Desde el lunes la administración pública sabe que el ministro de Economía, Luis Carranza, respondió al premier Yehude Simon que no dará los siete millones de soles faltantes para que el Registro de Víctimas de la Violencia continúe operando luego de junio y le recuerda al primer ministro que puede rascar la olla de su propio pliego, es decir, reorientar recursos del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En el oficio que Carranza envía a Simon indica que “mientras no ingresen mayores ingresos a los previstos en la Ley nº 29289 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009” no es posible autorizar gastos mayores a los programados. El Registro de Víctimas solicitó un presupuesto que no se le aprobó a inicios de año y ese monto sólo alcanza para labores hasta junio 2009.
¿Cerrará el Registro Único de Víctimas (RUV) con una cifra de casi 40 mil víctimas con derecho a diversas reparaciones por parte del Estado -y sin completar dicha lista oficial- o la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) cederá parte de su presupuesto a la tarea de registro?
La CMAN administra los fondos de las reparaciones colectivas y desde inicios de este gobierno ha estado a cargo de Jesús Aliaga, miembro del equipo de los cuarentones del Apra -según informó Caretas hace algunas semanas cuando se reunieron en el hotel Las Américas- . Aliaga aparece con cierta frecuencia en dicho semanario desde mediados del año pasado y es parte del círculo de confianza de Jorge del Castillo.
Otra posibilidad es que el Premier encuentre -en alguna otra dependencia de la PCM- recursos no utilizados ni aprovechados y los destine al Consejo de Reparaciones para que siga abierto el RUV y llegue el momento de cumplir con las reparaciones a los que sufrieron la violencia entre 1980-2000.

La iniciativa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de buscar firmas para enviar una carta al ministro Carranza no ayudó, pero sirvió para que más personas se enteraran de la situación. Hasta el viernes último aún no habían remitido dicha comunicación al despacho del MEF. Es difícil que el hombre del dinero reconsidere su posición cuando llegue la carta. Ahora las esperanzas están en lo que decida el primer ministro. ¿Qué discurso preferirá Yehude Simon: el de inversión para el crecimiento de la economía o inversión para cumplir con las víctimas de la violencia?

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La ONG de derechos humanos Aprodeh difundió ayer una nota de prensa que no ha tenido rebote en los tres principales diarios, por ello la consignamos. Cabe anotar que el viernes último se formó la comisión que debe decidir los montos de las reparaciones económicas para las víctimas de muerte, desaparición forzada, violencia y violación sexual y discapacidad debido a la violencia entre 1980 y 2000. Dicha Comisión Técnica Multisectorial debió haber sido instalada en el 2006, según indicaba el reglamento de la Ley N° 28592.
Aunque este asunto sea tildado de ‘caviar’ por un sector, hay miles de víctimas de la violencia -civiles, militares, policías- que por ley deben recibir una reparación.
A continuación el planteamiento de Aprodeh:

Reparaciones deben ser integrales y no confundirse con programas sociales

Ante el reciente anuncio del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel encargada de las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno, CMAN, Jesús Aliaga, de reparar hasta el 2011 a dos mil comunidades, y que hasta el momento serían setecientas las comunidades que han recibido fondos y han sido reparadas, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), expresa lo siguiente:

Esperamos que el gobierno tenga la voluntad política para asignar el fondo necesario que permita cubrir la demanda anunciada, considerando que las unidades ejecutoras son gobiernos distritales y provinciales que tienen muy poca capacidad de ejecución. Para las mil trescientas comunidades que serían reparadas al 2011, el gobierno debe disponer de por lo menos un presupuesto adicional de 100 millones de soles, solo para reparaciones colectivas.

Asimismo, las reparaciones deben entenderse y ejecutarse como tales, y no convertirse en proyectos o programas sociales como se está pretendiendo hacer ahora con las reparaciones colectivas. Mientras no se ponga mayor énfasis en el sentido reparador que deben tener las obras que se ejecuten, la población las va a seguir considerando como un programa social, confundiendo su real esencia.

Ante el anuncio del inicio de reparaciones en salud y educación este año, es necesario que la CMAN logre tener una coordinación suficiente con todos los gobiernos regionales para que puedan incluir dentro de sus presupuestos los fondos necesarios para las reparaciones en educación y salud, y una vez más esto no se confunda con los programas de alfabetización por parte del gobierno.

Demandamos que se hagan efectivas las reparaciones económicas como lo vienen reclamando las organizaciones de afectados, y que se incorpore este rubro en el presupuesto que se va a presentar para el próximo año, ya que el Registro de Víctimas proyecta un aproximado de 27,000 víctimas que recibirían reparaciones económicas.

La reparación debe ser integral, tal como demanda el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en sus recomendaciones. Es necesario que todas las políticas de reparación que se apliquen hoy y en el futuro tengan ese enfoque, de lo contrario se convierten en proyectos aislados en donde la población puede ser manipulada y mal informada.