Foto del periodista José Flores del diario Ahora y radio La Voz de Utcubamba, 5 de junio.

Foto del periodista José Flores del diario Ahora y la Voz de Utcubamba, 5 de junio.

La segunda parte de la intervención del Perú en el Comité de Eliminación de la Discriminación de la ONU revela que aún no hay lecciones aprendidas ni reconocimiento de responsabilidades. A dos meses de la tragedia de Bagua, el ministro de Justicia pidió reparación por el daño hecho a la imagen del Perú que afectará las inversiones extranjeras. No mencionó si habrá reparación para los heridos por las fuerzas del orden que no intervinieron en las protestas de Bagua. No hubo tampoco señalamiento de responsabilidad política.

Diogenes Ampam, miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), awajún que participa en una de las cuatro mesas técnicas instaladas por el gobierno tras la derogatoria de dos decretos legislativos, desmintió afirmaciones del Gobierno sobre los awajún y los wampís a una audiencia que llenó el Vértice del Museo de la Nación al caer la tarde ayer.

«¿De dónde nos dicen que hemos estado armados? He conversado con los hermanos detenidos en Chachapoyas. Tenemos aún ocho inocentes detenidos. Les hicieron firmar una declaración, pusieron lo que ellos no han dicho, no tenían intérprete ni abogado. Les pregunté ‘tú has dicho esto?’ Y respondían que no. Los indígenas vinieron [a la carretera] con palo y lanza», explicó Ampam.

«No soy dirigente, soy del equipo técnico de Odecofroc en la mesa cuatro, quisiera precisar», aclaró durante la presentación del libro Anuario Indígena 2009, en una improvisada intervención pues anunciaron la llegada de Daisy Zapata, presidenta de Aidesep.

«Quiero comentarles que desde el 2008 la provincia de Condorcanqui e Imaza ha venido haciendo escuchar su voz. De 107 decretos legislativos, nueve eran lesivos a los derechos indígenas. Cuando vamos a sacar recursos de la tierra, se los pedimos, conversamos con ella. Con el pretexto del TLC violaron esto sin consulta, para la entrada de la minería», recordó el representante awajún.

«Los costeños dirán:´están locos los awajún que de la noche a la mañana toman carreteras’. Pero si van a ver los archivos de los ministerios, hay paquetes de planteamientos y oficios que los awajún hemos enviado desde el año pasado, exigiendo o sugiriendo mejoramientos en salud, en educación, en desarrollo sostenible», añadió.

«Desde el 9 de abril [que empezó el paro amazónico] hasta el 5 de junio, 57 días, awajún y wampis demostraron que no estaban aliados a la violencia. El 4 de junio estuve en el Congreso, ustedes ya conocen cómo fue la película [ese día Javier Velásquez Quesquén postergó nuevamente la votación por la derogatoria de los decretos], pero después del desayuno del día 5 a las 8 am [los manifestantes] iban a regresar. Muchas informaciones han llegado tergiversadas», sostuvo.

«En la madrugada, la policía ha cercado a los awajún [en la Curva del Diablo], pese a que habían conversado con los responsables directos de Dinoes. Nosotros sabemos con exactitud que si no había orden [de Lima], la policía no iba a intervenir», señaló.

Ampam también recordó que, el 2 de julio, el ex premier Yehude Simon aceptó que cesaría la persecución contra los dirigentes de las organizaciones amazónicas, pero tal cosa no ha ocurrido hasta ahora.

«El buen aprista en la ONU acaba de acusarnos que somos los responsables de las muertes de 34 personas: policías y civiles. Pero, hermanos -costeños, andinos y amazónicos- lleven este mensaje. Nos tildaron de que somos personas de segunda categoría -de segundo nivel-, que somos el perro del hortelano, que estamos haciendo conspiración internacional, que recibimos financiamiento de Evo Morales o de Chávez. Eso dicen los periódicos: eso es un invento del régimen actual».

El asesor de Odecofroc además hizo notar las acciones del Gobierno para partir la ya debilitada Aidesep, con el nombramiento de otra dirigencia. Reiteró que la presidenta es Zapata.

Por último, ya no dirigiéndose al publico, sino a un grupo de periodistas nos acercamos, informó que mañana hay una audiencia en Chachapoyas por los detenidos de Huancas. Un colega le preguntó sobre los desaparecidos. Ampam dijo que hay mujeres que podrían hablar de ello, «pero no se lo dirán a los periodistas limeñitos -ustedes disculparán, pero es así- que no dicen las versiones completas y cortan lo que las personas dicen».

Pueblos awajún y wampis demandan acción urgente del CERD de Naciones Unidas contra el Estado peruano, debido al racismo y discriminación y especialmente por la concesión minera otorgada sin previa consulta y en el Parque Nacional Ichigkat Muja, reserva de biodiversidad mundial.

La abogada Mar Pérez -de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- estuvo en la misma sala que el ministro Pastor y ofrece una visión complementaria e importante. Refiere que las exposiciones «se redujeron a una enumeración superficial de normas que supuestamente supondrían un avance en la materia. El ministro tuvo la intrepidez de mencionar el Plan Nacional de Derechos Humanos, abandonado y olvidado por este gobierno, como una de las políticas implementadas por el estado contra el racismo».
El texto completo en el blog de la CNDH

Aquí el video colgado por el Ministerio de Justicia y su silenciosa nota de prensa.

vasquezcalle1Julio Vazquez Calle (29) ha sido amenazado de muerte luego de presentar una denuncia contra efectivos de la policía y del resguardo de la compañía Majaz, ante la 5ta. Fiscalía Penal de Piura. Ha abandonado su trabajo como periodista para protegerse e informa que los otros campesinos torturados en el 2005 como él -en un campamento de la empresa minera- y acusados de terrorismo no han conseguido asesoría legal efectiva.
Entrevistado por este blog, Vásquez explica que pese a las pruebas (fotos) y debido a presiones -de la policía o del Gobierno- no se ha identificado a los responsables de las torturas. «La DINOES, por ejemplo, no ha dado información de los efectivos pese a que ha sido solicitada», acotó.
Debido a los golpes y encierro sufridos hace tres años, le era difícil encontrarse con un policía «y mirarlo a la cara». Sin embargo, el periodista dice, «sí creo en la justicia del país y que hay personas honestas y justas para luchar contra los obstáculos y contra la corrupción».

El agraviado, quien espera retomar sus estudios en la Universidad de Piura, indica que el proceso en la Quinta Fiscalía sólo ha avanzado un 1% desde que se inició en julio del año pasado.
«No se pide venganza, tienen que identificar a malos policías porque no pueden seguir caminando por las calles, así los ciudadanos no estamos a buen recaudo. Yo sí creo en las Fuerzas Armadas y la Policía, no me ha quedado discordia ni temor, pero creemos que lo más correcto es ponerse en el punto medio, sin exageraciones: un grupo de periodistas debe ser sancionado», agrega.

El periodista está además preocupado porque debido al juicio que enfrenta -al igual que otras 150 personas- por terrorismo, invasión a la propiedad privada y otros seis cargos, tiene orden de comparecencia restringida y debía firmar un cuaderno estando en Piura. Dadas las amenazas que recibió en su celular, se vio en la necesidad de salir de su región y protegerse. De acuerdo a la orientación que ha recibido, él debería ser testigo y agraviado en dicho proceso judicial, y no un denunciado.
En febrero de 2005 Vásquez se desempeñaba como corresponsal en Ayabaca de Radio Cutivalú y, por ello, cubrió las manifestaciones de dirigentes y campesinos contra los proyectos de la minera Majaz, posteriormente denominada Monterrico Metals. El periodista y un grupo numeroso de dirigentes y campesinos, dos mujeres y un niño, fueron detenidos y torturados por policías y empleados de Forza en un campamento de la minera. El dirigente Melanio García fue asesinado.
Las fotos que demuestran el encierro, torturas y asesinato le fueron enviadas al periodista piurano -por una fuente no identificada- a inicios de enero de este año y el diario La República las publicó.
Julio Vásquez expresa su preocupación debido a que el trabajo de asesoría legal de la Pastoral de Chulucanas no ha sido suficiente para los 150 denunciados.
«Tienen varios otros proyectos, son honestos, pero creo que ha habido cierto descuido del caso. Yo me he podido agenciar de otra ayuda. Además, los comuneros están en el campo, no llegan a la ciudad para las diligencias porque tienen que realizar sus actividades agrícolas, pero aparte está el clima: Ayabaca está incomunicada debido a las lluvias».
Otro aspecto referido a esta situación de violencia es que el Centro de Asesoría Psicológica y Social (CAPS) ha brindado una terapia grupal para los campesinos y dirigentes torturados, pero pocas personas han participado debido a que dicha actividad se realiza en la capital del departamento.
Julio expresa que en los últimos tres meses se siente más recuperado luego de todo lo que le pasó.
«Sabemos que el juez enfrenta presiones, pero por ejemplo Andrew Bristow hasta ahora no ha sido llamado a declarar», precisó Vargas. Bristow se desempeñaba como gerente/jefe de operaciones de la minera cuando ocurrieron los hechos y aún es funcionario de Monterrico Metals. Durante el secuestro en el campamento, Vásquez escuchó órdenes de dicho funcionario.

Página web de Monterrico Metals (comprada por la empresa china Zijin)

Fotos de torturas en el campamento de Majaz

Los abogados de la parte civil en el juicio contra Alberto Fujimori anunciaron que para hoy lunes trabajarían coordinadamente y así aprovechar el tiempo destinado a sus alegatos (exposición de las razones de hecho y de derecho en defensa de los intereses jurídicos de sus patrocinados).
Hace un par de semanas, cuando inició la fase de alegatos por parte del Ministerio Público, los fiscales presentaron -hasta con gráficos- una sistematización de la información procedente de las pruebas, por lo que es muy probable que las sesiones de esta semana sean igualmente importantes para no perder de vista el proceso.
Para una gran cantidad de ciudadanos, es difícil seguir al detalle el juicio oral, dada la abundancia de versiones, testimonios y pruebas, y es también difícil porque -excepto Canal N-, no hay medios que transmitan por completo y en vivo las audiencias.
A continuación, dos enlaces que contribuyen a una mejor comprensión de lo judicial y del proceso específico contra Fujimori:
Diccionario jurídico (colocado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en orden alfabético y con lenguaje sencillo)
Síntesis de cada audiencia según la Sala penal Especial.
Blog de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) (que presenta las visiones de la parte civil de dicho juicio oral). La CNDDHH se inició como una mesa de trabajo para investigar la matanza de Uchuraccay y respaldar en sus gestiones a los deudos de los asesinados, como alternativa a la Comisión Vargas Llosa.