Sesión de la Comisión Permanente que rechazó la candidatura de Beteta (Foto: Congreso)

Sesión de la Comisión Permanente que rechazó la candidatura de Beteta (Foto: Congreso)

A mediados de marzo, el Senado de Bolivia decidió restituir en su cargo al ex contralor Osvaldo Gutiérrez, pero no pudo asumir como tal y el presidente Evo Morales emitió el Decreto Presidencial Nº 58 del 27 de marzo que designa como Contralor General del Estado de manera interina a Gabriel Herbas, quien asumió el interinato por primera vez en diciembre. Ahora que la Comisión Permanente del Congreso rechazó la candidatura de Edmundo Beteta a la Contraloría peruana, somos países hermanados por severos problemas en ese mismo ente fiscalizador. Gutiérrez despacha en otra oficina y Bolivia tiene dos contralores. El oficialismo aquí parece no incomodarse con el rechazo del parlamento a Beteta.

Según relata a este blog el periodista Hilton Heredia del diario El Deber de Bolivia, “Osvaldo Gutiérrez fue suspendido por la Cámara de Diputados por incumplimiento de deberes. No obstante, Gutiérrez se aferra al cargo y tiene una oficina independiente, además que sigue acciones legales contra Herbas”.
El colega explica que la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, instauró un proceso administrativo en contra de Osvaldo Gutiérrez, por presuntas infracciones administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones y dispuso la medida precautoria de suspensión del cargo por un periodo de 90 días, que concluyó el pasado sábado 28 de marzo; sin embargo la Cámara de Senadores restituyó en sus funciones a Gutiérrez.
“Herbas aduce que sobre el caso del ex contralor, quien reclamó una presunta inconstitucionalidad en la decisión de la cámara baja, será el Tribunal Constitucional quien dicte una sentencia interpretativa. Mientras tanto, continuará en el cargo designado por el Primer Mandatario y con las labores habituales de este despacho”, añade el periodista boliviano.
“Lo cierto es que hasta la fecha, hay dos contralores y la situación es incierta”, agrega Heredia.
¿Y aquí? El calendario dice que llevamos casi medio año sin contralor. La defensa y elogio de PPK a Edmundo Beteta en su espacio en Radioprogramas llegó tarde (esta mañana). Fue notorio que el APRA no quiso pelear por el candidato de su presidente.

El comunicado oficial de la Contraloría de Bolivia
Comunicado del Congreso sobre la sesión que desestimó la candidatura de Beteta

La web del Congreso a mediodía.

La web del Congreso a mediodía.

Martín Sivak (1975) -periodista y sociólogo argentino que ha seguido a Evo Morales desde fines de los años 90 y autor de ‘Jefazo’- escribió esta semana sobre el camino previo al referendum en Bolivia del domingo pasado y lo que puede ocurrir en adelante. Autorizó a este blog a difundir su texto publicado por El Universal (México) y Crítica (Argentina). ‘Jefazo’ es un largo reportaje y perfil de parte sobre el líder boliviano.
Va para quienes, como yo, tienen dificultad de entender la política boliviana estando tan cerca.
Evo: misión cumplida
El presidente boliviano realiza sus dos mandatos principales: nacionalizar los hidrocarburos y aprobar una nueva Carta Magna

Tres años y tres días después de haber asumido la Presidencia, Evo Morales ha cumplido los dos principales mandatos de su administración: la nacionalización de los hidrocarburos (que extendió, entre otros, a la minería y a las telecomunicaciones) y la aprobación de una nueva Constitución que reclama un carácter refundacional para Bolivia. “Por estas dos conquistas tendré paz cuando descanse en el cementerio”, ha repetido desde que se aprobó la convocatoria al referéndum. Cuando se escribían estás líneas los resultados de boca de urna de las cadenas privadas (y opositoras) de televisión —60% de los votos para el Sí a nivel nacional— le auguraban ese sosiego post-mortem que nunca ha tenido en vida.

La agenda de nacionalización y nueva Constitución Política del Estado —popularizada en Bolivia como CPE— no pertenece a Morales. Fue impuesta en octubre de 2003 por las fuerzas sociales y políticas que forzaron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y contiene distintas formas de interpretación e implementación. Desde agosto de 2003 hasta que asumió la Presidencia, en enero de 2006, Morales se ha balanceado entre sus deseos de expropiación de las empresas transnacionales y las necesidades de un acuerdo; entre una Constitucional radical y otra más parecida a la que acaban de refrendar los bolivianos.

Morales creyó que podría llevar a referéndum la Constitución aprobada en Oruro sin la presencia de la oposición, como antes había intentado rechazar las autonomías (el principal reclamo de la oposición regional). Después negoció cediendo muy poco, y finalmente optó por introducir algunos cambios e incluir las autonomías.

Lo hizo en un contexto de radicalización que, para noviembre, parecía el prólogo de un conflicto entre el oriente y el occidente del país con derivaciones insospechadas y una certeza: cientos de muertos. El presidente vio por primera vez un abismo y consideró que no habría nueva CPE si no impulsaba ese acuerdo.

A pesar de las concesiones en el tema de las tierras y otros, la nueva Constitución —la primera sometida a referéndum— consolida un proyecto incluyente inédito en la historia del país, da reconocimiento a las distintas naciones originarias, profundiza el sesgo nacionalista y estatista, separa a la Iglesia del Estado e incorpora las autonomías departamentales.

Las críticas han llegado de izquierda y derecha. Por la izquierda, analistas de aquí y allá han machacado con el contraste entre masas puras y revolucionarias y un líder reformista que cede. Las organizaciones sociales y la base de apoyo de Morales no pidieron al gobierno masivamente armas, como sí había ocurrido con los sindicatos mineros y obreros en 1971 durante el gobierno de Juan José Torres. Los que lo hicieron fueron grupos minoritarios enojados (emputados es la expresión boliviana) con las concesiones.

Las críticas por la derecha —la Iglesia que ha puesto a Dios como votante del “no”, los partidos que participaron del acuerdo, el oriente y la gran mayoría de los medios privados— utilizaron argumentos técnicos, religiosos e invocaron el supuesto autoritarismo de Morales. Como el presidente fue ratificado en el cargo con 67.5% de los votos en agosto de 2007, argumentan que Adolfo Hitler también recibió el favor de las urnas. Todavía no han hecho comparaciones con el Tercer Reich para despreciar que el presidente haya acordado con la oposición cambios a la nueva CPE. Pero el argumento central blandido es que Morales polariza, como también polarizan la Constitución y el propio referéndum. Para ellos, Bolivia perdió su paz y armonía.

El presidente cumplió sus dos principales promesas de cambio, pero queda un camino largo de consolidación. Consolidar las nacionalizaciones implica mejorar el rendimiento de las flamantes empresas estatales (algunas existían antes, pero casi como astilleros fantasmas) para optimizar, por ejemplo, la producción de gas. La Constitución implicará un engorroso trámite para legalizarla y viabilizarla. Las regiones opositoras intentarán usar el resultado local del referéndum para negar su aplicación. El conflicto interno continuará, pero con nueva CPE.