Hace tres semanas la Defensoría del Pueblo (DP) se enteró de la crítica situación presupuestal que impedirá continuar el trabajo del Registro de Víctimas de la Violencia, la lista de las personas que tienen derecho a recibir una reparación del Estado debido a la desprotección sufrida entre 1980-2000. Anteayer, la titular de la DP envió un oficio al premier Yehude Simon expresando su preocupación porque se pone en riesgo la “culminación de las tareas de registro” y significaría un “grave retroceso en la implementación del PIR”.
A continuación, el facsimilar de la comunicación dirigida a Simon, quien a su vez tendría que hacer la solicitud al ministro de Economía, Luis Carranza.

Vale la pena tener en cuenta que los ministerios -como la PCM- no siempre utilizan todos los fondos de los cuales disponen y, a veces, pueden transferirlos de una a otra dependencia de la misma cartera. Dicho esto de manera simple, si el titular de Economía demora en pronunciarse o en facilitar el presupuesto necesario, Simon puede autorizar a su jefe de Administración que revise los fondos no utilizados por entidades que operan con dinero de la PCM y los destine al Consejo de Reparaciones, entidad encargada de realizar el Registro de Víctimas.