En Imacita, la misión de AI recibió denuncias de desaparecidos que no pudo verificar.
-¿La delegación llegó al Perú por invitación de alguna organización de la Amazonía o por iniciativa institucional de AI?
Susan Lee: Fue iniciativa nuestra. Llevamos un año siguiendo la situación en Bagua con bastante preocupación. Incluso nos habíamos dirigido al primer ministro antes de los sucesos del 5 de junio para expresarle nuestra preocupación por lo que estaba pasando y pedir tomara medidas de prevención de un desenlace violento, como efectivamente se dio. En Londres recibimos nucha información desde el inicio de la operación de desalojo del bloqueo de la Curva del Diablo y en los días subsiguientes también. Para AI es muy importante verificar directamente los hechos y hablar con las personas afectadas, con las autoridades, la iglesia y con las autoridades nacionales para recibir sus explicaciones de lo que ha pasado y las medidas que están tomando. También para expresar nuestra preocupación en cuanto a violación de derechos humanos o de garantías.
¿Hace cuánto no llegaba una misión extraordinaria de AI al Perú?
Nuria García: Normalmente venimos una vez al año…
– Me refiero a una misión extraordinaria, como la que han cumplido ahora fuera del cronograma regular.
Nuria García: Esta vez adelantamos la visita regular que hacemos al Perú.
Susan Lee: ¿La última misión excepcional para ver graves hechos como estos?, no me acuerdo en los últimos años. Por lo menos en cinco años no hemos tenido que tomar una decisión de hacer una visita extraordinaria al Perú como ésta.
¿Cuánta receptividad han tenido entre los funcionarios públicos con quienes se han reunido, les han dicho qué medidas están tomando?
Susan Lee: Por una parte es muy claro que el gobierno reconoce que hubo fallas, inclusive antes del 5 de junio en el tratamiento de la situación. Por otra parte, hay cierto reconocimiento de que hubo un ‘antes de Bagua’ y ‘después de Bagua’. Eso es lo que nos han dicho. Ahora, ¿qué significa este ‘después de Bagua’ en términos de cómo cambiaría a política del gobierno acerca de garantizar una consulta debida a los pueblos indígenas en los aspectos que les puedan afectar sus derechos?, eso nos queda menos claro. Únicamente sobre la marcha de este proceso de diálogo veremos si efectivamente lo están tratando en serio y actuando con buena fe. Vamos a seguir muy de cerca la situación de Bagua, llevamos información para compartir con los miembros de AI en el mundo. Lo ocurrido tuvo un impacto muy fuerte para la opinión pública internacional y hay mucha ansiedad de hacerle un seguimiento de cerca. Por lo tanto, con la información recabada vamos a realizar nuestros informes y mantener una presión sobre el Estado para que cumpla con sus obligaciones. La prueba va a ser los resultados de estos procesos.
¿Con qué representantes del Estado han podido reunirse?
Susan Lee: Con el canciller García Belaunde, con funcionarios de PCM –pero no con el primer ministro–, Defensoría del Pueblo, funcionarios de Indepa, de la Fiscalía de la Nación y con la comisión de Pueblos Indígenas del Congreso. No hemos realizado todas las reuniones oficiales que quisimos, pero vamos a venir otra vez.
Nuria García: La única otra autoridad no disponible -además del premier- fue el presidente, con quien también habíamos solicitado reunirnos.
-¿Cuál es la preocupación o acción urgente para AI en el corto plazo?
Nuria García: La necesidad de una investigación independiente e imparcial -para restablecer la confianza y que se esclarezcan las responsabilidades de lo que sucedió- y la necesidad de un proceso de consulta en línea con las obligaciones del Estado de acuerdo al Convenio 169.
Susan Lee: Yo añadiría una: revisar la situación de dirigentes indígenas que tienen procesos penales con cargos y acusaciones muy graves. Hemos revisado bien los expedientes, también hemos conversado con los abogados defensores de estas personas y luego con las autoridades para asegurarles que los cargos no tienen sustento, en particular para las personas que presenciaron las declaraciones de Pizango en el momento (en que invocó a la insurgencia), pero sobre todo porque se retractó públicamente de lo dicho. Hemos avisado al Ministerio Público y a otras autoridades que son casos que vamos a asumir. O se retractan las acusaciones que los diferentes procuradores de los ministerios presentaron en su contra o debe haber una revisión para resolver estos casos.
¿Han recibido denuncias de desaparición?
Nuria García: La gente habla de desapariciones pero la única información concreta son cuatro nombres, no presentados por los familiares sino por otros dirigentes de comunidades que indican que no habrían regresado. No hemos podido corroborar esa información. Los casos fueron presentados en Imacita pero se referían a otras comunidades.
¿Qué sensación les queda luego del recojo de información en la selva norte, cómo han percibido a la población, a las autoridades?
Susan Lee: Yo he estado en Lima, pero Nuria y otra compañera estuvieron en Bagua, comentaron que en la zona hay un clima de zozobra, inquietud y desconfianza muy fuertes acerca de lo que viene después y la forma en que se están manejando los sucesos del 5 de junio. A la vez hay una esperanza -quizás desmedida- en las organizaciones internacionales de asegurar que haya justicia y salga la verdad de lo que pasó. Nos quedamos con la expectativa de la gente de que de nuestra parte podamos hacer algo, pero se nota mucho temor a la vez.
¿Cuán complicada y viable es esa investigación independiente que se espera?
Susan Lee: Si hubiera conformación de una comisión independiente e imparcial, que sea vista como tal, puede ser que tenga sus dificultades pero tendrá más posibilidades de esclarecer los hechos que las instancias gubernamentales. Estas reconocen que hay mucha dificultad en realizar las investigaciones por la misma falta de confianza de las personas. Entonces, sería una posibilidad mucho más real y seria y es absolutamente esencial que se busque la forma de crear la confianza -o recuperarla si existía, no sé si la hubo antes-. El Estado tiene una obligación muy fuerte ahora, una responsabilidad porque no se dio la consulta previa debida. Entonces, tiene que asumir esa responsabilidad. La desconfianza parte de ese momento, mucho antes también, lo que ha pasado en el último año es que (los nativos) fueron desconocidos, no oídos, intentaron imponer políticas sin consulta.
Ahora el gobierno tiene que adoptar las medidas para asegurar que se puede crear la confianza, sino inevitablemente fracasará. La investigación debe esclarecer no solo los hechos en cuanto a los heridos y violaciones de los derechos humanos, sino la responsabilidad política: ¿Quién dio la orden (del desalojo), en qué consistía y cómo se implementó? ¿Por qué se decidió la operación?
Si hay algo positivo, es que los pueblos tienen conciencia de que tienen que ser consultados. Sorprende cómo manejan el Convenio 169 de la OIT, para muchos es poco conocido, pero los pueblos indíigenas de América Latina sí lo conocen, no es una garantía pero sí una herramienta para conseguir respeto de las autoridades. Quizá los gobiernos no se dieron cuenta qué estaban firmando cuando lo ratificaron.
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