Traducción del texto de The Economist publicado ayer (JFF)
Por siete semanas decenas de miles de nativos amazónicos bloquearon caminos y ríos en el oriente del Perú. Tomaron plantas hidroeléctricas y estaciones de bombeo de petróleo tratando de forzar la derogatoria de decretos que facilitaban la exploración, agricultura y actividad forestal comerciales en partes de la selva. Petroperú, la compañía estatal de petróleo, tuvo que cerrar un oleoducto que traslada 40,000 barriles diarios. Entre amenazas de racionamiento de energía en pueblos del oriente, el gobierno del presidente Alan García ordenó este mes a policías armados limpiar un tramo de la carretera y recuperar una estación de bombeo cerca de Bagua, en la selva norte del Perú.
En el subsecuente enfrentamiento en la Curva del Diablo el 5 de junio fueron asesinados al menos nueve manifestantes y once policías. Los nativos, armados con lanzas y machetes, fueron a capturar y matar una docena de policías que custodiaban la estación (nota de la traductora: en realidad un grupo de nativos estaba allí hace días reteniendo a los policías). Los dirigentes indican que al menos 40 nativos han sido asesinados y 60 más están desaparecidos, aunque estas cifras no están confirmadas.
Aunque no respaldan las violentas tácticas de Aidesep, muchos peruanos culpan a García de la violencia. El Comercio, el principal diario tradicional, hizo eco de las invocaciones de la oposición a la salida de Yehude Simon, primer ministro, y la ministra del Interior por meter la pata en la controversia. El gobierno es ampliamente condenado por no haber consultado correctamente unos 99 decretos que aprobó hace un año, usando poderes legislativos delegados por el Congreso. Tales decretos estaban ostensiblemente diseñados para acelerar la implementación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero el comercio tenía poco que ver con las nuevas reglas a las que se opone Aidesep.
Luego de una primera ola de protestas de Aidesep en agosto pasado, el Congreso peruano derogó dos decretos que habrían hecho más fácil que se vendieran las tierras de comunidades nativas y campesinas. Pero los líderes del Congreso no cumplieron con su promesa de revisar otros ocho decretos (nota de la traductora: en realidad la comisión parlamentaria sí los estudió y revisó y emitió su informe en diciembre, pero no pasó nada más), generando que se renovaran las protestas en abril. Estas normas incluyen medidas que permiten el desarrollo de tierras ‘improductivas’ en la selva. El reciente bloqueo del partido aprista de García en el intento de derogar una de las ocho normas, la ley forestal y de fauna, desató la violencia. Sin embargo, el 10 de junio el Congreso votó por suspender temporalmente dos de los decretos.
García argumenta que los nativos no deben bloquear las inversiones en petróleo y gas y espera que el país se convierta en exportador de petróleo, beneficiando a todos los peruanos. Aidesep considera que los decretos no tienen la menor consideración sobre los derechos de propiedad de los nativos. Perú tiene unas 70 millones de hectáreas (173 millones de acres) de bosque tropical —el más amplio espacio en la cuenca Amazónica aparte de Brasil. Un 70% de la selva ahora está concesionado u ofrecido a compañías de exploración de petróleo y gas, en gran medida por el gobierno de García. Compañías petroleras extranjeras, incluida la española Repsol, y docenas de otros emprendimientos más pequeños, operan muchas de estas concesiones.
Gran parte de esta tierra es reclamada ya sea como propiedad comunal por las poblaciones nativas o como propiedad privada. Un área fuertemente disputada es el Lote 67, una concesión en Loreto en la selva norte. Perenco, una compañía anglo-francesa, planea invertir más de $2 billion hasta el 2013 para extraer 100,000 barriles de crudo por día. Este lote se superpone con un area destinada a ser reserva de una de las poblaciones nativas aisladas (no contactadas) del mundo moderno.
AIDESEP critica que los gobiernos han sido lentos en otorgar y reconocer territorios nativos y entregar títulos de propiedad pero que rápidamente han concedido concesiones a compañías petroleras y forestales. Esto les ha generado desconfianza y resentimiento. Unos 330,000 habitantes, agrupados en unos 60 diferentes tribus nativas (nota de la traductora: ‘naciones’ dirían ellos mismo en vez de tribus) viven en la selva peruana (un 10% de la población total del país). Muchos no se han sumado a las protestas. La mayoría carecen de escuelas y puestos de salud apropados. Más de la mitad de la población de la selva norte es pobre, comparado con el promedio nacional de 36% (de pobres).
Perú ha sido testigo de muchos conflictos entre compañías extranjeras mineras y petroleras y población local, que se quejan del daño ambiental y/o la falta de beneficios tangibles de dichas inversiones. Los conflictos a menudo se resuelven sólo después de protestas, y muchas veces son sangrientas.
Aidesep indica que de acuerdo a la declaración de Naciones Unidas sobre población indigena, por la cual el Perú votó, sus grupos tienen el derecho de ejercer control sobre las tierras tradicionales y sus recursos. El problema para el Perú es que no hay un acuerdo sobre cómo aplicar tales derechos o cómo nivelarlos con los intereses del resto de la población. Por la fuerza no es la respuesta. En vez de vociferar, García debería ofrecer al Perú una consulta apropiada y un vigoroso debate sobre estos asuntos.

El texto original en inglés