remanentes del narcoterrorismo en la zona -conocida también como Oreja de Perro-, la autoridad explicó que están gastando «en seguridad o defensa los recursos de la Municipalidad que deberían servir para el desarrollo. Los comuneros están yéndose para Andahuaylas, algunos se van para SL, otros abandonan los estudios y están como esclavos sirviendo en Ayacucho o Andahuaylas».

«A nivel de gobierno central, ninguna institución ni la prensa hablada, escrita, televisiva, nadie sabe cómo ha sucedido en Chungui. ¿Cuántos Putis, Accomarcas y Lucanamarcas habrá en Chungui? es una incógnita por descubrir sobre la violación de los derechos humanos», agregó Huamán.

El alcalde recordó que es el distrito más afectado por la violencia según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). «¿Nos preguntamos por qué ha habido tanta barbaridad? Quizá por la falta de vías de comunicación. En aquel tiempo los pobladores tenían que caminar tres días para llegar a una feria. Fue una zona estratégica de la que se apoderaron tanto Sendero Luminoso como las fuerzas armadas. Estamos haciendo las gestiones pero nos dicen que es imposible, nos dicen que no hay dinero o que falta población (para las obras)».

«Los jóvenes no tienen acceso a tecnología, no hay carreteras, no hay fluido eléctrico. Estamos en las tinieblas. ¿Por qué funciona la oficina de coordinación [de la alcaldía] en la ciudad de Huamanga? Debido a los sistemas como el SNIP y Seace [necesarios para gestionar obras]: en Chungui no hay banco, no hay servicios básicos, ni teléfono», precisó.

«Si hablamos de educación y salud es peor todavía. No sé cómo el Gobierno focaliza las reparaciones a las víctimas. El Gobierno dice que hay que atender las zonas más afectadas de extrema pobreza, pero no ocurre. Nos hemos convertido en un pequeño ministerio de educación. El año pasado la Municipalidad ha pagado los sueldos de 19 docentes de los tres niveles. Este año estamos pagando 15. En ese sentido demandamos y no nos hacen caso. No sé qué hacer. En salud, igual: los técnicos no quieren ir porque estamos lejos, no hay vías de acceso. Los puestos de salud no están implementados, no hay doctores, nada. A las madres gestantes las estamos evacuando como en la época del incaico con chacanas, organizamos comisiones para llevarlas. Hemos exigido equipamiento de ambulancias y medicamentos, pero hasta ahora no ocurre nada», relató el alcalde.

Huamán hizo alusión a un documental sobre Chungui del cual el IEP proyectó un adelanto. En un momento de la narración el corto se refirió al inicio de SL. «Justamente así inició. Estamos entrando a la segunda vuelta con la presencia de remanentes de SL porque no hay fuerzas del orden [en Chungui], nadie quiere ir, ni el Ejército ni la Policía Nacional. Felizmente estamos recién accediendo a justicia: hace dos años está funcionando la fiscalía y el juzgado».

«Durante la violencia se ha desorganizado nuestras comunidades, de seis mil que éramos, sólo dos mil hemos quedado, pero no todos están allí: hay algunos en Lima, en Ayacucho, en la selva. Constantemente han estado viniendo los remanentes de SL, recientemente han alarmado, el mismo cuento están diciendo, y las familias comenzaron a migrar a distintos sitios».

«El famoso camarada ‘Marco Antonio’ un día llegó, le dijimos que se identifique. Nosotros le hemos parado la guerra a ellos: desde marzo de este año día y noche estamos haciendo guardias. En vez de que nos preocupemos en el desarrollo de nuestra población y familia nos hemos convertido en pequeños policías nacionales o en Ejército: en patrulla, en servicio, en lista. A pesar de que hemos mandado informes al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior: esa es la cruda realidad del distrito de Chungui», describió.

«¿Qué futuro nos espera para el distrito de Chungui?», cuestionó por último la autoridad edil.

Edilberto Jiménez, antropólogo, periodista y retablista ayacuchano, autor del libro que va en su segunda edición, agradeció a muchas personas que colaboraron en la publicación: en particular al actual alcalde, quien lo acompañó en largas y duras caminatas -en 1996 y posteriores- para buscar a las personas que contaron sus historias, sus pérdidas y sus dolores, y que luego él convirtió en dibujos, relatos escritos y retablos.

Los testimonios recogidos por Jiménez y por Felipe Degregori en el distrito más golpeado por el conflicto armado interno sostienen que la violencia además produjo el fin de la organización de las personas. Luego de la violencia continúan diferentes rencillas, enfrentamientos. Lo único que une a los chunguinos es su fe en su patrona, la Virgen del Rosario.

Una de las fugas (cantos) de Chungui recogido en el 2000 por Jiménez dice así:
Vivo en pueblo lejano
Vivo en pueblo de Chungui
seguro por estar lejos
ni los periodistas llegan
ni los congresistas llegan
Dice también llora el río de Qachi
al encontrarse con el río de Chungui
así llora mi pueblo
cuando nadie se recuerda

Una nota sobre el mismo libro en La República

La columna de M. Tanaka sobre el trabajo de Jiménez

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