Beteta es el segundo (de izq. a derecha) en una imagen del 2007 durante actividad pública en Santiago.
Un par de medios publican hoy trascendidos sobre el economista Edmundo Beteta como candidato a Contralor de la República y, según verificamos hace minutos con fuentes del Ejecutivo, AGP lo anunciará hoy o enviará la carta al Congreso con la propuesta.
Beteta tiene una destacada carrera como consultor en gestión pública, actualmente es asesor del ministro de Economía, Luis Carranza, y trabajó como coordinador de evaluación de impacto en la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda de Chile entre 2006 e inicios de este año.
El candidato se formó en la PUCP y terminó su licenciatura a fines de los años 80 y posteriormente realizó una maestría en economía aplicada a las políticas públicas en la Universidad de Georgetown/Universidad Alberto Hurtado (Chile).
Ha sido profesor de la Universidad de Chile durante once años y también cuenta con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chile/Universidad de Chicago.
Muy probablemente algunos diarios lo tildarán de pro-chileno, otras voces dirán que es demasiado cercano al Gobierno debido a que actualmente trabaja para Carranza y es próximo a Nuria Esparch, presidenta ejecutiva de Servir, la autoridad nacional de servicio civil.
Hasta hace pocos días había en Facebook un grupo de amigos/ admiradores de Beteta (porque fue un importante líder de opinión durante su epoca de estudiante y referente de generaciones posteriores). Posiblemente fue desactivado debido a su inminente designación como Contralor.
Julio Vazquez Calle (29) ha sido amenazado de muerte luego de presentar una denuncia contra efectivos de la policía y del resguardo de la compañía Majaz, ante la 5ta. Fiscalía Penal de Piura. Ha abandonado su trabajo como periodista para protegerse e informa que los otros campesinos torturados en el 2005 como él -en un campamento de la empresa minera- y acusados de terrorismo no han conseguido asesoría legal efectiva.
Entrevistado por este blog, Vásquez explica que pese a las pruebas (fotos) y debido a presiones -de la policía o del Gobierno- no se ha identificado a los responsables de las torturas. «La DINOES, por ejemplo, no ha dado información de los efectivos pese a que ha sido solicitada», acotó.
Debido a los golpes y encierro sufridos hace tres años, le era difícil encontrarse con un policía «y mirarlo a la cara». Sin embargo, el periodista dice, «sí creo en la justicia del país y que hay personas honestas y justas para luchar contra los obstáculos y contra la corrupción».
El agraviado, quien espera retomar sus estudios en la Universidad de Piura, indica que el proceso en la Quinta Fiscalía sólo ha avanzado un 1% desde que se inició en julio del año pasado.
«No se pide venganza, tienen que identificar a malos policías porque no pueden seguir caminando por las calles, así los ciudadanos no estamos a buen recaudo. Yo sí creo en las Fuerzas Armadas y la Policía, no me ha quedado discordia ni temor, pero creemos que lo más correcto es ponerse en el punto medio, sin exageraciones: un grupo de periodistas debe ser sancionado», agrega.
El periodista está además preocupado porque debido al juicio que enfrenta -al igual que otras 150 personas- por terrorismo, invasión a la propiedad privada y otros seis cargos, tiene orden de comparecencia restringida y debía firmar un cuaderno estando en Piura. Dadas las amenazas que recibió en su celular, se vio en la necesidad de salir de su región y protegerse. De acuerdo a la orientación que ha recibido, él debería ser testigo y agraviado en dicho proceso judicial, y no un denunciado.
En febrero de 2005 Vásquez se desempeñaba como corresponsal en Ayabaca de Radio Cutivalú y, por ello, cubrió las manifestaciones de dirigentes y campesinos contra los proyectos de la minera Majaz, posteriormente denominada Monterrico Metals. El periodista y un grupo numeroso de dirigentes y campesinos, dos mujeres y un niño, fueron detenidos y torturados por policías y empleados de Forza en un campamento de la minera. El dirigente Melanio García fue asesinado.
Las fotos que demuestran el encierro, torturas y asesinato le fueron enviadas al periodista piurano -por una fuente no identificada- a inicios de enero de este año y el diario La República las publicó.
Julio Vásquez expresa su preocupación debido a que el trabajo de asesoría legal de la Pastoral de Chulucanas no ha sido suficiente para los 150 denunciados.
«Tienen varios otros proyectos, son honestos, pero creo que ha habido cierto descuido del caso. Yo me he podido agenciar de otra ayuda. Además, los comuneros están en el campo, no llegan a la ciudad para las diligencias porque tienen que realizar sus actividades agrícolas, pero aparte está el clima: Ayabaca está incomunicada debido a las lluvias».
Otro aspecto referido a esta situación de violencia es que el Centro de Asesoría Psicológica y Social (CAPS) ha brindado una terapia grupal para los campesinos y dirigentes torturados, pero pocas personas han participado debido a que dicha actividad se realiza en la capital del departamento.
Julio expresa que en los últimos tres meses se siente más recuperado luego de todo lo que le pasó.
«Sabemos que el juez enfrenta presiones, pero por ejemplo Andrew Bristow hasta ahora no ha sido llamado a declarar», precisó Vargas. Bristow se desempeñaba como gerente/jefe de operaciones de la minera cuando ocurrieron los hechos y aún es funcionario de Monterrico Metals. Durante el secuestro en el campamento, Vásquez escuchó órdenes de dicho funcionario.
Un grupo de artistas visuales, diseñadores, un escultor y un músico exponen hasta el 5 de marzo el experimento colectivo ‘Doce Bobos’ en el espacio de arte Índigo, a tres cuadras del ex cine Orrantia, San Isidro.
La muestra incluye objetos, esculturas, pintura, ilustración y joyas creados bajo la idea siguiente: «12 Bobos es un experimento colectivo acerca de la amistad, el desamor, la inocencia del verano y la manía ésa de creer en el amor».
Las visitas son de lunes a sábado en Av. del Bosque 260.
El transporte público en Lima es noticia debido a los choques, la imprudencia de los choferes, el achoramiento de los cobradores, el volumen alto, los robos y más, sin embargo, anoche disfruté el programa de radio de Mabela Martínez en la unidad de placa UO-6753 de la ruta EM-17 Santa Anita-La Molina. Parecía un experimento antiestrés para los pasajeros. Buena por el conductor y el cobrador, paraban en los lugares autorizados, trataban bien a las personas y la música era de Black Sugar Sextet, del músico peruano Lucho Cueto.
Aquí una canción de Black Sugar:
A la izquierda, agricultor Manuel Boluarte durante pisa de uva en su chacra casmeña.
Hace un par de sábados cuando se celebró el día del pisco sour no hubo mención en RPP a la periodista que en el 2003 planteó la idea inicial de dicha celebración: Virginia Rey-Sánchez. Enlazo más adelante a Paola Ugaz, quien informa hoy que un productor de Casma producirá pisco ‘Doña Virginia’, reconociendo la visión pionera de la periodista con respecto a la difusión y defensa del pisco.
Rey Sánchez trabajaba en ese tiempo para la agencia de noticias Dow Jones -especializada en economía y finanzas- y no sólo escribió reportajes y notas sobre el aguardiente de uva sino que, tras investigar y entrevistar a varios especialistas y productores, difundió informalmente entre los colegas algunos datos clave para que los periodistas comprendiéramos las diferencias entre el pisco peruano y el chileno, como por ejemplo la cantidad de kilos de uva necesarios para producir un litro, principal motivo para que una botella de pisco ‘de verdad’ superara los 25 soles.
La agencia Andina informó que Mercedes Cabanillas reemplazará en el Ministerio del Interior a Remigio Hernani, general de la policía en retiro. Si bien la congresista ha sido presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, no conoce suficiente el sector para liderarlo. La secuencia Alva Castro-Hernani-Cabanillas ofrece la imagen de una curva en picada en esa cartera y muestra que no hay orientación ni una política de Estado en seguridad pública. ¿Qué pretende el Gobierno de García en ese ámbito? Y, segundo punto: el inminente nombramiento de Cabanillas evidencia la pobreza de opciones de profesionales o políticos que ocupen un ministerio tan complicado y con tantos retos como el de Interior.
Un comentario en off de un experto en seguridad ciudadana (a este blog) indica que con este cambio se reforzará el grupo corrupto de la PNP.
A continuación, las sugerencias de Lucía Dammert para la conducción de dicho ministerio. Dammert es socióloga peruana, directora del programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO-Chile y asesora del departamento de seguridad pública en la OEA.
«Algunos países han aprendido la lección generando procesos que buscan privilegiar el accionar policial profesional, con salarios dignos y protección social para el policia y su familia, pero también con controles internos, cero tolerancia para la corrupción y el abuso del poder. La solución no pasa por nombrar a un político o a un experto individual porque la tarea por delante es colectiva.
La necesidad de avanzar en la generación de equipos de expertos en temas de seguridad que desde el mundo civil puedan articular el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana es cada vez más evidente. La urgencia de establecer mecanismos de colaboración y coordinación con la institución policial ya asume niveles críticos en los ultimos meses y semanas.
Tomar en serio la seguridad interna del país requiere de un colectivo de especialistas que permitan avanzar con medidas de corto, mediano y largo plazo para prevenir y controlar la criminalidad, asegurar el orden interno y dignificar el trabajo policial. Todas propuestas que serán luego analizadas y definidas por los actores políticos, los que deberán enfrentar la responsabilidad pública si estas medidas no tienen el efecto esperado.
La ciudadanía no puede seguir siendo espectadora de un sombrío proceso de destrucción de la moral policial, de baja eficiencia en el control de la delincuencia y de poca responsabilidad política frente a un tema que nos afecta a todos. Esta situación puede desembocar en una privatización descontrolada de la seguridad e incluso la amplificación de los procesos de justicia callejera. Ambos fenómenos que erosionan las bases mismas de la democracia y la gobernabilidad en nuestro país».
La experta es también directora ejecutiva del Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad. Paola Ugaz y Utero también informan al respecto.
«A esas víctimas se les ha negado hasta la identidad. Muchos no tienen ni carné de identidad. No nacieron, no murieron. Sin identidad, no hay recuerdo. Es una película contra la impunidad. No se puede pasar página sobre las víctimas del terror, los muertos no pueden esconderse bajo una sábana blanca», comentó Claudia Llosa tras ganar el Oso de Oro de la Berlinale. Ayer Alan García se colgó de la noticia y felicitó vía RPP a la cineasta. Quizá en los próximos días algún funcionario o el mismo presidente declaren a favor de la promoción del cine nacional, pero difícilmente se referirán a la deuda del Estado con quienes no protegió (o peor, atacó) durante los años del conflicto armado interno (1980-2000).
La exhibición de la película y las entrevistas que den Llosa y Magaly Solier quizá permitan que poco a poco los debates, juicios, reparaciones, exhumaciones, sanciones puedan concretarse, avanzar o iniciar. La fuerza del cine y del arte suelen permitir otro tipo de procesamiento de la historia. Además, en los próximos meses también se estrenará el filme ‘Tarata’ de Fabrizio Aguilar.
Esta noche, por ejemplo, en el programa de César Hildebrandt, el hijo de Teódulo Simeón Yaringaño, un trabajador de salud, reiteró que sigue sin encontrar los restos de su padre, detenido por miembros del Ejército -cuando iba en moto a su centro de trabajo- en un rastrillaje posterior al enfrentamiento en Molinos (Jauja-Junín), una de las derrotas más fuertes que tuvieron tanto el MRTA como dicho instituto armado durante el primer gobierno de García. El hombre fue llevado al Fuerte Mariscal Cáceres en Jauja y días después fue asesinado. Como él, otras seis personas sufrieron desaparición forzada en esa oportunidad. Ver página 232 en el IF-CVR Informe de la CIDH en 1993 sobre el caso
http://www.cidh.oas.org/annualrep/92span/Peru10.433.htm
Volviendo al tema de la película premiada, cabe recordar que las víctimas de violación/violencia sexual por ley deben recibir una reparación económica. Sin embargo, un estudio de la abogada Julie Guillerot indica que las mujeres no sólo esperan una compensación debido a la violación de un derecho humano, sino medidas para su salud física y mental, educación para sus hijos y trabajo. Además, otras demandas asociadas con un sentido de ‘cierre’ como la recuperación y entierro de los cuerpos de sus familiares, la sanción a los perpetradores y la explicación de las causas de la violencia.
Esta semana, en una entrevista que realicé a Ricardo Caro, sociólogo especializado en memoria de la violencia en el Perú, explicó que una gran mayoría de personas testigo, actor o víctima de los enfrentamientos -y que han perdido mucho en términos familiares y materiales- aún no ha habido explicación de qué ocurrió allí, de por qué les tocó vivir lo que pasaron.
El abrazo de Claudia Llosa con Magaly Solier delante del público de la Berlinale debería ser en cierto sentido significativo o simbólico -si queremos ser optimistas-. Es el encuentro de una ex publicista de clase alta con una chica de Huanta, la provincia que tiene más víctimas de la violencia en todo el Perú. Huanta tiene nuevos motivos de orgullo ahora que la voz en quechua de Magaly se escuchó en decenas de canales de TV en todo el mundo.
A continuación:
Fragmento del texto del colega mexicano Yaotzin Botello, corresponsal del diario Reforma en Berlín.
Triunfan latinos en Berlinale
Berlín, Alemania (15 de febrero de 2009).- Fue la sobrina de Mario Vargas Llosa, Claudia Llosa, quien se llevó ayer el Oso de Oro, el máximo premio de la 59 edición de la Berlinale.
«Necesitamos más mujeres como actrices, más mujeres en las películas», señaló la directora, de 32 años.
La realizadora peruana presentó en Berlín la película La Teta Asustada, que habla sobre una generación de mujeres que nació con el miedo de ser violadas.
Así, Llosa explora una parte secreta de la historia de su país, en la que, entre 1980 y 2000, grupos terroristas cometieron hasta 70 mil asesinatos, además de secuestros y violaciones sistemáticas a mujeres. Enlace a la nota de la BBC en español
Al iniciar la madrugada de hoy lunes, en el Facebook de la actriz Magaly Solier más de cien personas la felicitaban por el premio.
Nota: Me excuso por no actualizar con más frecuencia el blog como antes: me propongo hacerlo apenas avance con mi trabajo atrasado. Buena semana para quienes llegaron hasta aquí.
Un enfoque distinto de la noticia de la sentencia debido a la muerte del menor Indalecio Pomatanta planteó el programa Enemigos Íntimos la semana pasada. Algunas personas con quienes lo comenté no lo habían visto porque el espacio de Miyashiro y Ortiz no les convence. Sin embargo, algunos reportajes son excelentes muestras de periodismo en dicho programa.
En el reportaje, la esposa del oficial de Marina preso porque él y miembros de su base causaron la muerte de Pomatanta prendiéndole fuego, expresa su convencimiento de que el oficial es un héroe («es deportista, no es un criminal…») e indica que el dolor de que purgue prisión es mayor al de los padres de Indalecio. Para ellos, en cambio, la justicia no ha sancionado suficiente (claro, además hay un procesado prófugo). Las visiones y sensibilidad sobre un mismo hecho de violencia pueden llegar a ser tan dispares (distantes, desencontradas) que uno sólo puede seguirse sorprendiendo. En algunos años, confío, los peruanos seremos diferentes o pensaremos diferente con respecto a cómo nos matamos, torturamos, despellejamos entre 1980-2000.
A la izquierda, fragmento de El Comercio, a la derecha: La República.
Prometo no hacer en este blog listas de errores de los medios, pues siempre son incómodas y porque todos los cometemos. Sin embargo, las fallas frecuentes en dos periódicos de referencia dan cuenta de excesivo descuido o ignorancia. El descuido o la ignorancia no son (o no deberían ser) características del periodismo y por ello consigno tres de ayer y hoy.
La editorial de hoy de La República resalta el hecho de que el sistema de salud ofrecerá gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia y por ello mencionan a los gametos masculino y femenino, pero escriben ‘gameros’.
En la página 8 de Política, en un nuevo espacio de resumen de los programas periodísticos dominicales, mencionan el caso de tripulantes y aeromozas de LAN vinculados con una red de narcotráfico y usan la palabra hosters en vez de hostess.
Por último, la nota sobre programas sociales que desarrolla la abridora de primera plana de ayer en El Comercio usa un concepto equivocado del término ‘línea de base’. Indica que es una ‘hoja de ruta con la que se debería haber comenzado, con objetivos y avances en el tiempo claramente definidos’. Pero una línea de base no es una hoja de ruta, sino una especie de ‘foto’ de la situación antes del inicio de un proyecto o programa. Traduzco una definición tomada del Programa Conjunto de NNUU en VIH-SIDA: «el estado de los servicios y medidas relacionadas con resultados, como conocimiento, actitudes, normas, comportamientos y condiciones antes de la intervención». En la jerga de las entidades que realizan proyectos, denominan intervención a la aplicación de las acciones de un proyecto.
Una posdata con respecto a la serie de entregas de El Comercio sobre programas sociales: un sector de la opinión pública cree que el diario realiza esas notas ‘manipulado’ por quienes quieren cerrarlos, ya sea para usar el dinero en programas más populistas o para que no exista más una iniciativa que surgió durante el Gobierno de Alejandro Toledo. No comparto el punto de vista, pero tampoco me sorprende. Ojalá que no sea otra forma en que El Comercio contribuye con la agenda política de un sector de intereses al interior del Gobierno.
La ONG de derechos humanos Aprodeh difundió ayer una nota de prensa que no ha tenido rebote en los tres principales diarios, por ello la consignamos. Cabe anotar que el viernes último se formó la comisión que debe decidir los montos de las reparaciones económicas para las víctimas de muerte, desaparición forzada, violencia y violación sexual y discapacidad debido a la violencia entre 1980 y 2000. Dicha Comisión Técnica Multisectorial debió haber sido instalada en el 2006, según indicaba el reglamento de la Ley N° 28592.
Aunque este asunto sea tildado de ‘caviar’ por un sector, hay miles de víctimas de la violencia -civiles, militares, policías- que por ley deben recibir una reparación.
A continuación el planteamiento de Aprodeh:
Reparaciones deben ser integrales y no confundirse con programas sociales
Ante el reciente anuncio del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel encargada de las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno, CMAN, Jesús Aliaga, de reparar hasta el 2011 a dos mil comunidades, y que hasta el momento serían setecientas las comunidades que han recibido fondos y han sido reparadas, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), expresa lo siguiente:
Esperamos que el gobierno tenga la voluntad política para asignar el fondo necesario que permita cubrir la demanda anunciada, considerando que las unidades ejecutoras son gobiernos distritales y provinciales que tienen muy poca capacidad de ejecución. Para las mil trescientas comunidades que serían reparadas al 2011, el gobierno debe disponer de por lo menos un presupuesto adicional de 100 millones de soles, solo para reparaciones colectivas.
Asimismo, las reparaciones deben entenderse y ejecutarse como tales, y no convertirse en proyectos o programas sociales como se está pretendiendo hacer ahora con las reparaciones colectivas. Mientras no se ponga mayor énfasis en el sentido reparador que deben tener las obras que se ejecuten, la población las va a seguir considerando como un programa social, confundiendo su real esencia.
Ante el anuncio del inicio de reparaciones en salud y educación este año, es necesario que la CMAN logre tener una coordinación suficiente con todos los gobiernos regionales para que puedan incluir dentro de sus presupuestos los fondos necesarios para las reparaciones en educación y salud, y una vez más esto no se confunda con los programas de alfabetización por parte del gobierno.
Demandamos que se hagan efectivas las reparaciones económicas como lo vienen reclamando las organizaciones de afectados, y que se incorpore este rubro en el presupuesto que se va a presentar para el próximo año, ya que el Registro de Víctimas proyecta un aproximado de 27,000 víctimas que recibirían reparaciones económicas.
La reparación debe ser integral, tal como demanda el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en sus recomendaciones. Es necesario que todas las políticas de reparación que se apliquen hoy y en el futuro tengan ese enfoque, de lo contrario se convierten en proyectos aislados en donde la población puede ser manipulada y mal informada.