Después del único informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos del 5 de junio en Bagua, se conoció parcialmente el reporte de Inspectoría de la Policía y algunos aspectos de la investigación fiscal en Amazonas. Mañana la Comisión especial investigadora de los sucesos en Bagua -presidida por Pilar Mazzeti- viaja a la zona, y la comisión de investigación del Congreso -liderada por G. Lombardi- se organiza para su trabajo.

La semana pasada estuvo en Santa María de Nieva el premier, Javier Velásquez Quesquén, y a mediados de setiembre el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. hizo algunos anuncios en Bagua.

Velásquez Quesquén hizo caso a la sugerencia del obispo Santiago de la Rasilla -vicario apostólico de Jaén- de escuchar lo que los nativos querían expresar. No hubo anuncios por su parte, sí algo de retórica. A la fecha, sólo hay información de una de las cuatro instancias conformadas luego de la tragedia de Bagua: la de investigación de los hechos. No hay mayor intención por parte del Ejecutivo de indicar qué se avanza sobre el mecanismo de consulta del Convenio OIT 169, ni tampoco sobre el proceso que desarrollarán para generar nuevas normas en reemplazo de las derogadas.

Cuando se instaló la Comisión Especial de Investigación hubo críticas por parte de miembros de Aidesep -entre ellos, Carlos Navas- pues su labor quedaba supeditada al presupuesto que dispusiera el Ministerio de Agricultura. La comisión fue creada mediante una resolución ministerial, a diferencia de lo que les ofrecieron en la PCM. Además, les dieron un plazo de 90 días para elaborar su informe.

Ayer obispos de la Amazonía de varios países -reunidos en Manaos- difundieron un comunicado acerca de los derechos de los pueblos.

En el documento indican que en el imaginario colectivo prevalecen ideas equivocadas acerca de la Amazonía: como que el habitante nativo es un freno al desarrollo, o que sus riquezas son inagotables, o que la selva es la última frontera de la humanidad, o que se trata de un lugar estratégico para la solución de problemas económicos.

Por otro lado, la comisión parlamentaria de investigación está integrada por dos apristas, una fujimorista, un nacionalista, un miembro de Unidad Nacional, otro de Alianza Nacional y un upepista. En Alianza Nacional están los legisladores de Renovación, Solidaridad Nacional y Restauración Nacional. Como es de esperar: no se pondrán de acuerdo en un único informe. El secretario de la comisión es del Apra.

Está por terminar un día que muchos peruanos y extranjeros consideramos histórico debido a que hemos sido testigos de un juicio pulcro y profesional. Sin embargo, los simpatizantes de Alberto Fujimori han rechazado la condena a 25 años de privación de libertad y amenazan con reclamar la libertad de su líder en las calles.
A continuación, algunas opiniones recogidas hoy de dos observadores internacionales y una abogada peruana, especialista en derechos humanos.
Julie Guillerot
Abogada, experta en justicia transicional. Consultora del International Center for Transitional Justice (ICTJ)
Habrá un antes y un después del juicio a Fujimori en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional penal. Habrá un antes y un después del juicio a Fujimori en la consecución de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en el Perú y en el mundo. La Sala Penal Especial sentenció por unanimidad al ex dictador Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de la libertad como autor mediato en los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (en agravio de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer). Demuestra, no sólo al país sino también al mundo, que el poder judicial de una nación, actuando con independencia y respetando el debido proceso, puede garantizar la justicia y la rendición de cuentas, incluso en los casos de un ex jefe de Estado. Demuestra que el imperio de la ley puede ser aplicado incluso a las más altas esferas del poder, que por lo general quedan impunes. Es un precedente histórico. Es el resultado de una lucha de más de 17 años, de la perseverancia de los familiares de las víctimas, de la sociedad civil que les acompañó, por clamar justicia. La sentencia del día de hoy les reivindica.

Michael Reed
Director de ICTJ en Colombia
Como observador externo lo que debemos hacer es respetar las formas del Derecho, respetar la independencia y autonomía que califique la actuación de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein se ha manifestado (sobre la independencia del Poder Judicial). Sería especular (si se pronunciara sobre lo que hará la instancia donde se presentará la apelación). Lo que hay que hacer es respetar la institucionalidad, hay derecho a apelación a partir de la petición de la defensa y esa apelación será conocida por la sala penal transitoria penal de la Corte Suprema.
Durante toda la (lectura de) sentencia hubo un ambiente de respeto por las formas judiciales, y al final no hubo ni lamento ni alegría por ninguno de los manifestantes o integrantes, tanto de la organización de la sala como por parte de todos los integrantes y respetando el debate judicial. Como observador internacional y de otras experiencias es remarcable.
El ICTJ ha revisado 67 casos -desde 1990 a la fecha- de procesos judiciales contra ex presidentes por corrupción o por violación a los derechos humanos. Lo excepcional (de este caso) es que surge producto de la colaboración entre diversos países y que se haya producido el acto de extradición. (Recordemos a Chile por un lado y los documentos desclasificados por el Gobierno de los EEUU). Lo otro importante a destacar es que sea el poder judicial nacional, no un tribunal mixto-híbrido, ni un tribunal internacional el que lo juzga, tanto por corrupción como por delitos graves de derechos humanos.

Patricia Figueroa
Abogada peruana, especializada en casos de derechos humanos
Luego de que se cumple la mitad de una condena, el acusado puede solicitar beneficios penitenciarios, como el dos por uno u otros días por educación o trabajo. Los días de trabajo se contabilizan luego de que una asistenta social del penal realiza un informe. Es improbable que Alberto Fujimori salga de prisión antes del 2015. Y lo más rápido para los fujimoristas seguramente será la búsqueda de un indulto (en caso que Keiko Fujimori se hiciera de la presidencia en el 2011 o si estuvieran en alianza con otro sector político con el que pudieran negociar dicho beneficio).

Cuando se conoció la noticia de que Alberto Fujimori dejaba el poder luego de que se difundiera el primer vladivideo, cientos de personas llegamos a la Plaza de Armas: unos, a cubrir información, otros a celebrar que un régimen autoritario y corrupto abandonaba la conducción del país. Ha habido momentos recientes en la política peruana en que la realidad parecía jugar sólo a favor de quienes cometieron delitos entre 1990-2000, hoy esa tendencia ha dado un giro. Así como hace unos días agradecimos el esfuerzo de Fano -guardando distancias en los respectivos desempeños y ámbitos- hoy agradecemos principalmente a los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado. Gracias por hacernos pensar que el Poder Judicial tiene un lado sano.