Desde el lunes la administración pública sabe que el ministro de Economía, Luis Carranza, respondió al premier Yehude Simon que no dará los siete millones de soles faltantes para que el Registro de Víctimas de la Violencia continúe operando luego de junio y le recuerda al primer ministro que puede rascar la olla de su propio pliego, es decir, reorientar recursos del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En el oficio que Carranza envía a Simon indica que “mientras no ingresen mayores ingresos a los previstos en la Ley nº 29289 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009” no es posible autorizar gastos mayores a los programados. El Registro de Víctimas solicitó un presupuesto que no se le aprobó a inicios de año y ese monto sólo alcanza para labores hasta junio 2009.
¿Cerrará el Registro Único de Víctimas (RUV) con una cifra de casi 40 mil víctimas con derecho a diversas reparaciones por parte del Estado -y sin completar dicha lista oficial- o la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) cederá parte de su presupuesto a la tarea de registro?
La CMAN administra los fondos de las reparaciones colectivas y desde inicios de este gobierno ha estado a cargo de Jesús Aliaga, miembro del equipo de los cuarentones del Apra -según informó Caretas hace algunas semanas cuando se reunieron en el hotel Las Américas- . Aliaga aparece con cierta frecuencia en dicho semanario desde mediados del año pasado y es parte del círculo de confianza de Jorge del Castillo.
Otra posibilidad es que el Premier encuentre -en alguna otra dependencia de la PCM- recursos no utilizados ni aprovechados y los destine al Consejo de Reparaciones para que siga abierto el RUV y llegue el momento de cumplir con las reparaciones a los que sufrieron la violencia entre 1980-2000.

La iniciativa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de buscar firmas para enviar una carta al ministro Carranza no ayudó, pero sirvió para que más personas se enteraran de la situación. Hasta el viernes último aún no habían remitido dicha comunicación al despacho del MEF. Es difícil que el hombre del dinero reconsidere su posición cuando llegue la carta. Ahora las esperanzas están en lo que decida el primer ministro. ¿Qué discurso preferirá Yehude Simon: el de inversión para el crecimiento de la economía o inversión para cumplir con las víctimas de la violencia?

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Hace tres semanas la Defensoría del Pueblo (DP) se enteró de la crítica situación presupuestal que impedirá continuar el trabajo del Registro de Víctimas de la Violencia, la lista de las personas que tienen derecho a recibir una reparación del Estado debido a la desprotección sufrida entre 1980-2000. Anteayer, la titular de la DP envió un oficio al premier Yehude Simon expresando su preocupación porque se pone en riesgo la “culminación de las tareas de registro” y significaría un “grave retroceso en la implementación del PIR”.
A continuación, el facsimilar de la comunicación dirigida a Simon, quien a su vez tendría que hacer la solicitud al ministro de Economía, Luis Carranza.

Vale la pena tener en cuenta que los ministerios -como la PCM- no siempre utilizan todos los fondos de los cuales disponen y, a veces, pueden transferirlos de una a otra dependencia de la misma cartera. Dicho esto de manera simple, si el titular de Economía demora en pronunciarse o en facilitar el presupuesto necesario, Simon puede autorizar a su jefe de Administración que revise los fondos no utilizados por entidades que operan con dinero de la PCM y los destine al Consejo de Reparaciones, entidad encargada de realizar el Registro de Víctimas.

ruvEn junio el Registro Único de Víctimas que realiza el Consejo de Reparaciones (CR) se quedará sin fondos: durante dos años recibió de la PCM menos presupuesto que el requerido y prescindirá de 40 contratados para que el dinero alcance: ha inscrito a más de 36 mil víctimas de la violencia en 14 meses de trabajo pero aún faltan miles de expedientes por evaluar.
La entidad pública funciona con un equipo técnico remunerado y un grupo de consejeros que trabajan ad honorem, liderados por Sofía Macher.
La lista oficial de víctimas de la violencia es la herramienta para que el Estado dé las reparaciones que corresponden por ley, pero el Gobierno no respaldó con recursos a la entidad y la ha dejado extinguirse. Ya se ha dicho antes que ocurrió lo mismo con la Oficina Anticorrupción el año pasado.
Cuando fue premier Jorge del Castillo, los consejeros del CR lograron con cierta dificultad plantearle los problemas del trabajo sin presupuesto, sin embargo, con la llegada del nuevo primer ministro el diálogo ha sido menor.
Con el actual Gobierno, el debate político en los medios es predominantemente desfavorable a lo que se parezca o suene a derechos humanos y la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, especulo, el ministro Yehude Simon debe querer huir de los estereotipos que intentan desprestigiarlo por sus posiciones radicales hace un par de décadas. En ese panorama, las víctimas de la violencia de 1980-2000 están atrapadas por una tensión política entre quienes intentan que se cumpla la Ley 28592 (con poco peso político) y los tomadores de decisiones vinculados al Gobierno que atacan a los que antes y ahora defienden los derechos humanos.
Hasta el momento ni los organismos de derechos humanos ni la Defensoría del Pueblo se han manifestado sobre el posible cierre del registro de víctimas, pese a que están al tanto desde la semana pasada.

Es probable que este clima de opinión desfavorable y la falta de voluntad política clara hacia las reparaciones individuales conduzca a la partida de dos personajes sobresalientes del Consejo de Reparaciones: Sofía Macher y Pilar Coll.
Macher ha sido designada vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Islas Salomon, entidad que presidirá el arzobispo sudafricano en retiro Desmond Tutu, según anunció la semana pasada el primer ministro Derek Sikua. Dicho país sufrió disturbios civiles entre 1998 y 2003.
La designación de Macher en dicha responsabilidad internacional es importante, pero queda la pregunta de qué harán los diversos actores políticos con el Registro Único de Víctimas de la Violencia.