Foto del periodista José Flores del diario Ahora y radio La Voz de Utcubamba, 5 de junio.

Foto del periodista José Flores del diario Ahora y la Voz de Utcubamba, 5 de junio.

La segunda parte de la intervención del Perú en el Comité de Eliminación de la Discriminación de la ONU revela que aún no hay lecciones aprendidas ni reconocimiento de responsabilidades. A dos meses de la tragedia de Bagua, el ministro de Justicia pidió reparación por el daño hecho a la imagen del Perú que afectará las inversiones extranjeras. No mencionó si habrá reparación para los heridos por las fuerzas del orden que no intervinieron en las protestas de Bagua. No hubo tampoco señalamiento de responsabilidad política.

Diogenes Ampam, miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), awajún que participa en una de las cuatro mesas técnicas instaladas por el gobierno tras la derogatoria de dos decretos legislativos, desmintió afirmaciones del Gobierno sobre los awajún y los wampís a una audiencia que llenó el Vértice del Museo de la Nación al caer la tarde ayer.

“¿De dónde nos dicen que hemos estado armados? He conversado con los hermanos detenidos en Chachapoyas. Tenemos aún ocho inocentes detenidos. Les hicieron firmar una declaración, pusieron lo que ellos no han dicho, no tenían intérprete ni abogado. Les pregunté ‘tú has dicho esto?’ Y respondían que no. Los indígenas vinieron [a la carretera] con palo y lanza”, explicó Ampam.

“No soy dirigente, soy del equipo técnico de Odecofroc en la mesa cuatro, quisiera precisar”, aclaró durante la presentación del libro Anuario Indígena 2009, en una improvisada intervención pues anunciaron la llegada de Daisy Zapata, presidenta de Aidesep.

“Quiero comentarles que desde el 2008 la provincia de Condorcanqui e Imaza ha venido haciendo escuchar su voz. De 107 decretos legislativos, nueve eran lesivos a los derechos indígenas. Cuando vamos a sacar recursos de la tierra, se los pedimos, conversamos con ella. Con el pretexto del TLC violaron esto sin consulta, para la entrada de la minería”, recordó el representante awajún.

“Los costeños dirán:´están locos los awajún que de la noche a la mañana toman carreteras’. Pero si van a ver los archivos de los ministerios, hay paquetes de planteamientos y oficios que los awajún hemos enviado desde el año pasado, exigiendo o sugiriendo mejoramientos en salud, en educación, en desarrollo sostenible”, añadió.

“Desde el 9 de abril [que empezó el paro amazónico] hasta el 5 de junio, 57 días, awajún y wampis demostraron que no estaban aliados a la violencia. El 4 de junio estuve en el Congreso, ustedes ya conocen cómo fue la película [ese día Javier Velásquez Quesquén postergó nuevamente la votación por la derogatoria de los decretos], pero después del desayuno del día 5 a las 8 am [los manifestantes] iban a regresar. Muchas informaciones han llegado tergiversadas”, sostuvo.

“En la madrugada, la policía ha cercado a los awajún [en la Curva del Diablo], pese a que habían conversado con los responsables directos de Dinoes. Nosotros sabemos con exactitud que si no había orden [de Lima], la policía no iba a intervenir”, señaló.

Ampam también recordó que, el 2 de julio, el ex premier Yehude Simon aceptó que cesaría la persecución contra los dirigentes de las organizaciones amazónicas, pero tal cosa no ha ocurrido hasta ahora.

“El buen aprista en la ONU acaba de acusarnos que somos los responsables de las muertes de 34 personas: policías y civiles. Pero, hermanos -costeños, andinos y amazónicos- lleven este mensaje. Nos tildaron de que somos personas de segunda categoría -de segundo nivel-, que somos el perro del hortelano, que estamos haciendo conspiración internacional, que recibimos financiamiento de Evo Morales o de Chávez. Eso dicen los periódicos: eso es un invento del régimen actual”.

El asesor de Odecofroc además hizo notar las acciones del Gobierno para partir la ya debilitada Aidesep, con el nombramiento de otra dirigencia. Reiteró que la presidenta es Zapata.

Por último, ya no dirigiéndose al publico, sino a un grupo de periodistas nos acercamos, informó que mañana hay una audiencia en Chachapoyas por los detenidos de Huancas. Un colega le preguntó sobre los desaparecidos. Ampam dijo que hay mujeres que podrían hablar de ello, “pero no se lo dirán a los periodistas limeñitos -ustedes disculparán, pero es así- que no dicen las versiones completas y cortan lo que las personas dicen”.

Pueblos awajún y wampis demandan acción urgente del CERD de Naciones Unidas contra el Estado peruano, debido al racismo y discriminación y especialmente por la concesión minera otorgada sin previa consulta y en el Parque Nacional Ichigkat Muja, reserva de biodiversidad mundial.

La abogada Mar Pérez -de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- estuvo en la misma sala que el ministro Pastor y ofrece una visión complementaria e importante. Refiere que las exposiciones “se redujeron a una enumeración superficial de normas que supuestamente supondrían un avance en la materia. El ministro tuvo la intrepidez de mencionar el Plan Nacional de Derechos Humanos, abandonado y olvidado por este gobierno, como una de las políticas implementadas por el estado contra el racismo”.
El texto completo en el blog de la CNDH

Aquí el video colgado por el Ministerio de Justicia y su silenciosa nota de prensa.

pastorginebra
El ministro de Justicia declaró en Ginebra que los policías que llegaron el 5 de junio a desalojar la carretera -en la Curva del Diablo- “fueron recibidos con balas, con armas de fuego conseguidas tras haber asaltado un puesto policial. Eass armas fueron utilizadas para matar a los miembros de la policía”. Su afirmación seguirá generando mayor distancia con la población amazónica. Hay pruebas y testimonios de que quienes iniciaron el ataque esa madrugada fueron los policías desde los helicópteros, con las bombas lacrimógenas.

Hay pruebas y testimonios también de que los generales que estuvieron todos esos días en la carretera Fernando Belaúnde sabían al caer el jueves 4 que los manifestantes habían aceptado desalojarla al día siguiente. Tenían que buscar movilidad y organizarse pues eran casi tres mil personas.

Es cierto que posteriormente -en una colina donde se vio al mayor Bazán- un grupo de manifestantes les quitaron las armas a los efectivos y con ellas dispararon en ese momento, luego de ver el enfrentamiento en la Curva del Diablo.

Pastor dijo también ante el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de Naciones Unidas que los nativos fueron instigados por personas extrañas y que tal cosa ha quedado demostrada. Agregó: “presiones externas a las propias organizaciones indígenas hicieron que Pizango abandonara la mesa de diálogo”.

Otro aspecto preocupante de las declaraciones de Pastor es su posición acerca de la comisión para investigar los hechos del 5 de junio. “Vamos a investigar utilizando los mecanismos que la democracia nos obliga: tenemos un estado de Derecho donde hay poderes con automonía que tienen que respetarse. El poder Judicial tiene autonomía. El poder político no puede interferir en el Poder Judicial. Por tanto no entendemos a quienes piden a los políticos que interfieran con el poder Judicial, sería desconocer nuestro propio ordenamiento, nuestra propia Constitución”.

“Ha habido una motivación sin duda, hemos identificado a algunos de los que han motivado estos hechos, hay una investigación en sede judicial y no vamos a interferir políticamente”, señaló.

Ojalá ello no contradiga las declaraciones del ministro Velasquez Quesquén, quien aceptó que una comisión independiente se encargue de dicha pesquisa, sugerida por el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya.

El video con parte de la intervención de Pastor está disponible en la web del Ministerio de Justicia
Actualización de martes 11 am aquí el video

Ejecutivo no muestra interés en investigar hechos de Bagua: Carlos Navas se refiere a la demora del Ejecutivo en responder a la terna propuesta para la comisión.

Programación del informe del Perú hoy y mañana.

Programación del informe del Perú hoy y mañana.


El Gobierno tendrá que explicar hoy y mañana en Ginebra qué ocurrió en Bagua el 5 de junio y qué ha hecho para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Expresará públicamente ante el Comité de eliminación de discriminación racial de Naciones Unidas (CERD) que: “el Perú es suscriptor de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos o ambientales en general y de los derechos indígenas en particular. El más importante de ellos, el Convenio N.º 169 de la OIT”. ¿En serio? Y si es el más importante por qué no consultó los decretos legislativos el año pasado? Ratificar convenios no es igual a cumplir.

El informe del Perú está en línea y es un ejemplo más de que -en papel o en PDF- el país puede parecer respetuoso de los derechos indígenas porque ha aprobado ciertos dispositivos, pero no transparenta su no aplicación. Para muestra, sostiene que “la 11.ª política del Acuerdo Nacional constata que en el país aún subsisten diversas expresiones de discriminación e inequidad social y resalta el compromiso del Estado y de las distintas fuerzas políticas por dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades”.

Los mensajes de AGP del 28 de julio y de la primera semana de junio, y ahora el de Aurelio Pastor, no sólo no promueven ni defienden la igualdad de oportunidades sino que atacan a quienes pretendieron defender su derecho a la consulta. El ministro de Justicia defenderá al Estado peruano explicando que ‘intereses económicos’ azuzaron a la población nativa en su contra.

El caso de las minas Dorato y Afrodita en la frontera con Ecuador es muy claro acerca de cómo el Estado toma parte por las empresas y no por los derechos de las comunidades del Cenepa al entregar concesiones mineras en una zona no permitida para operaciones extranjeras. Ver una buena entrega al respecto en la revista Poder.

El premier no declaró en este tiempo sobre las cuatro mesas técnicas que han estado trabajando como parte del Grupo de Coordinación del Desarrollo de la selva, pero ayer domingo Perú.21 divulgó que Velásquez Quesquén mencionó el compromiso firmado por su antecesor, incluida la formación de una comisión que investigue los hechos del 5 de junio.

Si bien el informe escrito que presenta el Perú ante el CERD de Naciones Unidas fue redactado en enero de este año, antes de que se produjeran los hechos de Bagua, no alude a la gran cantidad de disputas entre comunidades indígenas y comunidades nativas que intentan defender sus recursos o, simplemente, que se respeten las normas en el trato con entidades estatales y empresas extranjeras.

En la página 24, dice el informe: ” es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental. En este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha implementado acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos”.
Insisto: ¿de qué sirven las normas si los ministerios no las respetan ni las hacen cumplir?

Entre las preguntas enviadas por el Comité de Naciones Unidas al Estado peruano -y que Pastor deberá responder- hay algunas interesantes como, por ejemplo, qué ha hecho para concretar los compromisos con la población Achuar afectada por la contaminación de sus aguas debido a la explotación petrolera. Asimismo, cuestiona el destino de numerosos proyectos de ley -citados en el informe enviado por el Gobierno- que permanecen en dicha condición por años, entre ellos, uno para traducir a las lenguas oficiales las normas aprobadas.

Acerca de los hechos del 5 de junio en Bagua, el Comité solicitó al Perú “información sobre las causas profundas y consecuencias del hecho desde el punto de vista del Estado parte y su progresión en los días posteriores [al 8 de junio en que el Perú envió una memoria]. Asimismo, atentamente solicita información sobre las medidas que el Estado Parte ha adoptado y/o piensa adoptar para, conjuntamente con los pueblos indígenas, superar esa situación y evitar que se vuelva a dar en un futuro”.

Y una sorpresa más: pese a que los principales representantes del actual Gobierno desprestigian el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su presentación a Naciones Unidas sí citaron datos e información procedente de dicho documento (ver la página 26). El CERD solicita información sobre qué reparaciones ha entregado el Perú a las víctimas indígenas de los 20 años de violencia.

A continuación, el informe completo de enero enviado por el Perú y luego las importantes preguntas planteadas por la ONU al Perú el 20 de junio.

Si quieren ver la procedencia de los documentos, aquí el enlace al sitio del CERD de Naciones Unidas.

Actualización de las 10 am:

Aquí la nota de prensa enviada por el Ministerio de Justicia sobre lo dicho por Pastor en Ginebra esta mañana:

Desde Ginebra, el Perú informará los avances en temas de la lucha contra la discriminación racial
Gobierno peruano garantiza el diálogo con comunidades nativas
+ Ministro de Justicia lamentó ataque narcoterrorista en Huanta.

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, reafirmó hoy desde Ginebra, Suiza, que el Gobierno peruano garantiza el funcionamiento de las mesas de trabajo que se formalizaron a través de dispositivos legales, como parte del proceso de diálogo asumido por el Gobierno con las comunidades nativas.

“Con las mesas de trabajo se busca un espacio de conversación y de comunicación para todo el tratamiento de la problemática de las comunidades nativas y de las inversiones en esa zona”, detalló.

El ministro Pastor reafirmó el respeto a los derechos de las comunidades nativas de la amazonía ratificando la labor emprendida por el Gobierno para la lucha contra la discriminación racial.

De otro lado, Pastor Valdivieso lamentó los hechos de sangre suscitados en San José de Secce, Huanta, Ayacucho, donde perecieron tres efectivos de la Policía Nacional y dos mujeres civiles abatidos en una emboscada narcoterrorista este fin de semana.

“Lamento mucho los hechos de este fin de semana. Creo que radicalismo vuelve a cobrar víctimas inocentes. Este lamentable suceso debe permitirnos hacer una reflexión mayor del tipo de país que nosotros queremos construir. Esperemos que esto no se repita y que la justicia actúe inmediatamente como corresponde”, señaló en entrevista a un medio de comunicación radial.

Comunidades nativas: prioridad en política social

Respecto a la posición que asumirá el Perú ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CRED) de Naciones Unidas (ONU), el ministro Pastor refirió que el país informará acerca de los avances que se expusieron en enero de este año sobre el respeto a los derechos de las comunidades nativas y las acciones realizadas como parte de las políticas sociales destinadas a este grupo de la población.

En aplicación de esas actividades se logró reducir la tasa de la pobreza y analfabetismo en el ámbito rural; también se brindó especial énfasis a ofrecer servicios de calidad en el tema de salud, así como a generar las condiciones para el desarrollo de capacidades que permitan a los pobladores de las comunidades amazónicas a mejorar sus condiciones de vida.

“Empezaremos esta rueda de sesiones presentando un informe que debió presentarse en el año 98. Tenemos un retraso de más de 10 años con respecto a este tema y esto nos obliga a hacer un resumen de lo que todo este tiempo el país ha avanzado en materia de lucha contra la discriminación racial. Vamos a empezar haciendo una síntesis sobre el informe que fue presentado a comienzos de este año en el avance de la legislación, reglamentos, normas, entre otros casos”, explicó.

El titular de Justicia agregó que mediante estas reuniones se demostrará ante el CRED que en el Perú en los últimos años ha habido una legislación y una práctica importante de desarrollo en favor de la lucha contra la discriminación racial, que además viene acompañada de políticas de Estado que han permitido focalizar la inversión social es grupos como las comunidades nativas.

Finalmente, consultado sobre los avances en las investigaciones de los sucesos ocurridos en Bagua, Pastor Valdivieso afirmó que el Ministerio de Justicia, como parte del Poder Ejecutivo, actúa en este caso a través de sus procuradores. “No podemos hacer más que acatar las resoluciones que se dictan. De esta manera se garantiza el respeto a la autonomía de los poderes”, concluyó.

Y la nota sobre lo mismo en Andina

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