Notas desde Lenovo

Traducción del texto de The Economist publicado ayer (JFF)
Por siete semanas decenas de miles de nativos amazónicos bloquearon caminos y ríos en el oriente del Perú. Tomaron plantas hidroeléctricas y estaciones de bombeo de petróleo tratando de forzar la derogatoria de decretos que facilitaban la exploración, agricultura y actividad forestal comerciales en partes de la selva. Petroperú, la compañía estatal de petróleo, tuvo que cerrar un oleoducto que traslada 40,000 barriles diarios. Entre amenazas de racionamiento de energía en pueblos del oriente, el gobierno del presidente Alan García ordenó este mes a policías armados limpiar un tramo de la carretera y recuperar una estación de bombeo cerca de Bagua, en la selva norte del Perú.
En el subsecuente enfrentamiento en la Curva del Diablo el 5 de junio fueron asesinados al menos nueve manifestantes y once policías. Los nativos, armados con lanzas y machetes, fueron a capturar y matar una docena de policías que custodiaban la estación (nota de la traductora: en realidad un grupo de nativos estaba allí hace días reteniendo a los policías). Los dirigentes indican que al menos 40 nativos han sido asesinados y 60 más están desaparecidos, aunque estas cifras no están confirmadas.
Aunque no respaldan las violentas tácticas de Aidesep, muchos peruanos culpan a García de la violencia. El Comercio, el principal diario tradicional, hizo eco de las invocaciones de la oposición a la salida de Yehude Simon, primer ministro, y la ministra del Interior por meter la pata en la controversia. El gobierno es ampliamente condenado por no haber consultado correctamente unos 99 decretos que aprobó hace un año, usando poderes legislativos delegados por el Congreso. Tales decretos estaban ostensiblemente diseñados para acelerar la implementación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero el comercio tenía poco que ver con las nuevas reglas a las que se opone Aidesep.
Luego de una primera ola de protestas de Aidesep en agosto pasado, el Congreso peruano derogó dos decretos que habrían hecho más fácil que se vendieran las tierras de comunidades nativas y campesinas. Pero los líderes del Congreso no cumplieron con su promesa de revisar otros ocho decretos (nota de la traductora: en realidad la comisión parlamentaria sí los estudió y revisó y emitió su informe en diciembre, pero no pasó nada más), generando que se renovaran las protestas en abril. Estas normas incluyen medidas que permiten el desarrollo de tierras ‘improductivas’ en la selva. El reciente bloqueo del partido aprista de García en el intento de derogar una de las ocho normas, la ley forestal y de fauna, desató la violencia. Sin embargo, el 10 de junio el Congreso votó por suspender temporalmente dos de los decretos.
García argumenta que los nativos no deben bloquear las inversiones en petróleo y gas y espera que el país se convierta en exportador de petróleo, beneficiando a todos los peruanos. Aidesep considera que los decretos no tienen la menor consideración sobre los derechos de propiedad de los nativos. Perú tiene unas 70 millones de hectáreas (173 millones de acres) de bosque tropical —el más amplio espacio en la cuenca Amazónica aparte de Brasil. Un 70% de la selva ahora está concesionado u ofrecido a compañías de exploración de petróleo y gas, en gran medida por el gobierno de García. Compañías petroleras extranjeras, incluida la española Repsol, y docenas de otros emprendimientos más pequeños, operan muchas de estas concesiones.
Gran parte de esta tierra es reclamada ya sea como propiedad comunal por las poblaciones nativas o como propiedad privada. Un área fuertemente disputada es el Lote 67, una concesión en Loreto en la selva norte. Perenco, una compañía anglo-francesa, planea invertir más de $2 billion hasta el 2013 para extraer 100,000 barriles de crudo por día. Este lote se superpone con un area destinada a ser reserva de una de las poblaciones nativas aisladas (no contactadas) del mundo moderno.
AIDESEP critica que los gobiernos han sido lentos en otorgar y reconocer territorios nativos y entregar títulos de propiedad pero que rápidamente han concedido concesiones a compañías petroleras y forestales. Esto les ha generado desconfianza y resentimiento. Unos 330,000 habitantes, agrupados en unos 60 diferentes tribus nativas (nota de la traductora: ‘naciones’ dirían ellos mismo en vez de tribus) viven en la selva peruana (un 10% de la población total del país). Muchos no se han sumado a las protestas. La mayoría carecen de escuelas y puestos de salud apropados. Más de la mitad de la población de la selva norte es pobre, comparado con el promedio nacional de 36% (de pobres).
Perú ha sido testigo de muchos conflictos entre compañías extranjeras mineras y petroleras y población local, que se quejan del daño ambiental y/o la falta de beneficios tangibles de dichas inversiones. Los conflictos a menudo se resuelven sólo después de protestas, y muchas veces son sangrientas.
Aidesep indica que de acuerdo a la declaración de Naciones Unidas sobre población indigena, por la cual el Perú votó, sus grupos tienen el derecho de ejercer control sobre las tierras tradicionales y sus recursos. El problema para el Perú es que no hay un acuerdo sobre cómo aplicar tales derechos o cómo nivelarlos con los intereses del resto de la población. Por la fuerza no es la respuesta. En vez de vociferar, García debería ofrecer al Perú una consulta apropiada y un vigoroso debate sobre estos asuntos.

El texto original en inglés

Traducción de la nota de hoy publicada por The New York Times sobre la crisis en el Perú (JFF)

Por Simon Romero
Iquitos— Enfrentado a una crisis forjada a fuego lento, con docenas de muertes al sofocar protestas indígenas la semana pasada, el Congreso suspendió esta semana los decretos que produjeron las protestas debido a los planes para abrir a la inversión amplias zonas de la Amazonía peruana.
Altos funcionarios dijeron que esperaban que esto calmara los nervios y facilitara el camino para que los perforadores de pozos y madereros continuaran sus proyectos.
Pero al contrario, los grupos indígenas profundizan una larga lucha, revelando un movimiento cada vez mejor organizado que puede ser un encendedor para el presidente Alan García. El movimiento parece estar impulsado por una profunda resistencia popular a las políticas de Gobierno, que se enfocan en atraer la inversión extranjera, mientras partes de la Amazonía peruana han sido postergadas.

La creciente influencia del movimiento indígena se mostró el jueves en un paro general que llevó a miles de manifestantes a las calles de Iquitos, la más grande ciudad peruana en la Amazonía, y a ciudades y pueblos diversos en la selva. Las protestas contra el manejo de la violencia por parte de García, en la provincia de Bagua (norte) el pasado viernes, también se realizaron en regiones de la sierra como Puno, cerca de la frontera con Bolivia, y en Lima y Arequipa, en la costa del Pacífico.

“El gobierno empeoró la situación con su degradante imagen de nosotros como pandillas de salvajes en la selva”, dijo Wagner Musoline Acho, 24, un líder indígena awajún. “Creen que podemos ser engañados con una maniobra como suspender un par de decretos por unas semanas y luego reactivarlas, están equivocados.”

La amenaza urgente de los manifestantes —cortar el suministro de gas natural y petróleo a Lima— parece haber amainado, con manifestantes que en parte abandonaban la toma de instalaciones de petróleo en la selva. A medida que la ira crecía, los líderes nativos decían que fácilmente podían intentar cerrar las instalaciones de energía nuevamente para presionar a García.

Otra ola de protestas surge probablemente porque grupos nativos piden que los decretos sean derogados y no sólo suspendidos. Los decretos abrirían amplias áreas de la selva a la inversión y permitirían que las compañías eludan a los grupos indígenas para obtener autorizaciones de exploración petrolera, forestal y construción de represas hidroeléctricas.
En agosto pasado, un intento de detener las iniciales protestas nativas en la Amazonía fracasó en evitar que las retomaran con más fuerza en abril.

Las autoridades dicen que nueve civiles murieron en los enfrentamientos del pasado viernes en una remota carretera en Bagua. Pero testigos y familiares de los manifestantes desaparecidos sostienen que las autoridades están encubriendo los detalles del episodio, y que más nativos murieron. Veinticuatro policías fueron asesinados entre la carretera y una estación de petróleo.

Los representantes de los nativos afirman que al menos 25 civiles, y quizás más, pueden haber muerto, y algunos testigos dicen que las fuerzas de seguridad tiraron los cadáveres en un río cercano. Al menos tres nativos que quedaron heridos indican que recibieron disparos de oficiales de la policía mientras esperaban para conversar con las autoridades.

“El gobierno está tratando de lavarse la sangre de las manos escondiendo la verdad”, dijo Andrés Huaynacari Etsam, 21, un estudiante awajún aquí, quien indica que cinco familiares suyos fueron asesinados el 5 de junio y tres no son ubicados aún.

Altos funcionarios gubernamentales niegan tales denuncias. “Hay un juego de intereses políticos en el cual algunos están tratando de exagerar las pérdidas de vida a su favor,” dijo el ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaunde.

Sostuvo que el objetivo final de los manifestantes fue evitar que el Perú aplicara un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque uno de los decretos más polémicos que fue suspendido el jueves alinearía las normas peruanas de inversión en la selva con el acuerdo comercial.

“Pero”, García Belaunde insistió, “el acuerdo no está en peligro”.

Así, la respuesta inicial del gobierno a la violencia parece haber incrementado el resentimiento. Un aviso de TV del Ministerio del Interior contenía imágenes de los cuerpos de los oficiales de policía asesinados mientras estaban retenidos por los manifestantes. El comercial decía que los asesinatos era prueba de la “ferocidad y salvajismo” de los activistas indígenas, pero una protesta contra tal representación forzó al gobierno a retirar el aviso.

Las autoridades están esforzándose en entender un movimiento que está cristalizándose en la amazonía peruana entre unos 50 grupos indígenas. Ellos incluyen unas 300 mil personas, que representan sólo casi el 1 por ciento de la población peruana, pero que viven en lugares estratégicamente importantes y ricos en recursos, dispersos a lo largo de zonas de selva ocupando unos dos tercios del territorio peruano.

Hasta ahora las alianzas entre los indígenas de la sierra y los nativos de la amazonía han sido difíciles de lograr, eliminando, por ahora, el tipo de movimientos de protesta indígena amplios que ayudaron a sacar gobiernos en los vecinos Ecuador y Bolivia a inicios de la década.

En contraste con algunos esfuerzos previos para organizar grupos indígenas, los líderes de este nuevo movimiento son indígenas y no blancos o intelectuales mestizos urbanos. Están bien organizados y usan una red de emisoras radiales para intercambiar información en la selva. Luego de que uno de sus líderes más importantes, Alberto Pizango, logró que Nicaragua autorizara su asilo esta semana, otros rápidamente emergieron para articular las demandas.

“No ha habido nada comparable en todos mis años aquí en términos de incremento de conciencia política entre los grupos indígenas”, dijo el sacerdote Joaquín García, 70, quien llegó a Iquitos desde España hace 41 años y dirige el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, especializado en asuntos indígenas.

“Lo importante ahora”, mencionó, “es lo que ellos decidan hacer con el nuevo poder de negociación que tienen en sus manos”.

El texto original en inglés