Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. “Tiene que quitárselo!”, le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. “Qué indignante”, comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, “es el colmo”, dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. “Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso”, comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

“La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes”, afirmó Boulangé.

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Aunque circulan en algunos blogs, la entrevista del jueves 11 a la ministra del Interior en La República y el análisis-crónica de Gustavo Gorriti del mismo día en Caretas, los incluyo para que más personas tengan acceso a ellos. Es necesario contrastar la versión recogida entre policías con las declaraciones de la titular del sector.

La policía como víctima (gracias a El Morsa, fuente Caretas 11/6/09)

El informe de inteligencia que me dan a mí no es muy detallado (Fuente: La República 11/6/09)

Alan García quiso restar credibilidad al texto de Gorriti indicando que así escriben los periodistas de escritorio, en tanto que Cabanillas expresó que no leía textos escritos con apasionamiento.

El periodista les respondió a ambos así (La foto al final de dicho enlace no tiene pierde)

P.S. Un pronunciamento del Instituto de Defensa Legal distribuido hoy plantea que la detención del abogado Carlos Rivera puede estar vinculada con la investigación en las fuentes policiales realizada por Gorriti, quien colabora con el área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), y las denuncias sobre presuntas desapariciones en Bagua realizadas por los abogados Ernesto de la Jara y Javier la Rosa de esa misma institución.
Rivera es uno de los abogados de la parte civil en los procesos contra el ex presidente Alberto Fujimori y también en juicios por violación a los derechos humanos cometidos durante el primer gobierno de Alan García (Pucará y El Frontón, entre otros).

La congresista horas antes del primer mitin contra la sentencia (Foto J. Fowks)

La congresista horas antes del primer mitin contra la sentencia (Foto J. Fowks)


Keiko Fujimori repite que ya no confía en el Poder Judicial y que las próximas sentencias también condenarán a su padre. El abogado César Nakasaki desapareció ayer de los medios y si bien debe preparar la apelación, el fujimorismo empezó ya el camino alternativo a la segunda instancia: desprestigiar (más) al Poder Judicial y sembrar la opción del indulto a manos de la hija presidenta.
Ayer, en una conferencia de prensa con la prensa extranjera, el ex procurador anticorrupción José Ugaz calificó de “espectacular” la sentencia por autoría mediata que emitió el tribunal dirigido por el magistrado César San Martín.
“Es una sentencia histórica, con un rigor técnico poco usual: por lo que he leido hasta el momento -porque es bastante larga- no admite fisura”, declaró Ugaz, quien recordó que el juez San Martín fue su profesor.
Consultado acerca de cuánto podría servir al fujimorismo la victimización de su líder para lograr réditos políticos o un ambiente favorable al indulto, respondió que los resultados serán efímeros: “es posible que eso se refleje en las encuestas en las próximas semanas pero luego disminuirá: un 69% lo creía culpable (antes de la condena)”.
Otras posiciones
Los fiscales Avelino Guillén y José Pelaez -entrevistados ayer en Canal N y la CNR- no creen que la sentencia a 25 años de prisión pueda ser modificada. Peláez anunció que el magistrado Pablo Sánchez -titular de la Segunda Fiscalía Suprema Penal- representará al Estado en la segunda instancia de la Corte Suprema.
El abogado de la parte civil Carlos Rivera explicó que Sánchez es el responsable de preparar el dictamen para la segunda instancia y que no está obligado a presentarlo en persona el día de la única audiencia que convocará la comisión revisora. “Sin embargo, sería importante que estuviera presente por la importancia del caso”.
Abogado de la parte civil Carlos Rivera. (J. Fowks)

Abogado de la parte civil Carlos Rivera. (J. Fowks)


“El proceso que sigue (en la segunda instancia) tiene carácter reservado y la confirmación o reducción de la sentencia puede tardar de tres a cuatro meses: según la ley la comisión tiene treinta días, pero no es común el cumplimiento de ese plazo”, agregó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Keiko y los titulares
Otra de las ideas que la congresista Fujimori, sus colegas de bancada y otros colaboradores reiteran en todas las ocasiones es que la sentencia favorece a los terroristas porque ataca al presidente que pacificó al país.
Pregunté ayer a Keiko Fujimori por qué insiste en calificar de aislados los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, cuando hubo en el mismo período 1991-1992 otras acciones armadas como los asesinatos y desapariciones del Santa, de la Universidad Nacional del Centro, la Universidad del Callao y de líderes políticos y periodistas -amenazados por SL- en Ayacucho. Respondió que todos esos actos eran contrarios a la política antisubversiva de su padre que consistía en acercarse y defender a los sectores más pobres, promover las obras mediante Foncodes, construir carreteras, etc.

Una nota al pie, para contextualizar: el asesor de prensa de la parlamentaria es Jorge Morelli, quien se desempeñó como conductor y director periodístico de Cable Canal de Noticias, televisora cuyos dueños recibieron dinero ilícitamente en el SIN y cedió su línea editorial para lograr la reelección de Fujimori en el año 2000.
Aquí la historia cuando recién surgió en Caretas http://www.caretas.com.pe/2001/1653/articulos/calmell.phtml
y en Agenciaperu
http://www.agenciaperu.com/investigacion/2001/oct/calmell.htm

Mis despachos para Operamundi.net (Brasil) sobre el fallo:
Día 1
Día 2
Día 3