A grandes rasgos, un resumen de acciones y grupos a la fecha (JF).

A grandes rasgos, un resumen de acciones y grupos a la fecha (JF).

En las últimas semanas ha habido gran cantidad de información sobre hechos derivados del enfrentamiento del 5 de junio en Bagua, por eso empiezo esta nota con un esquema de las acciones y comisiones que abordan el tema o tienen obligaciones al respecto.

El miércoles 2 varios ministros participaron por primera vez en una sesión del Grupo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (GDPI) creado cuando Yehude Simon era aún premier. El GPDI trabajó en cuatro mesas entre julio y agosto pero los representantes de las organizaciones indígenas reclamaban que los representantes del Ejecutivo no tenían poder de decisión o llegaban a firmar asistencia y luego se retiraban. Nuevamente sentían que no era un espacio serio de diálogo.

Ese día, luego de más de un mes, el Ejecutivo respondió a la propuesta de terna para la comisión de investigación de los hechos del 5 de junio, una recomendación hecha al Gobierno por el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, entre otros, y un reclamo desde el primer día de crisis por parte de los nativos.

El primer ministro Javier Velásquez Quesquén anunció que la resolución suprema sobre la conformación de la comisión de investigación de los hechos sería emitida en 72 horas. Hoy ya se cumplió el plazo y la norma aún no ha sido publicada. El viernes Salomón Awanash -dirigente de Aidesep- participó en un foro público sobre interculturalidad y la agenda pendiente de las organizaciones amazónicas y allí reiteró el plazo de 72 horas dado por el Ejecutivo.

Awanash es el segundo de izquierda a derecha (JF).

Awanash es el segundo de izquierda a derecha (JF).

Si bien la concreción de una comisión plural para investigar los hechos es una buena noticia -en particular porque el Gobierno aceptó las propuestas de las organizaciones -como la religiosa y profesora de Chiriaco Maricarmen Gómez y la ex ministra Pilar Mazzetti- el silencio del Ejecutivo es grave acerca de otros asuntos pendientes.

Entre los numerosos puntos de tensión que persisten está la falta de respuestas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) -y del Ejecutivo en suma- acerca de los problemas generados por la empresa Dorato en territorio awajún. Desde el año pasado la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) ha realizado gestiones ante el MEM denunciando la ilegalidad en las concesiones, pero no hay variación en el estado de las cosas. Odecofroc se pronunció así el 19 de agosto:
1. Reiteramos nuestra exigencia al Estado de que respete los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas del Cenepa, y restablezca el área de 152,873.76 hectáreas del Parque Nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor, cuya área ecológica fue recortada únicamente para favorecer intereses de la empresa minera Afrodita y de la empresa canadiense Dorato Resources Inc..
2. Exigimos al Ministerio de Energía y Minas que investigue con imparcialidad y rapidez las tres denuncias administrativas hechas por ODECOFROC contra las concesiones mineras otorgadas en la Cordillera del Cóndor, las cuales violan el artículo 71 de la Constitución Política el cual prohíbe a empresas extranjeras tener minas en zona fronteriza, y también violan el Convenio 169 de la OIT donde se establece el derecho a la consulta previa el cual sigue siendo pisoteado hasta la fecha.