Después del único informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos del 5 de junio en Bagua, se conoció parcialmente el reporte de Inspectoría de la Policía y algunos aspectos de la investigación fiscal en Amazonas. Mañana la Comisión especial investigadora de los sucesos en Bagua -presidida por Pilar Mazzeti- viaja a la zona, y la comisión de investigación del Congreso -liderada por G. Lombardi- se organiza para su trabajo.

La semana pasada estuvo en Santa María de Nieva el premier, Javier Velásquez Quesquén, y a mediados de setiembre el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. hizo algunos anuncios en Bagua.

Velásquez Quesquén hizo caso a la sugerencia del obispo Santiago de la Rasilla -vicario apostólico de Jaén- de escuchar lo que los nativos querían expresar. No hubo anuncios por su parte, sí algo de retórica. A la fecha, sólo hay información de una de las cuatro instancias conformadas luego de la tragedia de Bagua: la de investigación de los hechos. No hay mayor intención por parte del Ejecutivo de indicar qué se avanza sobre el mecanismo de consulta del Convenio OIT 169, ni tampoco sobre el proceso que desarrollarán para generar nuevas normas en reemplazo de las derogadas.

Cuando se instaló la Comisión Especial de Investigación hubo críticas por parte de miembros de Aidesep -entre ellos, Carlos Navas- pues su labor quedaba supeditada al presupuesto que dispusiera el Ministerio de Agricultura. La comisión fue creada mediante una resolución ministerial, a diferencia de lo que les ofrecieron en la PCM. Además, les dieron un plazo de 90 días para elaborar su informe.

Ayer obispos de la Amazonía de varios países -reunidos en Manaos- difundieron un comunicado acerca de los derechos de los pueblos.

En el documento indican que en el imaginario colectivo prevalecen ideas equivocadas acerca de la Amazonía: como que el habitante nativo es un freno al desarrollo, o que sus riquezas son inagotables, o que la selva es la última frontera de la humanidad, o que se trata de un lugar estratégico para la solución de problemas económicos.

Por otro lado, la comisión parlamentaria de investigación está integrada por dos apristas, una fujimorista, un nacionalista, un miembro de Unidad Nacional, otro de Alianza Nacional y un upepista. En Alianza Nacional están los legisladores de Renovación, Solidaridad Nacional y Restauración Nacional. Como es de esperar: no se pondrán de acuerdo en un único informe. El secretario de la comisión es del Apra.

En Imacita, la misión de AI recibió denuncias de desaparecidos que no pudo verificar.

En Imacita, la misión de AI recibió denuncias de desaparecidos que no pudo verificar.

Un equipo de cuatro personas de Amnistía Internacional (AI) terminó ayer una misión que estuvo en el Perú durante dos semanas investigando los hechos del 5 de junio, tanto en Amazonas como en Lima. Susan Lee -británica, directora del programa regional para América- y Nuria García -española, investigadora para Perú-, concedieron su última entrevista a este blog antes de tomar sus vuelos de retorno.

-¿La delegación llegó al Perú por invitación de alguna organización de la Amazonía o por iniciativa institucional de AI?
Susan Lee: Fue iniciativa nuestra. Llevamos un año siguiendo la situación en Bagua con bastante preocupación. Incluso nos habíamos dirigido al primer ministro antes de los sucesos del 5 de junio para expresarle nuestra preocupación por lo que estaba pasando y pedir tomara medidas de prevención de un desenlace violento, como efectivamente se dio. En Londres recibimos nucha información desde el inicio de la operación de desalojo del bloqueo de la Curva del Diablo y en los días subsiguientes también. Para AI es muy importante verificar directamente los hechos y hablar con las personas afectadas, con las autoridades, la iglesia y con las autoridades nacionales para recibir sus explicaciones de lo que ha pasado y las medidas que están tomando. También para expresar nuestra preocupación en cuanto a violación de derechos humanos o de garantías.

¿Hace cuánto no llegaba una misión extraordinaria de AI al Perú?
Nuria García: Normalmente venimos una vez al año…

– Me refiero a una misión extraordinaria, como la que han cumplido ahora fuera del cronograma regular.

Nuria García: Esta vez adelantamos la visita regular que hacemos al Perú.
Susan Lee: ¿La última misión excepcional para ver graves hechos como estos?, no me acuerdo en los últimos años. Por lo menos en cinco años no hemos tenido que tomar una decisión de hacer una visita extraordinaria al Perú como ésta.

¿Cuánta receptividad han tenido entre los funcionarios públicos con quienes se han reunido, les han dicho qué medidas están tomando?
Susan Lee: Por una parte es muy claro que el gobierno reconoce que hubo fallas, inclusive antes del 5 de junio en el tratamiento de la situación. Por otra parte, hay cierto reconocimiento de que hubo un ‘antes de Bagua’ y ‘después de Bagua’. Eso es lo que nos han dicho. Ahora, ¿qué significa este ‘después de Bagua’ en términos de cómo cambiaría a política del gobierno acerca de garantizar una consulta debida a los pueblos indígenas en los aspectos que les puedan afectar sus derechos?, eso nos queda menos claro. Únicamente sobre la marcha de este proceso de diálogo veremos si efectivamente lo están tratando en serio y actuando con buena fe. Vamos a seguir muy de cerca la situación de Bagua, llevamos información para compartir con los miembros de AI en el mundo. Lo ocurrido tuvo un impacto muy fuerte para la opinión pública internacional y hay mucha ansiedad de hacerle un seguimiento de cerca. Por lo tanto, con la información recabada vamos a realizar nuestros informes y mantener una presión sobre el Estado para que cumpla con sus obligaciones. La prueba va a ser los resultados de estos procesos.

¿Con qué representantes del Estado han podido reunirse?
Susan Lee: Con el canciller García Belaunde, con funcionarios de PCM –pero no con el primer ministro–, Defensoría del Pueblo, funcionarios de Indepa, de la Fiscalía de la Nación y con la comisión de Pueblos Indígenas del Congreso. No hemos realizado todas las reuniones oficiales que quisimos, pero vamos a venir otra vez.

Nuria García: La única otra autoridad no disponible -además del premier- fue el presidente, con quien también habíamos solicitado reunirnos.

-¿Cuál es la preocupación o acción urgente para AI en el corto plazo?
Nuria García: La necesidad de una investigación independiente e imparcial -para restablecer la confianza y que se esclarezcan las responsabilidades de lo que sucedió- y la necesidad de un proceso de consulta en línea con las obligaciones del Estado de acuerdo al Convenio 169.

Susan Lee: Yo añadiría una: revisar la situación de dirigentes indígenas que tienen procesos penales con cargos y acusaciones muy graves. Hemos revisado bien los expedientes, también hemos conversado con los abogados defensores de estas personas y luego con las autoridades para asegurarles que los cargos no tienen sustento, en particular para las personas que presenciaron las declaraciones de Pizango en el momento (en que invocó a la insurgencia), pero sobre todo porque se retractó públicamente de lo dicho. Hemos avisado al Ministerio Público y a otras autoridades que son casos que vamos a asumir. O se retractan las acusaciones que los diferentes procuradores de los ministerios presentaron en su contra o debe haber una revisión para resolver estos casos.

¿Han recibido denuncias de desaparición?
Nuria García: La gente habla de desapariciones pero la única información concreta son cuatro nombres, no presentados por los familiares sino por otros dirigentes de comunidades que indican que no habrían regresado. No hemos podido corroborar esa información. Los casos fueron presentados en Imacita pero se referían a otras comunidades.

¿Qué sensación les queda luego del recojo de información en la selva norte, cómo han percibido a la población, a las autoridades?
Susan Lee: Yo he estado en Lima, pero Nuria y otra compañera estuvieron en Bagua, comentaron que en la zona hay un clima de zozobra, inquietud y desconfianza muy fuertes acerca de lo que viene después y la forma en que se están manejando los sucesos del 5 de junio. A la vez hay una esperanza -quizás desmedida- en las organizaciones internacionales de asegurar que haya justicia y salga la verdad de lo que pasó. Nos quedamos con la expectativa de la gente de que de nuestra parte podamos hacer algo, pero se nota mucho temor a la vez.

¿Cuán complicada y viable es esa investigación independiente que se espera?
Susan Lee: Si hubiera conformación de una comisión independiente e imparcial, que sea vista como tal, puede ser que tenga sus dificultades pero tendrá más posibilidades de esclarecer los hechos que las instancias gubernamentales. Estas reconocen que hay mucha dificultad en realizar las investigaciones por la misma falta de confianza de las personas. Entonces, sería una posibilidad mucho más real y seria y es absolutamente esencial que se busque la forma de crear la confianza -o recuperarla si existía, no sé si la hubo antes-. El Estado tiene una obligación muy fuerte ahora, una responsabilidad porque no se dio la consulta previa debida. Entonces, tiene que asumir esa responsabilidad. La desconfianza parte de ese momento, mucho antes también, lo que ha pasado en el último año es que (los nativos) fueron desconocidos, no oídos, intentaron imponer políticas sin consulta.
Ahora el gobierno tiene que adoptar las medidas para asegurar que se puede crear la confianza, sino inevitablemente fracasará. La investigación debe esclarecer no solo los hechos en cuanto a los heridos y violaciones de los derechos humanos, sino la responsabilidad política: ¿Quién dio la orden (del desalojo), en qué consistía y cómo se implementó? ¿Por qué se decidió la operación?
Si hay algo positivo, es que los pueblos tienen conciencia de que tienen que ser consultados. Sorprende cómo manejan el Convenio 169 de la OIT, para muchos es poco conocido, pero los pueblos indíigenas de América Latina sí lo conocen, no es una garantía pero sí una herramienta para conseguir respeto de las autoridades. Quizá los gobiernos no se dieron cuenta qué estaban firmando cuando lo ratificaron.

Esta mañana los abogados defensores de Santiago Manuin, sus familiares y representantes de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Aprodeh hicieron intensas gestiones para que el hospital Las Mercedes de Chiclayo reevaluara la condición del líder amazónico, pues una vez dado de alta sería detenido. La junta reconsideró y dijo que en una semana volverán a evaluarlo. Es decir: ¿en una semana Manuin irá al penal de Chachapoyas? A continuación, las palabras de su hijo Juan Carlos, quien describe la situación de salud de su padre, y el llamado de CEAS a proteger la vida de uno de los dirigentes más queridos de la selva norte.

Denuncio al Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo, el haber dado el alta a mi señor padre pese a su grave estado de salud. Al parecer, los médicos Jorge Cachay Montaño y Cesar Vela Saavedra, sin mayor conocimiento del caso han tomado esta decisión apresurada que pone en riesgo su salud y su vida.

Mi padre es diabético, tiene hilostomía (no defeca naturalmente), herida infectada en la espalda que está expuesta y herida en el abdomen en proceso de cicatrización, quien además ha sido recientemente operado y necesita de otras operaciones más para su total restablecimiento.

Pese a ello, se la ha dado un alta ilegal y denuncio públicamente al director del hospital y a los médicos que suscriben el alta por exponer la vida de mi padre quien requiere estar en un lugar adecuado, higiénico, aséptico por la infección que tiene.

Es por ello que el día de hoy, he solicitado al juez que dadas estas condiciones y la desconfianza que me genera este hospital, mi padre sea trasladado a una clínica local.

Además tengo conocimiento que el juez ha solicitado información médica, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. A nosotros como familiares también nos han negado información, vulnerando el derecho a informarnos sobre la situación de salud de mi padre.

Exijo a las autoridades: al Presidente de la República, al Ministro de Salud y a la Defensoría del Pueblo que velen por la salud y la vida de mi padre. Pido a la Conferencia Episcopal Peruana que interceda para que esta situación sea superada.

Mi padre es una persona que siempre ha luchado por la paz y por su comunidad y no puede ser que ahora se le maltrate y se ponga en riesgo su vida. Por lo que responsabilizo a estos médicos y al director del Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo Dr. Javier Serrano

Juan Carlos Manuin Rosales

Comunicado de CEAS

Es necesaria una acción urgente nacional e internacional para evitar que se ponga en peligro la vida e integridad del hermano indígena awajún Santiago Manuin.

Esta mañana la junta de médicos del Hospital Las Mercedes de Chiclayo revocó la orden de alta médica de Santiago Manuin por un lapso de siete días.

Ello no garantiza la recuperación de Santiago, es necesario que el señor juez de Bagua ordene su traslado a una clínica local de Chiclayo para continuar con el proceso operatorio pendiente y de recuperación.

Es urgente que el Estado, responsable de la condición de salud del dirigente Santiago Manuin, considere que el señor Manun es diabético, aún sufre un cuadro infeccioso, y aún está pendiente una operación delicada para recuperar sus funciones básicas de digestión, lo que impide el alta médica y su traslado a la cárcel de Chachapoyas como se pretende.

La nota que dio la alerta esta mañana por Paola Ugaz

Las declaraciones de Yehude Simon a mediados de junio asegurando que todo el Gobierno gestionaría que se levante la orden de detención contra Manuim.

La alerta de la semana pasada en este blog

Esta tarde la agencia Andina difundió la percepción de Confiep -uno de los dos principales gremios empresariales- sobre cómo debe
continuar el diálogo entre las organizaciones de la Amazonía y el Gobierno: la visión tiene al menos tres carencias.
– Los reclamos de la selva no se reducen a ‘ánimos exacerbados’.
– La Comisión formada por el gobierno para buscar el diálogo -de acuerdo a la norma publicada en El Peruano- no incluye a la Defensoría del Pueblo.
– Quien dialogaba hasta antes del 5 de junio con el Gobierno, Aidesep, representa 1350 comunidades nativas (56 federaciones) frente a 750 comunidades y 40 federaciones nucleadas en torno a Conap. Es decir, era el ‘verdadero’ representante o, al menos, la organización con mayor peso. Los apus (jefes) de las comunidades se organizan y se hacen representar en federaciones nativas (por cuencas u otras divisiones no necesariamente provinciales o distritales) y éstas eligen a sus representantes en Aidesep o Conap.

Sugiero que sus asesores les preparen una síntesis del panel de ayer en RPP pues la nota disponible en línea rescata poco de lo que aportaron el psicólogo Jorge Yamamoto, el abogado César Guzmán Barrón y el antropólogo Rommel Plasencia.
Aquí la intervención del psicólogo social, quien destacó que la población de la Amazonía es una de las que vive en mayor armonía con su entorno y tal es un factor a tener en cuenta en la discusión sobre tierra, territorialidad, cultura y costumbres.

A continuación, la nota de Andina con la posición de la entidad empresarial.

Confiep pide a comunidades amazónicas participar en diálogo y buscar solución por consenso

Lima, jun. 14 (ANDINA).- El presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, invocó a los representantes de las comunidades amazónicas aceptar el diálogo planteado por el Ejecutivo y buscar una solución a todas sus demandas a través de la concertación.

Asimismo, instó al Congreso a tomar “todas las medidas necesarias” para atender los reclamos de ese sector de compatriotas y, de ese modo, garantizar la paz social en el país.

“Es importante que las bancadas del Parlamento hayan llegado a un acuerdo y que las comunidades de la selva entiendan que se ha atendido uno de sus reclamos. Ahora pueden sentarse a dialogar con una vista a largo plazo», manifestó.

En ese sentido, consideró importante continuar el diálogo con los “verdaderos” representantes de las comunidades, pues de esa forma se garantizará que los eventuales acuerdos a los que se arriben cuenten con el respaldo necesario para ejecutarse.

Además, saludó que con la suspensión de los dispositivos se haya conseguido en el Parlamento una válvula para aliviar la tensión social, mientras se buscan los consensos necesarios con las comunidades nativas de la Amazonía.

“Ahora considero que el Poder Ejecutivo tiene que iniciar un diálogo con las autoridades elegidas, como los gobiernos regionales y con los verdaderos representantes e las comunidades de indígenas”, declaró a la Agencia Andina.

El dirigente empresarial refirió que la participación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo en las conversaciones, le otorga garantía y equilibrio al proceso, por lo que expresó su confianza en que los indígenas se sentarán a dialogar.

Del mismo modo, invocó al Parlamento a adoptar todas las medidas necesarias para calmar los ánimos en las comunidades de la Amazonía.

“Saludamos que se haya podido dar un consenso en el Parlamento, por lo cual esperamos a que las comunidades entiendan que se han satisfecho sus aspiraciones e invocamos al Parlamento a que luego tome las medidas necesarias para completar los procedimientos de tal manera que se calmen los ánimos en la selva”, detalló.

En otro momento, Briceño refirió que el empresariado tiene que hacer una mejor labor de difusión de los beneficios de la empresa formal y sus compromisos con el medio ambiente.

“Eso es algo que nos falta, que debemos realizar y lo vamos hacer”, anotó.

Marco Huaco, limeño y asesor legal de los awajun, revisa cómo diferentes instancias gubernamentales conocían las características de las naciones awajun y wampis. Rudecindo Vega, sociólogo amazonense y ex alto funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, presenta indicadores del departamento donde explotó la violencia el viernes 5. Ambos textos circulan en las redes desde el sábado.

Masacre en Perú: ¿por qué contra aguarunas y huambisas?
Por Marco A. Huaco P.

Sí, aunque los diarios El Comercio y Perú 21 sigan poniendo entre comillas la palabra “masacre”, la sociedad asiste horrorizada a las masacres del 05 y 06 de junio mientras el Presidente García y sus Ministros inventan justificaciones cada vez más alucinantes ahora hablando de conspiraciones internacionales (¿Ecuador-Bolivia-Venezuela?) para impedir que el Perú explote sus recursos petrolíferos, gasíferos, auríferos, hídricos y forestales…que es al final todo lo que le interesa al perpetrador intelectual de la política del “perro del hortelano”. Ahora todos aquellos que todavía no estaban convencidos constatan que aquella insultante etiqueta del “perro” no era proclamada como simple metáfora agraviante sino como figura muy literal con ribetes genocidas.
Los hechos del 05 de junio demuestran que la agresión armada comenzó a iniciativa policial y que le correspondió un contraataque indígena. Qué otra conclusión puede desprenderse de cabezas y rostros indígenas partidos a la mitad por bombas lacrimógenas disparadas desde helicópteros y un operativo iniciado a las 5 de la mañana por centenares de efectivos de las fuerzas especiales premunidos de fusiles AKM y munición de guerra; qué otra conclusión podemos obtener de los cuerpos de los policías baleados por su misma munición.
Y los hechos de los próximos días demostrarán ante todo el mundo, que a pesar de la desaparición de cadáveres mediante su quema, el entierro en fosas comunes y su arrojo en los ríos, la cifra de asesinados indígenas supera muy largamente el número de 09, cifra que la Defensoría del Pueblo, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta periodistas normalmente independientes como César Hildebrandt, insisten en restregarnos para que todos creamos que un operativo policial planificado con anticipación se convirtió en una “emboscada indígena asesina contra policías”.
Esta matanza sorprende a todo el país, pero la pregunta sobre los bestiales acontecimientos permanece: ¿por qué se organizó una operación policial de este calibre contra Aguarunas y Huambisas?, ¿estamos ante gobernantes desquiciados, ante fríos gobernantes gravemente comprometidos con poderosos intereses extranjeros, o a una mezcla de todo esto y de muchas otras cosas?. ¿Se trató de una calculada acción para descabezar y liquidar de un solo golpe al movimiento indígena amazónico y así consolidar a sangre y fuego uno de los principales capítulos del modelo económico neoliberal?.
Por causa de la cómplice manipulación informativa de medios escritos y televisivos que sólo resaltan las imágenes de los policías masacrados mientras que las fotos de los nativos asesinados sólo circulan restringidamente por internet, y por causa de un gobierno que con racismo tan asombroso como repugnante declara duelo nacional sólo por los policías muertos mientras llama a los indígenas “terroristas” e insiste en “sólo nueve indígenas muertos”, lo siguiente debe decirse de todos modos:
A diferencia de la generalizada ignorancia que existe sobre quiénes son los pueblos jíbaros Awajún y Wampís, (ignorancia de la que cumplidamente se aprovecha este régimen para exhibirlos como “terroristas”), el Gobierno de García sí CONOCÍA perfectamente las especiales características de dichos pueblos. Nos referimos a su conocida y ancestral ferocidad cuando se les acosa, cuando muere uno de los suyos o deciden entrar en guerra; y luego a su eficaz conocimiento del manejo de armas de guerra ya que sus jóvenes y hombres han servido como tropa en las guerras entre Perú y Ecuador de 1941, 1981 y 1992, desarrolladas precisamente en la Cordillera del Cóndor, área de su territorio ancestral. Estos dos factores no eran ignorados por el Estado y, como demostraré luego, ya han sido explotados antes por este Gobierno y empresas mineras para azuzar a los indígenas e incitarlos de manera criminal a una reacción defensiva violenta como la ocurrida en Bagua. Sumado a lo anterior, considérese los graves conflictos locales acontecidos este año con empresas mineras, petroleras y el ministerio de energía y minas; todo lo cual convertía a Bagua en el foco más delicado de la protesta indígena en la Amazonía.
Y es que aunque antiguas prácticas como la Tsantsa (reducción de cabezas del enemigo) ya no se practiquen y hayan pasado felizmente al olvido, los reflejos bélicos de Wampís y Awajúns se han mantenido vivos debido a su participación en las guerras con Ecuador lo que ha reforzado un especial sentido de pertenencia y celo territorial por partida doble: por ser sus territorios tradicionales desde antes de la existencia de la república y por ser una tierra en la que sus propios hijos han derramado su humilde y anónima sangre defendiendo los límites del Estado republicano.
Las “usuales” agresiones y crímenes que los regímenes represivos cometen contra nuestra sociedad civil mestiza y que ella siempre soporta, olvida y hasta perdona, de ninguna manera reciben la misma reacción en el mundo de los Awajún y Wampís. Mientras los ciudadanos mestizos reaccionamos como masa de protesta que pelea con puños y piedras pero que finalmente se desbanda para proteger su propia vida, ellos reaccionan como pueblo guerrero que contraataca en busca de reducir al enemigo y tomarse vida por vida. Eso lo sabe absolutamente bien cualquier militar -oficial o soldado- que haya trabajado en la Amazonía jíbara. Y cómo no, lo sabía Alan García. ¿O es que su antropólogo cortesano Juan Ossio no se los advirtió o tampoco ellos tomaron en serio a este señor?.
Leamos por ejemplo, lo que el INRENA (hoy Servicio de Áreas Naturales Protegidas) escribía en 2007 a diversas carteras ministeriales en el proyecto de decreto supremo que mutilaba a la mitad el área de protección ecológica del “Parque Nacional Ichigkat Muja”, ubicado dentro de territorio tradicional indígena:
“Los pueblos aguaruna y huambisa, autodenominados awajun y wampis respectivamente, pertenecen a la familia lingüística Jíbara, la cual constituye una de las naciones indígenas amazónicas más numerosa y de importancia cultural y política de la Amazonía. Con un fuerte sentido de identidad, se han caracterizado como un pueblo guerrero que ha sabido defender su territorio frente a diferentes amenazas e intentos de dominación que se les han presentado en distintos momentos de su historia”.

“Una de las características de la cultura Jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera. Los hombres jóvenes se preparaban durante años para una carrera espiritual, social y militar, y en resumen, lograr el perfil de “hombre guerrero” a través de la observación de prohibiciones conductivas y dietarias y del consumo repetido de alucinógenos extraídos de plantas semi cultivadas y salvajes, con el fin de lograr visiones de un futuro exitoso”.

En el documento “Valoración cultural de los Awajún y Wampís” producido por un proyecto del INRENA co-ejecutado con una organización privada conservacionista, se reseña lo siguiente:
“Durante los siglos XVII y XVIII los españoles realizaron varios intentos de subyugar a los Jíbaros, pero sin éxito. Así los Jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto del período colonial”.
“La fiebre del caucho comenzó entre los años 1880 y 1914; y, si bien para muchos grupos nativos en el Perú, la época del caucho significó la condena a la esclavitud y tratos infrahumanos también esta época les representó un mayor acceso al tráfico de mercancías. (…) En 1904 los Awajún/Wampís hartados de los abusos de los caucheros, en una correría bien organizada, mataron a los caucheros y eliminaron todos sus puestos”.
Afirmaciones como éstas sobreabundan en expedientes y comunicaciones oficiales entre el INRENA y el Poder Ejecutivo a propósito de concesiones mineras, categorización de zonas ecológicas reservadas, evaluaciones ambientales, y discusiones intersectoriales. Y como puede comprobar cualquier persona que haya ingresado a territorios jíbaros respetando las autoridades y normas indígenas establecidas consuetudinariamente, los Pueblos Awajún y Wampís son normalmente pacíficos, hospitalarios y amistosos. Pero también pueden pasar a la defensa armada frente a ataques o injusticias que amenacen a sus familias. Y este contraste lo conocen muy bien funcionarios estatales, militares y profesionales de organizaciones civiles y religiosas.
No se trata de justificar lo que es injustificable apelando a razones culturales, sino de comprender la naturaleza política de la decisión del régimen en la sangría de Bagua y por la que tendrá que dar cuentas ante la justicia internacional: el comando Aprista de Gobierno, fiel a su trayectoria histórica de derramar sangre civil y policial –sea como partido de oposición insurrecto, sea como partido de gobierno-, eligió conscientemente la solución violenta contra Awajúns y Wampís sin importar las consecuencias, con pleno conocimiento de causa de lo que podría ocasionar. El Aprismo ha enviado al matadero a policías obligados a cumplir órdenes y ha asesinado a indígenas que defendían su derecho a existir como pueblos. El Aprismo ha escrito un nuevo capítulo en su sangrienta historia.
Pero de estos horrendos incidentes, García no se librará como lo hizo respecto a los crímenes del caso El Frontón en su primer gobierno cuando 111 subversivos presos ya desarmados fueron asesinados, pues no existe ninguna duda de que García, su primer ministro y la ministra del Interior serán acusados de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por enviar a los efectivos policiales a una muerte segura y por consentir acciones bélicas contra civiles que luego de 55 días de protesta lograban mantener la cordura a pesar de la drasticidad de sus protestas.
En la segunda parte de este artículo expresaré cómo es que la hipótesis de la provocación deliberada contra los indígenas no es una exageración descabellada ni panfletaria, a la luz de conflictos ocurridos este año en comunidades aguarunas de El Cenepa.

Amazonas: la desgracia coo oportunidad de desarrollo
Por: Rudecindo Vega Carreazo

Hoy mi querido departamento Amazonas, está de duelo, ha puesto de duelo al Perú y también en el día del medio ambiente ha puesto de duelo al mundo. Que desgracia lo que ha ocurrido en Amazonas y que desgracia mayor escuchar la enorme ignorancia con lo que juzgan, opinan e informan sobre nuestro departamento las autoridades, políticos y comunicadores. El gran problema amazonense es que padece la peor dominación: el olvido.

Pocos conocen que “Amazonas, nuestro departamento es una clara expresión actual e histórica de diversidad cultural, de coexistencia de diferentes manifestaciones culturales. La más conocida, estudiada y difundida la cultura de los Chachapoyas; la aún olvidada pero felizmente viva la de los Jíbaros (Aguarunas y huambisas) y la lamentablemente desconocida en nuestro propio departamento la cultura de los Pucamoros”.

En el norte, en Bagua y sobre todo en Condorcanqui, la provincia más pobre y lamentablemente la más desarticulada del departamento se encuentra el centro, de dos culturas aún vivas, pertenecientes al grupo lingüístico de los Jíbaros, conocidos como los Aguarana (Awajún como ellos se llaman) y los Huambisa. Ellos, paulatinamente, se han ido integrando en un solo grupo pero se estima que el 90% son Aguaruna y el 10% Huambisa. Nuestros Jíbaros no pudieron ser conquistados por los Incas ni por los españoles y lamentablemente durante la República los hemos sumido en el olvido y abandono. Los Jíbaros no son exclusividad de nuestro departamento, puesto que en el Perú los podemos encontrar en toda la zona ahora convulsionada: en el noreste Cajamarquino (provincia de San Ignacio), en San Martín (provincias de Rioja y Moyabamba), en Loreto (provincia de Alto Amazonas) y también en la zona sur del vecino país del Ecuador en donde se les conoce como Shuar.

Los Jíbaros constituyen la segunda cultura nativa más grande del Perú. La ultima información del INEI (febrero del 2009) considera que los Aguarunas constituyen el 16.6% de la población indígena amazónica después de los ashaninkas que representan el 26%. La población jíbara (Aguaruna, Huambisa, Achual, Shapra) en total representa el 24% de la población indígena.

Tampoco se conoce y difunde, nadie lo ha destacado, que Amazonas hoy por hoy lidera el crecimiento de la pobreza en el país. Efectivamente, hace pocos días el INEI informa que en el 2008 la pobreza en el Perú se redujo de 39.3% el 2007 a 36.2% en el 2008 y en Amazonas la pobreza subió de 55% el 2007 a 59.7%. La pobreza se ha reducido en 18 departamentos y ha crecido en 6. Amazonas lidera con 4.7% el crecimiento de la pobreza. Mientras el Perú tiene menos pobres, Amazonas tiene más pobres.

Los distritos más pobres en Amazonas se encuentran en la Provincia de Condorcanqui, habitad de los nativos Aguarunas y Huambisas. La ultima información de la pobreza por distritos y provincias del INEI publicadas en febrero correspondientes al 2007 señalan: Condorcanqui 76.3% (El Cenepa 84.3%, Río Santiago 80.7% y Nieva 70.7%); Bagua 53.8% (Imaza 78.1%); Utcubamba 49,7%. Así fue el 2007, con la información oficial del INEI de que la pobreza en Amazonas subió el 2008 obviamente estas cifras distritales y provinciales deben ser más dramáticas.

En lo que se refiere al Desarrollo Humano, Amazonas ocupa el puesto 19 de los 24 departamentos. En todos los índices estamos por debajo del promedio nacional: Los amazonense viven menos años, tenemos menos escolaridad y logro educativo y nuestro ingreso familiar per cápita es 25% menos que el promedio nacional. En materia de necesidades básicas insatisfechas las cifras también son bastante elevadas respecto de la desnutrición, el analfabetismo y las carencias de agua, desagüe y luz.

Otro rasgo distintivo es que mientras el Perú es cada vez más urbano (74%), Amazonas es un departamento mayoritariamente rural (59,4%). Hoy sabemos que el centro de la pobreza y la falta de políticas de desarrollo se concentran en las áreas rurales del país.

Felizmente, a pesar de todas nuestras carencias, Amazonas tiene muchas potencialidades multiculturales, medio ambiente y biodiversidad, productivas, energéticas, turísticas, geopolíticas para combatir sus limitaciones y carencias. Lamentablemente es poco el apoyo estatal para convertir esas potencialidades en realidades, nuestros recursos en productos y riquezas.

Amazonas puede ser la despensa energética del país. Somos la “Región de los Pongos” y de las cataratas más grandes del país y América. Sólo el Pongo de Manseriche produciría más que toda la potencia energética actual del Perú. De los 15 proyectos diseñados para exportar energía, tres se encuentran en Amazonas (Manseriche, Rentema y Cumba) y representan 9900 MW, es decir mas de la mitad del potencial energético considerado para exportar.

A nivel turístico Amazonas no se reduce a Kuelap, a la enorme riqueza cultural de los Sachapuyos debe añadirse en Bagua y Utcubamba la riqueza cultural aún desconocida de los Pucamoros, natural de los pongos y palenteológica de los cementerios de dinosaurios; y en Condorcanqui es nuestra reserva natural intacta, reino de la biodiversidad y de la cultura viva de los Aguarunas y Huambisas.

A nivel geopolítico Amazonas es departamento de frontera con Ecuador, nuestros Jíbaros han sido generalmente los “encargados” de proteger la integridad territorial nacional. Amazonas es la puerta norte de ingreso a la Amazonía, es eje del circuito turístico del Nor-Oriente y eje central de la transoceánica del norte.

Toda la discusión respecto del TLC y las normas para implementarlo, en el cual se encuentran los decretos legislativos cuestionados por los indígenas nativos y sectores políticos opuestos a dichos tratados, debe ser comprendida y explicada en el contexto que hemos perfilado. La desgracia de los últimos hechos ocurridos en Amazonas debe servir de oportunidad al Gobierno Nacional, al Gobierno Regional y Municipalidades, a todos los sectores políticos, actores sociales y empresariales para repensar su política respecto de Amazonas y la Amazonía.

Ante la abundancia de acusaciones mutuas, la tradicional costumbre de lavarse las manos y echar la culpa al otro y, sobre todo, ante la carencia de propuestas, desde aquí proponemos para Amazonas y el Perú, la creación de una Comisión que además de mediar para resolver los temas denunciados y el conflicto actual, tenga por encargo la elaboración de una estrategia de desarrollo territorial de carácter departamental. La iniciativa que se impulsa para el VRAE, salvando todas las diferencias, puede ser impulsada para Amazonas.

Quiera Dios que exista en plena turbulencia la serenidad para tomar decisiones adecuadas en todos los involucrados en el conflicto, quiera Dios que todos nos aproximemos al problema proponiendo soluciones, quiera Dios que los remedios que hoy se diseñan sirvan para el futuro. Quiera Dios, que este sea un momento de unidad amazonense para sentar las bases del desarrollo departamental que siento plural también sea sostenible. Quiera Dios que las autoridades y ciudadanos tengamos la firme voluntad de enmendar errores. La sangre derramada de nuestros hermanos nativos, policías y civiles hoy nos da una oportunidad que ojala no la dejemos pasar. Amazonas puede, quiere y debe despegar.

Hace tres semanas la Defensoría del Pueblo (DP) se enteró de la crítica situación presupuestal que impedirá continuar el trabajo del Registro de Víctimas de la Violencia, la lista de las personas que tienen derecho a recibir una reparación del Estado debido a la desprotección sufrida entre 1980-2000. Anteayer, la titular de la DP envió un oficio al premier Yehude Simon expresando su preocupación porque se pone en riesgo la «culminación de las tareas de registro» y significaría un «grave retroceso en la implementación del PIR».
A continuación, el facsimilar de la comunicación dirigida a Simon, quien a su vez tendría que hacer la solicitud al ministro de Economía, Luis Carranza.

Vale la pena tener en cuenta que los ministerios -como la PCM- no siempre utilizan todos los fondos de los cuales disponen y, a veces, pueden transferirlos de una a otra dependencia de la misma cartera. Dicho esto de manera simple, si el titular de Economía demora en pronunciarse o en facilitar el presupuesto necesario, Simon puede autorizar a su jefe de Administración que revise los fondos no utilizados por entidades que operan con dinero de la PCM y los destine al Consejo de Reparaciones, entidad encargada de realizar el Registro de Víctimas.

ruvEn junio el Registro Único de Víctimas que realiza el Consejo de Reparaciones (CR) se quedará sin fondos: durante dos años recibió de la PCM menos presupuesto que el requerido y prescindirá de 40 contratados para que el dinero alcance: ha inscrito a más de 36 mil víctimas de la violencia en 14 meses de trabajo pero aún faltan miles de expedientes por evaluar.
La entidad pública funciona con un equipo técnico remunerado y un grupo de consejeros que trabajan ad honorem, liderados por Sofía Macher.
La lista oficial de víctimas de la violencia es la herramienta para que el Estado dé las reparaciones que corresponden por ley, pero el Gobierno no respaldó con recursos a la entidad y la ha dejado extinguirse. Ya se ha dicho antes que ocurrió lo mismo con la Oficina Anticorrupción el año pasado.
Cuando fue premier Jorge del Castillo, los consejeros del CR lograron con cierta dificultad plantearle los problemas del trabajo sin presupuesto, sin embargo, con la llegada del nuevo primer ministro el diálogo ha sido menor.
Con el actual Gobierno, el debate político en los medios es predominantemente desfavorable a lo que se parezca o suene a derechos humanos y la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, especulo, el ministro Yehude Simon debe querer huir de los estereotipos que intentan desprestigiarlo por sus posiciones radicales hace un par de décadas. En ese panorama, las víctimas de la violencia de 1980-2000 están atrapadas por una tensión política entre quienes intentan que se cumpla la Ley 28592 (con poco peso político) y los tomadores de decisiones vinculados al Gobierno que atacan a los que antes y ahora defienden los derechos humanos.
Hasta el momento ni los organismos de derechos humanos ni la Defensoría del Pueblo se han manifestado sobre el posible cierre del registro de víctimas, pese a que están al tanto desde la semana pasada.

Es probable que este clima de opinión desfavorable y la falta de voluntad política clara hacia las reparaciones individuales conduzca a la partida de dos personajes sobresalientes del Consejo de Reparaciones: Sofía Macher y Pilar Coll.
Macher ha sido designada vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Islas Salomon, entidad que presidirá el arzobispo sudafricano en retiro Desmond Tutu, según anunció la semana pasada el primer ministro Derek Sikua. Dicho país sufrió disturbios civiles entre 1998 y 2003.
La designación de Macher en dicha responsabilidad internacional es importante, pero queda la pregunta de qué harán los diversos actores políticos con el Registro Único de Víctimas de la Violencia.

Las piedras tendrán los nombres incluidos en el Registro Único de Víctimas (entidad estatal).

Las piedras del 'Ojo que llora' tendrán los nombres que indique el Registro Único de Víctimas (entidad estatal).

A dos semanas de discusión sobre el Museo de la Memoria, en una visita al Ojo que llora, memorial de la violencia concebido por la escultora Lika Mutal, constatamos cierto descuido aunque, también, visitas recientes: rosas secas sobre algunas piedras retocadas y piedras faltantes. Una reja rota permite el ingreso sin aviso previo.

Los restos de un letrero de barras paralelas -quizá de algún complejo deportivo cercano- reposan sobre un pequeño muro debajo de las tres astas colocadas a un costado del Ojo que llora. Si bien el alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, discrepa con la idea de que en su distrito se construya el Museo de la Memoria, ojalá no sea demasiado pedir la reparación de la reja y el retiro de un cartel ajeno al carácter del memorial.

El panel informativo sobre el ‘Ojo que llora’ indica que los niños deben visitarlo acompañado de adultos y que no deben jugar ni correr en el laberinto, pero fuimos testigo de lo contrario -ver foto-.

En el grupo promotor de este memorial se incluyen la Defensoría del Pueblo, Aprodeh, Idehpucp, entre otros, y llama la atención que no haya letreros de señalización en el Campo de Marte que conduzcan al memorial. Desconocemos si la Municipalidad lo impide.

El hecho de que algunos nombres hayan sido retocados -la contaminación borró los inscritos inicialmente- y la presencia de flores evidencia que para algunas personas el lugar es significativo en positivo. A la vez, quedan las marcas de la pintura de color naranja lanzada por simpatizantes fujimoristas y piedras quebradas con combas en setiembre de 2007, huellas de lo que evoca para diversos sectores de la sociedad.

Fotos: J. Fowks

Fotos: J. Fowks


A partir de entrevistas realizadas para un reportaje sobre memoriales -y las decenas de declaraciones con respecto al Museo de la Memoria difundidas en los medios- varias fuentes coinciden en que los espacios públicos donde se recuerda la violencia -o a quienes la sufrieron- son producto de voluntades y de consensos. Dichos espacios suelen ser parte de procesos educativos para conocerse mejor como sociedad. El debate en el Perú sobre nuestro pasado reciente está empezando (aunque en algunos departamentos esta historia no ha terminado y las FFAA siguen enfrentándose a remanentes de SL o narcoterrorismo).

Como indica el sociólogo Ricardo Caro, el texto que presenta este memorial del Campo de Marte no destaca suficiente el hecho de que el conflicto armado interno empezó como un ataque a la democracia y que un grupo numeroso e inicial de víctimas fueron representantes visibles de esa forma de gobierno: murieron por tener ese rostro.

Enlazo a un útil documento preparado en 2007 por FLACSO-Chile sobre memoriales en dicho país. Chile se nos adelantó no sólo en el despegue económico sino también en el procesamiento y los consensos con respecto a un pasado doloroso y de agresión. No es problema llegar después.

Texto y buena ilustración de historiador contra el olvido (Hizo su tesis sobre películas de la violencia en el Perú)

Por último, recomiendo leer la columna de Jaime Bedoya en el último número de Caretas (sobre un museo ‘económico’ para Antero Flores Aráoz). No estoy suscrita a la versión en línea pero quizá algún amigo bloguero nos pueda ayudar. Gracias a El Morsa, El Museo de Antero