conflicto armado interno


El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

El antropólogo e investigador Lurgio Gavilán durante la presentación de su libro en Lima. (Foto IEP)

Supe del trabajo de Lurgio, en octubre de este año, gracias a alguien que había leído borradores de sus textos corregidos en 2006 y que vio -en el muro de FB de un amigo- el anuncio de la presentación de su libro en México. Ello me llevó a contactarlo, vía Facebook también, para entrevistarlo mediante una videollamada.

A los pocos días, publiqué una nota en el diario El País, en la que daba cuenta de su historia, una historia que sale a la luz en un país donde, dije, hay dificultades para abordar el período de la violencia en el Perú en el espacio público, pues el tema del conflicto armado interno de inmediato genera bandos,  controversias y, en muchos casos, mentiras para atacar a un sector o a individuos con quienes no se está de acuerdo.  Este tipo de debate sobre la memoria, especialmente en Lima, es literalmente un espacio de competencia, en el que un grupo o algunos líderes de opinión -unos con más voz y poder político que otros- atacan a los que ven como enemigos.

Militares en retiro, fujimoristas y simpatizantes fujimoristas, políticos que se autodenominan de centro o independientes o que solo quieren el ‘avance’ o ‘desarrollo’ del Perú, empresarios (como el ex ministro Oscar Valdes), periodistas, expertos, etc. han identificado entre sus enemigos a los ex miembros de la Comisión de la Verdad y a todos quienes citen el informe final de la CVR. También son ‘enemigos’ los organismos, activistas y abogados de derechos humanos, las ONG, los artistas, periodistas, intelectuales y familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos por las fuerzas del orden. Los llaman defensores de terroristas, o terroristas, o terrucos, o comunistas o caviares, o extremistas, o ultras o rojos. Les atribuyen también un odio o falta de respeto hacia las fuerzas armadas, dado que nunca se preocupan por los derechos humanos de ellos, de los que salvaron al Perú de Sendero Luminoso. (¿Quién defiende los derechos humanos de los policías, de los soldados?, suelen preguntar en medio de gritos o de llanto o en conversaciones en el taxi o en una esquina). Les achacan que solo les importan los derechos humanos de los terroristas (y esto también lo menciona Carlos Iván Degregori en su texto introductorio del libro). Señalan que se le hace un favor a SL al usar el término conflicto armado interno, porque se les reconoce como ‘combatientes’ como si hubiera habido aquí una guerra. Sostienen que solo hubo terrorismo y del otro lado pacificación, lucha contra el terrorismo.

Todo esto es visible en sus comentarios en los medios, en el Congreso, en iniciativas de ley, pero también ha sido visible en hechos en las calles, como cuando un grupo de personas –¿o vándalos? – echó pintura naranja en el memorial llamado ‘Ojo que llora’, a pocos metros de aquí en Jesús María. Un memorial, dicho sea de paso, cerrado para el ciudadano de a pie, e incluso difícil de visitar si uno no realiza un trámite.

Las personas e instituciones a quienes ataca ese primer grupo -en el debate político, en los medios o en eventos públicos- estos activistas, abogados, académicos, intelectuales, ex miembros de la CVR, etc. se defienden, usualmente recordando los delitos cometidos por las fuerzas del orden desde 1980 o cometidos también por miembros del gobierno de Alberto Fujimori. Intentan que quienes trabajaron para el Estado reconozcan que hubo violadores de los derechos humanos y que no cumplieron con la función del Estado de proteger a la persona. Recuerdan también que los grupos terroristas cometieron la mayor cantidad de muertes en los años del conflicto armado interno. Suelen recibir no solo insultos, sino también amenazas; a veces han sufrido seguimiento, reglaje, etcétera, por parte de las fuerzas de seguridad. En pocos casos tienen una experiencia saludable en su relación con las fuerzas del orden o quienes la representan. Vivimos ya al menos una década en esa dinámica de polarización, de tensión, de maniqueísmo, de reduccionismo (si se quiere, de histeria) a dos partes enemigas. Este año, se ha agregado un actor nuevo entre comillas, Movadef, que también lleva al extremismo el enfoque de los asuntos relativos a la violencia pasada y a la actual.

Este escenario de polarización existía desde la década de los años 80 pero se refuerza, ahonda o agrava luego de la producción del informe final de la CVR. En aquel tiempo, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde y las FFAA criticaban los informes de Amnistía Internacional sobre violación a los derechos humanos en el Perú; por otro lado, las FFAA trataron de manera intimidante a personas como Pilar Coll cuando fue secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una vez planteado esto, puedo entonces decir uno de los motivos por los cuales es tan valioso este libro del antropólogo Lurgio Gavilán: porque lleva la cuestión, el asunto, el tema a otro lugar, a otro punto de vista, un enfoque que destierra el reduccionismo, el facilismo y la simpleza de los polos, de  los dos puntos de vista enfrentados. (Son dos puntos de vista enfrentados o tres, también enfrentados, si incluimos o no la actual prédica de Movadef).

577890_539098792786760_1955942066_nSi recordamos cómo han informado los medios de Lima acerca del libro ‘Memorias de un soldado desconocido’, no hubo ningún ataque, desde ningún ángulo al autor, tampoco se dio ese reduccionismo que he descrito previamente, de los polos enfrentados, solo hemos leído o visto el relato de una vida excepcional durante un período tan complejo en el Perú.  Y el relato de esas experiencias de Gavilán, expresa de forma muy clara la complejidad de lo vivido durante el período de violencia, como destaca Eduardo Dargent en su columna de este domingo en Diario 16 acerca del libro.

Casi todos los comentarios acerca de la historia de Lurgio Gavilán, coinciden en que su libro debería leerse en las escuelas. Dargent aludió a la posibilidad de que quede en el olvido, pero hay muchos modos de evitarlo. Por ejemplo, el documentalista Fernando Vílchez, peruano que ganó un premio por un corto que presentó en el festival de cine de Berlín, está interesado en realizar un documental sobre esta historia.

El texto de Gavilán es valioso además, porque revela experiencias transformadoras, sea en instituciones o por pequeños actos y decisiones de personajes clave. El oficial del Ejército que le perdonó la vida cuando era un niño senderista, la religiosa que vio en él otro futuro posible, la tutora que le sugirió escribir. He pensado mucho en la función de la escritura, en castellano, para un peruano que aprendió a escribir tarde en su segunda lengua. También pienso en el valor del silencio, el estudio y la meditación, para procesar lo vivido, momentos que retrata al contar sus años en el convento franciscano.  Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos. El rescate de las dimensiones que componen lo humano es también esencial es este texto, no es solamente un buen texto de antropología y de memoria de la violencia.

También es importante tener en cuenta que este libro surge en un momento delicado. Hoy las comisiones e Constitución y de Justicia han aprobado el proyecto de ley de negacionismo. 2012 ha sido un año con varios casos de censura a trabajos artísticos que aludían al tiempo de la violencia en el Perú, incluso un documentalista Andrés Mego ha retirado de internet un video sobre la vida del ex senderista Julio Yovera, sobreviviente de la matanza en El Frontón, un documental que no critica los hechos de terror, pero tampoco los promueve, ni aprueba. Y la persecución legalista no es la mejor forma de lidiar con Movadef. Si queremos enfrentar las ideologías extremistas que justifican la violencia, tenemos que conocer quiénes son esos peruanos y sus ideas, justamente para encararlos en el plano de las ideas y no dejar al criterio policial la aplicación de una norma que deja demasiado espacio a la interpretación y subjetividad.

Lurgio Gavilán sostiene en su libro que no quiere hacer juicios de valor ni política partidaria acerca de lo que hicieron Sendero Luminoso y el Ejército, sin embargo su punto de vista no es neutral ni aséptico. Es político porque contiene una posición y una visión acerca del Perú, de los vulnerados, los discriminados, los despreciados y desconocidos por el Estado, tratados así desde antes de que surgiera Sendero Luminoso. Testimonia su paso por tres espacios clave, desde donde intentó cambiar lo que consideraba injusto, impropio o en desorden. Una palabra importante en el libro acerca de lo que ocurre en el Perú, es ‘huklla’, que en quechua significa ‘ser unidos’, estar unidos. Gavilán se pregunta por qué solo cuando juega la selección el Perú se siente así… y no en otros momentos. Esta visión de un Perú fracturado está en la esencia del libro. Esa forma de ver el país, creo, tiene resonancia o es similar a la obra de una artista plástica, Eliana Otta, curadora de una exposición llamada ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’: un cartel impreso en offset, un afiche grande, que comparto aquí con ustedes para cerrar esta presentación.

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(*) El título alude a la histeria debido a dos menciones recientes a ese término. Una de Juan Carlos Ubillús, quien en la presentación del libro ‘¿Y qué si la democracia ocurre?’ dijo de algunos artistas plásticos que sus trabajos tenían un componente de histeria al aludir a los problemas de la democracia en el Perú. El lunes último, el antropólogo Javier Torres también afirmó que los medios de comunicación limeños son histéricos.

Nota: este texto fue leído el 12 de diciembre de 2012 durante la presentación del libro ‘Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia’, en la que comentaron además Makena Ulfe, Ramón Pajuelo y el propio autor en la sede del IEP.

Un lector pidió que informe las fechas de próximas audiencias públicas de los juicios por violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Aquí están:

- Martes 11/09     9 am caso desapariciones Sótanos SIE en la sala de audiencias de la Base Naval del Callao.

10 am caso Cabitos (desapariciones y muertes 1983) en Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)
- Miércoles 12/09 12 m. caso Pucará en la sala de audiencias del penal Castro Castro (San Juan de Lurigancho)

12.30 caso Chuschi en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay, Lima)

- Jueves 13/09      De 10 am a 5 pm. caso Accomarca (muertes por causa del Ejército, 1985) en el penal Castro Castro.

Telmo Hurtado -con casaca negra de cuero- en la primera fila delante del tribunal que preside Ricardo Brousset, durante audiencia suspendida del lunes 20 de agosto. Mañana retoman el proceso a las 10 am.

El lunes 20 en una audiencia judicial del caso Accomarca, debían confrontarse la versión del teniente Telmo Hurtado con las de otros efectivos del Ejército acusados por el asesinato de 69 personas el 14 de agosto de 1985 en esa comunidad de Ayacucho. El proceso judicial empezó en noviembre 2010, pero recién en junio -con el testimonio de Hurtado, extraditado desde EEUU- entró en una nueva etapa. Antes, durante y después de la audiencia se respira el pasado; los familiares de los muertos (y sobrevivientes) buscan justicia pero la ruta está llena de pequeños y grandes maltratos -e injusticia- pese a que aún el tribunal no ha dado sentencia.

No había vuelto a una audiencia de casos de violación a los derechos humanos desde febrero de 2008, cuando procesaban a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina: las audiencias de Accomarca son muy distintas: en el público no hay ningún congresista, tampoco prensa. Si hubiera periodistas, quizá el personal de seguridad del penal Castro Castro y los propios miembros del tribunal que preside Ricardo Brousset se preocuparían más de lo que hacen.

Quienes asisten regularmente al juicio del caso Accomarca, refieren que las sesiones nunca empiezan a tiempo: los familiares de las víctimas de Accomarca suelen esperar mínimo una hora hasta que llegan los magistrados. Los militares acusados llegan un poco tarde, también.

Algunas de las precauciones generales para ingresar al penal Castro Castro.

El personal de seguridad aplica criterios no escritos para tratar a las personas: por ejemplo, una semana impiden que el público entre a la sala de audiencias con cuadernos; el lunes 20 a una mujer anciana, vestida con polleras y sombrero y que estaba de pie en la cola más de una hora, le quitaron su sombrero al pasar. “Tiene que quitárselo!”, le ordenó quien revisaba al pie del arco de seguridad. La señora, con gesto de una resignación atascada hace tantos años lo entregó. Reviso el letrero de los objetos prohibidos para el ingreso a la sala de audiencias y no dice nada sobre  sombreros ni sobre cuadernos. Luego, pasa lo mismo con otra mujer más joven que usaba gorra. Se la quitaron y dejaron sobre unos casilleros.

Una vez que se instala la sesión, el magistrado Brousset hace notar que no llegó el abogado de Telmo Hurtado y que no hay algún abogado de oficio adicional para que lo reemplace, así que pocos minutos después, suspende la audiencia para que nadie declare ‘nulidad de oficio’. “Qué indignante”, comenta una de los familiares de las víctimas de Accomarca, “es el colmo”, dice otro: sin embargo, varias veces antes ha ocurrido lo mismo. Es parte del juego de los abogados y los acusados. “Desde el inicio ya sabía que iba a pasar eso”, comenta un empleado de seguridad, mientras los acusados militares van saliendo de la sala, también con una sonrisa.

A la izquierda, los familiares de los comuneros y menores de edad asesinados en Accomarca; a la derecha, los militares acusados.

Al salir al punto de control -donde todos hemos dejamos el DNI y ha sido registrado nuestro ingreso- se forman instantáneamente dos filas a unos 25 centímetros de distancia: están demasiado cerca los militares procesados y las víctimas de sus acciones, es decir, los familiares de los 69 muertos y sobrevivientes. Me pregunto cómo será estar tan cerca de quienes ellos consideran son los culpables de homicidio, al costado nomás, pronunciando sus nombres para que les devuelvan sus documentos. Veo los rostros de los inculpados, sus sonrisas a medias o sus miradas supuestamente secas, neutras o duras -como para que no les tome fotos- y prefiero no llegar a conclusiones acerca de la vida que han tenido y tienen.

Las audiencias son de acceso público. Los familiares de las víctimas de Accomarca llegan siempre, pero muy pocos otros ciudadanos los acompañan en este proceso, quizá la presencia silenciosa sea una manera de decir que nos importa. La próxima sesión será mañana 29 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del penal Castro Castro: sugiero llegar antes para hacer la cola con tiempo y pasar el trámite de registro, pero no estoy segura: el magistrado Brousset, como les decía, suele llegar muy tarde.

Miembros del EP acusados y sus abogados se retiran de la audiencia suspendida del caso Accomarca el lunes 20.

El caso Accomarca, como han comentado la politóloga estadounidense Jo- Marie Burt y el abogado de las víctimas Carlos Rivera, es el único -de violaciones a los derechos humanos antes del gobierno de Alberto Fujimori- en el que hay pruebas de una cadena de mando involucrada, y órdenes que condujeron a la matanza de los campesinos, incluidos bebés. Es también  un caso crucial porque es la primera vez que un militar declara sobre la responsabilidad de sus superiores, quienes intentan atribuirle a él toda la responsabilidad -como ocurrió en los años 80 y 90, cuando Hurtado sostenía la idea que él, por su cuenta, decidió la matanza-. El entonces jefe de la patrulla ‘Lince’ ha dicho en sus primeros testimonios que él asume la responsabilidad de 31 de las 69 muertes; sus superiores luchan ahora por voltear esa versión y librarse de culpa.

Por primera vez, familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca realizaron una de las actividades en recuerdo de sus queridos en la Municipalidad de Lima.

La semana anterior, como todos los años, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Accomarca realizó un acto para recordar a los asesinados, una actividad que suelen hacer en Ate, en un local propio; sin embargo, por primera vez fueron invitados a hacerlo en la Municipalidad de Lima, en una mesa en la que, entre otros, declararon la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el ex diputado de izquierda (UNIR) César Rojas Huaroto, quien en 1985 fue el único que dio crédito a los sobrevivientes que vinieron a Lima a denunciar la masacre.

El representante de los familiares Máximo Baez Baldeón agradeció muy conmovido la presencia de todos en la ceremonia, y en los pocos minutos que habló sus ojos estaban llenos de lágrimas: aludió a lo difícil que es aún para ellos el acceso a la justicia. Minutos más tarde, al final de la ceremonia, completó su mensaje con una canción en quechua -sobre Accomarca- y con guitarra.

Misa en la iglesia Recoleta en recuerdo de las víctimas de Accomarca, 14 de agosto.

Luego de ceremonia en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Lima, los familiares caminaron hasta la iglesia Recoleta en la plaza Francia, donde el sacerdote diocesano Humberto Boulangé celebró una misa. Boulangé comentó que el párroco le había encargado de manera especial esa misa y que todos los mandamientos fueron quebrados en la masacre de Accomarca y recordó las dificultades que aún atraviesan, 27 años después, para obtener justicia.

“La CVR nos abrió los ojos a todos… pero Accomarca es violencia, injusticia, racismo. Tenemos que saber defender la justicia y la paz para que haya reconciliación. Nuestro país está el mismo, con sus heridas abiertas, pero la época del ojo por ojo y diente por diente, ya pasó. El país tiene una deuda grande con ustedes”, afirmó Boulangé.

Peruanos expatriados en las elecciones del domingo, Palau Saint Jordi: Barcelona.

Algunos amigos y colegas están tristes, decepcionados, desconcertados. Todos entienden qué ha pasado en la primera vuelta electoral, pero vemos las reacciones racistas e insultantes contra quienes votaron por Ollanta Humala y Keiko Fujimori y esto nos devuelve la imagen de una sociedad fragmentada, polarizada socialmente, con odio contenido. Varios han dicho que tienen la misma sensación de 1990, cuando la mayoría prefirió al desconocido Alberto Fujimori que al hoy Nobel MVLL. El mensaje llegó a la ‘clase dirigente’ del Perú en 1990, pero parece que en estos años rompieron el papelito y se olvidaron qué decía.
Ayer el mensaje volvió, 21 años después, convertido en un SMS: ¿lo borrarán?

¿Qué pasará? Quisiera compartir algunas ideas.
Los escenarios peores serían los de una ‘dictablanda’.
Si es de Humala, una dictablanda con tecnócratas poco calificados, ciertos niveles de corrupción y mucho populismo. Veo un 50% de posibilidades de que cierre el Congreso. Dudo que Humala quiera realmente emprender reformas de fondo y si no quiere hacer reformas de fondo el Congreso no lo bloqueará, y entonces no tendría necesidad de ‘”disolver”‘. Sospecho que un gobierno de Gana Perú destinará algo más de dinero en inversión social porque es lo que ha ofrecido en campaña y es la forma en que puede obtener aprobación de su gestión. Si logra el apoyo de Perú Posible en estos días, el partido de Alejandro Toledo lo respaldará en esos programas sociales porque él también los aplicó (Juntos), copiando los programas exitosos del ex presidente Lula da Silva.
Humala, su gabinete y su bancada trabajarán además para favorecer los intereses de Brasil y de empresas brasileñas, quizá más que lo que ha hecho Alan García en su período. No veo condiciones en el Perú para que Humala pueda imitar las acciones y decisiones de Chávez ni de Evo Morales. No tiene nada parecido a PDVSA y PetroPeru y PeruPetro no podrían llegar a serlo. No hay ciudadanos indígenas movilizados ni organizados como en Bolivia, para que aplique las reformas que el ex líder cocalero logró imponer en su país.
He sabido por un militante del Partido de los Trabajadores (PT) que los asesores de Humala son de lo menos bueno de la organización. Es decir, son buenos comunicadores políticos, pero uno de ellos está envuelto en la historia del mensualón, el escándalo de corrupción del PT que estalló en 2004 y arrasó con dos brazos derechos de Lula en aquel tiempo, Delubio Soares, ex tesorero del histórico partido y amigo del presidente, y el entonces jefe de la Casa Civil, José Dirceu.

Si la dictablanda es de Keiko Fujimori, temo que habrá represalias contra quienes hicieron algo para que su padre sea sentenciado. Su equipo tiene ya experiencia en la corrupción en el Estado sin dejar mucha huella y en manejar ilegal e irregularmente el Congreso para lograr sus objetivos e impedir investigaciones y proyectos de ley. Es decir, un parlamento que no desarrolla sus funciones. Además, el Legislativo tendrá nuevamente muchos congresistas nuevos, sin experiencia. Tanto con Fujimori como con el caso de Humala seguro tenderán a gobernar por decreto como ha intentado AGP a lo largo de cinco años.

Si los grupos afines a PPK y Castañeda hacen una grosera campaña de miedo contra Humala y a favor de Keiko, la alianza no podrá ganar. Si algunos diarios repiten sus portadas ‘primariosas’ para atacarlo (como ocurrió con Susana Villarán) no podrán ayudar mucho a la candidata de Fuerza 2011. Si organizaciones no identificadas repiten los spots de radio de los dos días anteriores a las elecciones (de “el Perú no debe cambiar de rumbo”), tampoco.

Siempre me parece que los que hemos sobrevivido el primer gobierno de García podremos enfrentar casi cualquier otra crisis peruana. Y a veces los cinco años de un período presidencial pueden ser todos de crisis. Quizá me obligo a pensar tal cosa porque no me imagino yéndome ahora del Perú. No tenemos ni una democracia firme, ni un Congreso que funcione. Las normas internacionales que el Estado peruano firma hace décadas son sólo un visto bueno en una página web de la Cancillería, pero no una garantía para las personas y procesos que deberían ser respetados, atendidos o reparados por el Estado. Si no creemos mayoritariamente que somos iguales, si no concebimos que el territorio del otro es tan sagrado como el suelo del departamento que alquilamos o tenemos. Si decimos que alguien es poblador de Villa María pero el otro es un ciudadano de Surco. Si algunos creen que porque gritan más se van a imponer siempre, si unos creen que porque contaron la historia de una manera no hay ningún otro héroe más a la redonda, si no sabemos conversar con respeto con las personas con quienes discrepamos. Si vivimos como si el distinto a uno fuera siempre sospechoso, hay demasiado trabajo. Algunos tenemos que seguir trabajando.

Gastón Acurio ha pedido dejar de llamar ignorantes a quienes votaron por Humala y Keiko. He visto también algunas frases de personas más jóvenes que dicen que si los gobiernos de Humala o de Keiko no respetan la democracia y las libertades a las que tenemos derecho, habrá que trabajar por ello.

Más explicaciones sobre los votos mayoritarios por Humala y Fujimori adicionales al mensaje olvidado:
- La pobre campaña electoral de Alejandro Toledo y su confianza en la inercia.
- La división del espectro conservador o continuador del modelo en cuatro candidatos: PPK, Castañeda, Mercedes Araoz y Toledo. Ustedes saben que Alan García tuvo que ver al menos con la mitad de esa división.
- Quienes respaldaron financieramente y políticamente las campañas de Toledo, Castañeda y PPK invocaron a la unión (y el respectivo paso al costado) tardísimo (públicamente ocurrió el viernes pasado).
- Ollanta Humala hizo su tarea.
- PPK hizo su tarea y desplazó a Toledo.
- Alan García, el establishment, no atendió en su momento los reclamos que derivaron en conflictos sociales.
- Los candidatos no atacaron a Keiko Fujimori mencionando con precisión los delitos de corrupción, las violaciones a los ddhh y las fallas de las reformas económicas aplicadas durante el gobierno de su padre.

Otros textos obligatorios:
- Roberto Bustamante, El Morsa, indica que ha habido un importante voto del sector C -y no solo de los electores más pobres- a favor de Humala.

- Píldora tranquilizante de Moody’s

- Cinco conclusiones poslectorales, por Eduardo Villanueva

Aquí algunos textos míos sobre las elecciones:
- En frente de un espejismo y de un mal
- Publicado hoy, escrito el jueves, responde a la pregunta que planteó Punto.Edu: ¿qué tendría que hacer Humala para ganar en segunda vuelta?
- Humala conectó con el descontento

Un video de la primera entrevista en la que mencioné el vínculo entre Humala y Brasil en marzo

El texto del diario El País en el que me cita sobre los intereses de Brasil en el Perú y Humala

El compromiso de Humala con los peruanos y la Carta ao Povo brasileiro del ex presidente Lula en 2002, ambos divulgados para tranquilizar al empresariado principalmente.

La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el presidente Alan García colocan la primera piedra. (Foto: J. Fowks)

La madre de uno de los estudiantes asesinados por el Grupo Colina en la universidad La Cantuta, Raida Cóndor, asistió a la colocación de la primera piedra del Lugar de la Memoria que se construirá en Miraflores. Alan García clausuró el acto. El ministro de cooperación alemán, Dirk Niebel, tuvo palabras justas y directas para un momento como éste. Cóndor dijo sentirse contenta luego de la ceremonia y recordó la sentencia a Alberto Fujimori. Aclaró que la búsqueda de justicia tras la desaparición de Armando Amaro le cambió la vida: dejó de ser ‘sólo’ una madre pendiente de sus hijos.
Los invitados eran predominantemente diplomáticos, miembros de ONG, pocos representantes de asociaciones de víctimas de la violencia, algunos intelectuales, artistas. El ex alcalde de Miraflores, Manuel Masías, que no figuraba en el programa ni ocupaba la mesa de honor, se las arregló para intervenir unos minutos.
Fernando de Szyszlo ha quedado como presidente de la Comisión de Alto Nivel del Lugar de la Memoria luego de la renuncia al cargo de Mario Vargas Llosa.
Tengo mis reparos acerca de lo que será y relatará este Lugar de Memoria, sin embargo, su simple existencia será una señal de voluntad de encuentro y conocimiento entre los distintos ciudadanos que han vivido y viven en el Perú.
Pero mejor escuchen a la señora Raida Cóndor.

 

Presidente García a su salida del Te Deum por Fiestas Patrias. Foto: Andina-Piero Vargas

Llama la atención del mensaje del presidente Alan García su afán por querer parecer la cabeza de un Gobierno eficaz y que sanciona lo ilegal y la corrupción. Ni eficaz, ni sancionador. Desde el inicio de este gobierno, Doe Run solicitó prórrogas para cumplir su programa de adecuación medio ambiental (PAMA) y el MEM aceptó todas las veces, sin chistar y con el entonces premier Jorge del Castillo. El anuncio de hoy, de cancelar la licencia a la empresa minera de capital estadounidense, no tiene sentido ya: hace dos años, quizá.

El mandatario dijo que éste es un “estado draconiano” y puso como ejemplo la multa reciente a la empresa minera Caudalosa, debido al último derrame de relaves en Huancavelica. Sin embargo, Caudalosa –como Volcan, Buenaventura, Pluspetrol y tantas otras– se resisten a pagar las sanciones que impone el regulador Osinergmin. No contamos aún con un Estado suficiente para  fiscalizar ni para hacer que se cumplan las pocas sanciones que dispone.

Y ello nos lleva de inmediato a la noción de corrupción: García Pérez indica que casos como Petroaudios o Cofopri  surgen debido a que cinco o diez  empleados del Estado se corrompen y son –según él– casos aislados. Yerra nuevamente: algunos de los empleados del Estado involucrados son en ambos casos del más alto nivel de jerarquía del partido oficial, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca en el primero en relación a proyectos de construcción e infraestructura, no sólo hidrocarburos; Omar Quesada en el segundo. Y no son situaciones aisladas, son lamentablemente, modos de operar que se repiten en diversos puntos del Perú. Lo ocurrido con Cofopri en Chilca ocurrió de forma similar en Talara, Colán, Moquegua, Trujillo, Cusco, etcétera (de acuerdo a denuncias recibidas en IDL-Reporteros y publicaciones del diario Correo).

En un programa de TV, Rosa María Palacios nos preguntaba hoy a tres entrevistados “¿por qué si el presidente García tiene tantos resultados, su aprobación es baja? ¿Tiene mala comunicación?” El gobierno tiene un aparato de comunicación oficial fuerte, y a él se suman los medios masivos que comparten su visión de cómo gestionar el país (esto merecería otro post). Su problema no es la presencia en medios. Su problema es que puede exhibir una cierta cantidad de equipos comprados y obras de infraestructura, en curso o concluidas, pero algunas no funcionan y otras pueden tener apariencia de legalidad pero sufren de lo siguiente:

- concursos o licitaciones previamente arreglados y,

- falta de transparencia con la población o comunidad que será afectada por la intervención de una empresa y a la vez el Gobierno en una abierta opción preferencial o coaligación con la empresa que permite acelerar trámites o modificar normas ya existentes para facilitar las obras y proyectos (ejemplos:  Collique, hidroeléctrica de Inambari, hidroeléctrica de Paquitzapango, el ex proyecto Majaz a cargo de Zijin, Dorato-Afrodita en el Cenepa, etcétera).

En síntesis: hay gran lenidad, ni eficacia, ni democratización, ni nave que camina: el Gobierno conduce un Estado sin posibilidad de fiscalizar, sancionar y regular: el Gobierno tiene entre sus personajes clave madejas de corrupción. Vale la pena recordar también las denuncias contra el hoy presidente del Congreso, César Zumaeta, y su afinidad con un traficante de terrenos: hubo una norma legal que formalizó una gran cantidad de propiedades obtenidas mediante invasión.

El presidente García ha dicho también que continuará “con obras y con la democratización social de nuestra patria”. Su concepto de democratización social parece incluir los millones de teléfonos celulares, la luz, la reducción del analfabetismo, la entrega de un millón de buzos, y así. Sin embargo, hay una agenda pendiente luego de los hechos del 5 de junio de 2009 en Bagua: una agenda sobre la democracia en un país de varias culturas, etnias e idiomas. No hubo en el mensaje ni una sola mención a ese ámbito: el de las decisiones de gestión pública en entornos donde el uso y la función del territorio son sensibles y donde las nociones de desarrollo son distintas a las del capitalino. [O donde quizá no son distintas, pero hay que preguntar primero]. Recordamos entonces, la no promulgación de la ley de consulta previa (aplicación del Convenio 169 de la OIT), la cantidad de conflictos sociales embalsados (más de la mitad son medioambientales y confrontan a la industria extractiva con comunidades), las dificultades que enfrenta la Policía Nacional al chocar con ciudadanos como ellos debido a que el Gobierno no negoció a tiempo ni supo ofrecer salidas. Están aún pendientes de aprobar nuevos decretos legislativos dada la derogatoria de los que condujeron a la crisis en la Amazonía en el 2009. Sólo se ha avanzado con la Ley Forestal debido a los plazos del TLC con Estados Unidos.

La carrera magisterial es posiblemente el único punto que realmente constituye un logro sin falacias. La creación del Ministerio de Cultura es simplemente un ‘check’ en la lista de lavandería, basta ver la ilustración de Piero Quijano en la revista Somos del 24 de julio.

La mención al terrorismo en el mensaje también merecería otro texto aparte, pero ya ha habido algunos columnistas que se han referido al clima de miedo que intentan generar voceros del Gobierno y de los diversos fujimorismos  desde la liberación de la estadounidense Lori Berenson. El lunes 26, García Pérez se refirió al terrorismo en una actividad pública con el ministro del Interior y el jefe de la PNP: hoy lo hizo gritando en el hemiciclo, buscando aplausos.

Así las cosas, el presidente García se dirigió en el mensaje especialmente a los incluidos, a los integrados, a los que hablan de la misma manera. Lamentablemente, ha estereotipado al resto como ‘antisistema’ o como traidor o como pagado por países extranjeros o enemigo del desarrollo. El presidente quizá considera que esa posición dura y que desprecia al que piensa distinto le da altura de estadista. Algún día, quizá en alguna muy futura entrevista de político en retiro, corregirá. Ya no es joven para decir que los errores eran de juventud (como suelen disculparlo sus correligionarios por el período 1985-1990).

P.S. Los invito a ver el programa de Rosa María Palacios este jueves 29 donde con dos jóvenes blogueros, Laura Arroyo y José Alejandro Godoy, compartimos algunas ideas luego del mensaje de AGP.

Actualizado el 30 de julio a las 2:36 am.

Incluyo un par de segmentos de esa intervención en el programa Prensa Libre:

Premiados por la CNDH en víspera del día de los ddhh.

El fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, defensor del Estado en los juicios contra el ex presidente Fujimori, dijo recibir el premio nacional de derechos humanos 2009 a nombre de su institución y de “un equipo de fiscales que quiere demostrar que puede trabajar con limpieza y honestidad”.

Guillén fue uno de los cuatro galardonados: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos /CNDH) distinguió además al legendario reportero gráfico de Caretas Oscar Medrano, al caricaturista Carlos Tovar -más conocido como Carlín- y al antropólogo Carlos Ivan Degregori, por su trayectoria y contribución al movimiento de ddhh en el país.

El auditorio del Colegio Médico del Perú -con capacidad para mil personas- no alcanzó para todas las personas que asistieron. Entre el público fueron notorios monseñor Luis Bambarén; el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner; y Pilar Coll, quien fuera la primera secretaria ejecutiva de la CNDH.

Cuanto tocó el turno de Carlín, agradeció -entre otros- a sus “colaboradores”: que son más de cien, entre políticos y congresistas, quienes le permiten dibujar lo que dibuja…

Hoy 10 de diciembre se celebra el día de los derechos humanos, por lo tanto va a continuación un fragmento del video con declaraciones del fiscal Guillén y de la cantante huantina Magaly Solier, quien habló en quechua y castellano sobre la esperanza para obtener justicia en el Perú.

Premio Nacional de derechos humanos 2009 from Jacqueline Fowks on Vimeo.

La actividad fue convocada por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). (Foto: JFF)

La actividad fue convocada por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). (Fotos: JFF)


Hay más de 15 mil desaparecidos por la violencia entre los años 1980 y 2000 en el Perú y muy pocos de los familiares de ellos han recibido sus restos. Esta tarde unas 150 personas se reunieron en la Plaza San Martín a llamar la atención del Estado para que, entre otras obligaciones, devuelva los restos identificados por el Ministerio Público a los familiares que corresponden. Los paraguas significaban una protección contra el olvido y la impunidad, un ‘paraguas humanitario’.

Luego de la actividad, una delegación de la dirección de derechos humanos del Colegio de Abogados de Lima dejará un oficio al presidente Alan García pidiendo que el Perú suscriba la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, la cual reconoce como víctimas también a los familiares y exige que el Estado informe sobre el paradero de las personas y entregue los restos.

La doctora Carolina Loayza, representante del CAL, recordó que la Defensoría del Pueblo también ha emitido un informe recomendando al Gobierno que suscriba dicha Convención.

Hoy se cumplen seis años de la entrega al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y este domingo 30 se conmemora el Día Internacional del Desaparecido.

Mientras se realizaba la actividad del paraguas humanitario en la Plaza San Martín de Lima, los organizadores -el Equipo Peruano de Antropología Forense- recibieron una llamada desde Huanta, informando que acababa de realizarse el velatorio de los 92 restos de peruanos asesinados en Putis en 1984, los mismos que mañana serán enterrados en el camposanto de ese distrito de La Mar (Ayacucho).

Consultado por el blog, el abogado especialista en derechos humanos, Alejandro Silva, indicó que a seis años del IF-CVR puede considerarse un avance los procesos judiciales y condenas contra Alberto Fujimori, aunque la omisión por parte del Ministerio Público en devolver restos de personas desaparecidas a los familiares y el poco avance o parálisis de diligencias e investigaciones fiscales en Ayacucho constituyen un retroceso.
- Tengo una lectura pesimista del proceso, agregó.

De acuerdo a Silva, luego de las exhumaciones realizadas por el Ministerio Público hay restos que ya fueron utilizados como prueba para las investigaciones y mayor información no se obtendrá de ellos, por lo cual debe entregarlos a los parientes de las personas desaparecidas. “Están guardados en instalaciones del MP, deben ser entregados”, añadió.

Estuvieron presentes, entre otros, familiares de desaparecidos de la Universidad La Cantuta.

Estuvieron presentes, entre otros, familiares de desaparecidos de la Universidad La Cantuta.


El experto explicó que los avances en el Perú son sólo más significativos que procesos similares en Guatemala y El Salvador.

También destacó, esta vez de forma positiva, el hecho de que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, se haya dirigido al ministro de Defensa para solicitar información referida en general a casos de violación a los derechos humanos.

Sin embargo, consultada el miércoles por este blog acerca de cuándo la Fiscalía presentará la denuncia formal del caso Putis ante el Poder Judicial, respondió que aún les falta información sobre los responsables. El propio Ministerio de Defensa ha informado ya a la Fiscalía el paradero del entonces jefe del comando político militar, general (r) Wilfredo Mori Orzo.

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Una foto de Reuters en Alertnet

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que entre SL como a inicios de los 80. (Dibujo de E. Jiménez)

Esta es la imagen que quisiera Chungui para sí mismo, pero se han dedicado a patrullar para que no entre SL como en los años 80. (Dibujo de E. Jiménez)


Durante la presentación de la segunda edición del notable libro ‘Chungui. Violencia y trazos de memoria’ escuchamos un grave diagnóstico sobre la inseguridad y postración en la que aún vive ese distrito de La Mar, Ayacucho: “Nadie quiere ir: ni la policía, ni las fuerzas armadas, ni salud”, reveló con firmeza y pesar el alcalde Daniel Huamán.

Debido a la presencia de remanentes del narcoterrorismo en la zona -conocida también como Oreja de Perro-, la autoridad explicó que están gastando “en seguridad o defensa los recursos de la Municipalidad que deberían servir para el desarrollo. Los comuneros están yéndose para Andahuaylas, algunos se van para SL, otros abandonan los estudios y están como esclavos sirviendo en Ayacucho o Andahuaylas”.

“A nivel de gobierno central, ninguna institución ni la prensa hablada, escrita, televisiva, nadie sabe cómo ha sucedido en Chungui. ¿Cuántos Putis, Accomarcas y Lucanamarcas habrá en Chungui? es una incógnita por descubrir sobre la violación de los derechos humanos”, agregó Huamán.

El alcalde recordó que es el distrito más afectado por la violencia según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “¿Nos preguntamos por qué ha habido tanta barbaridad? Quizá por la falta de vías de comunicación. En aquel tiempo los pobladores tenían que caminar tres días para llegar a una feria. Fue una zona estratégica de la que se apoderaron tanto Sendero Luminoso como las fuerzas armadas. Estamos haciendo las gestiones pero nos dicen que es imposible, nos dicen que no hay dinero o que falta población (para las obras)”.

“Los jóvenes no tienen acceso a tecnología, no hay carreteras, no hay fluido eléctrico. Estamos en las tinieblas. ¿Por qué funciona la oficina de coordinación [de la alcaldía] en la ciudad de Huamanga? Debido a los sistemas como el SNIP y Seace [necesarios para gestionar obras]: en Chungui no hay banco, no hay servicios básicos, ni teléfono”, precisó.

“Si hablamos de educación y salud es peor todavía. No sé cómo el Gobierno focaliza las reparaciones a las víctimas. El Gobierno dice que hay que atender las zonas más afectadas de extrema pobreza, pero no ocurre. Nos hemos convertido en un pequeño ministerio de educación. El año pasado la Municipalidad ha pagado los sueldos de 19 docentes de los tres niveles. Este año estamos pagando 15. En ese sentido demandamos y no nos hacen caso. No sé qué hacer. En salud, igual: los técnicos no quieren ir porque estamos lejos, no hay vías de acceso. Los puestos de salud no están implementados, no hay doctores, nada. A las madres gestantes las estamos evacuando como en la época del incaico con chacanas, organizamos comisiones para llevarlas. Hemos exigido equipamiento de ambulancias y medicamentos, pero hasta ahora no ocurre nada”, relató el alcalde.

Huamán hizo alusión a un documental sobre Chungui del cual el IEP proyectó un adelanto. En un momento de la narración el corto se refirió al inicio de SL. “Justamente así inició. Estamos entrando a la segunda vuelta con la presencia de remanentes de SL porque no hay fuerzas del orden [en Chungui], nadie quiere ir, ni el Ejército ni la Policía Nacional. Felizmente estamos recién accediendo a justicia: hace dos años está funcionando la fiscalía y el juzgado”.

“Durante la violencia se ha desorganizado nuestras comunidades, de seis mil que éramos, sólo dos mil hemos quedado, pero no todos están allí: hay algunos en Lima, en Ayacucho, en la selva. Constantemente han estado viniendo los remanentes de SL, recientemente han alarmado, el mismo cuento están diciendo, y las familias comenzaron a migrar a distintos sitios”.

“El famoso camarada ‘Marco Antonio’ un día llegó, le dijimos que se identifique. Nosotros le hemos parado la guerra a ellos: desde marzo de este año día y noche estamos haciendo guardias. En vez de que nos preocupemos en el desarrollo de nuestra población y familia nos hemos convertido en pequeños policías nacionales o en Ejército: en patrulla, en servicio, en lista. A pesar de que hemos mandado informes al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior: esa es la cruda realidad del distrito de Chungui”, describió.

“¿Qué futuro nos espera para el distrito de Chungui?”, cuestionó por último la autoridad edil.

Edilberto Jiménez, antropólogo, periodista y retablista ayacuchano, autor del libro que va en su segunda edición, agradeció a muchas personas que colaboraron en la publicación: en particular al actual alcalde, quien lo acompañó en largas y duras caminatas -en 1996 y posteriores- para buscar a las personas que contaron sus historias, sus pérdidas y sus dolores, y que luego él convirtió en dibujos, relatos escritos y retablos.

Los testimonios recogidos por Jiménez y por Felipe Degregori en el distrito más golpeado por el conflicto armado interno sostienen que la violencia además produjo el fin de la organización de las personas. Luego de la violencia continúan diferentes rencillas, enfrentamientos. Lo único que une a los chunguinos es su fe en su patrona, la Virgen del Rosario.

Una de las fugas (cantos) de Chungui recogido en el 2000 por Jiménez dice así:
Vivo en pueblo lejano
Vivo en pueblo de Chungui
seguro por estar lejos
ni los periodistas llegan
ni los congresistas llegan
Dice también llora el río de Qachi
al encontrarse con el río de Chungui
así llora mi pueblo
cuando nadie se recuerda

Una nota sobre el mismo libro en La República

La columna de M. Tanaka sobre el trabajo de Jiménez

Lorenzo Quispe pidió apoyo de la Fiscalía para exhumación de otras fosas en Putis. (Foto: JF)

Lorenzo Quispe pidió apoyo de la Fiscalía para exhumación de otras fosas en Putis. (Foto: JF)


El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y el Ministerio Público entregaron hoy a comuneros de Putis 92 ataúdes, 28 de los cuales estaban identificados con nombre y apellido. Pasaron 25 años para que la investigación fiscal avanzara, ahora falta que la Segunda Fiscalía Especializada de Ayacucho formalice la denuncia de este caso ante el Poder Judicial. No queda ninguna diligencia derivada de las exhumaciones del 2008.

Uno pensaría que este acto, de restitución de los restos a familiares que sufrieron por la pérdida violenta e injusta de sus parientes los consolaría o aliviaría, pero Putis está como hace 25 años: sin escuela y sin seguridad ante la violencia. San José de Secce -donde fue el ataque del narcoterrorismo hace dos semanas- queda a dos horas de allí. Cayramayo pertenece a Putis y los pobladores de dicho lugar piden que vuelvan a instalar la base militar que cerraron hace unos meses porque se sienten intranquilos y preocupados. “Es muy triste nuestra comunidad”, comentó uno de los consultados por este blog.

El presidente de la Asociación de Afectados por la Violencia, Lorenzo Quispe, agradeció y felicitó a todos quienes permitieron que ahora puedan enterrar a sus seres queridos el 29 de agosto. Pero además pidió al presidente de la junta de fiscales, Javier Gonzales Torres, apoyo para que se realice una segunda exhumación en Putis. Por ejemplo, su padre sigue desaparecido. Según los sobrevivientes de la masacre de diciembre de 1984 -a manos de efectivos del Ejército- son unas 400 personas en total las muertas y desaparecidas en Putis. A la fecha, son 92 los restos recogidos en la fosa que queda detrás de la iglesia del centro poblado.

Colocación de ataúdes antes del acto de entrega a los deudos de Putis.

Colocación de ataúdes antes del acto de entrega a los deudos de Putis.

José Pablo Baráybar, director de EPAF, se sentía frustrado de que esta entrega de restos fuera como equivalente al tamaño de un alfiler. “Esto es como el 0,07% de avance de entrega de restos a sus familiares. No hay nada que celebrar”, comentó.

Durante la actividad, realizada en el local del Ministerio Público de Ñahuinpuquio, a unos 20 minutos del centro de Huamanga, Baráybar explicó a los familiares y autoridades de Putis presentes -con detalle y proyectando fotos- el cuidado de los procedimientos aplicados para que los huesos y las ropas ‘hablen’ después de 25 años.

El forense mostró fotos de huesos despedazados que luego pegaron para poder reconocer dónde se produjeron los orificios de balas FAME (Fábrica de municiones del Ejército). En algunos casos, pedazos de bala se quedaban en los huesos. En otros casos, era posible verificar la trayectoria de los proyectiles con los huecos que dejaron los disparos en las ropas.

Baráybar también llamó la atención al hecho que casi la mitad (45%) de los 92 cuerpos hallados en esa exhumación de mayo 2008 correspondieran a personas que tenían desde menos de un año hasta 17 años. 39 de ellas murieron con lesiones de bala en hueso; a dos de las 92 les dispararon y acuchillaron.

Un integrante de EPAF tradujo dicha explicación en simultáneo al quechua, lo cual generó gran atención por parte de la audiencia durante la descripción del trabajo hecho con los restos hallados en la fosa.

Baráybar refirió que una gran dificultad para no haber podido identificar con nombre y apellido más restos era el paso del tiempo y, en segundo lugar, que muchas familias murieron completas y no había a quién tomarle una prueba para contrastar el ADN.

“La ciencia no puede hacer nada más para identificar a los demás: hoy hemos agotado todas las posibilidades”, acotó.

Lorenzo Quispe invitó a que los acompañemos el 29 de agosto al entierro. En los últimos meses han estado construyendo un camposanto con sus recursos y con donaciones. La ONG Paz y Esperanza de Ayacucho -que asiste legalmente a los deudos de los muertos de Putis- está
convocando a una primera actividad de condolencia con dichos peruanos -en Huamanga- el próximo 27 de agosto. El entierro en Putis será el 29.

Otra actividad para que el Estado actúe a favor de los familiares de los 15,000 desaparecidos en el Perú se realizará este 28 en Lima.

La señora perdió a sus hijos y recibió los restos identificados.

La señora perdió a sus hijos y recibió los restos identificados.


Fuentes del Ministerio Público indican que en setiembre -en dos semanas- se les acaban los fondos recibidos por cooperación internacional para exhumaciones. No se ve a dónde han ido dichos fondos. No más de 200 restos han sido devueltos a sus familiares en los dos últimos años.

Los nombres de las personas asesinadas en Putis cuyos restos pudieron ser identificados son:
Ambrosia Solier Cusiche, Ernesto Limancca Solier, Agripina Curo Soto, Mendoza Curo, Mendoza Curo, Mendoza Curo, Leocadia Ccente Rmero, Potosino Ccente, Delfina Madueño Curo, Filomena Madueño Coronado, Guillermo Fernández Quispe, Felix Fernández Fernández, Juan Rosa Fernández Fernández, Celestina Cusiche Fernández, Anatolia Centeno Chávez, Ramón Condoray Quispe, Rita Condoray Quispe, Octavio Condoray Ccente, Saturna Condoray Huayllasco, Monja Huayllasco Huamán, Reynalda Condoray Huayllasco, Mauro Condoray Curo, Lucio Condoray Curo, Demesia Curo Soto, Justina Lunasco Quispe, Apolinaria Quispe Gamboa, Teodora Quispe Huayllasco.

Una columna de Juan de la Puente sobre el silencio de los medios ante este hecho

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