La agencia Andina informó que Mercedes Cabanillas reemplazará en el Ministerio del Interior a Remigio Hernani, general de la policía en retiro. Si bien la congresista ha sido presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, no conoce suficiente el sector para liderarlo. La secuencia Alva Castro-Hernani-Cabanillas ofrece la imagen de una curva en picada en esa cartera y muestra que no hay orientación ni una política de Estado en seguridad pública. ¿Qué pretende el Gobierno de García en ese ámbito? Y, segundo punto: el inminente nombramiento de Cabanillas evidencia la pobreza de opciones de profesionales o políticos que ocupen un ministerio tan complicado y con tantos retos como el de Interior.
Un comentario en off de un experto en seguridad ciudadana (a este blog) indica que con este cambio se reforzará el grupo corrupto de la PNP.
A continuación, las sugerencias de Lucía Dammert para la conducción de dicho ministerio. Dammert es socióloga peruana, directora del programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO-Chile y asesora del departamento de seguridad pública en la OEA.
«Algunos países han aprendido la lección generando procesos que buscan privilegiar el accionar policial profesional, con salarios dignos y protección social para el policia y su familia, pero también con controles internos, cero tolerancia para la corrupción y el abuso del poder. La solución no pasa por nombrar a un político o a un experto individual porque la tarea por delante es colectiva.
La necesidad de avanzar en la generación de equipos de expertos en temas de seguridad que desde el mundo civil puedan articular el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana es cada vez más evidente. La urgencia de establecer mecanismos de colaboración y coordinación con la institución policial ya asume niveles críticos en los ultimos meses y semanas.
Tomar en serio la seguridad interna del país requiere de un colectivo de especialistas que permitan avanzar con medidas de corto, mediano y largo plazo para prevenir y controlar la criminalidad, asegurar el orden interno y dignificar el trabajo policial. Todas propuestas que serán luego analizadas y definidas por los actores políticos, los que deberán enfrentar la responsabilidad pública si estas medidas no tienen el efecto esperado.
La ciudadanía no puede seguir siendo espectadora de un sombrío proceso de destrucción de la moral policial, de baja eficiencia en el control de la delincuencia y de poca responsabilidad política frente a un tema que nos afecta a todos. Esta situación puede desembocar en una privatización descontrolada de la seguridad e incluso la amplificación de los procesos de justicia callejera. Ambos fenómenos que erosionan las bases mismas de la democracia y la gobernabilidad en nuestro país».
La experta es también directora ejecutiva del Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad.
Paola Ugaz y Utero también informan al respecto.
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