Con paraguas abiertos piden proteger a familiares de desaparecidos

La actividad fue convocada por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). (Fotos: JFF)

Hay más de 15 mil desaparecidos por la violencia entre los años 1980 y 2000 en el Perú y muy pocos de los familiares de ellos han recibido sus restos. Esta tarde unas 150 personas se reunieron en la Plaza San Martín a llamar la atención del Estado para que, entre otras obligaciones, devuelva los restos identificados por el Ministerio Público a los familiares que corresponden. Los paraguas significaban una protección contra el olvido y la impunidad, un ‘paraguas humanitario’.

Luego de la actividad, una delegación de la dirección de derechos humanos del Colegio de Abogados de Lima dejará un oficio al presidente Alan García pidiendo que el Perú suscriba la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, la cual reconoce como víctimas también a los familiares y exige que el Estado informe sobre el paradero de las personas y entregue los restos.

La doctora Carolina Loayza, representante del CAL, recordó que la Defensoría del Pueblo también ha emitido un informe recomendando al Gobierno que suscriba dicha Convención.

Hoy se cumplen seis años de la entrega al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y este domingo 30 se conmemora el Día Internacional del Desaparecido.

Mientras se realizaba la actividad del paraguas humanitario en la Plaza San Martín de Lima, los organizadores -el Equipo Peruano de Antropología Forense- recibieron una llamada desde Huanta, informando que acababa de realizarse el velatorio de los 92 restos de peruanos asesinados en Putis en 1984, los mismos que mañana serán enterrados en el camposanto de ese distrito de La Mar (Ayacucho).

Consultado por el blog, el abogado especialista en derechos humanos, Alejandro Silva, indicó que a seis años del IF-CVR puede considerarse un avance los procesos judiciales y condenas contra Alberto Fujimori, aunque la omisión por parte del Ministerio Público en devolver restos de personas desaparecidas a los familiares y el poco avance o parálisis de diligencias e investigaciones fiscales en Ayacucho constituyen un retroceso.
– Tengo una lectura pesimista del proceso, agregó.

De acuerdo a Silva, luego de las exhumaciones realizadas por el Ministerio Público hay restos que ya fueron utilizados como prueba para las investigaciones y mayor información no se obtendrá de ellos, por lo cual debe entregarlos a los parientes de las personas desaparecidas. «Están guardados en instalaciones del MP, deben ser entregados», añadió.

Estuvieron presentes, entre otros, familiares de desaparecidos de la Universidad La Cantuta.

El experto explicó que los avances en el Perú son sólo más significativos que procesos similares en Guatemala y El Salvador.

También destacó, esta vez de forma positiva, el hecho de que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, se haya dirigido al ministro de Defensa para solicitar información referida en general a casos de violación a los derechos humanos.

Sin embargo, consultada el miércoles por este blog acerca de cuándo la Fiscalía presentará la denuncia formal del caso Putis ante el Poder Judicial, respondió que aún les falta información sobre los responsables. El propio Ministerio de Defensa ha informado ya a la Fiscalía el paradero del entonces jefe del comando político militar, general (r) Wilfredo Mori Orzo.

Una foto de Reuters en Alertnet

 

Malas noticias sobre víctimas de la violencia

En junio el Registro Único de Víctimas que realiza el Consejo de Reparaciones (CR) se quedará sin fondos: durante dos años recibió de la PCM menos presupuesto que el requerido y prescindirá de 40 contratados para que el dinero alcance: ha inscrito a más de 36 mil víctimas de la violencia en 14 meses de trabajo pero aún faltan miles de expedientes por evaluar.
La entidad pública funciona con un equipo técnico remunerado y un grupo de consejeros que trabajan ad honorem, liderados por Sofía Macher.
La lista oficial de víctimas de la violencia es la herramienta para que el Estado dé las reparaciones que corresponden por ley, pero el Gobierno no respaldó con recursos a la entidad y la ha dejado extinguirse. Ya se ha dicho antes que ocurrió lo mismo con la Oficina Anticorrupción el año pasado.
Cuando fue premier Jorge del Castillo, los consejeros del CR lograron con cierta dificultad plantearle los problemas del trabajo sin presupuesto, sin embargo, con la llegada del nuevo primer ministro el diálogo ha sido menor.
Con el actual Gobierno, el debate político en los medios es predominantemente desfavorable a lo que se parezca o suene a derechos humanos y la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, especulo, el ministro Yehude Simon debe querer huir de los estereotipos que intentan desprestigiarlo por sus posiciones radicales hace un par de décadas. En ese panorama, las víctimas de la violencia de 1980-2000 están atrapadas por una tensión política entre quienes intentan que se cumpla la Ley 28592 (con poco peso político) y los tomadores de decisiones vinculados al Gobierno que atacan a los que antes y ahora defienden los derechos humanos.
Hasta el momento ni los organismos de derechos humanos ni la Defensoría del Pueblo se han manifestado sobre el posible cierre del registro de víctimas, pese a que están al tanto desde la semana pasada.

Es probable que este clima de opinión desfavorable y la falta de voluntad política clara hacia las reparaciones individuales conduzca a la partida de dos personajes sobresalientes del Consejo de Reparaciones: Sofía Macher y Pilar Coll.
Macher ha sido designada vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Islas Salomon, entidad que presidirá el arzobispo sudafricano en retiro Desmond Tutu, según anunció la semana pasada el primer ministro Derek Sikua. Dicho país sufrió disturbios civiles entre 1998 y 2003.
La designación de Macher en dicha responsabilidad internacional es importante, pero queda la pregunta de qué harán los diversos actores políticos con el Registro Único de Víctimas de la Violencia.