Sismo en zona sur del Perú según la fuente oficial

Reproducción del último reporte del Instituto Geofísico del Perú.

En las redes sociales está circulando el término ‘terremoto’ para dar cuenta del sismo de esta madrugada en el sur del Perú, quizá causará intimidación. Si bien fue de 5.8 en la escala de Richter, el Instituto Geofísico del Perú indica una intensidad de II y III en Puno y Arequipa y de II en Cusco. Para comparar con el peor de los últimos años, el de Pisco hace un par de años tuvo VII y VIII de intensidad.

Para quienes quieren navegar por la interesante web del Instituto Geofísico, aquí la ruta y una fuente estadounidense oficial que presenta los sismos más recientes (Earthquake Hazard Program).

 

Densidad de la presencia del Apra en los tres gabinetes

Hace unos minutos juramentó el tercer gabinete del gobierno de Alan García y es momento para revisar la densidad de la presencia aprista en el Poder Ejecutivo y qué significa que ingresen dirigentes como Javier Velásquez Quesquén y Aurelio Pastor a cargos tan cruciales como la Presidencia del Consejo de Ministros y Justicia (en particular por los casos de corrupción conocidos en los petroaudios).

Los dos ministros cercanos a AGP que han permanecido desde el 2006 son el canciller García Belaunde (amigo del presidente aunque no militante del partido) y José Antonio Chang, quien sí es parte del APRA.

Los dejo con un gráfico en el que intento presentar la densidad de la presencia del Apra en los tres gabinetes en lo que va del segundo período de Alan García. Es posible que encuentren algunas imprecisiones debido a que se han producido algunos cambios en momentos intermedios, es decir, salidas intempestivas que no coincidieron con cambios grupales de ministros, como el ocurrido en octubre del año pasado.

La risa y los aplausos cuando García dijo que esperaba que este equipo lo acompañara hasta el final de esta administración, sólo se pueden entender como una mala señal para el escenario pre-electoral.

El presidente indicó que las prioridades de este gabinete serán ‘orden e inclusión’, pero no es notorio quiénes podrían ser los ministros que gestionen o hayan gestionado previamente teniendo ese criterio en mente.
Ya varios blogs están llamando la atención al hecho de que dos operadores tan duros del Apra -como Velásquez Quesquén y Pastor- reciban tanto peso y poder a partir de hoy. Para recordar sólo un punto, está la contraproducente labor del ex presidente del Congreso acerca de los decretos legislativos cuestionados por las poblaciones de la Amazonía.
No he podido verificar si la nueva ministra de Trabajo tiene afinidad con el Apra, al parecer no. Actualización de las 21:51 hrs: Una fuente mejor informada me indica que Manuela García fue propuesta por el secretario del presidente, Luis Nava.

Por otro lado, pese a que El Comercio indica que Adolfo de Córdova ha tenido trayectoria técnica, es un militante del Apra con un cargo en Mollendo (Arequipa), hay declaraciones suyas recientes aquí. Además es suegro de Ricardo Pinedo, colaborador muy cercano de Alan García y ex asistente personal en la campaña 2006.

 

La suerte de Honduras: entre San José, Tegucigalpa y la deficiente clase política

Nueva crónica del español Alejandro Fernández -ex director de Fe y Alegría de Honduras- desde El Progreso, vía Pablo Espinoza. Presenta la imagen de un país enredado entre dos personajes cuestionables, representativos de la historia política latinoamericana. Como indicamos previamente, Roberto Micheletti logró su pequeño poder como diputado y propietario de tierras en El Progreso.

9 de julio
Honduras es hoy un país paralizado, con todas las miradas puestas en San José de Costa Rica, a la espera de un resultado favorable que permita a la ciudadanía regresar a una cierta normalidad, sin la tensión política de las últimas semanas. Hace 22 años Oscar Arias fue el principal artífice de los acuerdos de Esquipulas, que dieron inicio a un largo proceso que llevaría a la solución de los conflictos armados en Centroamérica. Aparentemente, esta vez el envite parece más sencillo para un mediador con estas credenciales. Pero no es descartable que salga trasquilado, como le sucedió a Insulza hace días, al toparse con una falta de motivación evidente para atenerse a razones democráticas.

Las razones de la clase política hondureña son otras; lo de ellos es la gramática parda, no las constituciones. Sentar a dos caudillos políticos de la oligarquía bipartidista más antigua de América frente a frente no es moco de pavo.

En horas de la mañana se celebra un homenaje en recuerdo de Isy Obed, el joven muerto el pasado domingo, cuando un numeroso grupo de pobladores esperaban el eventual aterrizaje de Zelaya. Miles de personas se desplazaron hoy al lugar donde este muchacho fue abatido, presumiblemente por las balas de algún francotirador verde olivo. Su padre, David Murillo, no pudo asistir a este homenaje, pues fue detenido por elementos policiales cuando salía del Comité de Familiares de Desaparecidos, COFADEH, y remitido a los juzgados de Juticalpa. Contra Murillo pesaba una vieja orden de captura a raíz de su defensa de un bosque olanchano en el año 2003, que fue reactivada precisamente hoy. ¿A alguien le quedaba alguna duda sobre la catadura moral de este gobierno interino? Pero las infamias de este jueves 9 de julio no terminaron aquí.

La involución de tintes ideológicos continúa lenta pero inexorable. Hoy salieron del país 85 pedagogos cubanos que estaban en Honduras en una misión que ya dura algunos años, en tareas de alfabetización de adultos. Hay que decir que las misiones cubanas llegaron aquí tras el huracán Mitch y han convivido con tres gobiernos. No son por tanto una consecuencia de las simpatías de Zelaya por el castrismo, pero al nuevo canciller Flores Bermúdez le ha parecido imprescindible dejar claro quiénes son los enemigos de Honduras

La televisión nos retransmite la llegada de Mel Zelaya a San José, con su característico sombrero vaquero, acompañado de su equipo negociador, encabezado por Patricia Rodas. Esta última, hija de un célebre caudillo liberal, es para muchos observadores la responsable de la deriva del presidente hacia el chavismo. Su padre, Modesto Rodas Alvarado, sufrió exilio en otro golpe militar y murió cuando se perfilaba como presidente, en 1979. Patricia fue en su juventud militante marxista y colaboró con la revolución sandinista en los años 80. Estuvo vinculada a la izquierda clandestina hondureña hasta que a mediados de los 90, acompañada de otros compañeros de viaje, se incorporó al partido de su padre tratando de provocar un vuelco ideológico desde dentro. Inopinadamente, este grupito encontró su gran oportunidad en una alianza preelectoral sellada con Mel Zelaya, quien lejos de veleidades subversivas fue educado para dirigir una hacienda ganadera en las tierras de Olancho. El viejo José Manuel, su padre, fue señalado como uno de los responsables directos de la Masacre de los Horcones, en 1975. En la hacienda propiedad de los Zelaya fueron asesinadas 14 personas, entre campesinos y sacerdotes, que luchaban por acceso a la tierra.

Esta extraña alianza entre el vástago del ganadero y la hija del caudillo ha dado lugar a lo que un analista con gran sentido del humor bautizó como la patastera ideológica de este gobierno. Patastera es en Honduras la planta trepadora que produce patastes, con unas ramas que se enredan una sobre la otra sin que uno sepa bien de donde vienen ni a donde van. Algo así le ocurrió a este grupo de camaradas que con Patricia Rodas a la cabeza, han hecho gala de un izquierdismo de cafetín, que en nada ha mejorado la vida de las grandes mayorías.

A media tarde llegan otra vez noticias de Costa Rica. Micheletti, tras reunirse con Arias, dejó allí su comisión negociadora y se volvió para Honduras, prometiéndole al premio Nobel que regresará cuando sea necesario. No parece, así de primeras, un síntoma muy bueno. Por de pronto, no se verán las caras los dos protagonistas nominales de esta crisis. Mientras tanto ambas comisiones están ya sentadas en una misma mesa, negociando en nombre de dos políticos desacreditados el destino de todos los hondureños.

Tirsa Flores, del movimiento de jueces por la democracia, que el año anterior participó en la huelga de hambre en apoyo a los fiscales del ministerio público, explica en los micrófonos de Radio Progreso que hay dos cosas que son innegociables en San José. Una es el retorno al orden constitucional, que implica el regreso de Zelaya a casa presidencial. Nos guste más, o menos, él fue escogido por la ciudadanía y su mandato fue abruptamente interrumpido por un golpe militar. La otra es la impunidad. ¿Pero quién se encargará de implementar justicia contra los usurpadores del poder Ejecutivo, cuando la propia Corte Suprema y el Congreso son parte del aparato golpista? La crisis política hondureña ha devenido en un laberinto al que de momento no se le ve salida. La primera jornada de este esfuerzo diplomático termina en tablas.

Entretanto, se acrecienta el temor entre buena parte de la sociedad civil de que esta crisis se cierre en falso ¿Servirá este atentado contra la democracia para impulsar un movimiento propositivo que modifique el futuro de Honduras? ¿Pagará el pueblo otra vez los platos rotos? No hay que perder la esperanza de que la ciudadanía salga fortalecida de este trance, pero será necesaria una larga travesía que no concluirá con las negociaciones de Costa Rica.

 

El derecho a tener derechos: análisis de Onur Bakiner sobre el conflicto selva-Gobierno

Fragmento de mapa de M.F. Paz Soldán (s. XIX) de colección de David Rumsey.

Onur Bakiner es un estudiante de doctorado en Ciencia Política -especialista en el Perú y Chile- que tuvo una rápida reacción analítica luego de los hechos del 5 de junio en Bagua. Traduje su texto originalmente escrito en inglés el 17 de junio. Es muy valiosa su mirada sobre quiénes tienen derecho a tener derechos en el Perú. No se pierdan los últimos seis párrafos.

La política como manejo de crisis: violencia en la Amazonía peruana
Original en /
Questionpolitics, 17 de junio 2009 en Qpolitics

‘Vulnerabilidad’ alude a la falta de defensas contra ataques o amenazas. En un sentido político, la vulnerabilidad se contrapone a los mecanismos de protección –física, social y económica- proporcionados por el Estado. La exclusión de la violencia como medio para la resolución de conflictos, el sistema de derechos humanos fundamentales acompañado de libertades civiles y políticas, y la creación de un sistema de protección social sirven para proteger a los ciudadanos y comunidades de conflictos letales, intrusiones arbitrarias de funcionarios en la vida individual y social, shocks impredecibles en los mercados y similares.

La vulnerabilidad no es una susceptibilidad previa o no-política a la violencia o la pérdida material; sino que los criterios de inclusión/exclusión, diferenciación social y estratificación, orden y conflicto, están determinados a través de mecanismos políticos que generan, legitiman y reproducen las relaciones de poder en toda sociedad. La exclusión del status político-legal, es decir, ciudadanía por ejemplo, ha llevado a la vulnerabilidad más preocupante de los tiempos modernos –lo que Hannah Arendt llama “el derecho de tener derechos”. La lectura de Arendt sobre la época de entreguerras como precursora del Holocausto demuestra que revocar el derecho a participar en una comunidad política (derechos ciudadanos) anula hasta la más elemental defensa de los derechos humanos universales e inalienables (derechos del hombre).

Mientras que la inclusion politico-legal en una comunidad política es indispensable para superar las vulnerabilidades, la pura ciudadanía no es de ninguna manera suficiente cuando los individuos y comunidades carecen de acceso significativo a sus derechos –legalmente reconocidos- y a la participación política en los mecanismos de resolución de conflicto. La población Amazónica del Perú enfrenta hoy precisamente tal pluralidad de vulnerabilidades en las cuales los hechos históricos como pérdidas socioeconómicas, falta de acceso efectivo a los procesos politicos nacionales y exclusión racista, combinados con un nuevo tipo de indefensión originada en el mercado debido a la extracción de recursos naturales por compañías estatales o multinacionales –una tendencia creciente no sólo en el Perú sino en toda la Amazonía Occidental. (enlace a un estudio topográfico de los proyectos de petróleo y gas en esta amplia zona)

Pero esta novel constelación de conflictos data de 2004, cuando el entonces presidente Alejandro Toledo decidió abrir la propiedad de nativos de la Amazonía peruana a la exploración y explotación de petróleo/gas y a actividades madereras. El gobierno siguiente de Alan García adoptó una postura más agresiva para implementar políticas neoliberales, las cuales encontraron resistencia de las poblaciones nativas de la selva. El proceso de 57 días de bloqueos de carreteras y paros, acompañado por la renuencia del gobierno de iniciar un diálogo formal, condujo a violentos enfrentamientos del 5 y 6 de junio en Bagua, con ciclos de ataques y contrataques entre la Policía Nacional y nativos armados, que dejaron un balance general de al menos 22 policías y muchos nativos muertos, cientos más heridos y denuncias de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad.

Los hechos reales de violencia aún están en fuerte debate, pues la version oficial no calza con evidencias testimoniales y documentación fotográfica recogida tanto por grupos nativos como por ONG nacionales e internacionales y la prensa. (Para una excelente compilación de versiones alternativas de los incidentes, un blog en castellano) En respuesta, el gobierno derogó las leyes para calmar la tensión.
Como anota el comentarista Mirko Lauer, el último incidente de violencia da cuenta del fracaso de una estrategia de manejo de conflictos que el estado peruano ha suscrito por largo tiempo: ignorar las demandas populares a menos que los medios nacionales e internacionales presten atención, y si lo hacen (lo cual casi siempre requiere espectáculos sensacionalistas de violencia e interrupción de la actividad económica) ‘satisfacer’ las demandas en extensos procesos de negociación y concesión.
En realidad, no hay explicación que justifique por qué el Estado optó por no iniciar el diálogo con la población amazónica durante dos meses –dicho sea de paso, consultar a las poblaciones indígenas sobre el uso de sus tierras no es un mero requisito práctico, sino un derecho salvaguardo por acuerdos internacionales ratificados por el Estado Peruano. Al parecer, el gobierno esperaba terminar la protesta social con la acción de la policía, pero los nativos probaron estar mejor organizados y armados que lo que se suponía –lo cual explica el alto número de bajas en la policía. Pese a que la violencia merece una condena absoluta moral y legal, desde una perspectiva política, sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué el Estado no fue capaz de resolver el conflicto durante dos meses (si no muchos años) antes del violento giro de los acontecimientos?

El discurso antes, durante y después de la violencia de Bagua aporta más luz a la naturaleza de la exclusión sufrida por las comunidades nativas. El discurso clásico racista pinta a estas personas como ‘salvajes’ que no valoran el desarrollo económico, predispuestos a la violencia y con un discurso no patriota de propiedad a expensas del resto del Perú.

Mientras la pata de la ‘exclusión histórica’ de la vulnerabilidad se constituye mediante el racismo, los nativos enfrentan una segunda forma de exclusión, una cuyos orígenes se encuentran en las doctrinas de seguridad nacional de la Guerra Fría y cuya forma contemporánea fue determinada por las tendencias post 11/9: los manifestantes constituyen una amenaza a la seguridad nacional. La criminalización de la protesta social va de la mano con la deslegitimación de los nativos como agentes de intereses extranjeros subversivos –no sorprende, Venezuela y Bolivia son los objetos privilegiados de demonización. Los nativos son salvajes enemigos de la tecnología, sin embargo, usan las más avanzadas tecnologías de la comunicación para humillar al Perú ante la comunidad internacional; son culturas prehispánicas remotas, auto-aisladas, sin embargo, colaboran con Chávez y Morales en una conspiración internacional; tienen un modo primitivo de entender el desarrollo económico, pero poseen la capacidad de obstruir la actividad económica en la nación latinoamericana con más rápido crecimiento en los últimos 15 años. La simultánea adopción de miedos muy antiguos y el discurso moderno de seguridad nacional busca lograr una exclusión discursiva hegemonizando todo el universo ideológico de significados disponibles al público nacional.

La exclusion require de mucho más que herramientas de discurso, por supuesto. Las leyes, pese a su capacidad de resolver conflictos en otros espacios, han servido como un arma de vulnerabilidad contra vastos sectores de la población peruana. La criminalización de la protesta social se logró a través de normas que sancionaban el terrorismo y la sedición. La política económica de la exclusión es asimismo la consecuencia de cambios legales: la Constitución de 1993, preparada y ratificada durante el primer año de la dictadura de Fujimori, eliminó la inalienabilidad del suelo peruano. Los Tratados de Libre Comercio entre el Perú y otros estados (principalmente con EEUU) generaron presiones para la aprobación de normas y regulaciones que facilitaran la comercialización de la tierra, aunque el Estado peruano no ha podido liberalizar su régimen de tierras, especialmente por la resistencia de las comuidades amazónicas y sus aliados nacionales e internacionales. La administración García no logró aprobar dos leyes de liberalización en 2008, lo cual condujo a los actuales (y nuevamente fallidos) intentos de aprobar una legislación similar. (Para un análisis legal de la crisis en curso sobre las tierras de la Amazonía, ver el estudio de IDL en castellano)

El subsecuente punto muerto de la política puede entenderse como dos paradojas simultáneas:
(1) Los intereses particulares de una elite local, criolla, económico/política, combinados con los intereses de las multinacionales, son presentados como los intereses universales de toda la sociedad peruana. La seguridad nacional y el desarrollismo económico, dos pilares de la normativa legal nacional y del discurso de los medios, disimulan el crudo móvil de lucro desprovisto de responsabilidad social, el borrado de fronteras regionales o nacionales, y las limitaciones redistributivas del crecimiento económico neoliberal.

(2) La ausencia de legalidad, o de un control policial transparente, en vastas áreas de la selva peruana, genera un nuevo régimen de soberanía en la cual la política es entendida como una serie de técnicas de manejo de crisis en vez de un orden legal territorial orientado hacia la justicia, libertad y seguridad (protección). El Estado encuentra legitimación pero sin invocar su fuente tradicional de legitimidad. Asegurar la actividad económica a un costo socialmente aceptable es el examen para asegurar el consentimiento popular. Mientras el continuo crecimiento económico parezca respaldar este modelo de política-al-estilo-de-manejo-de-crisis, el “costo social” en Bagua –en la forma de innumerables muertos, desaparecidos y heridos– definitivamente desafiará al gobierno actual, y acaso también al modelo de legitimación como tal.

El modelo neoliberal de la política-como-manejo-de-crisis en efecto no excluye la violencia como una anormalidad, aberración o externalidad en una sociedad política; la violencia es internalizada como un costo social. Mientras que la exclusión discriminatoria sociohistórica niegue todo acceso significativo al reclamo político, la protesta social en la periferia de la nación no tiene, efectivamente, otra vía que las demostraciones sensacionalistas y escandalosas de violencia, hasta que los disturbios pongan en riesgo la actividad económica y la imagen del gobierno al punto que los imperativos del manejo de crisis requieran una instancia temporal y limitada de diálogo entre quienes protestan y el gobierno. Entonces, ¡no habrá violencia hasta la siguiente ola de violencia!

Para concluir, creo que la defensa de los derechos de las personas deben descartar la violencia como vía política y debe enfocarse en crear redes entre actors locales, nacionales y transnacionales para asegurar el acceso a soluciones/reparaciones judiciales nacionales e internacionales. Temo que la representación de los nativos como luchadores por la libertad con un espíritu de ‘fiera independencia’, por benevolente que sea, reproduce estereotipos raciales, impide apreciar la complejidad de la protesta social, facilita la criminalización de demandas legítimas y provoca la muerte de inocentes –tanto civiles como de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las tierras indígenas, hay un marco normativo emergente: varias normas y regulaciones nacionales, como el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos (2008), el Convenio de la OIT (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), el Artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinan sin duda que hay un proceso de creación de normas que establecerá el ‘consentimiento informado’ de los pueblos indígenas como precondición de la actividad económica en (tierra) territorio indígena. La protección medioambiental, otro campo legal emergente, ya ha generado un gran caso judicial, pues los representantes del pueblo Ashuar han acusado ante una corte estadounidense a la empresa Occidental Petroleum –con base en California- por violar estándares industriales y por contaminación de aguas. Las noticias más recientes disponibles en línea muestran que el litigio está en proceso de apelación luego de una inicial desestimación.
En países como el Perú, donde un cierto porcentaje de la población carece de documento de identidad, los activistas y políticos deben concentrarse en la inclusión, es decir, promover el ‘derecho a tener derechos’ y en acceso significativo a mecanismos legales para detener la violencia, lograr justicia y resolver conflictos.

 

La justicia en dos niveles: Manuim aún aguarda comparecencia

Mientras Rómulo León Alegría podría salir de San Jorge a detención domiciliaria, el líder awajún que intentó contener la violencia el 5 de junio, Santiago Manuin Valera, sigue acusado como autor mediato por homicidio y en el hospital donde está internado hay resguardo permanente de policías y agentes de seguridad del Estado. Hoy Aidesep indica que su condición de ‘inmovilizado’ por orden judicial impide su traslado a Lima para una tercera cirugía.

La semana pasada, uno de los abogados de la Comisión Episcopal de Acción Social explicó en Terra Magazine las irregularidades en el proceso contra el dirigente. Recordemos que hace más de 15 días el premier Yehude Simon indicó que “desde el presidente de la República hasta el último ministro verían como levantaban esto” porque ese hombre “no podía tener una orden de detención”. Parece que el Poder Judicial funciona para Eduardo Roy Gates pero no para los abogados de CEAS.

La semana pasada, el primer ministro visitó al líder en el hospital Las Mercedes de Chiclayo y dijo que el Estado estaba asumiendo los gastos de salud: “No debe haber un centavo de gastos de ellos”, expresó, pero hoy Aidesep sostiene que la familia de Manuin está pasando dificultades para pagar la cuenta de 20 mil soles de medicamentos.

A continuación, la posición de Aidesep acerca del caso de Santiago Manuin Valera.
Dirigentes nacionales y regionales de la AIDESEP luego de la visita al dirigente Santiago Manuin Valera, internado en el hospital Las Mercedes como consecuencia de varios impactos de bala recibidos el cinco de junio en los enfrentamientos en Bagua y sobre quien pese una orden de captura, reclamaron su inmediato traslado a la capital pues aún sigue en diagnóstico reservado.

Encabezados por la vicepresidenta Daysi Zapata, los directivos comprobaron el delicado estado de salud de Santiago Manuin (premio Reina Sofía) y la innecesaria y férrea vigilancia de cinco policías y dos agentes de seguridad del estado.

De acuerdo al diagnóstico de la junta médica de Las Mercedes, la situación de Manuin es de grave riesgo por las perforaciones ocasionadas por los disparos de la policía. Se supo que la víctima lleva ya dos operaciones y requiere otras más, de alta cirugía, que tienen que realizarse en Lima.

Traba judicial
Sin embargo, este traslado se ha tornado imposible porque Manuin está ‘inmovilizado’ por disposición del Primer Juzgado Penal de Utcubamba, debido a las acusaciones en su contra. Después de una serie de trabas, la vicepresidenta Zapata; la asesora legal de la AIDESEP, Jackeline Binari, y el dirigente nacional Henderson Rengifo, lograron visitarlo y dialogar con él.

Manuin reiteró ante los directivos indígenas su inocencia porque –además de su versión y de varios testigos- el día de los sucesos en la ‘Curva del Diablo’ se encontraba tratando de calmar la situación. En momentos que ayudaba a uno de los manifestantes heridos el dirigente recibe disparos de la policía que ya tenía la orden de desbloqueo de esa vía.

Zapata mostró su indignación por esta situación que atraviesa Manuin porque su traslado se ve imposibilitado por una decisión judicial, lo cual está agravando su situación.

Manuin es presidente de la Comisión Especial de Unificación de las Organizaciones de Base Indígenas por la Defensa Territorial de Cóndorcanqui-Imaza (Amazonas) y lidera también el Frente de Lucha de Cóndorcanqui.

Frente a ello, Zapata exhortó al primer ministro que cumpla su palabra de ‘dialogar’ con las autoridades fiscales y judiciales, a fin de cesar las órdenes de captura y persecuciones judiciales dictadas e influenciadas por el gobierno a través de sus ministros.

“El señor Yehude nos prometió en la ciudad de Santa María de Nieva que se abocará al cese de persecuciones que le planteamos allí y hasta la fecha no vemos nada. Estamos pensando que esto es una burla más del gobierno. ¿Cómo quieren que creamos en ellos?, demandó.

Denunció que la familia de Manuin está pasando premuras económicas por las incesantes recetas médicas. Los dirigentes de Aidesep comprobaron este problema al recibir una orden de medicamentos que no había en la farmacia del hospital.

La dirigente recordó también que el premier en su visita a Nieva a los hermanos Awajún les aseguró que a ninguna de las víctimas indígenas que están internadas en los diferentes hospitales ‘les está costando sol alguno’. Según se supo que la cuenta de gastos hospitalarios de Manuin supera ya los veinte mil soles.

 

La señal del fin del estado de Derecho en Honduras

Otra contribución del consultor español Alejandro Fernández desde El Progreso, Honduras.
La tensión política ha subido aún unos peldaños este sábado 4 de julio, primera fiesta nacional de los Estados Unidos en que la clase dominante no acude a los jardines de la embajada norteamericana para brindar por la independencia del país del norte. La resaca que deja la visita de Insulza está cargada de significados.

Marta Lorena de Casco, conocida hasta ahora en Honduras por su defensa fundamentalista de preceptos morales de signo conservador, se perfila también con intolerancia en el campo diplomático. Anuncia la salida de Honduras de la OEA y lanza unas graves acusaciones contra esta institución y su secretario general, que más se asemejan a un pleito de peluquería de barrio que a una declaración política.

Pero las palabras más desalentadoras de la jornada nos llegan de boca de quien durante la última década ha sido reconocido unánimemente como una de las voces más respetadas de Honduras e incluso del continente. El presidente del Congreso español, el católico José Bono, se sorprendía estos días del silencio del Cardenal Rodríguez ante la crisis. Efectivamente seis días ha tardado el arzobispo de Tegucigalpa en salir del armario. Y lo ha hecho para avalar el golpe de estado en su esencia y en sus formas. Sus palabras no dejan lugar a la ambigüedad al afirmar que “las instituciones del Estado democrático están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho”. Sólo el modo en que se han producido estas declaraciones sería impropio en un estado de derecho, que obviamente hoy no tenemos.

Su comunicado fue retransmitido varias veces en cadena nacional, es decir, en un espacio pagado e impuesto por el Estado y al que todos los medios de comunicación, sin excepción, tienen la obligación de conectarse.

Las palabras del Cardenal han caído como un balde de agua fría sobre la población que se opone al golpe, aunque también ha espoleado los ánimos, alimentando una polarización sin precedentes en la historia reciente de Honduras. Ahora ya no caben dudas, el régimen de facto se enroca y no cabe esperar un giro de los acontecimientos en virtud del diálogo. El Cardenal no volverá nunca a ser el carismático personaje al que escuchaban con respeto 7 millones de hondureños, admirado en el mundo entero por su discurso político ponderado e impecablemente democrático. Quizás esa dudosa virtud tienen la crisis: desenmascarar a quienes ya no podrán seguir nadando entre dos aguas.

Tampoco Honduras volverá a ser la misma. Las manifestaciones en la calle que hoy se han producido han sido multitudinarias. Habría que remontarse al año 54, con la gran huelga bananera, para establecer un paralelo histórico. En Tegucigalpa, la afluencia a las manifestaciones no ha cesado de incrementarse desde el pasado martes. Algo similar se puede decir de San Pedro Sula, capital industrial del país, y de El Progreso. En esta última ciudad, cuna de Roberto Micheletti, se han escuchado las consignas más duras contra el presidente de facto, evidenciando la poca popularidad del que ha sido por 28 años diputado vitalicio del Congreso de la República, utilizando su cargo para crear en esta ciudad una red clientelista que hace de la democracia una quimera.

Jocksan Flores, joven pero experimentado locutor, dirige en Radio Progreso esta mañana un programa especial de gran calidad. Se invita a la calma, pero sin renunciar a los principios de libertad, democracia real y equidad social que caracterizan a esta emisora desde su fundación. Impresiona pensar en el excelente trabajo que su personal está realizando bajo una presión fuertísima, rodeados de intimidaciones e incomprensiones. Ellos saben que están en la lupa de los militares, pero en nada se les nota.

Jocksan ha escogido a Ghandi esta mañana como un personaje ejemplar: “Lo que se obtiene con violencia tiene que mantenerse con violencia”. Frases como éstas y otras similares son aportadas por los oyentes como un rosario de citas inspiradoras que contrastan con las groserías que se escuchan en otros escenarios. Sin ir más lejos, la banda sonora de los partidarios de Micheletti en su manifestación de ayer era una vieja canción hondureña de indudable mal gusto: “No hay otro pueblo más macho, que el pueblo catracho, del cual vengo yo”. Como lo oyen.

En horas de la noche, todos estamos esperando las noticias de CNN, que es en estos días nuestra ventana televisiva al mundo; la que nos permite romper en parte el cerco informativo en que nos encontramos. La OEA está reunida y nuestra expectación puesta en su resolución tras el informe de Insulza.

Pero la mayor expectación la genera, como es lógico, la anunciada llegada de Zelaya a Honduras prevista para mañana. En las actuales condiciones, los disturbios que este acontecimiento podría conllevar son sencillamente impredecibles. Todos coincidimos en un temor común. Honduras es hoy un polvorín, con un ejército perfectamente preparado para intervenir, con un asesor militar del gobierno adiestrado en los años más duros del militarismo anticomunista, con un presidente que pierde los papeles con una facilidad pasmosa, con una población que día a día crece en su enfado y que se siente manipulada al tiempo que inusitadamente fuerte… Si alguien arroja un fósforo a este polvorín, nadie sabe qué puede pasar. Lo que sabemos es que las listas negras de ciudadanos agitadores han empezado a circular por las postas de policía. Y nos tememos que si la violencia se desata no será nada fácil volver a contenerla. Existe temor en Honduras a estas horas.

Las posibilidades de que esta crisis tenga un final feliz, o al menos esperanzador, parecen alejarse en esta noche. Y uno se pregunta por enésima vez que estirpe de políticos es esta que consiente en exponer la vida de sus ciudadanos y ciudadanas con tal de no ceder sus privilegios privados, blindados desde hace 30 años, por no irnos más atrás. Porque son estos privilegios y no la democracia, los que han puesto en marcha esta opereta que causaría hilaridad si no comprometiera el futuro de millones de hondureños.

 

Anomia aterriza en Honduras

Crónica del 1° de julio de Alejandro Fernández, ex director de Radio Progreso de Honduras, emisora de los jesuitas. Agregué titulares, no existen en el texto original. Aborda el aislamiento económico que sufre el país y el ansia de ‘ex oficialismo’ de aprovechar el último año de gobierno.

Arrecia desde primeras horas de la mañana una campaña orquestada en los medios de comunicación donde se señala de corrupción a funcionarios del gobierno anterior y se anuncia su detención. Con inusitada celeridad, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y Jueces están actuando contra algunos de los funcionarios que se lucraron ilegalmente junto a Zelaya.

Uno de ellos es Marcelo Chimirri, primer ministro de comunicaciones del gobierno Zelaya, quien hace 18 meses fue defenestrado en una operación en la que la policía allanó su propio domicilio. Así han sido algunos de los ministros estrella de Mel. Otro de sus colaboradores más cercanos, el titular de exteriores Milton Jiménez, fue suspendido de su cargo tras pelearse a golpes con un policía que quiso detenerlo por conducir por las calles de Tegucigalpa en estado de ebriedad. La imagen de Mel Zelaya en pijama, su aspecto de hombre civilizado víctima de la barbarie, que nos muestra estos días la tele, no debería hacernos olvidar los despropósitos de algunos en su equipo de gobierno.

Es más que probable que sean ciertas las acusaciones que se vierten hoy sobre sus funcionarios, y hasta se queden cortas, pero es el perverso revanchismo de los vencedores sobre los vencidos el que está operando y no la búsqueda del bien público. El Estado es en Honduras un botín que la plutocracia hondureña se resiste a compartir. Si de algo pecó Zelaya no fue de realizar un giro ideológico, como hoy se le acusa, sino de querer quedarse con todo el pastel, que habitualmente se reparten las grandes familias hondureñas el último año de gobierno a través de un sistema bipartidista que se las sabe todas. En este gobierno interino hay seguramente más corruptos por metro cuadrado que en ningún otro.

Empieza a preocupar a la ciudadanía que va a pasar con el “bloqueo”. El BM y el BID han cancelado los préstamos y la comunidad de cooperantes está también pensando en bloquear sus desembolsos. La reacción del gobierno es también la común en este tipo de situaciones: “resistiremos, porque más importante que pasar privaciones es defender nuestra idiosincrasia. Los de afuera no nos entienden. Tenemos que pagar este precio por librarnos del comunismo”. Parece que a este Micheletti, que no es de muchas letras, algún folleto le ha caído en las manos sobre las felonías militares de los años 70.

Siempre sorprendente el canciller Ortez, quien ha asegurado no estar preocupado por el bloqueo de las fronteras puesto que Honduras tiene salida por el mar y por el aire (¿?). Brillante.

El caso es que la crisis económica golpeó a Honduras duramente en los meses anteriores, afectando directamente a sus dos principales fuentes de divisas: las remesas y la inversión maquilera. Zelaya agravó la situación económica con medidas populistas y arbitrarias, desviando la atención de los verdaderos problemas nacionales sobre el polémico tema de la cuarta urna. Así que ahora, con un gobierno de facto, plagado de incompetentes, y las sanciones económicas de la comunidad internacional, la situación se puede volver catastrófica para miles de familias hondureñas. Ellas son las auténticas víctimas, una vez más, de una de las clases políticas más inmovilistas del continente.

Nos llega hoy un correo con las declaraciones de German Calix, director general de Caritas, desde Buenos Aires. Se defiende antes las acusaciones que algunos sectores hacen a la Iglesia de haber colaborado o transigido con el golpe. Dicha acusación hay que verla en el marco de la polarización que vive el país. La Iglesia ha defendido desde hace meses que Zelaya estaba bordeando la legalidad y no ha querido seguir su juego populista y poco serio, siendo de las pocas instituciones que lo han cuestionado constructivamente.

Nos consta la honestidad intelectual y la clara posición del Padre Cálix y de Caritas Nacional a favor de una democracia auténtica y sus ímprobos esfuerzos por contribuir a construirla. Es sin duda una de las pocas voces que desde hace años construye ciudadanía en Honduras. Otra cosa es que tras el golpe, muchos obispos no están sabiendo posicionarse sin ambigüedades en contra de los usurpadores de la legalidad. Entre ellos destaca el silencio del Cardenal Rodríguez, absolutamente inadmisible a estas alturas. Nadie duda que estamos en una situación difícil y que cualquier declaración tendrá un costo, pero la posición tiene que ser inequívoca. El apego al constitucionalismo democrático debería permitir al Cardenal compatibilizar una dura crítica al mandatario depuesto al tiempo que se niega el reconocimiento a un gobierno impuesto por la fuerza de las armas. Muchas personas en Honduras están poniendo en juego su integridad en estos días, apoyando la democracia, aun sin simpatizar con la política del presidente Zelaya. La Iglesia debería estar a su lado.

En horas de la tarde surge la peor noticia del día. El Congreso aprueba un decreto que consagra el Estado de Sitio, con la anuencia de cuatro de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria. Se restringen los derechos constitucionales con que en las próximas horas, el ejército podrá entrar en el domicilio de alguien y detenerlo por más de 72 horas sin violentar la ley. La pregunta que todos nos hacemos cuando falta una hora para que comience el toque de queda es si será simplemente una operación para amedrentar a los “resistentes”, o será el punto de partida de una escalada represiva de insospechadas proporciones. Uno se inclina a pensar que más bien es lo primero, pero nadie lo sabe a ciencia cierta.

Hoy la manifestación en Tegucigalpa en contra del gobierno de facto agrupó a más de cinco mil personas, lo que en Honduras puede considerarse una multitud de manifestantes. La resistencia interna lejos de amilanarse está creciendo. Quizás Micheletti ha decidido dar otra vuelta de tuerca y afianzarse a lo interno, aun a costa de acrecentar su aislamiento. Al fin y al cabo ya hemos visto no es precisamente un estratega que calcule con precisión las consecuencias de sus actos. Consecuencias que por cierto caen y seguirán cayendo sobre un pueblo que merece mejor suerte.

 

Para entender a Zelaya y Micheletti

Facsimilar de un texto del nicaraguense Sergio Ramírez sobre Honduras.

Otra crónica de Alejandro Fernández desde la ciudad de origen de Roberto Micheletti, El Progreso; ésta es del 30 de junio. Fernández fue director de Fe y Alegría Honduras. Nota: Esta semana y las próximas son también críticas en el Perú, falta tiempo para producir información.

Esta mañana, en la ciudad de El Progreso, el ejército cambió su estrategia de no confrontación y cargó decididamente contra los manifestantes que, como ayer, ocupaban el Puente de la Amistad. Entre los directamente afectados por la represión policial, se encuentra Marcelino Martínez, un histórico líder progreseño de los derechos humanos y Angélica Benítez, compañera de Cesar Ham. También fue detenida Dunia Montoya, luchadora por los derechos laborales de las mujeres maquiladoras desde hace más de una década, y otro joven comunicador del grupo de COMUN. Parece que posteriormente fue dejada en libertad. No hay afortunadamente heridos graves.

La violencia se ha desatado, aunque aun con cierto control; ahora cabe esperar si el movimiento popular se replegará, se mantendrá en la resistencia pacífica o se iniciará una escalada de violencia. Por el momento, para mañana se convoca una nueva concentración de resistencia en Progreso y en Tegucigalpa está prevista la llegada de personas de diferentes puntos del país para protestar ante casa presidencial.

Mientras tanto, en Tegucigalpa, Micheletti dio un discurso frente a cientos de seguidores en el parque central. Apareció acompañado de un importante contingente de militares y no tuvo pena alguna en levantar su puño unido al del jefe de las Fuerzas Armadas. Produce indigestión escucharlo, lo que quizás es un síntoma más de que nos hallamos ante un golpista de raigambre, que entronca directamente con los cavernícolas, para usar un término utilizado hoy por Sergio Ramírez en un estupendo artículo en El País. Su escrito parece muy atinado y doblemente valioso, si pensamos que las amistades de Mel Zelaya no son las de intelectual nicaraguense. Conviene distinguir entre las acciones de un presidente que ha sido irresponsable y despótico, bordeando caprichosamente la legalidad vigente y manipulando las conciencias desde los privilegios del poder, y la institucionalidad que lo ampara haciendo inconcebible su secuestro, que hoy es el de todos nosotros, aun de aquellos de los que no caen en la cuenta de la gravedad del asunto. Esa sería a mi juicio la gran línea argumental de toda ofensiva de resistencia interna y de diplomacia externa.
Quizás lo anterior es hilar muy fino para una ciudadanía con muy poca “densidad democrática”, que dicen los expertos, pero ahí estriba el drama que vive Honduras. La cuestión no es si viene o no Mel, o si un golpe de barracas da un vuelco inesperado a la situación. La cuestión es que la derecha oligárquica, a la que Mel y Micheletti pertenecen, no ha permitido que se desarrolle la democracia en tres décadas y han terminado por darle el golpe de gracia el pasado domingo.
La acometida entreguista de los medios de comunicación a favor de los golpistas es uno de los rostros más vergonzosos y preocupantes en la actual situación. Renato Alvarez, otrora periodista independiente y prestigiado, sacó hoy en su Frente a Frente, el equivalente a los desayunos de Pepa Bueno, a varios grupos de sociedad civil que no dudan en calificar a los que resisten en la calle como provocadores y que argumentan que habrá que resistir en casita, si es necesario, contra la presión exterior que desconoce “nuestra forma de vivir y nuestro amor por la paz y la democracia”. ¿Les suena de algo? Son argumentos demasiados parecidos a los que usaban gobiernos de facto durante todo el siglo XX, como para no sentir temor. Prácticamente no existen medios que estén informando críticamente el día de hoy. Solamente Radio Progreso, que vuelve a emitir y que lanza su señal a América Latina a través de ALER, aunque a ratos se pierde su sintonía.
Produce lástima y frustración la pobre lectura política que personajes de reconocido prestigio en el país, como Ramón Custodio, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos están haciendo. Da miedo pensar que él es el Ombudsman de la nación. ¿Qué pasará si la represión se recrudece? Calificar el secuestro del presidente como el acatamiento de una orden judicial dentro de la legalidad, produce vergüenza ajena y conduce a reflexionar sobre el escaso desarrollo democrático de esta nación tras casi 30 años de democracia formal. ¿Cómo Ramón Custodio, defensor de los derechos humanos durante los años 80 es capaz de amparar semejante aberración jurídica? Son cuestiones que lo dejan a uno sin respuestas racionales.

En el futuro habrá que repensar todo lo invertido por la cooperación internacional en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía. ¿Nos hemos equivocado en el enfoque? ¿Hemos apostado poco o hemos apostado mal? Me temo que sin un contrato pedagógico de más largo alcance, que implique a la enseñanza pública y sus docentes, las ONG locales o extranjeras poco podrán aportar para fomentar la ciudadanía activa en Honduras.
Vienen reportes del interior del país que hablan de represión creciente. De un alcalde depuesto ilegalmente y un periodista encarcelado en Colón. También se han cargado al alcalde de San Pedro Sula. ¿Qué tipo de legalidad democrática es esta? Y lo más grave, se habla de jóvenes reclutados para el ejercito en el área rural. Esto sería extremadamente grave y podría confirmarnos que esta gente está dispuesta a retroceder más allá de lo imaginable. Viendo a Micheletti por TV, hablando como un caudillo decimonónico, cabe pensar que para allá vamos. Su gobierno niega estos reclutamientos, pero a estas alturas la palabra de estos sinvergüenzas no tiene ningún crédito.

¿Pero quien es Roberto Micheletti? ¿Quién es este gris personaje político hondureño que este domingo salió inesperadamente del anonimato para competir con Michael Jackson por las primeras portadas de los telediarios de todo el mundo? Su más que dudoso mérito consiste en haberse convertido en presidente interino, tras el primer golpe militar sucedido en este pequeño país en 37 años.

Procedente de una familia inmigrante de estirpe italiana que a principios del siglo pasado se estableció en El Progreso, corazón del enclave bananero, Don Roberto, como se le conoce en la ciudad, es el prototipo del caudillo que fragua su capital político en largos años de clientelismo político, y su capital económico en el monopolio de los buses que comunican esta población con la capital industrial del país, San Pedro Sula. Las malas lenguas relacionan además su fortuna personal con la expropiación ilegal de tierras que sucedió a la expulsión de los salvadoreños tras la tristemente célebre guerra del fútbol, en 1969.

En las elecciones internas del pasado mes de noviembre partía como favorito para hacerse con la candidatura del partido liberal. Cosechó un fracaso estrepitoso y se negó a reconocer al vencedor hasta que, en una negociación vergonzante, aquel le permitió meter a sus derrotados candidatos a diputados de nuevo en la contienda, a pesar de haber perdido en las urnas. Que este hombre nos grité hoy a la cara ¡democracia! como un iluminado, produce escalofríos. Dicen que su mujer tenía ya contratadas a unas estilistas de Miami para que vinieran a peinarla cuando fuera presidenta. No sé si lo cumplirá, pero ella ya no podrá ir a alisarse el pelo al país del norte.
Esta tarde la embajada de USA anunciaba la cancelación de sus pasaportes sine die. La Embajada también ha cancelado la celebración del 4 de julio como repudio a los golpistas. Los USA están desconocidos. Ya lo dijo el canciller golpista ayer: desde que está este “negrito”, Estados Unidos ya no es el defensor de los derechos humanos que era. También tuvo sus palabras para los nuestros: Zapatero a tus zapatos, le dijo. Este es el genio que Micheletti ha puesto para acometer una ofensiva diplomática. Es un consuelo recibir estas noticias de la embajada gringa a dos horas de que inicie el toque de queda. Hoy nos dan dos horas más, parece que nos hemos portado bien: de 10 de la noche a 5 de la mañana.
Hace poco más de un año, en medio de la protesta y encomiable huelga de los fiscales jóvenes contra la corrupción, que Micheletti manejó con extraordinaria soberbia y desprecio hacia la legalidad, un periodista le asestó de repente ¿es cierto que es usted un animal político? Micheletti, que no ha leído mucho en su vida, y menos a Aristóteles, creyó que estaba siendo insultado y respondió tajante: “Usted es un animal periodista”. Este es el hombre que está liderando este despropósito. Sobre su lomo, aún sin quererlo, vamos siete millones de hondureños, y algunos allegados, a la deriva.

 

Sobre el cerco informativo en Honduras

La siguiente crónica es de Alejandro Fernández, ex director de Radio Progreso (2001-2002) y de Fe y Alegría en Honduras. Él se encuentra ahora en El Progreso, ciudad importante en el departamento de Yoro, uno de los 18 de ese país. Gracias a Pablo Espinoza por compartir el texto.

La primera impresión que tuve al llegar a Honduras la mañana del lunes 29 es la de entrar en un país que vivía con serenidad un cambio de régimen irrelevante para la ciudadanía. Luego, los acontecimientos de todo el día se ha ido encargando de devolverme panoramas mucho más sombríos y complejos. Para entrar a El Progreso, ciudad en la que permanezco, hay que traspasar el Puente de la Amistad que hoy ha permanecido cerrado al tráfico todo el día: desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Mañana la gente está convocada de nuevo para las siete a la resistencia pacífica.
Llegué al país con el rumor terrible del asesinato de Cesar Ham, líder de la formación izquierdista Unificación Democrática. Inmediatamente, en el puente, que tuve que pasar caminando, me confirmaron que no era cierto. Una buena noticia. Al margen de valor político cada vez más incierto de Ham, su hipotética muerte significaba la brutalidad del nuevo régimen y una perspectiva de hostilidades abiertas entre detractores y defensores del golpe.

El cerco informativo es claro y muy eficaz, y contribuye notablemente a la aparente normalidad. Se habla de los nuevos ministros con naturalidad pasmosa e inmediatamente se pasa a otras informaciones. Salvo CNN, los hondureños tienen en este momento pocas fuentes de información. Cuando escribo estas líneas, Radio Progreso, la prestigiosa emisora de los jesuitas ha dejado de emitir y no sé si es un problema técnico o han vuelto a entrar los militares, como hicieron ayer. A lo largo de la tarde (son ahora las ocho de la noche del día 29) van sumándose las noticias, llegadas a cuentagotas, y más por internet o por el teléfono, que revelan una cierta escalada represiva. Contenida, eso sí, pero aparentemente dispuesta a no ceder un ápice.

Los manifestantes que resguardaban el palacio presidencial fueron desalojados por la fuerza. Parece que hay un muerto y una treintena de heridos. Una periodista de Telesur fue secuestrada por los militares y no se sabe dónde se la han llevado.

En el Frente a Frente de esta mañana, programa de máxima audiencia nacional, el invitado como analista fue Billy Joya, el ex comandante del 3.16, batallón tristemente célebre en los años 80 y responsable de ejecuciones extrajudiciales bajo la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Aún es prematuro decirlo, pero tenemos un nuevo gobierno que no tiene complejos en su defensa a ultranza de las posiciones más conservadoras. Enrique Ortez, el nuevo canciller, hombre sagaz y curtido en mil batallas da, en cambio, en CNN una impresión patética. Sin argumentos ante las preguntas de la periodista, aparece como un déspota apertrechado tras sus convicciones golpistas. Me sorprende. ¿Será un gobierno tan débil que caerá por su propio peso en unos días ante la presión internacional? ¿O estará hecho para durar y para llevarse por delante a quien ose oponérsele? Es la duda más seria que a uno le asalta a día de hoy. ¿Estara Micheletti tras su minuto de gloria revanchista y efímera, después de haber perdido todo su caudal político en las últimas primarias? ¿O estamos ante un cambio de rumbo sustancial que nos sumergerá en una etapa en la que las garantías constitucionales experimentaran un retroceso de varias décadas? Seguramente todo depende de la actitud de unos y otros en los próximos días. Incluso en el exterior. El aislamiento de la comunidad internacional puede ser un punto decisivo, pero una presión excesivamente personalista de Chavez, teñida de amenazas, más parece que encastillará a los golpistas hasta volver a resucitar, como ya han hecho, los fantasmas de la amenaza comunista. Este gobierno recoge lo más rancio del bipartidismo tradicional en la expectativa de que el pueblo hondureño es el de siempre. ¿Lo es? No lo parece, hay señales durante todo el día de hoy que muestran una gran dignidad y capacidad de resistencia, pero es cierto que las divisiones son profundas.

Hay como tres grandes grupos dentro de la sociedad civil. Los que se han creído todo ese asunto de que Zelaya derivaba hacia el autoritarismo y el socialismo del siglo XXI y se siente aliviados por ver cómo se alejan en el horizonte los Castro y los Ortega; ellos están con el golpe aun sin ser necesariamente gente malintencionada políticamente. Un segundo grupo son lo que creen que con Zelaya se va una especie de Che Guevara con sobrero vaquero que redimiría a las clases populares; son los más activos, sin duda, y los más implicado en estas primera horas; también pueden ser peligrosos si pierden la perspectiva de lo que se está jugando, que es mucho más que la defensa de la confusión ideológica de un gobierno que perdió el rumbo, o que nunca lo tuvo. Está un tercer grupo, seguramente minoritario: los que creen que Zelaya ha sido un mal gobernante pero no tienen dudas de que era el gobernante legítimo y que Micheletti es una calamidad muy superior, tanto por su persona, como por lo que representa, como por la forma brutal en que ha llegado a donde está. Dentro de unos minutos comienza el toque de queda. Va de nueve de la noche a seis de la mañana. No se sabe muy bien para qué, pero intimida. Quizás es simplemente eso. Han salido rumores de que algunos batallones se han rebelado a los golpistas y muestran su lealtad a la institucionalidad que representaba Zelaya. Mañana lo veremos. También nos llega por la tele que Zelaya asevera que vendrá el jueves. El nuevo canciller trata de hacer un chiste con ese regreso pero se ve que es una eventualidad que no tenían prevista. Habrá que esperar a mañana. Hoy no hay forma de tener más noticias, salvo la de los medios de comunicación hondureños que guardan un silencio vergonzante. Da la impresión de que vivimos momentos decisivos. Este va a ser un parto difícil pero si se derroca este gobierno ilegítimo, la democracia puede volver a ser una esperanza para el pueblo hondureño. Si esto se queda así, las perspectivas son poco halagueñas. Como mínimo muchos años más de estéril bipartidismo y una cultura política anclada en el siglo XIX.
La primera impresión que tuve al llegar a Honduras la mañana del lunes 29 es la de entrar en un país que vivía con serenidad un cambio de régimen irrelevante para la ciudadanía. Luego, los acontecimientos de todo el día se ha ido encargando de devolverme panoramas mucho más sombríos y complejos. Para entrar a El Progreso, ciudad en la que permanezco, hay que traspasar el Puente de la Amistad que hoy ha permanecido cerrado al tráfico todo el día: desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Mañana la gente está convocada de nuevo para las siete a la resistencia pacífica.
Llegué al país con el rumor terrible del asesinato de Cesar Ham, líder de la formación izquierdista Unificación Democrática. Inmediatamente, en el puente, que tuve que pasar caminando, me confirmaron que no era cierto. Una buena noticia. Al margen de valor político cada vez más incierto de Ham, su hipotética muerte significaba la brutalidad del nuevo régimen y una perspectiva de hostilidades abiertas entre detractores y defensores del golpe.
El cerco informativo es claro y muy eficaz, y contribuye notablemente a la aparente normalidad. Se habla de los nuevos ministros con naturalidad pasmosa e inmediatamente se pasa a otras informaciones. Salvo CNN, los hondureños tienen en este momento pocas fuentes de información. Cuando escribo estas líneas, Radio Progreso, la prestigiosa emisora de los jesuitas ha dejado de emitir y no sé si es un problema técnico o han vuelto a entrar los militares, como hicieron ayer. A lo largo de la tarde (son ahora las ocho de la noche del día 29) van sumándose las noticias, llegadas a cuentagotas, y más por internet o por el teléfono, que revelan una cierta escalada represiva. Contenida, eso sí, pero aparentemente dispuesta a no ceder un ápice.
Los manifestantes que resguardaban el palacio presidencial fueron desalojados por la fuerza. Parece que hay un muerto y una treintena de heridos. Una periodista de Telesur fue secuestrada por los militares y no se sabe donde se la han llevado.
En el Frente a Frente de esta mañana, programa de máxima audiencia nacional, el invitado como analista fue Billy Joya, el ex comandante del 3.16, batallón tristemente célebre en los años 80 y responsable de ejecuciones extrajudiciales bajo la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Aún es prematuro decirlo, pero tenemos un nuevo gobierno que no tiene complejos en su defensa a ultranza de las posiciones más conservadoras. Enrique Ortez, el nuevo canciller, hombre sagaz y curtido en mil batallas da, en cambio, en CNN una impresión patética. Sin argumentos ante las preguntas de la periodista, aparece como un déspota apertrechado tras sus convicciones golpistas. Me sorprende. ¿Será un gobierno tan débil que caerá por su propio peso en unos días ante la presión internacional? ¿O estará hecho para durar y para llevarse por delante a quien ose oponérsele? Es la duda más seria que a uno le asalta a día de hoy. ¿Estara Micheletti tras su minuto de gloria revanchista y efímera, después de haber perdido todo su caudal político en las últimas primarias? ¿O estamos ante un cambio de rumbo sustancial que nos sumergerá en una etapa en la que las garantías constitucionales experimentaran un retroceso de varias décadas? Seguramente todo depende de la actitud de unos y otros en los próximos días. Incluso en el exterior. El aislamiento de la comunidad internacional puede ser un punto decisivo, pero una presión excesivamente personalista de Chavez, teñida de amenazas, más parece que encastillará a los golpistas hasta volver a resucitar, como ya han hecho, los fantasmas de la amenaza comunista. Este gobierno recoge lo más rancio del bipartidismo tradicional en la expectativa de que el pueblo hondureño es el de siempre. ¿Lo es? No lo parece, hay señales durante todo el día de hoy que muestran una gran dignidad y capacidad de resistencia, pero es cierto que las divisiones son profundas.
Hay como tres grandes grupos dentro de la sociedad civil. Los que se han creído todo ese asunto de que Zelaya derivaba hacia el autoritarismo y el socialismo del siglo XXI y se siente aliviados por ver cómo se alejan en el horizonte los Castro y los Ortega; ellos están con el golpe aun sin ser necesariamente gente malintencionada políticamente. Un segundo grupo son lo que creen que con Zelaya se va una especie de Che Guevara con sobrero vaquero que redimiría a las clases populares; son los más activos, sin duda, y los más implicado en estas primera horas; también pueden ser peligrosos si pierden la perspectiva de lo que se está jugando, que es mucho más que la defensa de la confusión ideológica de un gobierno que perdió el rumbo, o que nunca lo tuvo. Está un tercer grupo, seguramente minoritario: los que creen que Zelaya ha sido un mal gobernante pero no tienen dudas de que era el gobernante legítimo y que Micheletti es una calamidad muy superior, tanto por su persona, como por lo que representa, como por la forma brutal en que ha llegado a donde está. Dentro de unos minutos comienza el toque de queda. Va de nueve de la noche a seis de la mañana. No se sabe muy bien para qué, pero intimida. Quizás es simplemente eso. Han salido rumores de que algunos batallones se han rebelado a los golpistas y muestran su lealtad a la institucionalidad que representaba Zelaya. Mañana lo veremos. También nos llega por la tele que Zelaya asevera que vendrá el jueves. El nuevo canciller trata de hacer un chiste con ese regreso pero se ve que es una eventualidad que no tenían prevista. Habrá que esperar a mañana. Hoy no hay forma de tener más noticias, salvo la de los medios de comunicación hondureños que guardan un silencio vergonzante. Da la impresión de que vivimos momentos decisivos. Este va a ser un parto difícil pero si se derroca este gobierno ilegítimo, la democracia puede volver a ser una esperanza para el pueblo hondureño. Si esto se queda así, las perspectivas son poco halagueñas. Como mínimo muchos años más de estéril bipartidismo y una cultura política anclada en el siglo XIX.

 

Académicos latinoamericanos se pronuncian sobre el Perú

Al final del encuentro internacional ‘Luchas por el territorio: minería, amazonía y ecologismo popular’, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y otras organizaciones peruanas, como Democracia y Transformación Global de la UNMSM y Cooperacción, los académicos participantes firmaron un pronunciamiento acerca de la situación que enfrentamos los peruanos post 5 de junio.

Uno de los participantes peruanos -no académicos- fue Carlos Martínez, alcalde de San Ignacio (Cajamarca), adonde llegaron numerosos heridos y detenidos de la tragedia de Bagua. El alcalde dio un testimonio acerca de las propuestas de desarrollo de su localidad, cuya economía se basa en gran medida en la exportación de café orgánico. Lo menciono porque un gran sector de peruanos estima que la población de los departamentos de la selva no cree en el desarrollo ni tiene propuestas al respecto.

Los diálogos entre los representantes de las organizaciones de la Amazonía y los representantes del Gobierno -en el grupo recientemente creado-, recién están comenzando pero apena que ello ocurra en medio de la bulla sobre la ‘conspiración extranjera’.

Para quienes indican que las protestas, bloqueos y reclamos son producto de una conspiración internacional, seguro encontrarán aquí un argumento más para decir que ‘hay intereses extranjeros’ en las acciones para derrocar a la democracia. De todos modos adjunto el documento:

DECLARACIÓN DE LIMA
Grupo de Ecología Política, CLACSO
26 de junio de 2009

Nosotros, docentes e investigadores de distintos centros universitarios de América Latina, congregados en las sesiones del Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), expresamos nuestra más profunda solidaridad con los pueblos amazónicos del Perú, víctimas, una vez más, de la violencia abusiva del poder del Estado.
Expresamos nuestro apoyo a los legítimos reclamos de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, reconocidos inclusive por tratados internacionales, violados flagrantemente por los decretos legislativos emitidos por el Gobierno peruano, mediante los cuales pretendía disponer inconstitucionalmente de vastas extensiones de los territorios amazónicos, abriendo éste a todo tipo de intereses empresariales.
Hacemos público nuestro más enérgico repudio a la masacre perpetrada por el Gobierno del Perú en estas circunstancias, sumando una mancha más de sangre a la larga historia de abusos y atropellos hacia las poblaciones originarias. En particular, condenamos las declaraciones y actitudes racistas sucesivamente emitidas por el Presidente Alan García y diversos funcionarios de su gobierno, hacia estas poblaciones. Estas posiciones, emblemáticamente expresadas en su ‘teoría de perro del hortelano’, dan cuenta de inaceptables posturas racistas, que no sólo no condicen con la altura moral requerida por la investidura presidencial del Estado peruano, sino que constituyen una ofensa pública hacia todas las culturas que integran nuestra América Latina y a la conciencia moral de la humanidad en general.
Estas indignantes actitudes racistas no sólo han funcionado claramente como provocadoras y justificadoras de la masacre producida, sino que se han prolongado en los días sucesivos a través de la criminalización de las víctimas, la persecución de familias y comunidades enteras movilizadas en defensa de sus derechos, la virtual militarización de la zona de conflicto; en fin, del ocultamiento y la distorsión de los acontecimientos ocurridos, hecho posible también por la complicidad de diversos medios de comunicación.
Expresamos nuestro enérgico rechazo hacia las propuestas de reordenamiento económico y territorial que hoy se expresan a través de asimétricos Tratados de Libre Comercio, así como de incontables proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA (Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), llevados a cabo de manera unilateral, sin consulta alguna a las poblaciones afectadas. Todo parece indicar que, ante las resistencias cada vez mayores de las poblaciones (rurales y urbanas) y su legítima demanda de democratización de las decisiones, algunos gobiernos de la región están dispuestos a concretar acuerdos como el TLC a cualquier costo, trasponiendo así un peligroso umbral, una línea roja, que conduce de la inaceptable criminalización ya existente, a la consumación de un nuevo etnocidio.
Nuestro apoyo y solidaridad a los pueblos amazónicos implican también el reconocimiento a la legitimidad y racionalidad de sus demandas, a los intentos por denunciar las graves consecuencias socioambientales del modelo primario extractivo exportador drásticamente instalado no sólo en el Perú, sino también en toda la geografía regional. Lejos de constituir reclamos ‘particularistas’, las demandas de los pueblos amazónicos expresan una profunda conciencia de solidaridad y cuidado para con la sociedad entera y las futuras generaciones, y denuncian la sistemática destrucción de los medios de vida que generalmente han implicado los ‘modelos de desarrollo’ excluyentes impulsados desde los gobiernos. Lamentamos que se invoquen cínicamente los ‘intereses nacionales’ para encubrir, en realidad, la defensa de los intereses de grandes corporaciones transnacionales y de las potencias mundiales, principales beneficiarias y usufructuarias de la explotación extractiva de los bienes comunes de nuestros territorios.

Expresamos desde aquí nuestro respaldo al conjunto cada vez mayor de luchas rurales y urbanas que hoy recorren nuestro continente, en defensa de la vida, los territorios, la diversidad plena, la libre determinación y la autonomía consagradas en los acuerdos y legislaciones internacionales.

Miembros:
- Héctor Alimonda (Brasil-Argentina)
- Marcelo Langieri (Argentina)
- Horacio Machado Aráoz (Argentina)
- Maristella Svampa (Argentina)
- Catalina Toro Pérez (Colombia)
- Pablo Romero (Chile-Brasil)
- Germán Palacio (Colombia)
- Jorge Ventocilla (Panamá-Perú)
- José Luis Gutiérrez (Bolivia)
- Rodrigo Qoos (Brasil)
- Gloria Chicaiza (Ecuador)
- Ana Mariel Weinstock (Argentina)
- María Julieta Lamberti (Argentina-México)
- Gian Carlo Delgado Ramos (México)
- Armando Fernández (Cuba)