El volante del Ejército que circula hoy, dado a conocer por el blog Celendín Libre.

La ciudad de Celendín, donde hubo cuatro muertos por disparos del Ejército el 3 de julio, vive aún en estado de emergencia, con presencia del Ejército y la Policía Nacional, sin alcalde ni gobernador: en ese marco, el Ejército ha convocado para mañana a una acción cívica en la que invitan a la plaza del Sombrero a corte de cabello, planificación familiar, entrega de víveres, entre otras actividades. Ninguna autoridad civil se ha acercado luego del enfrentamiento y del triste episodio de los policías forcejeando con ataúdes y deudos durante las caminatas en el día del entierro. ¿El nuevo gabinete estará al tanto de esta forma del Ejército de buscar el diálogo en Cajamarca?

Prometo un post con mayor información sobre Cajamarca, luego de haber estado allá hace exactamente una semana, pero por el momento esto es lo más urgente que requeriría atención.

La información ha sido difundida más temprano por el blog Celendín Libre.

Los celendinos viven atemorizados, especialmente quienes vieron morir a sus familiares y compañeros de clase en la plaza de armas, y en particular cuando ven pasar a los miembros del Ejército que siguen acantonados en el estadio. La semana pasada, los efectivos del Ejército salían usualmente en grupos de a tres, no a patrullar -labor que sigue haciendo la Policía Nacional- pero por necesidades específicas como búsqueda de comida, como se ve en la foto a continuación.

Jueves 18 de julio en una de las calles del centro de Celendín. Foto: J. Fowks

Un llamado a la sensatez para restablecer -de otra manera- el diálogo con una ciudad dolida por la impunidad.

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que entre SL como a inicios de los 80. (Dibujo de E. Jiménez)

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que no entre SL como en los años 80. (Dibujo de E. Jiménez)


Durante la presentación de la segunda edición del notable libro ‘Chungui. Violencia y trazos de memoria’ escuchamos un grave diagnóstico sobre la inseguridad y postración en la que aún vive ese distrito de La Mar, Ayacucho: “Nadie quiere ir: ni la policía, ni las fuerzas armadas, ni salud”, reveló con firmeza y pesar el alcalde Daniel Huamán.

Debido a la presencia de remanentes del narcoterrorismo en la zona -conocida también como Oreja de Perro-, la autoridad explicó que están gastando “en seguridad o defensa los recursos de la Municipalidad que deberían servir para el desarrollo. Los comuneros están yéndose para Andahuaylas, algunos se van para SL, otros abandonan los estudios y están como esclavos sirviendo en Ayacucho o Andahuaylas”.

“A nivel de gobierno central, ninguna institución ni la prensa hablada, escrita, televisiva, nadie sabe cómo ha sucedido en Chungui. ¿Cuántos Putis, Accomarcas y Lucanamarcas habrá en Chungui? es una incógnita por descubrir sobre la violación de los derechos humanos”, agregó Huamán.

El alcalde recordó que es el distrito más afectado por la violencia según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “¿Nos preguntamos por qué ha habido tanta barbaridad? Quizá por la falta de vías de comunicación. En aquel tiempo los pobladores tenían que caminar tres días para llegar a una feria. Fue una zona estratégica de la que se apoderaron tanto Sendero Luminoso como las fuerzas armadas. Estamos haciendo las gestiones pero nos dicen que es imposible, nos dicen que no hay dinero o que falta población (para las obras)”.

“Los jóvenes no tienen acceso a tecnología, no hay carreteras, no hay fluido eléctrico. Estamos en las tinieblas. ¿Por qué funciona la oficina de coordinación [de la alcaldía] en la ciudad de Huamanga? Debido a los sistemas como el SNIP y Seace [necesarios para gestionar obras]: en Chungui no hay banco, no hay servicios básicos, ni teléfono”, precisó.

“Si hablamos de educación y salud es peor todavía. No sé cómo el Gobierno focaliza las reparaciones a las víctimas. El Gobierno dice que hay que atender las zonas más afectadas de extrema pobreza, pero no ocurre. Nos hemos convertido en un pequeño ministerio de educación. El año pasado la Municipalidad ha pagado los sueldos de 19 docentes de los tres niveles. Este año estamos pagando 15. En ese sentido demandamos y no nos hacen caso. No sé qué hacer. En salud, igual: los técnicos no quieren ir porque estamos lejos, no hay vías de acceso. Los puestos de salud no están implementados, no hay doctores, nada. A las madres gestantes las estamos evacuando como en la época del incaico con chacanas, organizamos comisiones para llevarlas. Hemos exigido equipamiento de ambulancias y medicamentos, pero hasta ahora no ocurre nada”, relató el alcalde.

Huamán hizo alusión a un documental sobre Chungui del cual el IEP proyectó un adelanto. En un momento de la narración el corto se refirió al inicio de SL. “Justamente así inició. Estamos entrando a la segunda vuelta con la presencia de remanentes de SL porque no hay fuerzas del orden [en Chungui], nadie quiere ir, ni el Ejército ni la Policía Nacional. Felizmente estamos recién accediendo a justicia: hace dos años está funcionando la fiscalía y el juzgado”.

“Durante la violencia se ha desorganizado nuestras comunidades, de seis mil que éramos, sólo dos mil hemos quedado, pero no todos están allí: hay algunos en Lima, en Ayacucho, en la selva. Constantemente han estado viniendo los remanentes de SL, recientemente han alarmado, el mismo cuento están diciendo, y las familias comenzaron a migrar a distintos sitios”.

“El famoso camarada ‘Marco Antonio’ un día llegó, le dijimos que se identifique. Nosotros le hemos parado la guerra a ellos: desde marzo de este año día y noche estamos haciendo guardias. En vez de que nos preocupemos en el desarrollo de nuestra población y familia nos hemos convertido en pequeños policías nacionales o en Ejército: en patrulla, en servicio, en lista. A pesar de que hemos mandado informes al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior: esa es la cruda realidad del distrito de Chungui”, describió.

“¿Qué futuro nos espera para el distrito de Chungui?”, cuestionó por último la autoridad edil.

Edilberto Jiménez, antropólogo, periodista y retablista ayacuchano, autor del libro que va en su segunda edición, agradeció a muchas personas que colaboraron en la publicación: en particular al actual alcalde, quien lo acompañó en largas y duras caminatas -en 1996 y posteriores- para buscar a las personas que contaron sus historias, sus pérdidas y sus dolores, y que luego él convirtió en dibujos, relatos escritos y retablos.

Los testimonios recogidos por Jiménez y por Felipe Degregori en el distrito más golpeado por el conflicto armado interno sostienen que la violencia además produjo el fin de la organización de las personas. Luego de la violencia continúan diferentes rencillas, enfrentamientos. Lo único que une a los chunguinos es su fe en su patrona, la Virgen del Rosario.

Una de las fugas (cantos) de Chungui recogido en el 2000 por Jiménez dice así:
Vivo en pueblo lejano
Vivo en pueblo de Chungui
seguro por estar lejos
ni los periodistas llegan
ni los congresistas llegan
Dice también llora el río de Qachi
al encontrarse con el río de Chungui
así llora mi pueblo
cuando nadie se recuerda

Una nota sobre el mismo libro en La República

La columna de M. Tanaka sobre el trabajo de Jiménez

La siguiente es una traducción -editada y aumentada- de mi nota publicada hoy lunes en www.operamundi.net

Narcoterrorismo muestra poder de fuego en ataque a policía del Perú

Los analistas coinciden en la tesis de que la capacidad de fuego de los miembros remanentes del grupo armado Sendero Luminoso (SL), el narcotráfico y la ausencia del Estado explican el atentado contra la base de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) al norte de Huanta la madrugada del domingo 2.

Desde 2006, el grupo terrorista, que actúa en articulación con el narcotráfico ha atacado al Ejército y a la PNP en emboscadas en las carreteras y caminos del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), pero no lo había hecho directamente contra instalaciones de las fuerzas del orden. No hay números exactos pero se estima que SL tiene de 200 a 450 hombres (y mujeres).

Según fuentes policiales y parlamentarias, el ataque contra la Dinoes comenzó a las 11:30 del sábado (1) y duró casi una hora, en la plaza de San José de Secce, Santillana, a cinco horas de la ciudad de Ayacucho. Tres policías y dos mujeres civiles murieron por el tiroteo y las explosiones.

La zona del ataque está localizada en el VRAE, foco de las acciones del grupo de SL que nunca salió de su reducto de Vizcatán (Huanta) después de la captura en setiembre de 1992 del líder fundador del grupo, Abimael Guzmán. Autoridades y analistas han demostrado que el grupo está articulado e involucrado en el cultivo de coca y el transporte de droga hacia la costa peruana.

Para evitar las acciones de SL, el gobierno de Alan García comenzó en octubre pasado el Plan Excelencia, con el fin de sacar al grupo armado de Vizcatán. Por ello, envió más militares a la zona e instaló nuevas bases para la logística de las operaciones de patrullaje.

“Intentaron neutralizar los remanentes de SL con bases militares, pero el Estado está distante de la población, no interviene en lo social y califica a los habitantes del VRAE de ‘narcoterroristas’: así hay desconfianza”, comentó a Opera Mundi el analista político Víctor Belleza, presidente colegiado del Grupo de Iniciativa Regional de Ayacucho, red de diversas ONG y organismos bilaterales que trabajan en dicho departamento.

El ingeniero agrónomo y analista afirmó además que el distanciamiento del Estado es una cuestión crítica, porque la información de inteligencia depende de la relación de confianza con los comités de autodefensa y los pobladores.

“El poder disuasivo de Sendero Luminoso es importante porque llegan a las comunidades con instalazas, lanzagranadas RPG y AKM, y los comités de autodefensa sólo tienen escopetas Máuser”, explica Belleza. “Si la población quisiera enfrentar a Sendero no podría”, agregó.

El analista dijo además que, desde junio, cuando el Ejército cerró la base de Cayramayo, SL tuvo un mes libre para actuar en la zona de Huanta: “Antes los habían intentado cercar, pero quizá fue una equivocación abandonar esa base”.

Al parecer, en meses anteriores 12 soldados de Cayramayo dejaron su base llevándose armas -se quejaron de malos tratos de sus superiores- y días después volvieron. Posteriormente, el instituto armado la cerró.

El abogado Ricardo Soberón, del centro de investigación Drogas y Derechos Humanos, advirtió en abril que si el gobierno no cambiaba la orientación de las acciones en el VRAE, cada tres meses ocurrirían nuevas emboscadas.

“Sin duda es una fuerza que tiene dominio de terreno e iniciativa de sorpresa. El ataque a la Dinoes revela un cambio cualitativo en la capacidad de combate del grupo: antes ya habían averiado helicópteros y tomado armamento de militares y policías”, sostuvo Soberón.

Según el experto en narcotráfico, la rutina, la desidia, la falta de iniciativa y la no coordinación de las operaciones entre el Ejército y la policía, explican la acción. “La zona atacada tiene redes de contrabando de insumos químicos para la producción de cocaína. No se puede contar sólo con el Ejército, se necesita a la policía también. Dos actividades distintas no pueden ser combatidas con una sola fuerza”, añadió.

Actualización de Notasdesdelenovo:
Consultado Soberón acerca del poder real del grupo en la zona -¿o el poder se debe sólo a las armas?- explicó que la historia habla por los pobladores. “La memoria les permite saber de qué se trata cuando se dice ‘vienen los ‘tíos’. Hay un pacto social colectivo”, refirió.

También destacó que durante el mensaje de 28 de julio, el presidente García no hizo ninguna mención al VRAE.

Cabe recordar que el enfoque del problema como puramente militar y policial no será suficiente. Los aspectos políticos y sociales aún no son abordados por el Gobierno fuera de una lista de lavandería de inversión en infraestructura por parte de diversos ministerios.

Consultado por Notadesdelenovo, el investigador Ricardo Caro enfatizó en que en décadas pasadas, San José de Secce era una zona controlada por grupos liderados por las senderistas Carlota Tello y Edith Lagos.

Diálogo sobre la estrategia en el VRAE, junio/Ayacucho, organizado por Praxis

No estamos como en 1983, ni el Sendero de antes es el de ahora, pero la historia a veces ayuda a mirar mejor lo que tenemos al frente. Aquí, un interesante documento desclasificado de la embajada de EEUU -de febrero 1983- menciona la ausencia del Estado, la labor de la policía y del Ejército, y el desempeño de los medios -entre otros factores- en la lucha contra SL luego de los asesinatos en Uchuraccay.

datemUn reporte de una Dirección Regional de Salud -al parecer de Amazonas- a la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, indicó ayer que en Río Morona, provincia de Datem del Marañón (Amazonas), la llegada de miembros del Ejército “ha causado pánico en la población indígena, la que se ha replegado al monte”.
La información empezó a circular a mediodía en radios locales y en organizaciones no gubernamentales y -gracias a El Morsa- pudimos leer el PDF del correo electrónico, en el cual el nombre del remitente está tachado.
El informe señala que el técnico sanitario del puesto de salud de Caballito (distrito de Morona) confirmó el martes la ausencia de personas en las comunidades de Caballito, Nazareth, Consuelo, Bagazán y Fortaleza, entre otras. Sólo él permanece en el puesto de salud.
Enlace al documento ampliado
Mayor desarrollo de la información en la CNR

Uno de los afiches del Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (Projur)

Afiche del Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (Projur)

Actividades en Lima y en Ayacucho marcan el 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos entrega su premio anual a los Hermanos Maryknoll y a la periodista Anuska Buenaluque, en tanto que en Huamanga, Huanta y Putis, recordarán a los desaparecidos y asesinados en dicha comunidad huantina.

Ayer en una melodramática entrevista de Cecilia Valenzuela, la hija del General Eduardo Bellido Mora indicaba que su familia no tenía dinero para afrontar el proceso judicial de su padre y de forma irónica reclamaba por qué Aprodeh o IDL no lo había representado.

La semana pasada, el nuevo comandante general del Ejército, el Gral. Otto Guibovich, se solidarizaba con quienes injustamente enfrentan procesos judiciales por “supuestas violaciones” a los derechos humanos y destacó que “nadie” ha estudiado hasta el momento las secuelas psicológicas que ha dejado la guerra en los miembros de su institución.  Hoy, durante la ceremonia por el Día del Ejército declaró que durante la lucha contra la subversión “no hubo violación sistemática de los derechos humanos”, que hay una gran cantidad de personas con discapacidad y que las consecuencias de lo ocurrido -en el Ejército- no se han analizado en detalle.
Pero los derechos humanos no son monopolio de una entidad ni de un grupo en particular: por ello aún sorprende que sectores del país se ataquen mutuamente y reclamen que se defienden los derechos humanos de unos pero no de los otros, y viceversa: ¿Hasta cuándo lo mismo?
Para revisar esas dos partes de la cuestión: las FFAA han destinado abogados para ver las causas de los miembros de la institución (salvo excepciones), así como las ONG de derechos humanos han defendido (salvo excepciones) a familiares de acusados por terrorismo y de inocentes que no tenían recursos para encarar un proceso judicial.
Si revisamos el escenario de disputas y debates sobre los derechos humanos en el Perú, sólo confirmaremos que la polarización en el discurso persiste y que queda un largo camino no sólo para que se respeten los ddhh, sino para que cesen las visiones tan radicales desde los dos polos sobre un mismo asunto.
La Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho y SER-Ayacucho han organizado para mañana ‘Solidaridad y Justicia para Putis’, un acto en el Centro Cultural de la Universida de Huamanga, en tanto que el sábado en la comunidad de Putis se realizará una ceremonia de conmemoración y la colocación de la primera piedra de un camposanto.
La Declaración Universal se refiere a derechos iguales para todos desde que nacemos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Hay tantos derechos humanos que no se cumplen en el Perú que da pena revisar la Declaración: no sólo los referidos al conflicto armado interno (en el pasado y en el presente: recordemos en VRAE y el Huallaga), sino los referidos a la vida en general de cualquier niño o ciudadano.
Ver los documentos que emitieron el secretario general del Ministerio de Defensa y el general Guibovich con respecto a Putis (en resumen indican que “no hay archivos”, pero ofenden a los peruanos al no indagar en la memoria de los oficiales que prestaron servicio en Huanta en la época)http://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/doc_2.pdf
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (30 artículos)
Otro afiche elaborado por Projur.