Programación del informe del Perú hoy y mañana.

Programación del informe del Perú hoy y mañana.


El Gobierno tendrá que explicar hoy y mañana en Ginebra qué ocurrió en Bagua el 5 de junio y qué ha hecho para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Expresará públicamente ante el Comité de eliminación de discriminación racial de Naciones Unidas (CERD) que: “el Perú es suscriptor de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos o ambientales en general y de los derechos indígenas en particular. El más importante de ellos, el Convenio N.º 169 de la OIT”. ¿En serio? Y si es el más importante por qué no consultó los decretos legislativos el año pasado? Ratificar convenios no es igual a cumplir.

El informe del Perú está en línea y es un ejemplo más de que -en papel o en PDF- el país puede parecer respetuoso de los derechos indígenas porque ha aprobado ciertos dispositivos, pero no transparenta su no aplicación. Para muestra, sostiene que “la 11.ª política del Acuerdo Nacional constata que en el país aún subsisten diversas expresiones de discriminación e inequidad social y resalta el compromiso del Estado y de las distintas fuerzas políticas por dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades”.

Los mensajes de AGP del 28 de julio y de la primera semana de junio, y ahora el de Aurelio Pastor, no sólo no promueven ni defienden la igualdad de oportunidades sino que atacan a quienes pretendieron defender su derecho a la consulta. El ministro de Justicia defenderá al Estado peruano explicando que ‘intereses económicos’ azuzaron a la población nativa en su contra.

El caso de las minas Dorato y Afrodita en la frontera con Ecuador es muy claro acerca de cómo el Estado toma parte por las empresas y no por los derechos de las comunidades del Cenepa al entregar concesiones mineras en una zona no permitida para operaciones extranjeras. Ver una buena entrega al respecto en la revista Poder.

El premier no declaró en este tiempo sobre las cuatro mesas técnicas que han estado trabajando como parte del Grupo de Coordinación del Desarrollo de la selva, pero ayer domingo Perú.21 divulgó que Velásquez Quesquén mencionó el compromiso firmado por su antecesor, incluida la formación de una comisión que investigue los hechos del 5 de junio.

Si bien el informe escrito que presenta el Perú ante el CERD de Naciones Unidas fue redactado en enero de este año, antes de que se produjeran los hechos de Bagua, no alude a la gran cantidad de disputas entre comunidades indígenas y comunidades nativas que intentan defender sus recursos o, simplemente, que se respeten las normas en el trato con entidades estatales y empresas extranjeras.

En la página 24, dice el informe: ” es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental. En este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha implementado acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos”.
Insisto: ¿de qué sirven las normas si los ministerios no las respetan ni las hacen cumplir?

Entre las preguntas enviadas por el Comité de Naciones Unidas al Estado peruano -y que Pastor deberá responder- hay algunas interesantes como, por ejemplo, qué ha hecho para concretar los compromisos con la población Achuar afectada por la contaminación de sus aguas debido a la explotación petrolera. Asimismo, cuestiona el destino de numerosos proyectos de ley -citados en el informe enviado por el Gobierno- que permanecen en dicha condición por años, entre ellos, uno para traducir a las lenguas oficiales las normas aprobadas.

Acerca de los hechos del 5 de junio en Bagua, el Comité solicitó al Perú “información sobre las causas profundas y consecuencias del hecho desde el punto de vista del Estado parte y su progresión en los días posteriores [al 8 de junio en que el Perú envió una memoria]. Asimismo, atentamente solicita información sobre las medidas que el Estado Parte ha adoptado y/o piensa adoptar para, conjuntamente con los pueblos indígenas, superar esa situación y evitar que se vuelva a dar en un futuro”.

Y una sorpresa más: pese a que los principales representantes del actual Gobierno desprestigian el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su presentación a Naciones Unidas sí citaron datos e información procedente de dicho documento (ver la página 26). El CERD solicita información sobre qué reparaciones ha entregado el Perú a las víctimas indígenas de los 20 años de violencia.

A continuación, el informe completo de enero enviado por el Perú y luego las importantes preguntas planteadas por la ONU al Perú el 20 de junio.

Si quieren ver la procedencia de los documentos, aquí el enlace al sitio del CERD de Naciones Unidas.

Actualización de las 10 am:

Aquí la nota de prensa enviada por el Ministerio de Justicia sobre lo dicho por Pastor en Ginebra esta mañana:

Desde Ginebra, el Perú informará los avances en temas de la lucha contra la discriminación racial
Gobierno peruano garantiza el diálogo con comunidades nativas
+ Ministro de Justicia lamentó ataque narcoterrorista en Huanta.

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, reafirmó hoy desde Ginebra, Suiza, que el Gobierno peruano garantiza el funcionamiento de las mesas de trabajo que se formalizaron a través de dispositivos legales, como parte del proceso de diálogo asumido por el Gobierno con las comunidades nativas.

“Con las mesas de trabajo se busca un espacio de conversación y de comunicación para todo el tratamiento de la problemática de las comunidades nativas y de las inversiones en esa zona”, detalló.

El ministro Pastor reafirmó el respeto a los derechos de las comunidades nativas de la amazonía ratificando la labor emprendida por el Gobierno para la lucha contra la discriminación racial.

De otro lado, Pastor Valdivieso lamentó los hechos de sangre suscitados en San José de Secce, Huanta, Ayacucho, donde perecieron tres efectivos de la Policía Nacional y dos mujeres civiles abatidos en una emboscada narcoterrorista este fin de semana.

“Lamento mucho los hechos de este fin de semana. Creo que radicalismo vuelve a cobrar víctimas inocentes. Este lamentable suceso debe permitirnos hacer una reflexión mayor del tipo de país que nosotros queremos construir. Esperemos que esto no se repita y que la justicia actúe inmediatamente como corresponde”, señaló en entrevista a un medio de comunicación radial.

Comunidades nativas: prioridad en política social

Respecto a la posición que asumirá el Perú ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CRED) de Naciones Unidas (ONU), el ministro Pastor refirió que el país informará acerca de los avances que se expusieron en enero de este año sobre el respeto a los derechos de las comunidades nativas y las acciones realizadas como parte de las políticas sociales destinadas a este grupo de la población.

En aplicación de esas actividades se logró reducir la tasa de la pobreza y analfabetismo en el ámbito rural; también se brindó especial énfasis a ofrecer servicios de calidad en el tema de salud, así como a generar las condiciones para el desarrollo de capacidades que permitan a los pobladores de las comunidades amazónicas a mejorar sus condiciones de vida.

“Empezaremos esta rueda de sesiones presentando un informe que debió presentarse en el año 98. Tenemos un retraso de más de 10 años con respecto a este tema y esto nos obliga a hacer un resumen de lo que todo este tiempo el país ha avanzado en materia de lucha contra la discriminación racial. Vamos a empezar haciendo una síntesis sobre el informe que fue presentado a comienzos de este año en el avance de la legislación, reglamentos, normas, entre otros casos”, explicó.

El titular de Justicia agregó que mediante estas reuniones se demostrará ante el CRED que en el Perú en los últimos años ha habido una legislación y una práctica importante de desarrollo en favor de la lucha contra la discriminación racial, que además viene acompañada de políticas de Estado que han permitido focalizar la inversión social es grupos como las comunidades nativas.

Finalmente, consultado sobre los avances en las investigaciones de los sucesos ocurridos en Bagua, Pastor Valdivieso afirmó que el Ministerio de Justicia, como parte del Poder Ejecutivo, actúa en este caso a través de sus procuradores. “No podemos hacer más que acatar las resoluciones que se dictan. De esta manera se garantiza el respeto a la autonomía de los poderes”, concluyó.

Y la nota sobre lo mismo en Andina