Fragmento de mapa de M.F. Paz Soldán de colección de David Rumsey.

Fragmento de mapa de M.F. Paz Soldán (s. XIX) de colección de David Rumsey.

Onur Bakiner es un estudiante de doctorado en Ciencia Política -especialista en el Perú y Chile- que tuvo una rápida reacción analítica luego de los hechos del 5 de junio en Bagua. Traduje su texto originalmente escrito en inglés el 17 de junio. Es muy valiosa su mirada sobre quiénes tienen derecho a tener derechos en el Perú. No se pierdan los últimos seis párrafos.

La política como manejo de crisis: violencia en la Amazonía peruana
Original en /
Questionpolitics, 17 de junio 2009 en Qpolitics

‘Vulnerabilidad’ alude a la falta de defensas contra ataques o amenazas. En un sentido político, la vulnerabilidad se contrapone a los mecanismos de protección –física, social y económica- proporcionados por el Estado. La exclusión de la violencia como medio para la resolución de conflictos, el sistema de derechos humanos fundamentales acompañado de libertades civiles y políticas, y la creación de un sistema de protección social sirven para proteger a los ciudadanos y comunidades de conflictos letales, intrusiones arbitrarias de funcionarios en la vida individual y social, shocks impredecibles en los mercados y similares.

La vulnerabilidad no es una susceptibilidad previa o no-política a la violencia o la pérdida material; sino que los criterios de inclusión/exclusión, diferenciación social y estratificación, orden y conflicto, están determinados a través de mecanismos políticos que generan, legitiman y reproducen las relaciones de poder en toda sociedad. La exclusión del status político-legal, es decir, ciudadanía por ejemplo, ha llevado a la vulnerabilidad más preocupante de los tiempos modernos –lo que Hannah Arendt llama “el derecho de tener derechos”. La lectura de Arendt sobre la época de entreguerras como precursora del Holocausto demuestra que revocar el derecho a participar en una comunidad política (derechos ciudadanos) anula hasta la más elemental defensa de los derechos humanos universales e inalienables (derechos del hombre).

Mientras que la inclusion politico-legal en una comunidad política es indispensable para superar las vulnerabilidades, la pura ciudadanía no es de ninguna manera suficiente cuando los individuos y comunidades carecen de acceso significativo a sus derechos –legalmente reconocidos- y a la participación política en los mecanismos de resolución de conflicto. La población Amazónica del Perú enfrenta hoy precisamente tal pluralidad de vulnerabilidades en las cuales los hechos históricos como pérdidas socioeconómicas, falta de acceso efectivo a los procesos politicos nacionales y exclusión racista, combinados con un nuevo tipo de indefensión originada en el mercado debido a la extracción de recursos naturales por compañías estatales o multinacionales –una tendencia creciente no sólo en el Perú sino en toda la Amazonía Occidental. (enlace a un estudio topográfico de los proyectos de petróleo y gas en esta amplia zona)

Pero esta novel constelación de conflictos data de 2004, cuando el entonces presidente Alejandro Toledo decidió abrir la propiedad de nativos de la Amazonía peruana a la exploración y explotación de petróleo/gas y a actividades madereras. El gobierno siguiente de Alan García adoptó una postura más agresiva para implementar políticas neoliberales, las cuales encontraron resistencia de las poblaciones nativas de la selva. El proceso de 57 días de bloqueos de carreteras y paros, acompañado por la renuencia del gobierno de iniciar un diálogo formal, condujo a violentos enfrentamientos del 5 y 6 de junio en Bagua, con ciclos de ataques y contrataques entre la Policía Nacional y nativos armados, que dejaron un balance general de al menos 22 policías y muchos nativos muertos, cientos más heridos y denuncias de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad.

Los hechos reales de violencia aún están en fuerte debate, pues la version oficial no calza con evidencias testimoniales y documentación fotográfica recogida tanto por grupos nativos como por ONG nacionales e internacionales y la prensa. (Para una excelente compilación de versiones alternativas de los incidentes, un blog en castellano) En respuesta, el gobierno derogó las leyes para calmar la tensión.
Como anota el comentarista Mirko Lauer, el último incidente de violencia da cuenta del fracaso de una estrategia de manejo de conflictos que el estado peruano ha suscrito por largo tiempo: ignorar las demandas populares a menos que los medios nacionales e internacionales presten atención, y si lo hacen (lo cual casi siempre requiere espectáculos sensacionalistas de violencia e interrupción de la actividad económica) ‘satisfacer’ las demandas en extensos procesos de negociación y concesión.
En realidad, no hay explicación que justifique por qué el Estado optó por no iniciar el diálogo con la población amazónica durante dos meses –dicho sea de paso, consultar a las poblaciones indígenas sobre el uso de sus tierras no es un mero requisito práctico, sino un derecho salvaguardo por acuerdos internacionales ratificados por el Estado Peruano. Al parecer, el gobierno esperaba terminar la protesta social con la acción de la policía, pero los nativos probaron estar mejor organizados y armados que lo que se suponía –lo cual explica el alto número de bajas en la policía. Pese a que la violencia merece una condena absoluta moral y legal, desde una perspectiva política, sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué el Estado no fue capaz de resolver el conflicto durante dos meses (si no muchos años) antes del violento giro de los acontecimientos?

El discurso antes, durante y después de la violencia de Bagua aporta más luz a la naturaleza de la exclusión sufrida por las comunidades nativas. El discurso clásico racista pinta a estas personas como ‘salvajes’ que no valoran el desarrollo económico, predispuestos a la violencia y con un discurso no patriota de propiedad a expensas del resto del Perú.

Mientras la pata de la ‘exclusión histórica’ de la vulnerabilidad se constituye mediante el racismo, los nativos enfrentan una segunda forma de exclusión, una cuyos orígenes se encuentran en las doctrinas de seguridad nacional de la Guerra Fría y cuya forma contemporánea fue determinada por las tendencias post 11/9: los manifestantes constituyen una amenaza a la seguridad nacional. La criminalización de la protesta social va de la mano con la deslegitimación de los nativos como agentes de intereses extranjeros subversivos –no sorprende, Venezuela y Bolivia son los objetos privilegiados de demonización. Los nativos son salvajes enemigos de la tecnología, sin embargo, usan las más avanzadas tecnologías de la comunicación para humillar al Perú ante la comunidad internacional; son culturas prehispánicas remotas, auto-aisladas, sin embargo, colaboran con Chávez y Morales en una conspiración internacional; tienen un modo primitivo de entender el desarrollo económico, pero poseen la capacidad de obstruir la actividad económica en la nación latinoamericana con más rápido crecimiento en los últimos 15 años. La simultánea adopción de miedos muy antiguos y el discurso moderno de seguridad nacional busca lograr una exclusión discursiva hegemonizando todo el universo ideológico de significados disponibles al público nacional.

La exclusion require de mucho más que herramientas de discurso, por supuesto. Las leyes, pese a su capacidad de resolver conflictos en otros espacios, han servido como un arma de vulnerabilidad contra vastos sectores de la población peruana. La criminalización de la protesta social se logró a través de normas que sancionaban el terrorismo y la sedición. La política económica de la exclusión es asimismo la consecuencia de cambios legales: la Constitución de 1993, preparada y ratificada durante el primer año de la dictadura de Fujimori, eliminó la inalienabilidad del suelo peruano. Los Tratados de Libre Comercio entre el Perú y otros estados (principalmente con EEUU) generaron presiones para la aprobación de normas y regulaciones que facilitaran la comercialización de la tierra, aunque el Estado peruano no ha podido liberalizar su régimen de tierras, especialmente por la resistencia de las comuidades amazónicas y sus aliados nacionales e internacionales. La administración García no logró aprobar dos leyes de liberalización en 2008, lo cual condujo a los actuales (y nuevamente fallidos) intentos de aprobar una legislación similar. (Para un análisis legal de la crisis en curso sobre las tierras de la Amazonía, ver el estudio de IDL en castellano)

El subsecuente punto muerto de la política puede entenderse como dos paradojas simultáneas:
(1) Los intereses particulares de una elite local, criolla, económico/política, combinados con los intereses de las multinacionales, son presentados como los intereses universales de toda la sociedad peruana. La seguridad nacional y el desarrollismo económico, dos pilares de la normativa legal nacional y del discurso de los medios, disimulan el crudo móvil de lucro desprovisto de responsabilidad social, el borrado de fronteras regionales o nacionales, y las limitaciones redistributivas del crecimiento económico neoliberal.

(2) La ausencia de legalidad, o de un control policial transparente, en vastas áreas de la selva peruana, genera un nuevo régimen de soberanía en la cual la política es entendida como una serie de técnicas de manejo de crisis en vez de un orden legal territorial orientado hacia la justicia, libertad y seguridad (protección). El Estado encuentra legitimación pero sin invocar su fuente tradicional de legitimidad. Asegurar la actividad económica a un costo socialmente aceptable es el examen para asegurar el consentimiento popular. Mientras el continuo crecimiento económico parezca respaldar este modelo de política-al-estilo-de-manejo-de-crisis, el “costo social” en Bagua –en la forma de innumerables muertos, desaparecidos y heridos– definitivamente desafiará al gobierno actual, y acaso también al modelo de legitimación como tal.

El modelo neoliberal de la política-como-manejo-de-crisis en efecto no excluye la violencia como una anormalidad, aberración o externalidad en una sociedad política; la violencia es internalizada como un costo social. Mientras que la exclusión discriminatoria sociohistórica niegue todo acceso significativo al reclamo político, la protesta social en la periferia de la nación no tiene, efectivamente, otra vía que las demostraciones sensacionalistas y escandalosas de violencia, hasta que los disturbios pongan en riesgo la actividad económica y la imagen del gobierno al punto que los imperativos del manejo de crisis requieran una instancia temporal y limitada de diálogo entre quienes protestan y el gobierno. Entonces, ¡no habrá violencia hasta la siguiente ola de violencia!

Para concluir, creo que la defensa de los derechos de las personas deben descartar la violencia como vía política y debe enfocarse en crear redes entre actors locales, nacionales y transnacionales para asegurar el acceso a soluciones/reparaciones judiciales nacionales e internacionales. Temo que la representación de los nativos como luchadores por la libertad con un espíritu de ‘fiera independencia’, por benevolente que sea, reproduce estereotipos raciales, impide apreciar la complejidad de la protesta social, facilita la criminalización de demandas legítimas y provoca la muerte de inocentes –tanto civiles como de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las tierras indígenas, hay un marco normativo emergente: varias normas y regulaciones nacionales, como el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos (2008), el Convenio de la OIT (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), el Artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinan sin duda que hay un proceso de creación de normas que establecerá el ‘consentimiento informado’ de los pueblos indígenas como precondición de la actividad económica en (tierra) territorio indígena. La protección medioambiental, otro campo legal emergente, ya ha generado un gran caso judicial, pues los representantes del pueblo Ashuar han acusado ante una corte estadounidense a la empresa Occidental Petroleum –con base en California- por violar estándares industriales y por contaminación de aguas. Las noticias más recientes disponibles en línea muestran que el litigio está en proceso de apelación luego de una inicial desestimación.
En países como el Perú, donde un cierto porcentaje de la población carece de documento de identidad, los activistas y políticos deben concentrarse en la inclusión, es decir, promover el ‘derecho a tener derechos’ y en acceso significativo a mecanismos legales para detener la violencia, lograr justicia y resolver conflictos.

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