El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

Supe del trabajo de Lurgio, en octubre de este año, gracias a alguien que había leído borradores de sus textos corregidos en 2006 y que vio -en el muro de FB de un amigo- el anuncio de la presentación de su libro en México. Ello me llevó a contactarlo, vía Facebook también, para entrevistarlo mediante una videollamada.

A los pocos días, publiqué una nota en el diario El País, en la que daba cuenta de su historia, una historia que sale a la luz en un país donde, dije, hay dificultades para abordar el período de la violencia en el Perú en el espacio público, pues el tema del conflicto armado interno de inmediato genera bandos,  controversias y, en muchos casos, mentiras para atacar a un sector o a individuos con quienes no se está de acuerdo.  Este tipo de debate sobre la memoria, especialmente en Lima, es literalmente un espacio de competencia, en el que un grupo o algunos líderes de opinión -unos con más voz y poder político que otros- atacan a los que ven como enemigos.

Militares en retiro, fujimoristas y simpatizantes fujimoristas, políticos que se autodenominan de centro o independientes o que solo quieren el ‘avance’ o ‘desarrollo’ del Perú, empresarios (como el ex ministro Oscar Valdes), periodistas, expertos, etc. han identificado entre sus enemigos a los ex miembros de la Comisión de la Verdad y a todos quienes citen el informe final de la CVR. También son ‘enemigos’ los organismos, activistas y abogados de derechos humanos, las ONG, los artistas, periodistas, intelectuales y familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos por las fuerzas del orden. Los llaman defensores de terroristas, o terroristas, o terrucos, o comunistas o caviares, o extremistas, o ultras o rojos. Les atribuyen también un odio o falta de respeto hacia las fuerzas armadas, dado que nunca se preocupan por los derechos humanos de ellos, de los que salvaron al Perú de Sendero Luminoso. (¿Quién defiende los derechos humanos de los policías, de los soldados?, suelen preguntar en medio de gritos o de llanto o en conversaciones en el taxi o en una esquina). Les achacan que solo les importan los derechos humanos de los terroristas (y esto también lo menciona Carlos Iván Degregori en su texto introductorio del libro). Señalan que se le hace un favor a SL al usar el término conflicto armado interno, porque se les reconoce como ‘combatientes’ como si hubiera habido aquí una guerra. Sostienen que solo hubo terrorismo y del otro lado pacificación, lucha contra el terrorismo.

Todo esto es visible en sus comentarios en los medios, en el Congreso, en iniciativas de ley, pero también ha sido visible en hechos en las calles, como cuando un grupo de personas –¿o vándalos? – echó pintura naranja en el memorial llamado ‘Ojo que llora’, a pocos metros de aquí en Jesús María. Un memorial, dicho sea de paso, cerrado para el ciudadano de a pie, e incluso difícil de visitar si uno no realiza un trámite.

Las personas e instituciones a quienes ataca ese primer grupo -en el debate político, en los medios o en eventos públicos- estos activistas, abogados, académicos, intelectuales, ex miembros de la CVR, etc. se defienden, usualmente recordando los delitos cometidos por las fuerzas del orden desde 1980 o cometidos también por miembros del gobierno de Alberto Fujimori. Intentan que quienes trabajaron para el Estado reconozcan que hubo violadores de los derechos humanos y que no cumplieron con la función del Estado de proteger a la persona. Recuerdan también que los grupos terroristas cometieron la mayor cantidad de muertes en los años del conflicto armado interno. Suelen recibir no solo insultos, sino también amenazas; a veces han sufrido seguimiento, reglaje, etcétera, por parte de las fuerzas de seguridad. En pocos casos tienen una experiencia saludable en su relación con las fuerzas del orden o quienes la representan. Vivimos ya al menos una década en esa dinámica de polarización, de tensión, de maniqueísmo, de reduccionismo (si se quiere, de histeria) a dos partes enemigas. Este año, se ha agregado un actor nuevo entre comillas, Movadef, que también lleva al extremismo el enfoque de los asuntos relativos a la violencia pasada y a la actual.

Este escenario de polarización existía desde la década de los años 80 pero se refuerza, ahonda o agrava luego de la producción del informe final de la CVR. En aquel tiempo, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde y las FFAA criticaban los informes de Amnistía Internacional sobre violación a los derechos humanos en el Perú; por otro lado, las FFAA trataron de manera intimidante a personas como Pilar Coll cuando fue secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una vez planteado esto, puedo entonces decir uno de los motivos por los cuales es tan valioso este libro del antropólogo Lurgio Gavilán: porque lleva la cuestión, el asunto, el tema a otro lugar, a otro punto de vista, un enfoque que destierra el reduccionismo, el facilismo y la simpleza de los polos, de  los dos puntos de vista enfrentados. (Son dos puntos de vista enfrentados o tres, también enfrentados, si incluimos o no la actual prédica de Movadef).

577890_539098792786760_1955942066_nSi recordamos cómo han informado los medios de Lima acerca del libro ‘Memorias de un soldado desconocido’, no hubo ningún ataque, desde ningún ángulo al autor, tampoco se dio ese reduccionismo que he descrito previamente, de los polos enfrentados, solo hemos leído o visto el relato de una vida excepcional durante un período tan complejo en el Perú.  Y el relato de esas experiencias de Gavilán, expresa de forma muy clara la complejidad de lo vivido durante el período de violencia, como destaca Eduardo Dargent en su columna de este domingo en Diario 16 acerca del libro.

Casi todos los comentarios acerca de la historia de Lurgio Gavilán, coinciden en que su libro debería leerse en las escuelas. Dargent aludió a la posibilidad de que quede en el olvido, pero hay muchos modos de evitarlo. Por ejemplo, el documentalista Fernando Vílchez, peruano que ganó un premio por un corto que presentó en el festival de cine de Berlín, está interesado en realizar un documental sobre esta historia.

El texto de Gavilán es valioso además, porque revela experiencias transformadoras, sea en instituciones o por pequeños actos y decisiones de personajes clave. El oficial del Ejército que le perdonó la vida cuando era un niño senderista, la religiosa que vio en él otro futuro posible, la tutora que le sugirió escribir. He pensado mucho en la función de la escritura, en castellano, para un peruano que aprendió a escribir tarde en su segunda lengua. También pienso en el valor del silencio, el estudio y la meditación, para procesar lo vivido, momentos que retrata al contar sus años en el convento franciscano.  Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos. El rescate de las dimensiones que componen lo humano es también esencial es este texto, no es solamente un buen texto de antropología y de memoria de la violencia.

También es importante tener en cuenta que este libro surge en un momento delicado. Hoy las comisiones e Constitución y de Justicia han aprobado el proyecto de ley de negacionismo. 2012 ha sido un año con varios casos de censura a trabajos artísticos que aludían al tiempo de la violencia en el Perú, incluso un documentalista Andrés Mego ha retirado de internet un video sobre la vida del ex senderista Julio Yovera, sobreviviente de la matanza en El Frontón, un documental que no critica los hechos de terror, pero tampoco los promueve, ni aprueba. Y la persecución legalista no es la mejor forma de lidiar con Movadef. Si queremos enfrentar las ideologías extremistas que justifican la violencia, tenemos que conocer quiénes son esos peruanos y sus ideas, justamente para encararlos en el plano de las ideas y no dejar al criterio policial la aplicación de una norma que deja demasiado espacio a la interpretación y subjetividad.

Lurgio Gavilán sostiene en su libro que no quiere hacer juicios de valor ni política partidaria acerca de lo que hicieron Sendero Luminoso y el Ejército, sin embargo su punto de vista no es neutral ni aséptico. Es político porque contiene una posición y una visión acerca del Perú, de los vulnerados, los discriminados, los despreciados y desconocidos por el Estado, tratados así desde antes de que surgiera Sendero Luminoso. Testimonia su paso por tres espacios clave, desde donde intentó cambiar lo que consideraba injusto, impropio o en desorden. Una palabra importante en el libro acerca de lo que ocurre en el Perú, es ‘huklla’, que en quechua significa ‘ser unidos’, estar unidos. Gavilán se pregunta por qué solo cuando juega la selección el Perú se siente así… y no en otros momentos. Esta visión de un Perú fracturado está en la esencia del libro. Esa forma de ver el país, creo, tiene resonancia o es similar a la obra de una artista plástica, Eliana Otta, curadora de una exposición llamada ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’: un cartel impreso en offset, un afiche grande, que comparto aquí con ustedes para cerrar esta presentación.

2012elianaotta

(*) El título alude a la histeria debido a dos menciones recientes a ese término. Una de Juan Carlos Ubillús, quien en la presentación del libro ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’ dijo de algunos artistas plásticos que sus trabajos tenían un componente de histeria al aludir a los problemas de la democracia en el Perú. El lunes último, el antropólogo Javier Torres también afirmó que los medios de comunicación limeños son histéricos.

Nota: este texto fue leído el 12 de diciembre de 2012 durante la presentación del libro ‘Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia’, en la que comentaron además Makena Ulfe, Ramón Pajuelo y el propio autor en la sede del IEP.

Un lector pidió que informe las fechas de próximas audiencias públicas de los juicios por violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Aquí están:

Martes 11/09     9 am caso desapariciones Sótanos SIE en la sala de audiencias de la Base Naval del Callao.

10 am caso Cabitos (desapariciones y muertes 1983) en Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)
– Miércoles 12/09 12 m. caso Pucará en la sala de audiencias del penal Castro Castro (San Juan de Lurigancho)

12.30 caso Chuschi en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)

– Jueves 13/09      De 10 am a 5 pm. caso Accomarca (muertes por causa del Ejército, 1985) en el penal Castro Castro.

Carlincatura, captura de pantalla del diario La República, 2 de septiembre 2012.

Las muertes de civiles y policías del 5 de junio de 2009 en la Curva del Diablo y en la Estación 6 han dado lugar a cuatro procesos en Amazonas y uno en Lima y, la semana pasada, Mercedes Cabanillas fue eximida de responsabilidad penal en uno de ellos, cuando el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, ordenó archivar la investigación por presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro -de los 24 policías muertos- cuando era ministra del Interior. Sin embargo, en otro de los procesos Peláez debe determinar si es convocada como testigo.

Los cuatro procesos en Utcubamba son: por las muertes en la Curva del Diablo, que incluye a nativos procesados en agravio de la Policía y el Estado; el segundo por la muerte y desaparición del mayor Bazán; el tercero por la muerte de nativos y no nativos en la Curva del Diablo y Utcubamba; y el cuarto por la muerte de policías en la estación 6 de Petroperú, donde hay unos 50 nativos procesados.

La denuncia contra Cabanillas -ahora archivada por el Ministerio Publico (MP)- fue planteada en Lima por familiares de los policías muertos y heridos, y también incluyó a los generales Elías Muguruza, José Sánchez Farfán y Javier Uribe. El titular del MP debe decidir ahora si la ex ministra aprista actuará como testigo en el caso de la muerte de nativos y no nativos en la Curva del Diablo. El general Sánchez Farfán, quien fue director general de la PNP dos meses en 2009, ha declarado en una instructiva que recibió de ella la orden de la operación del 5 de junio para despejar la carretera. Como parte de los elementos que requiere el fiscal Peláez para tomar una decisión sobre la ex ministra, necesitará escuchar primero el audio del Consejo de Ministros del 3 de junio de 2009… pero la PCM aún no lo ha enviado.

El abogado del Instituto de Defensa Legal Juan José Quispe precisó a este blog que en el caso por la muerte del mayor PNP Felipe Bazán, a fines de agosto el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Utcubamba ha declarado el caso complejo “por la cantidad de pruebas por actuar” y ha solicitado tres meses más para diligencias adicionales. Entre ellas, ordena la detención del ciudadano Juan Ramón Cruz Cotrina, a quien en 2009 le tomaron una declaración sin abogado, en la que se autoinculpó de haber hecho seis disparos contra el mayor Bazán en la parte alta del cerro. Tiempo después, en otra declaración con abogado y ante un fiscal se retractó y le creyeron. Pese a ello, ahora le abren instrucción por la declaración inicial de 2009.

Quispe refiere que  la descripción de Cruz sobre los hechos no coincide con la última imagen conocida del policía: en la que aparece sin impactos de bala y bajando del cerro, rodeado por varios nativos.

Este proceso de los muertos en la Curva del Diablo es el que podría llegar primero a un juicio oral, aunque aún hay que esperar un dictamen que acusa o archiva el caso, explicó el abogado.

Para recordar cómo el gabinete que lideraba el entonces primer ministro Yehude Simon defendió a la ex titular del Interior, aquí la transcripción de la única rueda de prensa con medios extranjeros que concedieron en Lima varios ministros sobre los hechos en Bagua. Cabanillas fue una de las ministras ausentes.

Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. “Tiene que quitárselo!”, le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. “Qué indignante”, comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, “es el colmo”, dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. “Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso”, comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

“La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes”, afirmó Boulangé.

Tarde lluviosa en la laguna Perol, adonde llegaron alrededor de 4000 personas por la visita de los facilitadores del diálogo el 18 de julio. (Fotos: J. Fowks)

“¡Lagunas naturales y no artificiales!”, “El agua no se vende, el agua se defiende”, “Éste es el pueblo que lucha por la vida”, escucho en los videos cuando se cumplen tres semanas del encuentro de miles de cajamarquinos con los facilitadores del diálogo por el conflicto del proyecto minero Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en tres de las lagunas que desaparecerían con las operaciones del proyecto minero Conga. Sin embargo, no hay aún novedades por parte del Ejecutivo para suspender el estado de emergencia en Cajamarca y continúa la violencia injustificada en las calles de Celendín.

En Lima, desde que el conflicto en Cajamarca llegó a las primeras planas -noviembre 2011- ha habido insistencia en responsabilizar de las movilizaciones al presidente regional Gregorio Santos y al ex dirigente Wilfredo Saavedra, que ocupó un cargo en el Frente de Defensa de Cajamarca. A ambos los han denominado azuzadores de la violencia ‘antiminera’; algunos incluyen también al activista y político Marco Arana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cajamarquinos es claro que -por su historia política- no basta con uno o dos políticos para gestar una causa. La tradición e institución de las rondas -desde la década de los años 80- obliga a tomar acuerdos y respetar la institucionalidad, que también se expresa en otras redes y organizaciones más pequeñas (como por ejemplo, beneficiarios de programas sociales, dirigencias de centros poblados, etcétera). Es también necesario decir que en el área de influencia del proyecto Conga, la mayoría de la población es rural y pobre, pero con organizaciones.

Cabalgata hacia la laguna Perol, algunos atravesaron con dificultad los bofedales (pantanos), otros bordearon la trocha luego de bajar de las colinas.

También los medios capitalinos insisten en que algún rezago del terrorismo (el radicalismo) mueve las protestas en Cajamarca, sin embargo, todos los que lideran la posición de ‘Conga no va’ (Saavedra no lidera) han contrarrestado los intentos de Movadef, que trató de colarse a algunas movilizaciones. Y, recordando el pasado de 1980 al 2000, Sendero Luminoso no pudo actuar en Cajamarca porque las rondas los combatieron y les ganaron.

El gabinete que dirige el primer ministro Juan Jiménez Mayor ha anunciado que evaluará si anulan el estado de emergencia siempre y cuando haya gestos de paz y retorno a la normalidad, por parte del presidente regional de Cajamarca. Sin embargo, la Policía Nacional no da esos gestos de normalidad, en particular en Celendín donde la semana pasada nuevamente agredieron fuertemente a jóvenes (y un menor de edad). En Celendín se originó la posición contraria al proyecto minero Conga. ¿Cómo puede entonces el gobierno exigir lo que sus fuerzas del orden incumplen?

Por otro lado, una nota del diario La República reveló el sábado que el Ministerio Público no es capaz de encontrar a los responsables de las cinco muertes por los tiroteos del 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca. Hay videos, tanto de la PNP como de ciudadanos, y también documentos donde queda la huella de las órdenes de la PNP y el Mininter que deben servir para llegar a los responsables. Entonces: ¿son estos los mensajes y los gestos para restablecer el diálogo en Cajamarca?

En la segunda laguna esperaban unas 500 personas a mediodía. (Foto: J. Fowks)

Han pasado tres semanas de esas tres visitas a las lagunas en riesgo por el proyecto minero. Una sola imagen que describa qué ocurrió, tendría que decir que cerca de cuatro mil peruanos, predominantemente rurales, llegados la mayoría por sus propios medios y teniendo que superar los controles de seguridad de la policía y de la seguridad privada de Conga, quisieron hacerle ver a los enviados, urbanos, el peligro de su modo de vida, o simplemente de su vida: por ejemplo, una mujer denunció que la empresa minera ha entrado a su casa a sacarla a ella y su hija con violencia, que ha matado sus animales, y que no le hacen caso porque no tiene un celular o una cámara para grabar y probar lo que dice.

A continuación, dos videos de algunas formas como los ciudadanos cajamarquinos llegaron a Perol, la tercera laguna visitada por Cabrejos y Garatea.

Más fotos del 18 y 19 de julio en las lagunas y en el centro de Celendín

Actualización de las 2:57 am.

El video ‘Estimado Roque’ del autodenominado ‘Colectivo nadie nos paga’ ha empezado a circular la noche del domingo:

<p><a href=”http://vimeo.com/47427158″>Estimado Roque</a> from <a href=”http://vimeo.com/user12935451″>Colectivo Nadienospaga</a> on <a href=”http://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

Mientras algunos celendinos veían el mensaje presidencial en una pantalla gigante de la Plaza de Armas de la provincia, el estudiante y periodista Jorge J. Chávez tomaba fotos y buscaba algunas reacciones, en ese momento fue detenido, pateado y llevado a la comisaría. Celendín sigue bajo estado de emergencia, Jorge estaba a una cuadra de su casa sin DNI. Ahora lo conducen a Cajamarca y es posible que lo lleven a Chiclayo, como han hecho con todos los detenidos a los que asocian al conflicto en Cajamarca.

Chávez creó el blog Mi Mina Corrupta hace un año y es el sitio en internet que más información ha producido y difundido sobre el conflicto en Cajamarca en torno al proyecto minero Conga, y allí ha dado a conocer gran cantidad de documentos técnicos que consigue navegando inteligente y persistentemente en páginas web públicas.

Debido a que Chávez ha registrado en foto y video los enfrentamientos del 3 de julio y anteriores en Celendín, era constantemente señalado por efectivos de la policía y del Ejército, pero hoy encontraron un pretexto para su detención.

Organizaciones diversas de Celendín reunidas en la denominada Plataforma Institucional Celendina (PIC) han sido las que más se han pronunciado contra el proyecto de las empresas Yanacocha, Newmont y Buenaventura.

La página de Facebook de Voto Vigilante ha difundido información obtenida por el político y activista cajamarquino Marco Arana:

“Policías en Celendín argumentan que detuvieron a Jorge Chávez por no portar su DNI. La hermana del bloguero lo llevó, pero no lo liberaron. El periodista fue detenido cuando grababa en video a policías que apagaban televisores en Plaza de Armas cuando los ciudadanos de Celendín veían el mensaje presidencial de Ollanta Humala. Fiscal apellidado Pinillos dispuso detención y traslado (sin cargos ni acceso a abogados) de Chávez a la ciudad de Chiclayo (Lambayeque)”.

Esta detención ocurre cuando el ‘gabinete del diálogo’ lleva cinco días en ejercicio y mientras el jefe de Estado reiteraba en su mensaje por 28 de julio que abordarían los conflictos sociales mediante la prevención y el diálogo. Vale la pena averiguar quiénes siguen a cargo de las FFAA y la Policía Nacional en Cajamarca mientras sigue el estado de emergencia allí.

Para que en Lima se entienda la situación en la que se encuentra Celendín, a continuación, una entrevista de hace una semana al sacerdote Antonio Sáenz Blanco, quien refiere que el pueblo está “descabezado” debido a que hace meses no hay autoridad civil, están sin alcalde ni gobernador. Así, las acciones de la policía y de los efectivos del Ejército no están sujetas a alguna autoridad que pueda velar por los excesos y abusos. Sáenz es el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Actualización de las 22:58 del sábado 28: Jorge Chávez fue puesto en libertad en Cajamarca esta noche.

El volante del Ejército que circula hoy, dado a conocer por el blog Celendín Libre.

La ciudad de Celendín, donde hubo cuatro muertos por disparos del Ejército el 3 de julio, vive aún en estado de emergencia, con presencia del Ejército y la Policía Nacional, sin alcalde ni gobernador: en ese marco, el Ejército ha convocado para mañana a una acción cívica en la que invitan a la plaza del Sombrero a corte de cabello, planificación familiar, entrega de víveres, entre otras actividades. Ninguna autoridad civil se ha acercado luego del enfrentamiento y del triste episodio de los policías forcejeando con ataúdes y deudos durante las caminatas en el día del entierro. ¿El nuevo gabinete estará al tanto de esta forma del Ejército de buscar el diálogo en Cajamarca?

Prometo un post con mayor información sobre Cajamarca, luego de haber estado allá hace exactamente una semana, pero por el momento esto es lo más urgente que requeriría atención.

La información ha sido difundida más temprano por el blog Celendín Libre.

Los celendinos viven atemorizados, especialmente quienes vieron morir a sus familiares y compañeros de clase en la plaza de armas, y en particular cuando ven pasar a los miembros del Ejército que siguen acantonados en el estadio. La semana pasada, los efectivos del Ejército salían usualmente en grupos de a tres, no a patrullar -labor que sigue haciendo la Policía Nacional- pero por necesidades específicas como búsqueda de comida, como se ve en la foto a continuación.

Jueves 18 de julio en una de las calles del centro de Celendín. Foto: J. Fowks

Un llamado a la sensatez para restablecer -de otra manera- el diálogo con una ciudad dolida por la impunidad.