Momento del enfrentamiento el 5 de junio de 2009. (Foto cortesía Radio La Voz)

Hemos recordado constantemente lo ocurrido el 5 de junio del 2009 pero ahora más. Mientras en la selva norte realizan vigilias y esperan al sábado para expresar respeto y condolencia por las 31 víctimas de Bagua, algunos capitalinos verificamos que casi nada ha cambiado en un año. Esta es la primera de dos entregas para comparar la posición del Gobierno durante la crisis del año pasado y la posición actual acerca de la gestión de los recursos naturales y la relación con actores sociales indígenas y nativos.
El único logro parcial, la aprobación en el Congreso de la Ley de Consulta Previa, requiere aún la promulgación por parte del Ejecutivo y luego la elaboración del reglamento para que la norma pueda aplicarse. Es por ello que -como sostiene el abogado Manuel Pulgar Vidal- Perupetro querrá ‘correr’ con el roadshow de lotes petroleros pendientes, para ‘colocarlos’ antes de que se pueda ejecutar la consulta.
A continuación, la transcripción de la primera parte de la conferencia de prensa que dio parte del gabinete ministerial el 11 de junio del 2009 a la prensa extranjera acreditada en el Perú. Estuvieron presentes el primer ministro, Yehude Simon; el ministro de Ambiente, Antonio Brack Egg; la ministra de Justicia, Rosario Fernández; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el ministro de Agricultura, Carlos Leyton. La cita fue en la Presidencia del Consejo de Ministros, en Miraflores. En las próximas horas colocaré el resto.
Es un día importante para nuestro país y para quienes quisiéramos que los derechos sean iguales para todos, siempre.
(Gracias a quienes vuelven a este blog hoy, pese a que ha estado desactualizado varios meses).

Premier Yehude Simon:
Me molesta muchísimo, y nos molesta a todos los que somos parte del Gabinete que se hable de genocidio… Ustedes viven en el país, hacen el seguimiento y saben perfectamente que en esta desgracia que atendemos por los policías, por la labor de los policías y en el lado de los nativos, ha habido 55 días de espera, ha habido diálogo constante con unos y con otros, y se llegó a extremos de toma de carreteras, de toma de estaciones de petróleo y peligro del gas, que ponían en peligro la propia economía del país y que ponían en peligro la vida de la gente de San Martín, de Iquitos y de Ucayali.

Yo no sé qué pasaría en sus países si sucede una cosa así, pero les puedo asegurar que en nuestro país, en el Perú -por lo menos este Gabinete y el presidente García- no cayeron en la provocación de quienes querían que se actúe en lo inmediato sin considerar que sí se podían producir muertes, y esperamos y agotamos todos los esfuerzos para que se entienda que el gobierno sí tiene particular interés en ir resolviendo los problemas de los nativos, no solamente en función de los decretos, sino en función de ver la Amazonía a corto, mediano y largo plazo.

Ha habido una serie de organizaciones y una serie de prensa que hablan de 300, de 200 muertos, de fosas comunes, en función a un deseo de desinformarlos a ustedes y con una serie de afirmaciones absolutamente falsas y que ha producido que en nuestros e-mails reboten constantemente pedidos de gente de Europa, de muy buena voluntad, no tengo ninguna duda, yo sí creo que en Europa y en Estados Unidos hay gente que, sorprendida por las noticias, inmediatamente pedían que se suspenda el estado de emergencia y el asesinato y genocidio de nativos. Entonces, evidentemente yo digo algo está fallando, no se está informando como se debe informar. Eso en principio. Yo les rogaría poderlos llevar incluso a ustedes, si es posible les ponemos el avión de la PCM o de la Presidencia de la República, o de los helicópteros que ustedes necesitan, para poder llevarlos a todos los lugares donde se produjeron estos hechos, y para ver si encontramos cadáveres, o fosas comunes o desaparecidos.

De acuerdo, si hubiera más muertos, la iglesia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo nos dirían donde están esos más muertos. Nosotros no negamos la verdad. Hasta la fecha hemos informado tal y conforme Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la propia iglesia nos ha informado. Entonces, por tanto, es un pecado hablar de un gobierno genocida. En lo personal, por historia y por formación, jamás formaría parte de un gobierno genocida.

Yo creo que el gobierno del presidente García está haciendo todos los esfuerzos para poder llevar a buen pie (sic) este problema, que pudo comenzar, y lo reconocemos, con una absoluta falta de información, producto de los congresistas que representan a esas comunidades, de tal o cual organización, del partido democrático. O nosotros, los funcionarios, no supimos entender que en función a las diversas etnias no hubo una comunicación cómo debía ser, y dejamos todo en manos de los propios nativos, de sus propios dirigentes, teniendo fe de que se hablaba con la verdad, y sin entender los niveles de politización que también existen en estos dirigentes. Se ha dicho hasta la saciedad que esta ley no le quita el agua a los nativos, y sin embargo durante meses y meses se le decía a los nativos que se le iba a quitar el agua. Se ha dicho que ellos tienen su propiedad y se reconoce su propiedad, y se les dijo durante meses y meses que se les iba a quitar sus tierras.

Para un nativo amazónico, incluso para un campesino, decirle que le van a quitar las tierras es como decirle le vamos a quitar la vida. Entonces, qué interés había en engañar tanto a estos hermanos diciéndole que le van a quitar la tierra y el agua, yo lo digo con todas sus letras, creo que hay un interés, y todavía persiste un interés en golpear la democracia en el Perú y presentar la imagen de un presidente que ganando democráticamente las elecciones tenía interés en mancharse las manos de sangre. Y no vieron que el interés del gobierno es el desarrollo del Perú, es tratar que estos hermanos nativos tengan las mismas ventajas que tenemos nosotros los que vivimos en las grandes ciudades. Es decir, una educación bilingüe, salud, territorialidad, títulos de propiedad, que es lo que estamos trabajando.

Eso entonces en primer lugar, y creo que era lo más importante que tenía que decirles porque es evidente que ustedes son gente seria, que busca la verdad, creemos en efecto que buscan la verdad, y nos tienen que ayudar a esa verdad, no nuestra verdad ni la verdad de los otros, sino a la verdad. Estamos a disposición de poder escucharlos, y lo reitero: si ustedes están a la disposición y quieren ir a los lugares donde supuestamente hay matanzas de nativos, donde hay fosas comunes, donde hay cadáveres aventados al río, como se dijo en algún medio de Europa, que encontraban cadáveres varados en el río Marañón y cuando fueron no encontraron nada. O cuando el sacerdote dijo que había una fosa común y fue la Fiscalía, fueron todos a ver, y no había nada. Entonces entendimos que había un deseo de desinformación y que rebotaba con mucha fuerza en países tan sensibles como los países europeos. Yo conozco Europa. Sé que si en Europa se tala un árbol, la gente sufre por la tala de un árbol, bueno téngalo ustedes por seguro que en el caso nuestro, talar un árbol, matar un animal y, peor aún, asesinar a una persona, tiene las mismas repercusiones para nosotros como la tiene para ustedes. No sé si alguna ministra o pasamos directamente a las preguntas.

Lucien Chauvin, periodista de la revista Time:

Ministro, siguiendo a lo que usted acaba de decir, puede explicar, el pasado jueves o viernes, quién dio la orden de despejar la carretera y el oleoducto, y las razones por las que han decidido hacerlo el viernes pasado y no los 54 días anteriores.

Yehude Simon:

Correcto. Primero, ¿por qué no los 54 días anteriores? Porque sabíamos que había todo un movimiento y teníamos la fe de que en la mesa de diálogo íbamos a resolver los problemas. Está grabado, yo le decía al señor Pizango y a los hermanos nativos que nos digan cuáles son los artículos de las leyes que los afectaban, y estaba la disposición, porque lo había conversado con el presidente, de anular todos estos artículos que les afecten a ellos.

Ellos nos pidieron una mesa con técnicos, le pusimos los técnicos, y fuimos conversando hasta que instalamos la mesa, día lunes y día martes. El día martes, instalada la mesa, comenzaban a discutir los decretos, la dirigencia de Aidesep nos pidió suspender el debate hasta cinco días después, o sea hasta el día lunes, dialogamos lunes y martes, suspendimos ese martes hasta el siguiente lunes, y el día siguiente, el miércoles, apareció el señor Pizango, perdón, el día jueves el señor Pizango envió una carta al Congreso de la República diciendo que no iban a discutir los decretos y que no aceptaba que se discutan en la mesa de diálogo. Era un primer rompimiento a un compromiso que él había firmado. Pero ahí no queda todo. Lo siguiente es que participa en la Cumbre de los Pueblos, en Puno, y ahí hay un mensaje bastante duro de revolución y de solventar (sic) los pueblos contra los decretos e ir en marcha hacia Lima. Eso por un lado, 52 días esperando sucede eso.

Pero además a esto se suma otra cosa que me parecía peligrosa, la población de San Martín, la población de Yurimaguas y de Ucayali comenzaban a tener problemas, primero energéticos, energéticos, de alimentos, la estación 5 y 6, que era de Petroperú, que había dejado de bombear petróleo y que tenía pérdidas bárbaras, económicas para el país, se veía amenazada ahora con la toma del gasoducto, en la zona de Cusco, e incluso se estaba perforando, se estaba llegando a la válvula, que podía poner en peligro toda la energía ya no solamente para San Martín e Iquitos, sino para todo el país. Entonces el gobierno decidió tomar lo que dice la Constitución, poner orden, la toma de carreteras no es una protesta pacífica, es lo primero que hay que defender, la toma de carreteras es una posición violenta porque impide el pasaje de pasajeros, de alimentos.

Yo no sé cuánto podría soportar un país europeo una toma de carreteras, esa es la pregunta que me hago. La toma de estaciones de petróleo, todo eso había que preguntar. No lo digo por ustedes, lo digo por la gente que reclama que no ataquen a los indígenas. Entonces la decisión fue tomada y se dio la orden de diálogo a la policía. Fíjense, esas zonas estaban en emergencia y el Ejército no hizo ninguna medida de fuerza. Porque la orden era solamente cuiden los lugares estratégicos y las riquezas estratégicas del país. Por eso es que en 55 días no hubo nada. La orden fue diálogo e invitar a los hermanos nativos a que se retiren de la carretera. Uno.

Dos: que el Gobierno Regional de San Martín, que había hecho un buen trabajo, nos trajo a los apus de esa región y nos dijeron que ellos iban a presentar la inconstitucionalidad de los decretos, siguiendo lo que ordena la Constitución, de manera pacífica y, en efecto, el mismo presidente, tanto de San Martín como de Ucayali, se encargaron de buscar firmas y dieron todas las garantías de ir al Tribunal Constitucional y reclamar por la inconstitucionalidad, y nos trajo a los apus awajún de San Martín, y con ellos llegamos a acuerdos interesantes. Entonces, ya otra gente estaba bloqueando la carretera de Tarapoto con Yurimaguas. Eso fue.

Los policías no hicieron uso de sus armas. Los policías, en el caso de los primeros fallecidos, la policía fue a la parte de arriba, fueron en dos bloques, en un momento uno de ellos se separó, fueron rodeados y asesinados. Allí es donde se produce el enfrentamiento y ahí mueren cuatro o cinco policías y mueren tres civiles o cuatro civiles. En la estación 6, donde se produce la masacre de nueve policías, el comandante tenía un diálogo constante con la comunidad, no llegó nunca el Ejército. Estaban en diálogo, les decían que se tranquilicen y que no hagan daño a los de la estación, y sin embargo hubo una diferencia ahí y los asesinaron. Cuando llegó el Ejército nadie sabía que habían asesinado a los policías, se habló con el jefe de las comunidades y les dijeron que se iban a retirar pero que esperen algunas horas, le dijeron al Ejército. A nosotros nos llegó la información de que el Ejército decía se van a retirar pero dame algunas horas porque eran miles. Y después, cuando ingresa el Ejército, en efecto no había nadie, se habían retirado, pero habían asesinado a los policías, degollados.

Ahora, nosotros no estamos diciendo, es otra cosa que quiero aclarar y me parece que es importante, el gobierno en ningún momento le ha dicho a ellos salvajes. Esto quiero que quede claro. Lo que el gobierno ha condenado es el salvajismo del crimen, que es diferente a decir que son salvajes. Es otra cosa que queremos levantar como gabinete, nosotros reconocemos a los hermanos nativos y sabemos que ellos tienen su propia etnia, su propia cultura, y ellos tienen que entender que nosotros también tenemos nuestra propia cultura, y que somos peruanos todos. Y lo que buscamos como peruanos todos es que ellos se puedan desarrollar. Entonces, ahí a su pregunta expresa, hubo una respuesta frente a la toma de carreteras y la violencia empezó de otro lado.

Lucien Chauvin (Time);

La decisión fue del gabinete, del presidente, de la ministra Cabanillas… ¿Quién ordenó que la policía entre el día 5 a despejar la carretera?

Premier Yehude Simon:

Evidentemente es una decisión del gabinete. No sé si algún ministro quiere intervenir sobre el punto… Esta no es una decisión personal. Aquí el jefe del gabinete asume su responsabilidad, pero es una decisión de todo el Gabinete, en la medida en que todos somos responsables, y la decisión es desalojar sin disparar, desalojar con diálogo, y tomar las medidas de protección, si esto fuera necesario. Yo no sé cuántos gobiernos podrían actuar así, pero nosotros por eso es que estamos lamentando la muerte de tantos policías que originalmente actuaron por el diálogo y buscar una mejor manera para poder terminar con este problema. ¿Alguna otra pregunta?

Robert Kozak (Dow Jones):

Algunos análisis han dicho que ustedes han hecho varios errores. Primero han dejado de negociar con la gente cuando la carretera estaba bloqueada. La pregunta es por qué no fueron más rápido a remover a esa gente. Segunda cosa, dicen que después ustedes fueron bien blandos en las negociaciones, hasta el último momento que se pusieron bien intransigentes diciendo que hay que defender la constitucionalidad de esto, y ahora tenemos este resultado, y después ahora están al lado de ser un poco blando ahorita, en el Congreso, ustedes saben, ha suspendido… entonces si fue ilegal el bloqueo de la carretera, por qué no ustedes entraron en acción más temprano, primero, y segundo… yo no diría que podría despejar la carretera con la policía sin orden de disparar, si fuera claramente un acción militar, como en este caso. Y el ministro del Ambiente dijo también el otro día en Canal N que fue, que habían estado recibiendo dinero de grupos de Europa y utilizando este dinero para actos subversivos, y quisiera saber de qué actos subversivos estaba hablando, y cuál fue el rol de algunos otros gobiernos, como Bolivia y Venezuela…

Premier:
Pucha, que me ha hecho todas las preguntas… El ministro Brack va a responder. Primero lo que me concierne a mí. Primero nosotros no hemos dicho que sean terroristas los nativos. Es lo primero que quiero decirles: en ningún momento hemos tildado de terroristas a los nativos. Lo que hemos dicho es que hay aprovechamiento de grupos para… en la bondad, ingenuidad y en la propia cultura de los nativos, aprovecharse de ellos. Nosotros reconocemos la pureza del mundo nativo, pero en esa pureza hay gente que aprovechando ha hecho actos de violencia, aprovechándose de ellos, engañando a ellos, lo que ha producido las muertes. Yo quiero separar a los nativos de cualquier adjetivo que alguna gente pretende tildar al gobierno como que le ha dicho terroristas y bárbaros. Eso no ha sido así. Lo reitero como jefe de gabinete. Segundo, ni halcones ni palomas. Hemos mantenido un equilibrio. Los halcones querían que el primer día saquemos al Ejército y a la Policía, y yo les puedo asegurar que no hubieran muerto 20 personas, hubieran muerto cientos, porque los nativos no entienden nuestra concepción de las cosas, así como nosotros no entendemos de ellos su concepción. Somos culturas diferentes.
Teníamos, yo asumo, déjenlo al presidente tranquilo y al gabinete tranquilo, yo asumo porque fui el que inicié este deseo de diálogo, contra de repente la posición de otros, entonces el responsable soy yo, del diálogo y de la paciencia, conversamos durante 55 días en la esperanza de que eso termine bien, en la fe de que esta gente actuaba de buena fe, sin calcular que otros, ahí hubo torpeza de mi parte, no hubo malicia, que otros estaban buscando golpear la democracia y golpear al presidente García, que finalmente esa es la puntería, y se esperó el tiempo prudencial, y cuando se decide poner orden es porque lo reitero, y quiero subrayarlo, porque en ese momento ya corre peligro la economía del país y corre peligro la falta de alimentos a las poblaciones, antes no se había llegado a esos extremos, pero conforme pasaron los días se llegaron a extremos de amenazar a la población, y muchas autoridades temerosas asumían la defensa de los nativos, sin siquiera haber leído los decretos, porque eso es lo más grave. Yo les digo con toda la franqueza del mundo, muy poca gente conoce el sentido de los decretos, recién comienzan a darse cuenta de que los decretos que ellos dicen que es nocivo es una protección al medio ambiente, por ejemplo. Es una protección al medio ambiente, ya el ministro Brack lo va a decir. Y cuando el ministro Brack, no voy a hablar en nombre de él, pero él ya lo va a decir, el ministro Brack nunca ha dicho que los nativos son subversivos.

Robert Kozak (Dow Jones):
No, dijo que había dinero llegando de Europa que fue utilizado para actos subversivos.

Premier:
En todo caso él lo contestará. Pero nosotros no hemos echado ninguna responsabilidad ni al gobierno de Venezuela, ni al gobierno de Ecuador, ni al gobierno de Bolivia. Rechazo el que alguien haya dicho que Morales o el presidente Correa tienen responsabilidad, no lo hemos dicho. Lo que sí nos ha llamado la atención, y lo he dicho ayer, es que en la Cumbre de los Pueblos el presidente Evo, a quienes nosotros respetamos por ser un presidente democráticamente elegido en su país, haya enviado una carta a gente que estaba radicalizada diciéndole que hay que hacer la revolución. Reconocemos lo que él decida, el sentido de la naturaleza y de la tierra para los aymara y para los hermanos nativos, porque nosotros también tenemos inmenso amor a la tierra, pero sí nos pareció un despropósito en un ambiente tan radical hablar de revolución en un país que no es el suyo. Entonces, él puede haber tenido la buena intención, y de repente sus palabras pueden haber sido malinterpretadas, y tenemos la carta, pero ciertamente a nadie le gustaría en Bolivia que el presidente García envíe una carta a Santa Cruz en una reunión y les diga nos parece muy bien el proceso de centralización y ustedes no dejen de pelear aunque eso le moleste al presidente Evo.

Nuestros presidentes de América Latina tienen que ser profundamente respetuosos de cada país. Nosotros respetamos al presidente Evo en Bolivia, porque los pueblos son diferentes a los presidentes, pero no permitimos y no aceptamos que por más buena voluntad que tenga el presidente Evo haya mandado esa carta, porque es una carta que provoca dificultades e incendia pasiones y puede incendiar praderas.

Kozak:
Cuáles fueron esos países que el presidente García ha mencionado que estaban celosos del Perú…

Premier:
Bueno, esa es una figura. Lo que ha dicho el presidente García y nosotros lo asumimos es que el Perú tiene la inmensa suerte de haber tenido mucha seriedad en el manejo de la economía y a pesar de las dificultades y de la crisis económica, Dios quiera que sea así, tenemos posibilidades todavía de crecer. Y que existen países celosos en el buen término de la palabra, no en el mal término, que quisieran estar en la misma situación. Yo tengo celos de China, señor, y tengo celos de China porque China va a crecer 7 u 8 por ciento, claro que estoy celoso de China. La idea es esa, todos los países tenemos cierto celos de países que están en mejores condiciones que las nuestras, pero no porque el presidente diga que como están celosos estén moviendo estos grupos. Está hecha la aclaración.

Ministro del Ambiente, Antonio Brack:
Respondiendo a su pregunta, yo he participado como ministro de reuniones de diálogo con indígenas. En julio del año pasado, en Madre de Dios, de ahí una segunda reunión en Madre de Dios, por el incendio de la infraestructura de la región, del Gobierno Regional, de ahí estuve en la mesa de diálogo del Datem del Marañón, en San Lorenzo, por encargo del presidente, con los apus, ahí conocí al señor Pizango, estuvimos dialogando con él y los apus por más de 10 horas, después no se llegó a nada. Y luego en reuniones en la PCM, en mi ministerio, cuando tenía el encargo de la PCM para continuar el diálogo, donde se comenzó por primera vez a sentar a la mesa a distintos representantes de los pueblos indígenas amazónicos: Conap, Aidesep, donde Aidesep se presentó y dijo no puedo participar porque yo nunca me sentaré con otros representantes, nosotros somos los únicos representantes, etc. Y en todas estas reuniones siempre hubo interferencia externa. Eso se lo puedo asegurar. En que se pateaba el tablero, se desconocía lo que se había acordado, etcétera.

Entonces, al final, y usted puede entrar, Apci lo ha publicado, los fondos que recibe, de dónde recibe Aidesep, eso es documento público, hasta se trató esto en el Congreso de la República, eso no es ningún secreto, quién financia, usted lo puede averiguar. Yo no considero a los nativos subversivos ni nada. Interferencia externa, y al final el tema se politizó en tal forma que ya no había forma técnica de resolverlo. Estaba absolutamente politizado. Como ustedes ven, les hemos entregado un CD con el mapa de las tierras indígenas. El Perú ha hecho un enorme esfuerzo a través de los años de titular tierras a los indígenas amazónicos. Y ahí se les ha entregado el mapa, lo pueden también ver allí, en que tienen cerca de 12 millones de hectáreas entregadas por el Estado peruano como sus tierras, de comunidades nativas que se llaman, hay reservas para indígenas no contactados, en Madre de Dios, en otras partes, hay reservas comunales, cinco, que suman más de 2 millones de hectáreas que por ley son manejadas por las comunidades y el Estado en servicio de áreas protegidas, etc.

Segundo, se afirma continuamente que no se ha implementado el Convenio 169 de la OIT. Señores, el Ministerio de Energía y Minas, con el Decreto Supremo 012-2008, de proceso de participación ciudadana en las actividades de hidrocarburos que dice que es el reglamento para el ministerio de Energía y Minas de implementación del convenio 169 de la OIT, establece todo el proceso, cómo se hace la consulta, la participación con las comunidades locales, etc. Hasta han sacado folletos y librillos explicando quiénes deben participar, etc. Segundo, el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Parques Nacionales y similares establece también el procedimiento de consulta para establecer áreas protegidas cuando en los alrededores viven comunidades nativas. Que esto se pueda mejorar, perfeccionar, estamos de acuerdo, nunca hay nada perfecto en este mundo, pero no se puede decir que no se ha hecho ningún esfuerzo por implementarlo.

El otro punto importante es que los pueblos indígenas han sido agredidos en el pasado. Eso nadie lo duda, en la época del caucho, etc., y todo lo demás. Ha habido barbaridad y media. También ha habido descuido antes del año 1990, cuando no había ninguna ley ambiental en el Perú, en la extracción de petróleo del río Corrientes, etc. Pero hoy en día tenemos una legislación muy completa sobre el tema, en la cuestión de hidrocarburos, en la cuestión minera, en el asunto de áreas protegidas, en el reconocimiento de reservorios indígenas. De modo que aquí el tema es muy claro. Este movimiento contra los decretos legislativos se dice que el gobierno tiene una enorme terquedad en no ceder. Pero si se ha hecho 55 días de reuniones, etc., para ver qué es lo que les preocupa, qué se debe mejorar, y siempre se desconocía, no se decía, etcétera. Y cuando se preguntaba aquí está, hay que derogar la ley de recursos hídricos, que es otro reclamo, que fue discutida ocho años en el Congreso de la República, ocho años, nunca una ley tuvo tan larga discusión en el país, durante dos gobiernos, y al final se publica, y en esa ley hay ocho artículos referidos defendiendo el uso tradicional de las aguas, etc, de las comunidades nativas y campesinas. El artículo 64 de esa ley es lapidario, se le reconoce todos los usos tradicionales, pero se dice tú vas a tener que pagar ahora por el uso de tus ríos, de tus cochas, y te van a cobrar por navegar en los ríos, eso se ha visto en la televisión. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí hay un manipuleo político. Y ustedes perfectamente saben quiénes son.

Ministra de Justicia, Rosario Fernández:
Muy buenos días, creo que las preguntas en realidad están dirigidas legítimamente de seguro más al análisis de lo ocurrido, cuando a la fecha ya los hechos están definitivamente verificados y como autoridades lo que nos corresponde es reconstruir un espacio de diálogo y de concordia. Nosotros tenemos esa como principal obligación. Ustedes son mayoritariamente extranjeros, o representan a la prensa extranjera, y por eso quizá es necesario que les demos algún tipo de ejemplo de cómo vemos las cosas nosotros acá en el Perú. Y cuando digo en el Perú me refiero a todos los peruanos, a los 28 millones de peruanos, no solamente a los que viven en la costa, en la sierra ni solamente en la selva, todos, evidentemente incluidos los nativos.

Nosotros tenemos un dicho según el cual se señala que después de la guerra todos son generales. Eso significa que después de ocurridos los hechos siempre hay un análisis de escritorio, de yo hubiera hecho esto así, se hubiera hecho esto asá, o hubiese sido mejor así. El ejercicio de la autoridad implica la toma de decisiones en el momento, de acuerdo a las condiciones y las circunstancias que se presentan y lo que distingue a un gobierno democrático es básicamente es ese ejercicio de libre expresión, con respeto a la ley, con imperio de la ley y el orden, y en donde empiezan los derechos de los demás terminan los nuestros. Y eso es exactamente lo que sustenta en su momento la decisión de poner el orden necesario.

Lo que dijo el Premier hace unos momentos es absolutamente cierto. La protesta deja de ser pacífica cuando impide el ejercicio de los derechos de los demás. Cuando los demás dejan de poder pasar, transitar, vivir, comprar, vender, y realizar todas las actividades diarias para subsistir. Hoy día, en este momento, a pesar de las decisiones tomadas ayer en el Congreso, todavía estamos viendo que hay personas absolutamente interesadas en que esa situación de desorden se mantenga. Entonces, el análisis hacia atrás resulta insuficiente, con todo respeto y afecto, pero resulta insuficiente, porque eso pone de manifiesto que aun cuando se toman decisiones que legalmente significan el que los decretos legislativos 1090 y el 1064 no se van a aplicar, a pesar de eso hay un interés claro por subvertir el orden. Y cuando se habla de la palabra “subvertir” no se está hablando de terrorismo. Se está hablando de desorden. No debemos olvidar que el señor Pizango, a quien evidentemente a estas alturas no podemos reconocerle 100% la representación de los nativos, invitó a la sedición, y eso es subvertir el orden porque la Constitución no lo permite, me imagino que igual en otros países, como los que ustedes representan.

Creo que es muy importante que en este momento el esfuerzo mayor de las autoridades esté concentrado en reconstruir los caminos del diálogo. El Premier ha hecho prueba patente de que es un demócrata a carta cabal, que ha tenido la serenidad, no confundamos la serenidad que ha tenido durante 59 días, y no pensemos que eso es simplemente haber tenido debilidad, la debilidad no es igual a la serenidad, uno puede ser muy firme y muy sereno, y a la vez puede ser muy débil y no tener un norte, ese no es el caso nuestro. Serenamente se ha esperado 59 días para conversar, hablar, no solamente en este espacio, en el espacio del Poder Legislativo, donde los nativos representados por las personas de Aidesep han interactuado con los legisladores para producir normas consensuadas, normas que hoy día ya no están en aplicación. ¿Por qué? Porque a pesar de haberlas obtenido de manera negociada luego patearon el tablero. Y el Premier luego tuvo nuevamente la serenidad y la paciencia de volverlos a convocar y emitir dos normas más para que además no se pelearan entre ellos, que es otro tema que debe saberse.

No estamos hablando con una representación única que pueda significar una garantía absoluta de que lo que se diga, eso es. Hubo la necesidad de sacar dos normas, porque Aidesep no reconocía la representación de otros nativos, y los otros nativos desconocían la representación de Aidesep. Eso es lo que ha pasado durante 59 días y eso es lo que hemos tratado de resolver durante ese período. ¿Y luego qué paso? Volvieron a patear el tablero. Y lo importante es: ¿ellos lo hacían solos? La respuesta creo que es evidente, lo hemos visto el día de la última conferencia de prensa del señor Pizango, teniendo un grupo importante de congresistas detrás suyo, e inclusive dictándole lo que debía decir en el discurso, pero eso ya pasó. Ahora, para adelante nosotros tenemos que reconstruir los caminos del diálogo.

Hoy día tienen ustedes dos normas publicadas en el diario El Peruano. La primera, la orden de la suspensión de la aplicación del decreto legislativo 1090 y el 1064. Están suspendidos incluso sin plazo en su aplicación. No se aplica. Sin embargo, hoy día en la televisión he visto la entrevista a un nativo, según la cual ellos han dicho que no, ya no vale esta norma, porque la Comisión de Constitución en su momento dijo que era inconstitucional. Fíjense el manipuleo (sic) de la información. Y eso se lo tienen que haber explicado personas que conocen de este mecanismo y que han ido a la zona a decírselo, pero con propósito desinformador. Y la segunda norma que aparece publicada acá es la creación de la comisión. Ya se ha creado una comisión de carácter nacional, está dicho acá. Que es una comisión hecha sobre la base de reconocer, como dice la Constitución, la identidad y la pluralidad étnica y cultural, es una comisión integrada con 10 representantes de los nativos, los cinco presidentes regionales amazónicos, y cuatro representantes del Ejecutivo. ¿Y cuál es su objeto? ¿Acaso es resolver un tema de coyuntura solamente? No. Es formular un plan de desarrollo sostenible de la Amazonía, que es lo que nos debe interesar. Yo pregunto, ¿todo esto que se ha hecho y que está materialmente probado y publicado justifica que hoy se esté convocando nuevamente a que se mantenga el desorden, soliviantando a la población, desde varios puntos, incluido el Congreso de la República, que lamentablemente está exhibiendo escenas hoy en televisión? Me parece que eso no acompaña a la voluntad democrática y no acompaña a un propósito conciliador. Yo creo que por el contrario alimenta distancias que nosotros no queremos, y evidentemente lo que queremos es resolverlas y acortarlas. Gracias presidente.

Periodista italiana RAI:
Tengo dos preguntas, una, con el señor ministro: ya se han suspendido estos decretos, entonces no cree el gabinete que estas muertes resultan, no sabemos, todavía no saben supongo exactamente la investigación sobre el número, pero resultan todavía más dramáticas y entonces eran evitables, si se podía abrir efectivamente una ventana, un espacio de diálogo, ¿hay algún discurso de autocrítica o sencillamente solo defensa de lo hecho por el gobierno?

Y luego quiero preguntarle también por el spot muy polémico que se ha emitido. Yo entiendo la preocupación del gobierno respecto a la imagen que se ha difundido al extranjero, entonces ¿por qué se ha permitido emitir un spot que al cabo de tres días se quita? Evidentemente ahí no había acuerdo entre ministros, ¿de quién ha sido la responsabilidad? Muchas gracias.
Premier:

Van a intervenir tres ministros, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, o perdón futuro ministro del Interior, el ministro de transportes.
[Risas].

Rosario Fernández:
No es augurio para nada.

Premier Yehude Simon:
No es. Y yo quiero decirle que desde que decimos que asumimos, que yo asumo la responsabilidad, es una autocrítica. Desde que decimos que no hubo comunicación como hubiéramos querido con los nativos, es una autocrítica. Entonces ahora viene, ¿cuál es la autocrítica del otro lado? El gobierno no se cree ni sabio, ni todopoderoso, ni dueño de la verdad. Intentamos autocriticarnos y decir las cosas pero no nos quieren escuchar. Sí, yo asumo que no hubo comunicación con la población en los lugares en donde debió hacerse la comunicación. Confiamos en los interlocutores de ellos y ese fue nuestro más grave error. Debimos conversar con los apus en el lugar donde estaban los apus. De acuerdo, sí asumimos.

Lo del spot tiene un sentido. Había tanta, tanta desinformación, se hablaba de tantas fosas comunes, se engañaba tanto a la población, que Interior decidió elaborar un spot, siendo horroroso ciertamente, que afecta la sensibilidad de cualquier ser humanos, ciertamente, tuvo como objetivo hacer lo mismo que sucede cuando hay accidentes de tránsito, explicarle a los señores choferes y a la población que tienen que tener cuidado en el manejo, etc., ese fue el significado, que fue retirado en 72 horas posteriores, queríamos que la gente reaccione, que sepa lo que está pasando, lo reitero, aquí no hay, y es segunda vez que preguntan si hay decisiones personales. Aquí, para bien o para mal, las decisiones no son personales, para bien o para mal las decisiones son compartidas, podemos tener algunas diferencias al interior en el debate, pero las decisiones que toma el gobierno son bajo responsabilidad del gabinete y de todos. Enrique…

Ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo:
A la pregunta de la periodista de la RAI, cuando uno va a una negociación para buscar legítimamente y honestamente un acuerdo las dos partes, o las partes, tienen que tener la voluntad de ceder en algo. ¿Les parece a ustedes que ir a una negociación con el lema “derogatoria o nada” es una manera honesta y propositiva de llegar a un acuerdo dialogante? El gobierno tuvo más de 50 días de voluntad de diálogo probado, en esta misma sala el señor Pizango ha estado y ha firmado documentos que luego ha desconocido. Y lo más grave del asunto, y esta es la distinción que hay que hacer, es que el señor Pizango y algunos de sus dirigentes han engañado a su gente, les han dicho cosas que no son verdad. Yo les pido a ustedes que lean el Decreto Legislativo 1090, que seguramente ya lo leyeron y si no lo hicieron les pido que lo hagan, y ahí se van a encontrar ustedes con muchas sorpresas en relación a la información que se ha recibido. Hay un artículo expreso en el 1090 que señala claramente que las tierras de los nativos son intangibles y se respetan los tratados internacionales que tenemos. Y sin embargo, a pesar de estar expresamente puesto en el decreto legislativo, se les ha vendido la idea a los nativos que se iban a quedar sin tierras, que las tierras ya estaban vendidas, que se iban a quedar sin agua, entre otras mentiras más. Entonces, acá hay una responsabilidad también. Hablemos de autocrítica pero del otro lado. De quienes han llevado a los nativos, con interés políticos, para desinformarlos y llevarlos a esta situación tan extrema. De quienes no se han dado el trabajo de explicarles que esos dispositivos tenían incluso en el articulado expresamente escrito el resguardo de sus tierras, que es lo que más cuidan, y así debe ser, y el gobierno y todos en el país estamos de acuerdo con eso.

Y hay otros temas de fondo que también es necesario precisar, este dispositivo y los dispositivos en su conjunto lo que expresaban es el buen manejo del tema forestal. Y aquí hay un tema que hay que decirlo con todas sus letras, que en nuestra Amazonía tenemos todavía un problema de deforestación con un proceso de informalidad que en muchos casos lamentablemente está concatenada, está vinculada también a situaciones con comunidades nativas.

Un tema de fondo, entonces, es que tenemos que preservar nuestros bosques y no de las tierras de los nativos, que están absolutamente intangibles, no de los parques nacionales, que están absolutamente intangibles, sino en el resto de la Amazonía, que es una Amazonía de todos los peruanos, y donde están nuestros recursos energéticos, donde está nuestro petróleo, nuestro gas, y también nuestros recursos forestales. Entonces, a mí me parece que estos son elementos que hay que poner en la mesa. En la pregunta, probablemente sin una intención, está implícita todavía la idea de que pudimos dialogar para evitar las muertes, pero hemos dialogado, pero de un lado había la voluntad de poner un proceso de flexibilidad, que en el gobierno se produjo y en el Congreso también, porque se les dijo que había disposición para encontrar aquellos artículos de la ley que ellos consideraban lesivos a sus intereses y que les preocupaban. No estuvieron dispuestos sus dirigentes a negociar esos temas, no estuvieron dispuestos, y aquí en la PCM hay funcionarios que han estado en la negociación permanentemente y que les propusieron vamos a debatir esos temas, y no estuvieron dispuestos a dialogar. ¿Por qué? Porque estaban ganando tiempo, porque lo querían era que se produzcan los hechos lamentables que estamos comentando. Y ese es un tema que tiene que quedar muy claro. Y por supuesto hay una diferencia sustantiva entre los dirigentes que lamentablemente han hecho un mal uso de su capacidad dirigencial, y los nativos a quienes respetamos, y ahora vamos a tratar de dialogar directamente con ellos, para que sus intereses y preocupaciones sean consideradas.

Quiero mencionar otro elemento, lamentablemente ustedes son periodistas…

[Risas]

Ha habido también en estos días unas radios locales que han hecho mal uso de la libertad de expresión y de la libertad de prensa que en este país se respeta completamente, y precisamente porque se respeta yo tengo aquí textos de radios locales que en los días 5, 6, han estado azuzando a la población, desinformándola, y llevando a la situación violenta, por ejemplo toma de locales públicos, incendio de locales públicos, y hasta las situaciones de muerte que lamentamos. Entonces, esto forma parte también de un proceso con sectores minoritarios en el país, sectores políticos me refiero, que también están interesados en desestabilizar la democracia, y con el discurso supuestamente en favor de los nativos, lo que están es queriendo ganar espacios que no los ganan en la votación, pero los quieren ganar de esta manera.

Ministro de Agricultura, Carlos Leyton:
En respuesta a la pregunta de si no teníamos una voluntad autocrítica yo quisiera hacer un par de matices y decir que no solo miramos el hecho que ha sucedido ahora, pero recuerden ustedes cuando las poblaciones nativas pidieron la derogatoria de algunos decretos supremos como el 1081 y el 1083, estos ya habían sido derogados por la Ley General de Gestión de Recursos Hídricos. El 1081 y el 1083 fueron cuestionados también por los agricultores, y lo que hicimos fue sentarnos en una mesa de diálogo, como lo hicimos también con los nativos, y después de varias discusiones en el Congreso presentamos una propuesta de ley que modificó el 1081 y el 1083 y que permitió que por ese consenso se sacara la Ley de Gestión de Recursos Hídricos aprobada por el Congreso. Esto se hizo en el mes de febrero, a fines de febrero y a comienzos de marzo fue promulgada. El mecanismo era entonces reconociendo que estos decretos legislativos eran perfectibles los podíamos ir trabajando en una mesa de diálogo donde tuviésemos todos los argumentos para poder cambiar la situación.

Hoy día esta misma ley está vigente y los agricultores la están utilizando. Y la prueba de que estamos haciendo un trabajo participativo es que para la elaboración del reglamento ya hemos tenido 30 diálogos en diferentes áreas del país para ver cuáles son los aportes que tiene la población, en los usuarios tanto agrícolas, industriales, de servicio, y en lo comunal, y en la dirección de la Autoridad Nacional del Agua se ha incorporado a las comunidades nativas como parte de este directorio.

Quiere decir entonces que estamos trabajando en ese sentido y que no es que no hayamos tenido interés en hacer este tipo de modificaciones. Si bien es cierto los decretos fueron dados en otras circunstancias creo que lo que estamos haciendo trabajar en el sentido de ir incorporando y perfeccionándolos, pero existen las condiciones legales, formales para poder hacerlo. No se trata simple y llanamente de ponerle una pistola al Ejecutivo o al Legislativo para que las cosas salgan y después no tener alternativas. Si no tenemos alternativas necesarias podemos caer en un caos, como bien se ha mencionado.

Periodista Javier Otazu (presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, Apep):

Hay seis periodistas que han pedido la palabra. Si intervienen todos los ministros…

Ministro Yehude Simon:
Les parece si hacen las preguntas y respondemos al final.

Javier Otazu:

Mejor una por una, porque luego se olvidan las preguntas, sobre todo las incómodas.

Ministra Fernández:
O se olvidan de nuestras respuestas, que también pueden ser incómodas.

Javier Otazu:

Tiene el turno Paola, después Manuel y Jackie.

Paola Ugaz (Terra Magazine):

Hola, yo tenía dos preguntas. Una es: el número de muertos hasta el momento es más alto de lo que sucedió en desgracias como Tarata, Barrios Altos o La Cantuta, ¿qué se siente ver que se pasa de un país modelo en América Latina a un país sumido en una crisis política? ¿Cuán frágiles son las bases de este modelo o de este país modelo? Y la segunda pregunta es: mucha gente, muchos indígenas en Bagua o en San Martín relacionan los decretos, y no tienen por qué hacerlo, pero los relacionan con actuales hechos en incursiones de lotes petroleros en reservas amazónicas. Me refiero específicamente al caso de la empresa canadiense Talismán, que está invadiendo una zona protegida en San Martín. En esta zona es que… Bagua, Tarapoto… y que el Tribunal Constitucional les dio la razón. Entonces, actos como ese, o actos como de otra empresa canadiense, cerca de la Cordillera del Cóndor, como que sienten que otra vez, con ese histórico, les vuelven a invadir territorios y vuelven a hacer otra violación en las leyes del medio ambiente. ¿Cómo ustedes como gobierno pueden garantizar a los pobladores de estas zonas que no se va a repetir la historia de siempre en términos de cuidado ambiental? Muchas gracias.

Premier Yehude Simon:
La segunda parte de la pregunta la responderá el ministro del sector, la primera parte si comparamos con lo que sucedió con Tarata y Barrios Altos, estaríamos diciendo que el Ejército y la policía entró a matar gente inocente. [Susurra la ministra Fernández: “no es comparable”], No es comparable, evidentemente. Y lo hemos dicho: ni los nativos son terroristas ni subversivos, pero sí hay gente con mucha intencionalidad que llevó a los nativos por el camino que no era el correcto. Y la muerte de los policías significó que no son ningunos violadores de derechos humanos, al contrario, entregaron su vida, puede ser muy romántico, pero muy doloroso sus familiares, entregaron su vida justamente para no repetir hechos del pasado, porque todavía tenemos la marca del pasado. Quiero aclarar antes de que entre el ministro Brack, cuando el ministro dice lamentablemente ustedes son periodistas no se refiere a ustedes, nosotros respetamos a los periodistas, no es que lo esté interpretando pero la queja de Enrique Cornejo es que hay pésimos periodistas, que ni siquiera son periodistas, que utilizan el micro para soliviantar los ánimos de la población.

Paola Ugaz:
Mi pregunta era cómo se siente que afuera se conozca a Perú como el país modelo en América Latina en economía, estamos con el crecimiento más grande del 2008, a ahorita en un país sumido en una crisis política que todavía no acaba.

Premier Yehude Simon:

Es que nuestro país es un país que usted sabe múltiple, un país difícil, complejo, donde el gobernante hace los esfuerzos supremos para llevarlo a buen puerto y recuperar lo que significó nuestra historia, y todo, con las experiencias que hemos tenido, hemos tenido experiencias populistas, estatistas, etc., que no resultaron. Estamos tratando de hacer un trabajo de una economía de libre mercado, donde los inversionistas pueden venir porque sienten un país con reglas claras, pero, y ahí está el pero, hacemos los esfuerzos de una inclusión social que nunca se hizo.

Hace poco el presidente dio la ley por ejemplo de titulación para la gente más pobre, del levantamiento de una deuda impagable de un banco del Estado, y ha entregado tractores a una comunidad de Puno, se está haciendo carreteras, lo más revolucionario de este país, electrificación en zonas rurales donde la gente nunca vio la luz, [susurra Rosario Fernández: “telefonía, telefonía, seguro integral”] y muchísimo menos el agua, entonces lo que significa telefonía rural, o sea, claro, este es un país que va creciendo, que acepta la inversión privada, mete inversión pública, integra con la telefonía, con las carreteras, y los que no quieren que esto suceda dicen “gobierno ultra liberal que regala sus riquezas”. Y cuando el gobierno hace una medida que va a ayudar a los pobres dicen “gobierno que ya se volvió estatista o populista”.

Ese es, pues, el reto de los estadistas, o siguen el camino, a pesar de las críticas, aunque les tiren piedras, aunque insulten, porque finalmente es la historia la que va a decir quién es bueno y quién es malo. No se olviden que si nos hubiéramos reunido hace cuatro o cinco años atrás, estando aquí el señor Toledo con 5 o 6 por ciento de aceptación, y que abrió los mercados, etcétera, etcétera, hoy día se da el lujo de criticar al gobierno del presidente García porque está siguiendo y profundizando lo que él hizo en cuanto a inversión privada. La diferencia es que el presidente García no solamente permite que llegue la inversión privada, sino que pone sus ojos en los más pobres, cosa que le faltó al presidente Toledo.

Ministro del Ambiente, Antonio Brack:
Sobre su pregunta del petróleo, comunidades nativas, que se invaden terrenos, qué es de las leyes del ambiente. Esto hay que verlo desde un aspecto integral. Hay un reclamo de los nativos que dicen que el subsuelo también es de ellos. Hasta hay un proyecto de ley en el Congreso, que también dice que el espacio aéreo es de ellos sobre sus tierras tituladas. Por Constitución el subsuelo es de todos los peruanos y el Estado lo maneja distinto al que es dueño del suelo. Eso es claro. Si se quiere cambiar eso hay que reformular la Constitución. En primer lugar.

En segundo lugar, se invaden terrenos. Por desgracia, en áreas protegidas, donde no se puede sacar petróleo ni gases, en parques nacionales, santuarios nacionales, o santuarios históricos, que son como 10 millones de hectáreas, vedadas en la Amazonía, siguen otras áreas protegidas con medidas especiales, y también en el subsuelo de las comunidades nativas se puede explorar y extraer petróleo. Eso hay que hacerlo en forma limpia con responsabilidad económica y responsabilidad social. Esto cambia diametralmente con respecto al pasado, porque en el pasado no había leyes, etc. Y no e hacía. Y en esto, para el cambio del uso de la tierra, lo cual ahora ha sido suspendido por el Congreso, ya no es el ministerio de Agricultura el que dice este bosque lo talamos para hacer agricultura, sino lo tiene que hacer el Ministerio del Ambiente. Hay cambios, pero estos cambios ahora están suspendidos.

El otro asunto es cómo trabajar esto. Y ahí hay asuntos que tenemos que tener muy en cuenta. Yo les pido a ustedes, no sé cómo se puede hacer, vayan a visitar el lote de Camisea de Pluspetrol. Que tiene 148 mil hectáreas, donde se está extrayendo actualmente el gas que se está transportando a la costa, de 148 mil hectáreas donde se est{a extrayendo actualmente el gas que se lleva a la costa, y se han intervenido 80 hectáreas, nada más. Cuando se dice que el petróleo, el gas, talan los bosques, destruyen los bosques… con calma. Hoy día hay tecnologías y hay formas de hacerlo, y leyes que supervisan que esto se puede hacer bien.

Hasta hoy día en el lote de Camisea, de 12 hectáreas que se desforestan, todo se hace por helicóptero, no se construyen carreteras, y de 12 hectáreas se perforan hasta seis pozos dirigidos, para no intervenir más áreas, sean pozos que van dirigidos hacia las zonas donde se tiene que extraer el gas. Esto ha mejorado. Y todo el proceso tiene ISO 14001, que es un estándar ambiental internacional. Se pueden hacer las cosas bien. Se usa el ejemplo del río Corrientes, los achuar, etcétera donde se descubre un pozo en el año 74, se bombearon millones de barriles de petróleo a la costa, no había leyes ambientales, etc., y se hizo barbaridad y media. Eso hoy día se está cambiando, se está reinyectando las aguas de formación, de manera que eso lo supervisan Osinergmin, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. Ahí trabajamos juntos y queremos garantizar eso.

El otro punto es que tenemos que ver la seguridad energética del país. El Perú está importando ya 2.500 millones de dólares anuales en petróleo y si no exploramos y encontramos más yacimientos nuestra dependencia de importación va a crecer y eso va a perturbar nuestra economía. Nadie puede intervenir o decir que no podemos explotar. Que se haga forma limpia, respetando el ambiente, las leyes, que se haga con responsabilidad social. Respecto al canon minero o gasífero, hay un tema que tenemos que resolver a futuro, en eso somos conscientes en el Ejecutivo. El 50% de los impuestos que pagan las empresas al Estado va como canon a la zona donde se extrae el recurso, en este caso el gas. Tomemos el ejemplo del distrito de Echarate, en La Convención, en Cusco, donde están los yacimientos de Camisea. Este distrito recibe al año decenas de millones de canon minero. Pero no hay el puente todavía para que este distrito que recibe el canon haga partícipe de ese canon a las comunidades nativas que están en Camisea. Ellos no reciben ese canon, porque eso queda en ese distrito. Eso lo tenemos que resolver, porque es justo. Igual es el canon del petróleo, para los yacimientos de Corrientes, etc., en la región Loreto. La región Loreto, municipios, reciben el canon, pero a las comunidades no les llega la participación del canon. Ahí hay un tema que sabemos tenemos que resolver y lo estamos conversando cómo mejor hacerlo pero eso ya no depende del Ejecutivo, sino del Gobierno Regional y de los gobiernos municipales, porque el país está descentralizado en este momento. Es un tema que tenemos que resolver. Pero el Ministerio del Ambiente está dando normas. Han visto que ha salido la política nacional del ambiente, sobre todo el manejo ambiental, estamos haciendo el plan de acción ambiental, con los sectores, con las comunidades nativas, etc., y estamos implementando una serie de medidas para poder implementar esto.

Usted también ha mencionado como ejemplo la Cordillera del Cóndor. Ahí hay un problema grave que yo ayer lo expuse en el Consejo de Ministros que tenemos que tomar medidas. Porque hay una mina Afrodita y hay dineros informales, está en la cuenca alta del río Cenepa y va a afectar a las comunidades que están abajo, que son awajún, entonces allí tenemos que intervenir, estamos conversando de esto con el ministro de Energía y Minas.

Afiche de búsqueda de Bazán en plaza de armas de Bagua (Archivo Fowks).

Además de intentar llegar a la verdad de lo ocurrido, en paralelo hay que ir más allá de las carencias del Informe de la Comisión de Investigación de los Sucesos de Bagua. Las tareas son diversas y la mayoría están en el ámbito de la burocracia estatal.

Queda pendiente el que el derecho a la consulta establecido por el Convenio 169 se convierta en una norma (Ley con reglamento). La Defensoría del Pueblo ha elaborado una propuesta de ley que debe discutirse en dos comisiones del Congreso y luego recién pasará a ser evaluada por el pleno. ¿Cuánto tiempo tomará tal proceso?

Está pendiente la elaboración de los decretos legislativos que fueron derogados. Están pendientes en el Ministerio de Energía y Minas las gestiones y reclamos de diversas comunidades y organizaciones amazónicas por concesiones -dadas a empresas mineras y de hidrocarburos- que se superponen con la superficie de sus comunidades. Están pendientes por años decenas de gestiones tramitadas formalmente ante Ministerios con pedidos de ampliación de área de comunidades y reservas comunales y pedidos de titulación de sus propiedades comunales.

Hoy el Ministro del Interior, Octavio Salazar, y el director de la PNP, Miguel Hidalgo, presentaron fotografías de los supuestos responsables del asesinato del mayor Felipe Bazán, sin embargo, el padre del oficial no cree en dicha versión. Asistiremos por varios meses -o años- a este tipo de disputas sobre la verdad de lo ocurrido. Habrá también negativa a reconocer responsabilidad política, administrativa o penal por parte de los diversos actores involucrados, pero no olvidemos que hay una serie de decisiones que esperan, más allá de la aplicación de justicia luego de la tragedia del 5 de junio.

El abogado del detenido indica que su defendido no estuvo el 5 de junio en la Curva del Diablo.

Actualización del jueves 7 a las 7:30 am. La PNP indica que obtuvo en noviembre, por trabajo de inteligencia, el video del cual extrajo la imagen del mayor Bazán aún con vida. El mismo video también lo tuvo desde noviembre la Comisión Especial de Investigación de los Hechos de Bagua. ¿Por qué la PNP recién lo dio a conocer ayer?

Comisionada Maricarmen Gómez revisa informe final que no firmó.

Tras leer el informe final de la Comisión Bagua, las 43 observaciones de Jesús Manacés y la hermana Maricarmen Gómez, y la apostilla del padre Ricardo Alvarez Lobo, la conclusión es que el documento es un instrumento a favor del Ejecutivo, no plural, que refuerza la versión oficial de lo ocurrido y contiene gran cantidad de imprecisiones de fondo y forma.

Al momento Mirko Lauer y Carlos Meléndez han comentado que el documento se convierte en un elemento para que continúe la disputa electoral, especialmente porque alienta la pugna entre el Apra y los nacionalistas que han sido acusados de soliviantar a los nativos el año pasado.

Sin embargo, tal punto de vista evita evaluar un asunto de fondo: la actuación del Gobierno y el oficialismo ante los hechos pendientes luego de la tragedia en Bagua del 5 de junio. Este informe final y las declaraciones de ayer del presidente Alan García son una pésima noticia acerca del rumbo del Estado peruano en su vínculo con las organizaciones amazónicas y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Lo más grave del informe final es reiterar la idea de que los policías no iniciaron el ataque la mañana del 5 de junio y que los nativos -que tomaron la carretera Fernando Belaunde exigiendo la derogatoria de decretos- fueron manipulados por intereses ‘subalternos’ de ronderos, el Sutep, congresistas nacionalistas, actores internacionales y por religiosos.

En una entrevista con la religiosa Gómez Calleja, reclamó que testimonios clave recogidos por la Comisión no hubieran sido tenidos en cuenta para la versión final, como por ejemplo el de Lucio Roca, quien ayudó a cargar el primer muerto del 5 de junio, por un disparo de la PNP.

El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.

Por ejemplo, indican que un par de comunicadores belgas de Catapa incitaron a los manifestantes a tomar medidas radicales en la Estación 6 (antes del 5 de junio) pero no sustentan dicha afirmación en un testimonio, grabación o documento (p. 42).

El documento es exhaustivo en recoger ciertas declaraciones pero, por ejemplo, no consigna las palabras del presidente García cuando hizo la distinción de peruanos de segunda categoría en alusión a la población que rechazaba los decretos legislativos.

El señalamiento a la supuesta responsabilidad del Sutep en la radicalización de la protesta en la selva tampoco es demostrado, el documento sólo indica que una gran cantidad de manifestantes de la Curva del Diablo eran profesores.

En la parte de recomendaciones, el informe rescata una propuesta que el ministro Aurelio Pastor difunde reiteradamente: la creación de casas de la justicia (p. 85).

Quizá uno de los pocos párrafos destacables por su precisión figura en la página 81, e indica que pese a que la PNP cumplió el operativo de acuerdo a lo establecido, hubo deficiencias como equipamiento limitado, falta de eequipos de comunicación, fiscales a destiempo,
menor número de efectivos que los necesarios, descoordinaciones de horario, falta de conocimiento sobre la forma de ser y combatitividad de los indígenas cuando defienden su tierra, entre otros.

Sobre las firmas
El informe final fue suscrito por Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, quienes actuaron como la voz del Gobierno o del oficialismo en la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Bagua. El sacerdote dominico Ricardo Alvarez Lobo lo firmó también, pero agregó un documento adicional -bastante acertado- con señalamientos directos sobre las responsabilidades de altos funcionarios del Ejecutivo.

Por otro lado, los medios informaron desde el 29 los motivos para negarse a firmar por parte del coordinador de la Comisión Especial, Jesús Manacés, y de la hermana Gómez Calleja.

Otro miembro de la Comisión, el decano del CAL, Walter Gutiérrez, dijo el 23 de diciembre que renunció al grupo de trabajo el 9 de noviembre, aunque fuentes de la CEI indican que no hay un documento al respecto. En una nota de prensa indicó que ni desestima ni avala el informe final. Por tanto, de siete miembros de la Comisión, sólo tres lo respaldan en su totalidad, los más afines al Gobierno.

Más señales del Gobierno
Un documento elaborado por una comisión formada por resolución ministerial y sobre un asunto tan sensible, tuvo que haber cuidado al máximo la redacción de fondo y forma, pero éste no es el caso. Para mí, una señal más de la poca seriedad y agresividad con la que el Gobierno encara los asuntos pendientes con los ciudadanos de la selva está en los errores obvios a lo largo del informe final.

Por ejemplo, se refieren a un grupo ‘piromashco’ que no existe (sino mashcopiro), al grupo esheja (que debe ser ese’eja p. 9), nativos en asilamiento voluntario (en vez de aislamiento p. 37), la comunidad de Yamakaya (que es Yamakayat), indígenas kichuas y achuas (que debe ser achuar p. 65), la vase del Ejército (p. 61).

Uno de los peores párrafos por la forma tan sesgada en que se refieren a los indígenas aparece en la página 39, en las referencias al 13 de mayo 2009.

Los tres documentos:
Informe final, apostilla de sacerdote Alvarez Lobo y 43 observaciones de Manacés y Gómez Calleja

Parte de una entrevista realizada a hermana Maricarmen Gómez por el programa DosxDos en Radio San Borja.

infbagua3 from Jacqueline Fowks on Vimeo.

Padre de mayor Bazán no cree que nativo detenido asesinó a su hijo

En ‘El Crónico’s blog’ escuche un segmento de la transmisión de La Voz de Bagua de un momento crítico del enfrentamiento: es claro que no hubo incitación a la violencia en dicha radio.

Un texto de Rodrigo Quijano sobre la ruptura del denominado ‘Consenso de Lima’ luego del 5 de junio y Bagua

Serie de actividades gubernamentales en los últimos cinco días en la selva norte.

Tres hechos llaman la atención antes de la difusión del informe final de la Comisión Especial que investiga los hechos del 5 de junio en Bagua: la cantidad de actividades organizadas por el Gobierno en Amazonas en la última semana -como para propiciar un clima afín a lo que dirá el documento-, la primera plana de hoy de El Comercio y la reacción del Consejo Aguaruna Huambisa ante lo publicado por dicho diario.

La comisión investigadora -formada por siete integrantes, de los cuales cuatro son designados por o afines al Gobierno- solicitó una prórroga para entregar el documento final a inicios de enero y así tomar en cuenta testimonios y elementos recogidos en un viaje al Cenepa a fines de noviembre, pero no la consiguieron. La primera en indicar que el borrador del informe final no satisfaría en absoluto a los afectados en la selva norte fue la religiosa Maricarmen Gómez Calleja, profesora de Chiriaco, debido a que no esclarecía los hechos del 5 de junio.

Sorprende por parte del Gobierno que, habiendo dado un tratamiento tan laxo en plazos a todas las mesas formadas post 5 de junio, se ponga ahora estricto en el plazo de entrega. Recordemos que fue el propio Gobierno el que tardó casi un mes en responder a la lista propuesta por los representantes de las organizaciones amazónicas y designar por fin a la Comisión Especial de Investigación. Por otro lado, voceros del Gobierno anunciaron que hoy darían a conocer el informe y ahora el premier Javier Velásquez Quesquén refiere que será el domingo 20 (cuando gran parte de los limeños estarán pensando en el descanso y la Navidad).

Una fuente cercana a la comisión indicó que el documento presentado como borrador del informe final en una página web es un ‘cortar-y-pegar’ de algunos documentos preliminares presentados por los miembros del grupo de trabajo.

Aquí algunos documentos sobre la polémica que genera este informe pese a aún no haberse hecho público. Preparémonos para darle tiempo y atención a este asunto tan delicado en las dos próximas semanas y en adelante.

Documento del Consejo Aguaruna Huambisa que destaca el apoyo humanitario dado por los misioneros de Jaén y rechaza nota del diario El Comercio de hoy.

ConsejoAguarunaHuambisa

Cinco de los siete miembros de la Comisión Especial desconocen borrador del informe final que circula en las redes.

Comisión desconoce borrador informe final Bagua
Entrevista a la hermana Maricarmen por Danae en La Mula

Y para cerrar, algunos datos sobre la zona donde viven peruanos que esperan leer un informe final que los represente y respete y no sólo los señale como responsables de las muerters de los 24 policías. La cita a seguir es parte de un documento preparado por Anahí Durand: ‘¿Tierras de Nadie?” Empresas extractivas, territorio y conflictividad social en el río Cenepa’, aún no publicado.

En el caso especifico del distrito del Cenepa los awajun y wampis tienen una población estimada de 9,626 habitantes, siendo uno de los pocos distritos donde no existen asentamientos de colonos primando las comunidades indígenas. En términos socioeconómicos, la población awajun atraviesa una difícil realidad de exclusión y pobreza. Amazonas por ejemplo es el departamento donde las cifras de pobreza más han aumentado, siguiendo una tendencia inversa a la del país, pues si bien el año 2008 la pobreza en el Perú se redujo de 39.3% a 36.2% en el departamento de Amazonas creció de 55% en el 2007 a 58% el 2008 (INEI) En la provincia de Condorcanqui, la tasa de extrema pobreza en alcanza el 45.2% mientras la tasa de desnutrición crónica es de 73,2% y la PEA sin profesión alcanza al 90% de la población. A su vez, los distritos más pobres de Condorcanqui son aquellos donde predominan los indígenas awajum y wampis como son El Cenepa con 84.3% de habitantes en situación de pobreza, Río Santiago con 80.7% y Santa María de Nievba con el 70.7%. Si hablamos del índice de Desarrollo Humano (IDH) el distrito del Cenepa presenta un índice de 0.4906 situándose como un distrito de desarrollo medio bajo.

Adjunto algunos recursos que usé para presentar una investigación corta sobre cómo la TV de Lima abordó el conflicto-tragedia de Bagua, qué pudo hacerse de otro modo, y cómo cubrir en adelante temas que en la capital suenan lejanos e incomprensibles, pero que son de urgencia e importancia en los otros departamentos.
Una de las ideas principales que compartí fue la necesidad de que los periodistas tengamos una actitud más equitativa, horizontal e inclusiva hacia los peruanos que no lucen físicamente como los urbanos, que no tienen el castellano como lengua materna, y que no comparten la misma cosmovisión.
Además, concordamos en que es un desafío hacer un periodismo que respete las reglas ‘visuales’ del periodismo televisivo y a la vez transmitir información y explicación.

Diapositivas de síntesis:

Diapositivas con portadas del semanario ‘Nor Oriente’ de Jaén, posteriores a los enfrentamientos del 5 de junio y mención en la encuesta nacional de Ipsos-Apoyo julio 2009 sobre el mal manejo del Gobierno de dicho conflicto.

La periodista Rosa María Palacios pide disculpas al público porque la prensa debió haber tratado como noticia los decretos legislativos rechazados por las organizaciones amazónicas, 55 días antes del enfrentamiento en la Curva del Diablo (Bagua)

R.M. Palacios pregunta a dos ministras de Estado por qué recién el 8 de junio aluden al trato equitativo a los ciudadanos de la selva y el respeto a sus derechos.

El reportero de Enemigos Íntimos Alonso Gamarra explica qué más debió haber hecho la prensa de la capital para no quedarnos “una vez más con una verdad oficial entre las manos”.

Estas ideas fueron presentadas durante el seminario ‘TV y Democracia’ realizado el fin de semana último con la participación de unos 50 líderes de opinión, entre ellos, universitarios, políticos, periodistas y algunos académicos peruanos y extranjeros.

Además: una entrevista a una de las mejores expositoras del evento -Carmen Caffarel- por Marco Sifuentes.

El reconocido líder awajún durante exposición en Lima (JFF).

El reconocido líder awajún durante exposición en Lima (JFF).

“El gobierno tiene que sincerar y ya llegaremos a comprendernos”, opinó el ex presidente del Consejo Aguaruna-Huambisa, Santiago Manuin, cuando le consultaron sobre las cuatro mesas de diálogo creadas para dar respuesta a los asuntos pendientes luego del enfrentamiento del 5 de junio en Bagua.

A la pregunta de cómo van a negociar con el Gobierno, respondió: “No llegaremos a ningún acuerdo si se cierra”.

“Tengo que ser muy sincero: mientras no se presente un plan efectivo, si no hay mesa de diálogo, consulta y participación ciudadana, no vamos a dejar entrar a la empresa a nuestra zona: tienen que asesinar a 70 mil indígenas”, afirmó.

Manuin reiteró, ante un público de más de 200 personas en Lima, la versión que recogió este blog el 19 de junio en Chiclayo: los manifestantes de la Curva del Diablo informaron el 4 de junio al general PNP Javier Uribe que, al día siguiente, a las 9 am. darían pase a los vehículos -impedidos de seguir ruta- y que ellos tardarían unos tres o cuatro días en retirarse mientras coordinaban movilidad para unas tres mil personas. “No hubo esa parte para comprendernos”, lamentó.

También mencionó un diálogo similar del 30 de mayo en presencia del párroco de Utcubamba y el representante de la Defensoría del Pueblo.

Acerca de las actividades extractivas y las amenazas que representan cuando se realizan sin estudios de impacto ambiental evaluados por especialistas y sin consulta, refirió: “Los gobernantes no se van a afectar, pero nosotros sí porque vivimos allí: por eso hemos entrado a exigir por qué no nos consultaron”.

“Yo mismo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado, tengo hijos y por eso defendemos nuestro territorio. [Además] Están los que han cumplido con esa orden [de desalojar la carretera] y han caído. Hay que encontrar al responsable de lo que ha pasado. El gobierno a nosotros no nos conoce a fondo cómo somos y sin conocernos envía a la policía al enfrentamiento”, añadió.

“Ha habido dos grupos de salvajes: el que defendía su territorio y el que envió a cumplir esa orden”, aseguró el líder awajún, ex premio Reina Sofía 1994 por su labor en defensa de los derechos humanos y la cercanía labor con su comunidad.

Manuin estuvo bastante serio durante su intervención, excepto en un par de momentos, cuando respondió con ironía un par de preguntas hechas sin buena intención. El audio está disponible en Reportaje al Perú.

“Hay que conocernos bastante a fondo para que esto no vuelva a pasar”, agregó. Sus palabras son expresión de la expectativa de un gran sector, pero el Ejecutivo y los poderes económicos y fácticos aún no dan pasos en ese mismo sentido. Para sustentar esta idea de que la razón no ha estado del lado del Ejecutivo, están las cifras de la encuesta de Ipsos Apoyo de mediados de junio: un 84% de consultados estimó que el presidente manejó mal la crisis de Bagua y un 92% que los decretos legislativos debieron ser consultados.

Según Manuin, la población en la zona “está afectada: no asustada”, aclaró durante el seminario ‘Políticas públicas, conflictos y derechos humanos’, organizado por el IDL.
***
Cito las palabras del abogado Juan Carlos Manuin, hijo de Santiago, quien cuando su padre estaba aún con orden de detención -en el hospital Las Mercedes, ver foto- me dijo que los peruanos de la Amazonía han pasado mucho, mucho tiempo intentando comprender y aplicar las normas y la forma de vivir impuesta por el Estado peruano. Sin embargo, no ha habido reciprocidad en ese aspecto hacia ellos.
¿Hasta cuándo?

Manuin en el hospital Las Mercedes/19-6-09 (JFF).

Manuin en el hospital Las Mercedes/19-6-09 (JFF).

pastorginebra
El ministro de Justicia declaró en Ginebra que los policías que llegaron el 5 de junio a desalojar la carretera -en la Curva del Diablo- “fueron recibidos con balas, con armas de fuego conseguidas tras haber asaltado un puesto policial. Eass armas fueron utilizadas para matar a los miembros de la policía”. Su afirmación seguirá generando mayor distancia con la población amazónica. Hay pruebas y testimonios de que quienes iniciaron el ataque esa madrugada fueron los policías desde los helicópteros, con las bombas lacrimógenas.

Hay pruebas y testimonios también de que los generales que estuvieron todos esos días en la carretera Fernando Belaúnde sabían al caer el jueves 4 que los manifestantes habían aceptado desalojarla al día siguiente. Tenían que buscar movilidad y organizarse pues eran casi tres mil personas.

Es cierto que posteriormente -en una colina donde se vio al mayor Bazán- un grupo de manifestantes les quitaron las armas a los efectivos y con ellas dispararon en ese momento, luego de ver el enfrentamiento en la Curva del Diablo.

Pastor dijo también ante el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de Naciones Unidas que los nativos fueron instigados por personas extrañas y que tal cosa ha quedado demostrada. Agregó: “presiones externas a las propias organizaciones indígenas hicieron que Pizango abandonara la mesa de diálogo”.

Otro aspecto preocupante de las declaraciones de Pastor es su posición acerca de la comisión para investigar los hechos del 5 de junio. “Vamos a investigar utilizando los mecanismos que la democracia nos obliga: tenemos un estado de Derecho donde hay poderes con automonía que tienen que respetarse. El poder Judicial tiene autonomía. El poder político no puede interferir en el Poder Judicial. Por tanto no entendemos a quienes piden a los políticos que interfieran con el poder Judicial, sería desconocer nuestro propio ordenamiento, nuestra propia Constitución”.

“Ha habido una motivación sin duda, hemos identificado a algunos de los que han motivado estos hechos, hay una investigación en sede judicial y no vamos a interferir políticamente”, señaló.

Ojalá ello no contradiga las declaraciones del ministro Velasquez Quesquén, quien aceptó que una comisión independiente se encargue de dicha pesquisa, sugerida por el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya.

El video con parte de la intervención de Pastor está disponible en la web del Ministerio de Justicia
Actualización de martes 11 am aquí el video

Ejecutivo no muestra interés en investigar hechos de Bagua: Carlos Navas se refiere a la demora del Ejecutivo en responder a la terna propuesta para la comisión.

Programación del informe del Perú hoy y mañana.

Programación del informe del Perú hoy y mañana.


El Gobierno tendrá que explicar hoy y mañana en Ginebra qué ocurrió en Bagua el 5 de junio y qué ha hecho para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Expresará públicamente ante el Comité de eliminación de discriminación racial de Naciones Unidas (CERD) que: “el Perú es suscriptor de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos o ambientales en general y de los derechos indígenas en particular. El más importante de ellos, el Convenio N.º 169 de la OIT”. ¿En serio? Y si es el más importante por qué no consultó los decretos legislativos el año pasado? Ratificar convenios no es igual a cumplir.

El informe del Perú está en línea y es un ejemplo más de que -en papel o en PDF- el país puede parecer respetuoso de los derechos indígenas porque ha aprobado ciertos dispositivos, pero no transparenta su no aplicación. Para muestra, sostiene que “la 11.ª política del Acuerdo Nacional constata que en el país aún subsisten diversas expresiones de discriminación e inequidad social y resalta el compromiso del Estado y de las distintas fuerzas políticas por dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades”.

Los mensajes de AGP del 28 de julio y de la primera semana de junio, y ahora el de Aurelio Pastor, no sólo no promueven ni defienden la igualdad de oportunidades sino que atacan a quienes pretendieron defender su derecho a la consulta. El ministro de Justicia defenderá al Estado peruano explicando que ‘intereses económicos’ azuzaron a la población nativa en su contra.

El caso de las minas Dorato y Afrodita en la frontera con Ecuador es muy claro acerca de cómo el Estado toma parte por las empresas y no por los derechos de las comunidades del Cenepa al entregar concesiones mineras en una zona no permitida para operaciones extranjeras. Ver una buena entrega al respecto en la revista Poder.

El premier no declaró en este tiempo sobre las cuatro mesas técnicas que han estado trabajando como parte del Grupo de Coordinación del Desarrollo de la selva, pero ayer domingo Perú.21 divulgó que Velásquez Quesquén mencionó el compromiso firmado por su antecesor, incluida la formación de una comisión que investigue los hechos del 5 de junio.

Si bien el informe escrito que presenta el Perú ante el CERD de Naciones Unidas fue redactado en enero de este año, antes de que se produjeran los hechos de Bagua, no alude a la gran cantidad de disputas entre comunidades indígenas y comunidades nativas que intentan defender sus recursos o, simplemente, que se respeten las normas en el trato con entidades estatales y empresas extranjeras.

En la página 24, dice el informe: ” es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental. En este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha implementado acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos”.
Insisto: ¿de qué sirven las normas si los ministerios no las respetan ni las hacen cumplir?

Entre las preguntas enviadas por el Comité de Naciones Unidas al Estado peruano -y que Pastor deberá responder- hay algunas interesantes como, por ejemplo, qué ha hecho para concretar los compromisos con la población Achuar afectada por la contaminación de sus aguas debido a la explotación petrolera. Asimismo, cuestiona el destino de numerosos proyectos de ley -citados en el informe enviado por el Gobierno- que permanecen en dicha condición por años, entre ellos, uno para traducir a las lenguas oficiales las normas aprobadas.

Acerca de los hechos del 5 de junio en Bagua, el Comité solicitó al Perú “información sobre las causas profundas y consecuencias del hecho desde el punto de vista del Estado parte y su progresión en los días posteriores [al 8 de junio en que el Perú envió una memoria]. Asimismo, atentamente solicita información sobre las medidas que el Estado Parte ha adoptado y/o piensa adoptar para, conjuntamente con los pueblos indígenas, superar esa situación y evitar que se vuelva a dar en un futuro”.

Y una sorpresa más: pese a que los principales representantes del actual Gobierno desprestigian el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su presentación a Naciones Unidas sí citaron datos e información procedente de dicho documento (ver la página 26). El CERD solicita información sobre qué reparaciones ha entregado el Perú a las víctimas indígenas de los 20 años de violencia.

A continuación, el informe completo de enero enviado por el Perú y luego las importantes preguntas planteadas por la ONU al Perú el 20 de junio.

Si quieren ver la procedencia de los documentos, aquí el enlace al sitio del CERD de Naciones Unidas.

Actualización de las 10 am:

Aquí la nota de prensa enviada por el Ministerio de Justicia sobre lo dicho por Pastor en Ginebra esta mañana:

Desde Ginebra, el Perú informará los avances en temas de la lucha contra la discriminación racial
Gobierno peruano garantiza el diálogo con comunidades nativas
+ Ministro de Justicia lamentó ataque narcoterrorista en Huanta.

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, reafirmó hoy desde Ginebra, Suiza, que el Gobierno peruano garantiza el funcionamiento de las mesas de trabajo que se formalizaron a través de dispositivos legales, como parte del proceso de diálogo asumido por el Gobierno con las comunidades nativas.

“Con las mesas de trabajo se busca un espacio de conversación y de comunicación para todo el tratamiento de la problemática de las comunidades nativas y de las inversiones en esa zona”, detalló.

El ministro Pastor reafirmó el respeto a los derechos de las comunidades nativas de la amazonía ratificando la labor emprendida por el Gobierno para la lucha contra la discriminación racial.

De otro lado, Pastor Valdivieso lamentó los hechos de sangre suscitados en San José de Secce, Huanta, Ayacucho, donde perecieron tres efectivos de la Policía Nacional y dos mujeres civiles abatidos en una emboscada narcoterrorista este fin de semana.

“Lamento mucho los hechos de este fin de semana. Creo que radicalismo vuelve a cobrar víctimas inocentes. Este lamentable suceso debe permitirnos hacer una reflexión mayor del tipo de país que nosotros queremos construir. Esperemos que esto no se repita y que la justicia actúe inmediatamente como corresponde”, señaló en entrevista a un medio de comunicación radial.

Comunidades nativas: prioridad en política social

Respecto a la posición que asumirá el Perú ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CRED) de Naciones Unidas (ONU), el ministro Pastor refirió que el país informará acerca de los avances que se expusieron en enero de este año sobre el respeto a los derechos de las comunidades nativas y las acciones realizadas como parte de las políticas sociales destinadas a este grupo de la población.

En aplicación de esas actividades se logró reducir la tasa de la pobreza y analfabetismo en el ámbito rural; también se brindó especial énfasis a ofrecer servicios de calidad en el tema de salud, así como a generar las condiciones para el desarrollo de capacidades que permitan a los pobladores de las comunidades amazónicas a mejorar sus condiciones de vida.

“Empezaremos esta rueda de sesiones presentando un informe que debió presentarse en el año 98. Tenemos un retraso de más de 10 años con respecto a este tema y esto nos obliga a hacer un resumen de lo que todo este tiempo el país ha avanzado en materia de lucha contra la discriminación racial. Vamos a empezar haciendo una síntesis sobre el informe que fue presentado a comienzos de este año en el avance de la legislación, reglamentos, normas, entre otros casos”, explicó.

El titular de Justicia agregó que mediante estas reuniones se demostrará ante el CRED que en el Perú en los últimos años ha habido una legislación y una práctica importante de desarrollo en favor de la lucha contra la discriminación racial, que además viene acompañada de políticas de Estado que han permitido focalizar la inversión social es grupos como las comunidades nativas.

Finalmente, consultado sobre los avances en las investigaciones de los sucesos ocurridos en Bagua, Pastor Valdivieso afirmó que el Ministerio de Justicia, como parte del Poder Ejecutivo, actúa en este caso a través de sus procuradores. “No podemos hacer más que acatar las resoluciones que se dictan. De esta manera se garantiza el respeto a la autonomía de los poderes”, concluyó.

Y la nota sobre lo mismo en Andina

El discurso con motivo de 28 de julio del presidente Alan García aludió brevemente al 5 de junio (“los trágicos sucesos de Bagua sobre los que ya hice una reflexión autocrítica”) y en adelante sólo reiteró la idea de que hay intereses extranjeros contra el Perú y que el diálogo se dará con “plazos establecidos”, sin medidas de fuerza y sin condiciones ilegales.

Desde la semana pasada cuando se produjo el cambio de gabinete, García reiteraba que el resto de su gestión contemplaría la ‘inclusión social’, pero la frase sigue siendo aún un cliché encarnado en el número de líneas de telefonía celular existentes en el país -y que repite constantemente (22 millones 800 mil)-. Sobre inclusión social no hubo contenido en el mensaje presidencial.

Aidesep, la organización amazónica que lideró las protestas de 2008 y de este año solicitando la derogatoria de decretos legislativos -y que hoy afronta dificultades internas- ha reaccionado rápidamente ante el mensaje de García e indica que el jefe de Estado perdió la oportunidad de reconciliación con los peruanos.

El Arzobispo Juan Luis Cipriani coincidió con la tesis de Alan García, acerca de las amenazas ‘externas’ que afronta el Perú y, durante la homilía en el Te Deum inició la agenda protocolar del 28 de julio, sembrando miedo al referirse a la violencia de Sendero Luminoso en años pasados y la falta de agradecimiento a quienes lucharon contra el grupo terrorista.

Opinión de Santiago Pedraglio en CNR: “García persiste con una mirada unilateral de los conflictos sociales”

Nube de tags del discurso en Utero.pe

La transcripción del discurso ofrecida por el diario El Comercio

Antes de desearles felices fiestas a los seguidores de este blog, dejo un texto para quien quiera recordar la autocrítica de AGP sobre Bagua:

Palacio de Gobierno, 17 de Junio de 2009

Compatriotas, peruanas y peruanos en todos los hogares del Perú:

Después de los trágicos hechos que hemos vivido en las semanas pasadas, he querido reflexionar unos días antes de dirigirme al país para restablecer con él la calma y la serenidad.

Quiero en primer lugar señalar, que el objetivo de los Decretos que aprobamos hace un año sobre la Selva, era proteger a la Amazonía, a nuestra Amazonía, porque la tala ilegal y el contrabando de la madera, porque la siembra ilegal de la coca y el narcotráfico y la minería informal que envenena los ríos con mercurio, han destruido ya más de 10 millones de hectáreas y además está la depredación y el contrabando de las especies animales de la Amazonía.

Queríamos poner orden y eso era también una exigencia de los sectores ecologistas y progresistas del Congreso norteamericano en la negociación para lograr el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; reconozco sin embargo que entonces no se conversó con los jefes de las comunidades nativas en las que hay 300 mil peruanos, porque los 12 millones de hectáreas que tienen asignadas en propiedad esas comunidades y además los 15 millones de hectáreas de Santuarios Naturales quedaban totalmente consagradas y protegidas por los Decretos Legislativos, además después el Parlamento por mayoría modificó 17 de 33 artículos en el decreto fundamental dándole así fuerza de Ley.

Pero lamentablemente esos buenos propósitos fueron desfigurados, caricaturizados, no se comprendieron adecuadamente y agitadores, violentistas y politiqueros convencieron a muchos nativos de buena fe, que la Ley iba a quitarles el agua y la tierra, lo cual no era cierto; todo eso llevó a actos de violencia y bloqueos de carreteras y allí criminales ocultos detrás de los nativos emboscaron a la Policía y esa acción culminó con la dolorosa muerte de 24 policías y de 10 nativos; de ello se han aprovechado los enemigos del Perú para repartir por el mundo noticias falsas, políticos de otros países competidores del Perú buscaban destruir la excelente imagen de nuestra Patria que crece y reduce la pobreza y además buscaban disminuir el optimismo de los peruanos para imponernos sus ideas extranjeras.

En esta situación llega el momento de hacer un balance, de reconocer la sucesión de errores y exageraciones que hemos vivido todos de alguna o de otra manera; es verdad que el Decreto Legislativo original no fue informado o consultado con los jefes de las comunidades nativas porque se consideró, repito, que no se afectaba en nada las tierras de propiedad de esas comunidades, también es verdad que en el ambiente de pasiones y malas informaciones se volvió casi imposible razonar, dialogar o informar especialmente en las últimas semanas y lo peor, lo peor es que en la voluntad de hacer cumplir y respetar la Ley abriendo las carreteras y recuperando las estaciones de bombeo del Oleoducto Peruano, no se calculó que detrás de los nativos se ocultaría gente criminal y cruel dispuesta a matar policías y a empujar a la Policía a matar a muchos nativos, todo eso es verdad, lo asumimos, pero también es verdad que los jefes nativos creyeron en los agitadores y demagogos, en vez de revisar por ellos mismos los decretos y que sólo escuchaban en las radios de la zona, mensajes sobre cientos de muertos inexistentes y llamados a incendiar la pradera y muchos políticos utilizaban este tema para su propio beneficio.

Es una suma de errores y exageraciones de la que sale perdiendo nuestra patria, el Perú, ¿Qué hacer?

Ahora el Primer Ministro que es un hombre creyente, honesto, leal a sus principios, que no tiene temor a decir la verdad, ha tomado la decisión de volver al inicio, al comienzo de las cosas, proponer la derogatoria de los decretos y de la Ley y comenzar un nuevo diálogo con el cual se pueda aprobar nuevas normas para proteger la Amazonía y yo lo respaldo, porque es mejor una rectificación valerosa que una torpe obstinación por ver quien gana y sé que el Parlamento así lo comprenderá y yo se lo pido públicamente.

Importa poco quien gane, lo que importa es que gane el Perú, yo sé que con tiempo y paciencia las cosas se comprenderán mejor, vale la pena esperar.

Yo le pido ahora al país calma, serenidad y confianza, esa confianza y optimismo que tenía hasta hace dos semanas, se la pido; ¿saben algo queridos compatriotas? Hoy hay cosas mucho más grandes en juego, primero, salvar al Perú de la crisis mundial y hacer que afecte lo menos posible a los peruanos y a los más pobres y en segundo lugar, continuar el trabajo de construir carreteras, puertos, hospitales, agua potable, electrificación y otras obras sociales que le dan empleo a muchos peruanos.

Que un conflicto por doloroso que haya sido no nos distraiga, ni nos divida, ni nos haga olvidar esos grandes objetivos, salvar nuestra patria de la crisis y aumentar los servicios sociales para el pueblo.

Yo sé que crecer trae tensiones, aprendo que querer modernizar muy rápidamente trae conflictos, no tengamos temor de eso si el país avanza, pero evitemos la muerte y el dolor que son irremediables y si ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos.

El Perú es una democracia al servicio del ser humano y de su libertad, toda discrepancia o reclamo es bienvenida siempre que no se llegue a la violencia que casi siempre conduce a la muerte.

Compatriotas, esa es la voz de reconciliación y de paz que ahora requerimos y que debemos afirmar por encima de los errores, de las venganzas, de los rencores y los aprovechamientos políticos.

En esta hora en que la comunidad mundial vive el terror de una gran crisis económica, le repito que los peruanos unidos todo lo podremos, la voz de la unión es la voz del triunfo de nuestra patria.

Muchas gracias por haberme escuchado y que Dios los bendiga en todos sus hogares.

Muchas gracias.

Fragmento de mapa de M.F. Paz Soldán de colección de David Rumsey.

Fragmento de mapa de M.F. Paz Soldán (s. XIX) de colección de David Rumsey.

Onur Bakiner es un estudiante de doctorado en Ciencia Política -especialista en el Perú y Chile- que tuvo una rápida reacción analítica luego de los hechos del 5 de junio en Bagua. Traduje su texto originalmente escrito en inglés el 17 de junio. Es muy valiosa su mirada sobre quiénes tienen derecho a tener derechos en el Perú. No se pierdan los últimos seis párrafos.

La política como manejo de crisis: violencia en la Amazonía peruana
Original en /
Questionpolitics, 17 de junio 2009 en Qpolitics

‘Vulnerabilidad’ alude a la falta de defensas contra ataques o amenazas. En un sentido político, la vulnerabilidad se contrapone a los mecanismos de protección –física, social y económica- proporcionados por el Estado. La exclusión de la violencia como medio para la resolución de conflictos, el sistema de derechos humanos fundamentales acompañado de libertades civiles y políticas, y la creación de un sistema de protección social sirven para proteger a los ciudadanos y comunidades de conflictos letales, intrusiones arbitrarias de funcionarios en la vida individual y social, shocks impredecibles en los mercados y similares.

La vulnerabilidad no es una susceptibilidad previa o no-política a la violencia o la pérdida material; sino que los criterios de inclusión/exclusión, diferenciación social y estratificación, orden y conflicto, están determinados a través de mecanismos políticos que generan, legitiman y reproducen las relaciones de poder en toda sociedad. La exclusión del status político-legal, es decir, ciudadanía por ejemplo, ha llevado a la vulnerabilidad más preocupante de los tiempos modernos –lo que Hannah Arendt llama “el derecho de tener derechos”. La lectura de Arendt sobre la época de entreguerras como precursora del Holocausto demuestra que revocar el derecho a participar en una comunidad política (derechos ciudadanos) anula hasta la más elemental defensa de los derechos humanos universales e inalienables (derechos del hombre).

Mientras que la inclusion politico-legal en una comunidad política es indispensable para superar las vulnerabilidades, la pura ciudadanía no es de ninguna manera suficiente cuando los individuos y comunidades carecen de acceso significativo a sus derechos –legalmente reconocidos- y a la participación política en los mecanismos de resolución de conflicto. La población Amazónica del Perú enfrenta hoy precisamente tal pluralidad de vulnerabilidades en las cuales los hechos históricos como pérdidas socioeconómicas, falta de acceso efectivo a los procesos politicos nacionales y exclusión racista, combinados con un nuevo tipo de indefensión originada en el mercado debido a la extracción de recursos naturales por compañías estatales o multinacionales –una tendencia creciente no sólo en el Perú sino en toda la Amazonía Occidental. (enlace a un estudio topográfico de los proyectos de petróleo y gas en esta amplia zona)

Pero esta novel constelación de conflictos data de 2004, cuando el entonces presidente Alejandro Toledo decidió abrir la propiedad de nativos de la Amazonía peruana a la exploración y explotación de petróleo/gas y a actividades madereras. El gobierno siguiente de Alan García adoptó una postura más agresiva para implementar políticas neoliberales, las cuales encontraron resistencia de las poblaciones nativas de la selva. El proceso de 57 días de bloqueos de carreteras y paros, acompañado por la renuencia del gobierno de iniciar un diálogo formal, condujo a violentos enfrentamientos del 5 y 6 de junio en Bagua, con ciclos de ataques y contrataques entre la Policía Nacional y nativos armados, que dejaron un balance general de al menos 22 policías y muchos nativos muertos, cientos más heridos y denuncias de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad.

Los hechos reales de violencia aún están en fuerte debate, pues la version oficial no calza con evidencias testimoniales y documentación fotográfica recogida tanto por grupos nativos como por ONG nacionales e internacionales y la prensa. (Para una excelente compilación de versiones alternativas de los incidentes, un blog en castellano) En respuesta, el gobierno derogó las leyes para calmar la tensión.
Como anota el comentarista Mirko Lauer, el último incidente de violencia da cuenta del fracaso de una estrategia de manejo de conflictos que el estado peruano ha suscrito por largo tiempo: ignorar las demandas populares a menos que los medios nacionales e internacionales presten atención, y si lo hacen (lo cual casi siempre requiere espectáculos sensacionalistas de violencia e interrupción de la actividad económica) ‘satisfacer’ las demandas en extensos procesos de negociación y concesión.
En realidad, no hay explicación que justifique por qué el Estado optó por no iniciar el diálogo con la población amazónica durante dos meses –dicho sea de paso, consultar a las poblaciones indígenas sobre el uso de sus tierras no es un mero requisito práctico, sino un derecho salvaguardo por acuerdos internacionales ratificados por el Estado Peruano. Al parecer, el gobierno esperaba terminar la protesta social con la acción de la policía, pero los nativos probaron estar mejor organizados y armados que lo que se suponía –lo cual explica el alto número de bajas en la policía. Pese a que la violencia merece una condena absoluta moral y legal, desde una perspectiva política, sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué el Estado no fue capaz de resolver el conflicto durante dos meses (si no muchos años) antes del violento giro de los acontecimientos?

El discurso antes, durante y después de la violencia de Bagua aporta más luz a la naturaleza de la exclusión sufrida por las comunidades nativas. El discurso clásico racista pinta a estas personas como ‘salvajes’ que no valoran el desarrollo económico, predispuestos a la violencia y con un discurso no patriota de propiedad a expensas del resto del Perú.

Mientras la pata de la ‘exclusión histórica’ de la vulnerabilidad se constituye mediante el racismo, los nativos enfrentan una segunda forma de exclusión, una cuyos orígenes se encuentran en las doctrinas de seguridad nacional de la Guerra Fría y cuya forma contemporánea fue determinada por las tendencias post 11/9: los manifestantes constituyen una amenaza a la seguridad nacional. La criminalización de la protesta social va de la mano con la deslegitimación de los nativos como agentes de intereses extranjeros subversivos –no sorprende, Venezuela y Bolivia son los objetos privilegiados de demonización. Los nativos son salvajes enemigos de la tecnología, sin embargo, usan las más avanzadas tecnologías de la comunicación para humillar al Perú ante la comunidad internacional; son culturas prehispánicas remotas, auto-aisladas, sin embargo, colaboran con Chávez y Morales en una conspiración internacional; tienen un modo primitivo de entender el desarrollo económico, pero poseen la capacidad de obstruir la actividad económica en la nación latinoamericana con más rápido crecimiento en los últimos 15 años. La simultánea adopción de miedos muy antiguos y el discurso moderno de seguridad nacional busca lograr una exclusión discursiva hegemonizando todo el universo ideológico de significados disponibles al público nacional.

La exclusion require de mucho más que herramientas de discurso, por supuesto. Las leyes, pese a su capacidad de resolver conflictos en otros espacios, han servido como un arma de vulnerabilidad contra vastos sectores de la población peruana. La criminalización de la protesta social se logró a través de normas que sancionaban el terrorismo y la sedición. La política económica de la exclusión es asimismo la consecuencia de cambios legales: la Constitución de 1993, preparada y ratificada durante el primer año de la dictadura de Fujimori, eliminó la inalienabilidad del suelo peruano. Los Tratados de Libre Comercio entre el Perú y otros estados (principalmente con EEUU) generaron presiones para la aprobación de normas y regulaciones que facilitaran la comercialización de la tierra, aunque el Estado peruano no ha podido liberalizar su régimen de tierras, especialmente por la resistencia de las comuidades amazónicas y sus aliados nacionales e internacionales. La administración García no logró aprobar dos leyes de liberalización en 2008, lo cual condujo a los actuales (y nuevamente fallidos) intentos de aprobar una legislación similar. (Para un análisis legal de la crisis en curso sobre las tierras de la Amazonía, ver el estudio de IDL en castellano)

El subsecuente punto muerto de la política puede entenderse como dos paradojas simultáneas:
(1) Los intereses particulares de una elite local, criolla, económico/política, combinados con los intereses de las multinacionales, son presentados como los intereses universales de toda la sociedad peruana. La seguridad nacional y el desarrollismo económico, dos pilares de la normativa legal nacional y del discurso de los medios, disimulan el crudo móvil de lucro desprovisto de responsabilidad social, el borrado de fronteras regionales o nacionales, y las limitaciones redistributivas del crecimiento económico neoliberal.

(2) La ausencia de legalidad, o de un control policial transparente, en vastas áreas de la selva peruana, genera un nuevo régimen de soberanía en la cual la política es entendida como una serie de técnicas de manejo de crisis en vez de un orden legal territorial orientado hacia la justicia, libertad y seguridad (protección). El Estado encuentra legitimación pero sin invocar su fuente tradicional de legitimidad. Asegurar la actividad económica a un costo socialmente aceptable es el examen para asegurar el consentimiento popular. Mientras el continuo crecimiento económico parezca respaldar este modelo de política-al-estilo-de-manejo-de-crisis, el “costo social” en Bagua –en la forma de innumerables muertos, desaparecidos y heridos– definitivamente desafiará al gobierno actual, y acaso también al modelo de legitimación como tal.

El modelo neoliberal de la política-como-manejo-de-crisis en efecto no excluye la violencia como una anormalidad, aberración o externalidad en una sociedad política; la violencia es internalizada como un costo social. Mientras que la exclusión discriminatoria sociohistórica niegue todo acceso significativo al reclamo político, la protesta social en la periferia de la nación no tiene, efectivamente, otra vía que las demostraciones sensacionalistas y escandalosas de violencia, hasta que los disturbios pongan en riesgo la actividad económica y la imagen del gobierno al punto que los imperativos del manejo de crisis requieran una instancia temporal y limitada de diálogo entre quienes protestan y el gobierno. Entonces, ¡no habrá violencia hasta la siguiente ola de violencia!

Para concluir, creo que la defensa de los derechos de las personas deben descartar la violencia como vía política y debe enfocarse en crear redes entre actors locales, nacionales y transnacionales para asegurar el acceso a soluciones/reparaciones judiciales nacionales e internacionales. Temo que la representación de los nativos como luchadores por la libertad con un espíritu de ‘fiera independencia’, por benevolente que sea, reproduce estereotipos raciales, impide apreciar la complejidad de la protesta social, facilita la criminalización de demandas legítimas y provoca la muerte de inocentes –tanto civiles como de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las tierras indígenas, hay un marco normativo emergente: varias normas y regulaciones nacionales, como el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos (2008), el Convenio de la OIT (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), el Artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinan sin duda que hay un proceso de creación de normas que establecerá el ‘consentimiento informado’ de los pueblos indígenas como precondición de la actividad económica en (tierra) territorio indígena. La protección medioambiental, otro campo legal emergente, ya ha generado un gran caso judicial, pues los representantes del pueblo Ashuar han acusado ante una corte estadounidense a la empresa Occidental Petroleum –con base en California- por violar estándares industriales y por contaminación de aguas. Las noticias más recientes disponibles en línea muestran que el litigio está en proceso de apelación luego de una inicial desestimación.
En países como el Perú, donde un cierto porcentaje de la población carece de documento de identidad, los activistas y políticos deben concentrarse en la inclusión, es decir, promover el ‘derecho a tener derechos’ y en acceso significativo a mecanismos legales para detener la violencia, lograr justicia y resolver conflictos.

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