USB proporcionado por Yanacocha, cuyo contenido no fue posible abrir, descansa sobre texto de hoy del diario Gestión.
El paro de hoy en Cajamarca, las declaraciones de ayer del premier Salomón Lerner y del funcionario de la PCM Víctor Caballero, y la postura de representantes de la minera Newmont y sus asesores externos de comunicación son un round más en el debate y tensión sobre la inversión de industrias extractivas en el Perú.
Hemos vuelto a escuchar a funcionarios de la minera calificando de “manipuladores, políticos y sin criterio técnico” a quienes cuestionan el proyecto Conga. Y, también, escuchamos a activistas y líderes con cargos de representación política que rechazan el proyecto debido a los impactos de la minería.
Cada parte, como siempre, se ubica en el extremo opuesto, y en días como éste, de paro en Cajamarca, la dinámica básica de las comunicaciones consiste en que un sector ataca al otro y viceversa.
El vocero de comunicaciones de Newmont, Roberto del Aguila, dijo esta mañana en una entrevista con este blog y La Mula, que la empresa acepta que el gobierno revise el estudio de impacto ambiental (EIA). “No queremos paralizar un día, queremos favorecer a Cajamarca; si hay que corregir algo, se corregirá”.
Un asesor legal de la minera, Luis Miguel Pigati, se refirió a otra cuestión si el gobierno determinaba que paralizaran operaciones mientras ocurriera la revisión del EIA: “¿qué hacemos con las siete mil personas que están trabajando ya?”. Sin embargo, el abogado aludió a trabajos de canaletas o pequeños movimientos de tierra.
Pigati informó que la operación Conga ha gestionado ya permisos para dos de cuatro reservorios (o cinco, añadió en un momento) y aún requiere tramitar otros dos, el de concesión de beneficio y el de plan de minado; pero no empieza aún la construcción de ninguno. El abogado se ofusca ante las críticas de quienes “ni siquiera han abierto el estudio de impacto ambiental”. Los reservorios deben servir para asegurar la provisión de agua en los meses de seca debido a que la operación se localiza en una cabecera de cuenca, es decir, en una zona alta que capta aguas de lluvia y en la que resultan afectados directa e indirectamente 31 comunidades.
Según Dow Jones, el pasado jueves, Yanacocha decidió suspender sus operaciones en Conga debido a las protestas locales. Entonces, ¿por qué dicen que no quieren paralizar? De acuerdo a la misma información, el proyecto requiere una inversión de entre 4 mil millones a 4.8 mil millones de dólares, debe comenzar en 2015 y durante los primeros cinco años producirá de 580 mil a 680 mil onzas de oro y de 155 a 235 millones de onzas de cobre.
A nombre de Yanacocha-Newmont, los voceros indican que el proyecto Conga es conforme a ley, que han entregado todos los documentos, que su EIA ha sido hecho por prestigiosas compañías, que su ex funcionario de recursos humanos no fue quien aprobó el EIA al entrar a trabajar al Ministerio de Energía y Minas sino otra empleada. Pero, recordemos, cuánto papel y cuánto trámite aceptó el gobierno de Alan García, saltándose normas constitucionales y el sentido común, con el fin de promover la inversión en industrias extractivas. La empresa no ha comprendido aún que tiene una historia de pasivos ambientales y de prácticas irregulares de seguridad en Cajamarca y que es comprensible si no tiene credibilidad.
Cuando se les recordó del acuerdo secreto que firmaron con Sedacaj, la entidad responsable del agua en Cajamarca, respondieron que no era secreto, que cualquiera podía pedirlo (claro, siempre y cuando alguien supiera que existía tal convenio). Cuando se les recordó que han quitado agua a comuneros que tenían acceso al líquido y que ahora tienen que comprarla a precios caros y traerla en movilidad, respondieron que con cada parte han ido negociando sobre el tema. Del Águila incluso preguntó qué casos son aquellos. Me pareció un poco insultante la pregunta.
Por si alguien más no tuvo antes información sobre el problema de agua causado por Yanacocha en Cajamarca, aquí un texto de Servindi con varios datos puntuales. Un documental titulado ‘Una vida sin agua’ ha sido retirado de Vimeo, y mostraba casos sobre el mismo tema. Sin embargo, una nota en inglés acerca del autor del documental rescata el trabajo realizado con muestras de agua en la zona de operaciones de Yanacocha.
Síntesis 1: la historia reciente de Yanacocha-Newmont acerca de su relación con las comunidades, en cuando a seguridad y medio ambiente los coloca en la situación que enfrentan hoy: es decir, sus opositores tienen argumentos. Vale recordar que la empresa no reconoce totalmente su responsabilidad por las secuelas del derrame de mercurio en Choropampa o logró arreglos extrajudiciales no proporcionales a la dimensión de la afectación. En cuando a seguridad, un informe del año 2009 evidenció las prácticas ilegales e irregulares de personal de Forza y también de policías remunerados por la empresa, especialmente por lo ocurrido en Combayo. Cuando en 2010 solicité una entrevista para indagar qué prácticas de seguridad habían cambiado a raíz de esa evaluación y las recomendaciones, la empresa se negó a responder sobre el tema.
Síntesis 2: Hace minutos, el periodista Juan Carlos Tafur sostuvo que si fuera él el inversionista de Conga, preferiría dilatar el inicio de operaciones con tal de haber respondido todas las dudas y alcanzar todos los acuerdos necesarios. Eso sería lo más recomendable, pero como se trata de Newmont es raro que ocurra así. Si bien el gobierno actual de Ollanta Humala -con el premier-empresario Salomón Lerner y el ministro-empresario Caillaux- mantiene una posición pro empresarial, ha sido momento de los actores políticos cajamarquinos de presionar para presionar por más garantías o más fondos. Es lo que ha ocurrido en los últimos años en casi cada lugar a donde ha llegado la inversión extranjera con el discurso (anterior) del perro del hortelano y donde sólo la confrontación permitía a las comunidades obtener algo a cambio de su agua o sus territorios. Las leyes ni el Estado han asegurado hasta el momento, proporcionalidad y equidad en las negociaciones entre empresas y comunidades. Es aún un acertijo si la ley de consulta previa permitirá otro rumbo en adelante.
Aquí el blog del proyecto Conga
Aquí un pronunciamiento de una red de ONG que cuestionan aspectos técnicos del EIA.
