Después del único informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos del 5 de junio en Bagua, se conoció parcialmente el reporte de Inspectoría de la Policía y algunos aspectos de la investigación fiscal en Amazonas. Mañana la Comisión especial investigadora de los sucesos en Bagua -presidida por Pilar Mazzeti- viaja a la zona, y la comisión de investigación del Congreso -liderada por G. Lombardi- se organiza para su trabajo.

La semana pasada estuvo en Santa María de Nieva el premier, Javier Velásquez Quesquén, y a mediados de setiembre el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. hizo algunos anuncios en Bagua.

Velásquez Quesquén hizo caso a la sugerencia del obispo Santiago de la Rasilla -vicario apostólico de Jaén- de escuchar lo que los nativos querían expresar. No hubo anuncios por su parte, sí algo de retórica. A la fecha, sólo hay información de una de las cuatro instancias conformadas luego de la tragedia de Bagua: la de investigación de los hechos. No hay mayor intención por parte del Ejecutivo de indicar qué se avanza sobre el mecanismo de consulta del Convenio OIT 169, ni tampoco sobre el proceso que desarrollarán para generar nuevas normas en reemplazo de las derogadas.

Cuando se instaló la Comisión Especial de Investigación hubo críticas por parte de miembros de Aidesep -entre ellos, Carlos Navas- pues su labor quedaba supeditada al presupuesto que dispusiera el Ministerio de Agricultura. La comisión fue creada mediante una resolución ministerial, a diferencia de lo que les ofrecieron en la PCM. Además, les dieron un plazo de 90 días para elaborar su informe.

Ayer obispos de la Amazonía de varios países -reunidos en Manaos- difundieron un comunicado acerca de los derechos de los pueblos.

En el documento indican que en el imaginario colectivo prevalecen ideas equivocadas acerca de la Amazonía: como que el habitante nativo es un freno al desarrollo, o que sus riquezas son inagotables, o que la selva es la última frontera de la humanidad, o que se trata de un lugar estratégico para la solución de problemas económicos.

Por otro lado, la comisión parlamentaria de investigación está integrada por dos apristas, una fujimorista, un nacionalista, un miembro de Unidad Nacional, otro de Alianza Nacional y un upepista. En Alianza Nacional están los legisladores de Renovación, Solidaridad Nacional y Restauración Nacional. Como es de esperar: no se pondrán de acuerdo en un único informe. El secretario de la comisión es del Apra.