Aidesep difundió ayer un comunicado del cual los medios han destacado la invocación a desbloquear carreteras y el pedido al Gobierno de retirar las denuncias penales contra dirigentes nativos. En el texto siguiente conviene notar el pedido de que representantes de los pueblos awajún y wampis estén presentes en la comisión de diálogo que se instala hoy. En la reunión del primer ministro en San Ramón el lunes, la mayor presencia indígena fue de yaneshas, asháninkas y nomatsiguengas, pero pocos de los pueblos afectados en los hechos de Bagua el pasado 5 de junio.
A continuación, el comunicado de Aidesep, que también pide reivindicar la dignidad de los heridos y los deudos a causa de la tragedia del viernes 5.

COMUNICADO A LAS BASES DE AIDESEP Y A LA NACIÓN PERUANA

AIDESEP saluda la nueva actitud del ejecutivo y su proclamada voluntad política de resolver finalmente nuestras demandas. Saludamos el sacrificio y la firmeza de los comuneros y comuneras, comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía por el logro de estos reconocimientos.
AIDESEP acoge la decisión del Sr. Ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, al reconocer a AIDESEP como interlocutor válido de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía peruana en consideración a los artículos 6 del Convenio 169-OIT y 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, marcando así la pauta de lo que debiera ser la guía en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas en un Estado de Derecho. AIDESEP, en busca de una solución a los problemas nacionales suscitados por los decretos legislativos 1020, 1081, 1089, 994, 995, 1060, 1064 y 1090, confirma su presencia en las deliberaciones que se llevarán a cabo en el mencionado Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. En el curso de los próximos tres días AIDESEP designará y acreditará sus representantes de acuerdo con sus propios procedimientos de representación basados en su estructura descentralizada de nivel regional.
AIDESEP asume la necesidad de dar prioridad al tratamiento de las condiciones del debate, requisito necesario para abrir el diálogo en un ambiente de confianza mutua. Las propuestas que deberán debatirse en la primera sesión para llegar a acuerdos efectivos, en conformidad a lo anteriormente establecido, son esencialmente:
a. Derogatoria de los Decretos Legislativos 1090 y 1064, cuya inconstitucionalidad está ya en proceso de resolución, y dar prioridad al debate relativo al resto de los Decretos para analizar si afectan o no intereses indígenas y si, por tanto, debieron o no ser consultados para cumplir con las exigencias constitucionales.
b. Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en las regiones afectadas y cese de hostigamiento a la población comunitaria tanto por incursiones de efectivos del ejército a las comunidades como por vía de sobrevuelos a las comunidades.
c. Retiro por parte de los procuradores del Estado de las denuncias a los dirigentes regionales y nacionales cuyos procesos penales están viciados por presiones políticas y cuya resolución en jurisdicción internacional solo serviría para retrasar la solución de los problemas y para, una vez más, desprestigiar al país en estos foros. Un diálogo en el que buena parte de los dirigentes indígenas están injusta e irregularmente sometidos a procesos penales no es dable ni propicia la necesaria confianza al interior de nuestros pueblos.
d. Atención humanitaria, reivindicación de la dignidad y reparación a los heridos y deudos de todas las personas fallecidas en los hechos luctuosos del 5, 6 y 7 de Junio y atención al debido proceso de los detenidos, considerando lo que al respecto ordenan el Convenio 169-OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas así como otros textos del derecho internacional de los derechos humanos.
e. Clarificación de los hechos del día 5, 6 y 7 de Junio mediante la conformación de una Comisión de la Verdad de alta credibilidad que pueda recoger pruebas y testimonios de las causas y consecuencias de los hechos y reacciones provocadas por la intervención policial en Bagua Chica y que determine los responsables de tales acontecimientos.
f. Llamado a la retirada de las medidas de fuerza que pudieran haber sido asumidas por las bases de AIDESEP en aquellos puntos que puedan afectar el tránsito, los servicios públicos, el abastecimiento de la ciudadanía o el funcionamiento de estaciones de suministro y bombeo de combustibles.
g. Consideración de una participación especial de la representación de las organizaciones de los pueblos awajún y wampis en los debates iniciales como principales afectados por la violencia.
AIDESEP quiere dar un reconocimiento al valor de quienes han caído, han sido heridos o han sufrido detención por la defensa de sus derechos y de sus territorios o en cumplimiento de su deber de función. Nuestra condolencia y solidaridad con todas las familias de las víctimas de la decisión gubernamental. AIDESEP hace un llamado para que el recuerdo y el respeto por estos peruanos sacrificados de manera tan injusta constituya la guía que ilumine el proceso de un diálogo que siempre debió transcurrir por las vías de la interculturalidad entre sociedades diferentes pero mutuamente respetuosas y no sobre la base del desprecio, el insulto y la exclusión.
AIDESEP agradece la solidaridad del pueblo peruano a través de las organizaciones populares, indígenas y campesinas, de gremios y movimientos de estudiantes, de las instituciones de la iglesia, de las organizaciones de la sociedad civil y, en particular a los que se dedican a la defensa de los derechos humanos, de los muy nobles vecinos de Bagua y de otras ciudades involucradas en el conflicto y del periodismo responsable. Su solidaridad nos ha reconfortado en una lucha que es una lucha de todos: una lucha por la naturaleza, por la familia, por la salud y la alimentación, por los recursos del Perú y por la dignidad de la patria de todos los 28 millones de peruanos.

Lima, 16 de Junio del 2009.