Actualizado a las 21:47 pm. con declaraciones de Anaya en Lima al finalizar su misión: ver enlaces al pie.

El abogado Marco Huaco comparte la siguiente información desde Bagua
La Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), organización indígena local afiliada a Aidesep, presentó ayer ante representantes de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, una solicitud de llamamiento urgente a fin de evitar daños inminentes e irreparables a la continuidad existencial de dichos pueblos ancestrales producidos por actividades mineras inconsultas en la Cordillera del Cóndor.

En sesión especial y privada, la solicitud fue expuesta por una comitiva de seis apus que llegaron desde el lejano distrito del Cenepa para dar encuentro al Relator Especial James Anaya en la ciudad de Bagua Grande, en el marco de su visita para investigar los luctuosos sucesos ocurridos del pasado viernes 5 de junio así como los factores que los causaron.

En su solicitud, los solicitantes afirman que “no obstante los llamados a la reconciliación oficiales y el anuncio de la derogatoria de dos de los nueve decretos legislativos impugnados por la protesta indígena, los gravísimos sucesos acaecidos en Bagua desafortunadamente han reafirmado una tendencia general de creciente distanciamiento y desconfianza entre los pueblos indígenas Awajún y Wampís y el Estado que podrían originar nuevos episodios de confrontación salvo que ambas partes implementen mecanismos de diálogo basados en la buena fe e inicien un auténtico y sistemático proceso de reconciliación”. Ello, toda vez que dicha derogatoria “aún no desactiva sustancialmente las causas de la conflictividad las cuales se encuentran en una prolongada historia de violación de derechos humanos integrales de los indígenas y en un desconocimiento institucionalizado de sus derechos colectivos”.

Asimismo, denuncian al Estado peruano por incumplir sus obligaciones de proteger los territorios indígenas, de violar sus derechos a participar de las decisiones que les afecten relativas al modelo de desarrollo promovido por el Estado, así como el derecho a ser consultados de manera previa en el otorgamiento de concesiones mineras cuya explotación contaminará irreversiblemente las cabeceras de cuenca de las que dependen las comunidades Awajún y Wampís para su vida material y espiritual.

Como se recordará, en 2007 el actual Gobierno desconoció unilateralmente un acuerdo logrado entre el INRENA y los pueblos Awajún y Wampís para categorizar el Parque Nacional Ichigkat Muja, recortándolo a la mitad de su extensión con la finalidad de concesionar el área libre a favor de empresas mineras que mantienen millonarios contratos con empresas canadienses, en violación del artículo 71 de la Constitución que prohíbe a extranjeros poseer minas dentro de 50 Km. de la frontera y a pesar de que el propio Ministerio de Agricultura reconoció que “cualquier actividad que se desarrolle va a alterar el régimen hídrico de la cuenca y afectar el caudal ecológico, poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad de recursos para las partes bajas de la Cordillera” donde habitan ancestralmente estos pueblos.

Algunos enlaces acerca de la misión de Anaya en el Perú:

Denuncian traslado irregular de presos a Chachapoyas cuando relator de la ONU llegaba a Bagua

Relator ONU pide comisión investigadora sobre violencia en la Amazonía del Perú

ONU propone conformación de comisión que investigue conflicto en Bagua

La nota emitida por el Centro de información de las Naciones Unidas en el Perú